Jose Alberto Valladares Guerrero
Expediente 578/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 578/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jose Alberto Valladares Guerrero
- Eduardo Horacio Fernandez Gomez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a catorce de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, así como de una revisión del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte la existencia en este Juzgado Federal del diverso juicio de amparo 301/2019, promovido por José Alberto Valladares Guerrero y Eduardo Horacio Fernández Gómez. En ese sentido, de un estudio integral de la demanda en el citado juicio de amparo 301/2019, así como de la demanda en el presente juicio de amparo 578/2019, promovido por José Alberto Valladares Guerrero y Eduardo Horacio Fernández Gómez, se advierte que en ellos se señala como autoridad responsable al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y su Presidente, asimismo, se observa que los actos reclamados se encuentran relacionados entre sí, toda vez que en el 301/2019, reclama la omisión de las autoridades responsables de aplicar los instrumentos y medidas necesarias para la eficaz ejecución del laudo dictado dentro del expediente laboral 01/760/12, y, en el presente juicio señala que es la indebida aplicación de las disposiciones jurídicas tendientes al cumplimiento del laudo dictado en ese expediente laboral. Por lo anterior, este Juzgado Federal considera que los medios de control constitucional intentados, deben resolverse conjuntamente, con la finalidad de observar el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los principios de concentración y economía procesal, además del aprovechamiento del conocimiento previos de los asunto, de evitar el dictado de sentencias contradictorias y la optimización de los recursos materiales y humanos del Poder Judicial de la Federación. Por tal motivo, este juzgado considera de oficio acumular el presente juicio al diverso 301/2019. En los artículos 72, 73, y 75, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "72.- Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo. [.] 73.- Si los juicios se encuentran en el mismo tribunal, la acumulación puede ordenarse de oficio o a petición de parte, por el procedimiento incidental. [.] 75.- El efecto de la acumulación es el de que los asuntos acumulados se resuelvan en una sola sentencia, para lo cual se suspenderá la tramitación de una cuestión cuando esté para verificarse, en ella, la audiencia final del juicio." En virtud de lo anterior, en el presente juicio se advierte que se actualiza la hipótesis prevista en los artículos 72 y 75 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para la procedencia de la acumulación. Lo anterior en virtud de que esos dos juicios de amparo fueron promovidos en contra de las mismas autoridades y por actos reclamados relacionados entre sí. En efecto, es pertinente señalar que la norma legal invocada, dispone que la acumulación de juicios de amparo, podrá decretarse de oficio o a instancia de parte y puede operar en cualquier etapa del juicio; a fin de evitar que se dicten sentencias contradictorias. Por tanto, un Juez de Distrito, conforme al ordinal en comento, puede decretar la acumulación de aquellos juicios que se sigan en el Juzgado de su adscripción, sin necesidad de abrir y tramitar el incidente de acumulación respectivo, pues en esta hipótesis no se trata de una cuestión incidental, sino de una determinación de la autoridad jurisdiccional que no requiere la tramitación de tal incidente. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número P./J. 51/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo: XX, Agosto de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "ACUMULACIÓN EN AMPARO. SE PODRÁ DECRETAR DE OFICIO CUANDO SE TRATE DE JUICIOS EN TRÁMITE ANTE UN MISMO JUZGADO DE DISTRITO, PUES EN EL CASO DE LOS TRAMITADOS ANTE JUZGADOS DISTINTOS, SÓLO PROCEDERÁ A INSTANCIA DE PARTE. De la interpretación de los artículos 57 a 60 de la Ley de Amparo se advierte que en los juicios de garantías que se encuentren en trámite ante los Jueces de Distrito podrá decretarse su acumulación, a instancia de parte o de oficio, en los casos que señala la ley; que será competente para conocer de la acumulación, así como de los juicios acumulados, el Juez que hubiere prevenido, y que el más reciente se acumulará al más antiguo; que la acumulación podrá decretarse tanto respecto de los juicios de amparo que se sigan ante un mismo juzgado, como de los que se sigan ante juzgados diferentes; y que es potestativo para los Jueces decretarla o no. Ahora bien, como la facultad de decretar la acumulación de oficio se ejerce unilateralmente, con potestad plena y sin tramitación alguna, no es factible que un Juez de Distrito pueda hacerlo respecto de juicios que se sigan ante otro Juez, porque en esta hipótesis la acumulación ya no sería de oficio, sino mediante la necesaria concurrencia de dos voluntades, una que inicia el trámite sin poder vinculante y otra que accede a la acumulación y que no obraría por impulso propio ni a instancia de parte; luego, no es posible que, de oficio, un Juez de Distrito le ordene a otro que esté conociendo de otros juicios de amparo, que le envíe los autos, porque este último está en libertad de negarse a hacerlo por virtud de la facultad discrecional de que goza. En consecuencia, la acumulación de oficio sólo puede ejercerse respecto de los juicios de amparo que se tramitan ante un mismo juzgado, mientras que la acumulación a instancia de parte podrá promoverse ante cualquiera de los Jueces que estén conociendo de los juicios relacionados; sin embargo, en caso de que el que reciba la solicitud advierta de las constancias de autos que otro previno, conforme al sello fechador impreso en las demandas por la oficialía respectiva, deberá declararse legalmente incompetente para conocer del incidente de acumulación y remitir las constancias necesarias a aquél, a fin de que lo resuelva." Ahora, tomando en consideración que el juicio de amparo 301/2019, es el más antiguo, lo que se corrobora con la boleta de turno, a él corresponde acumular el expediente en que se actúa 578/2019, del índice de este Órgano Jurisdiccional. Es aplicable a la anterior consideración, la tesis visible en la página 263, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo X, correspondiente al mes de octubre, octava época, que dice: "ACUMULACIÓN. JUICIO MÁS ANTIGUO. Para efecto de la acumulación y determinar cuál es el juicio más antiguo, debe tomarse como base la fecha y el momento de la presentación de la demanda; independientemente de la fecha de radicación del expediente respectivo, pues con la demanda se inicia el procedimiento y se interrumpe la prescripción". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 72 y 75 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara procedente la acumulación del juicio de amparo 578/2019, al juicio de amparo 301/2019, por ser éste el más antiguo. Por tal virtud, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en el presente juicio. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Expediente (SISE) que se lleva en este Juzgado para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. Notifíquese personalmente.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dos de mayo de dos mil diecinueve. Por recibida la demanda de amparo promovida por José Alberto Valladares Guerrero y Eduardo Horacio Fernández Gómez, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y su Presidente. Registro de la demanda: Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número que corresponda. Admisión de la demanda: Con apoyo en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y XVII de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo de referencia. Del incidente de suspensión: No fue solicitado. Requerimiento a las autoridades responsables: Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la ley de la materia, pídase el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, el que deberá rendir dentro del término de quince días, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias en que se apoye el acto que se le reclama. Solicitando se acompañe al citado informe copia certificada de las constancias necesarias para apoyar el mismo. Apercibidas que de no rendirlo, se les impondrá en la sentencia respectiva, una medida de apremio equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 238 y la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendental para las partes en el presente juicio. En ese mismo sentido, con apoyo en el dispositivo 262 del cuerpo normativo en cita, comuníquese a las autoridades responsables que de rendir su informe con justificación expresando un hecho falso o negando la verdad, podrán ser sancionadas en los términos que señale dicho precepto. Asimismo, se les hace saber que de conformidad con el artículo 28 de la ley reglamentaria, en caso de negativa a recibir oficios, debido a la imprecisión de la denominación que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente y si a pesar de ello subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha la misma. En el entendido de que la autoridad responsable que corresponda podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. Apercibimiento a la parte quejosa: De conformidad con el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja), se apercibe a la parte quejosa que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en la demanda, sin mayor trámite se les tendrá por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación al respecto, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la responsable. De la audiencia constitucional: Se señalan las DIEZ HORAS DEL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional. Intervención del Agente del Ministerio Público de la Federación: Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, la intervención que legalmente corresponde, ya que es parte en el presente juicio, conforme al artículo 5, fracción IV, de la ley. Del tercero interesado: Sin lugar a emplazar a quien menciona como tercero interesado, toda vez que no le asiste tal carácter, ya que si bien es cierto que la jurisprudencia 90/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostiene que cuando el acto reclamado proviene de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio, en donde haya intervenido el quejoso y su contraparte, debe considerarse a éste último como tercero interesado, aun cuando en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8° y 17 de la Constitución Federal; pues la figura del tercero interesado no puede dejar de existir, en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, pues el carácter de tercero interesado que tiene la contraparte del agraviado, deviene expresamente de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo, y su intervención como tal en el juicio de amparo constituye un derecho procesal legalmente tutelado; también lo es, que en el caso de estudio no se dan intereses opuestos debido la naturaleza del acto reclamado que constituye un acto negativo o de abstención, motivo por el cual no le irroga perjuicio alguno a la contraparte del quejoso en él juicio natural; de ahí que no les resulta el carácter de tercero interesado. De las pruebas. De conformidad con los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las pruebas documentales que exhibe, mismas que se desahogan dada su propia y especial naturaleza. Obligación de las partes de informar causal de sobreseimiento: Hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64 de la citada ley, tienen la obligación de comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una medida de apremio equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a que se ha hecho referencia, de conformidad con el dispositivo 251 del cuerpo normativo en consulta. Domicilio procesal y autorizados: Como lo solicita la parte quejosa, se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y por autorizadas a las personas que refiere con los efectos que precisa, ello en atención a que no es necesario tener registrada la cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 184 al 187 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo, por tratarse de materia del trabajo y ser el trabajador la parte quejosa. Días y horas inhábiles: Desde este momento, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios adscritos a este Juzgado Federal, para que todas las notificaciones personales que se ordenen en los presentes autos, se realicen en días y horas inhábiles. De las notificaciones a las partes: Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª/J.176/2012, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero 2013, tomo 2, página 1253, materia común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Uso de medios electrónicos: Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos. Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales): Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. Consulta del expediente vía internet: Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. Finalmente, de conformidad con el artículo 13, de la Ley de Amparo, como lo solicitan, se tiene como representante común de los quejosos a José Alberto Valladares Guerrero. Notifíquese.
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