José Alberto Romero Oran
Expediente 590/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 590/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/07/2021
Partes del expediente
- José Alberto Romero Oran
- Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiuno de julio de dos mil veintiuno. Estado procesal Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído dictado el dos de julio de dos mil veintiuno, a través del cual se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Archivo del expediente Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el expediente como concluido. Devolución de documentos De la certificación de cuenta, se advierte que en el expediente en que se actúa, no existen documentos originales e importantes pendientes de devolver a las partes. Destino del expediente principal En otro orden de ideas, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se hace la indicación que el expediente es susceptible de destrucción; ya que se desechó la demanda de amparo, ello con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, por lo que una vez que trascurra el termino de cinco años de archivado el expediente procederá a su destrucción. Clasificación del asunto Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11, fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y como se mencionó una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Archivo físico Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese. Lo proveyó y firma Mario Iván Soriano Esparza, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 141, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/1766/2021; asistido de Juan José González Azcona, secretario que autoriza y da fe. Cotejó: Julián Vinicio García Aguilar
- Principal
III.- Toluca, Estado de México, dos de julio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, agréguese la demanda de amparo, recibida vía electrónica, promovida por José Alberto Romero Oran, por propio derecho, contra las autoridades y actos reclamados, siguientes: Se ordena registrar este asunto en el libro de gobierno correspondiente con el número de juicio de amparo indirecto 590/2021-II y constriñe formar los expedientes físicos y electrónicos, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Del estado que guardan los presentes autos se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, consistente en que el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación. Veamos. Para ello, es necesario citar el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De la interpretación finalista de los anteriores artículos, obtenemos que el juicio de amparo es un medio de defensa excepcional y extraordinario, pues no sólo está limitado su ejercicio a determinados supuestos, sino que incluso sólo puede hacerse valer una vez cumplido el principio de definitividad. Esta excepcionalidad se actualiza al exigir que los actos reclamados tengan efectos de imposible reparación. Ahora, el legislador brindó mayores elementos para dar certeza a la procedencia del amparo indirecto judicial; para ello utilizó dos conceptos indeterminados como lo son: "afectación material" y "derechos sustantivos". Conforme a estos parámetros, se dejaron fuera una gran cantidad de resoluciones que afectaran derechos adjetivos, pues se limitó el concepto a aquellos casos en los que se transgredía materialmente un derecho sustantivo, por lo que las afectaciones procesales en grado predominante o superior dejaron de ser objeto del juicio de amparo indirecto, por lo menos de manera general, ya que si se analiza la fracción VIII del propio artículo 107 de ley de la materia, se observa la procedencia del amparo indirecto respecto de actos que determinen inhibir, declinar la competencia o el conocimiento del asunto, actuación que resulta meramente procesal y, sin embargo, el legislador decidió considerar procedente el amparo indirecto. En efecto, la Suprema corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013 en sesión de veintidós de mayo de dos mil catorce, precisó los alcances de la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en juicio, cuando analizó nuevamente la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad. En dicha resolución revisó la exposición de motivos y determinó que ".uno de los problemas que se advirtieron en los trabajos legislativos que atendieron a la última reforma al artículo 107 constitucional fue la demora excesiva que en algunos casos provocaba la interposición del juicio de amparo, a grado tal que se apreció como una demanda social la necesidad de abreviar su procedimiento, eliminando a su vez la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, erigiéndose como un obstáculo para la pronta impartición de justicia, al ser un hecho notorio que la substanciación y resolución de este medio de control en muchas ocasiones propiciaba el alargamiento de los juicios.". (Lo resaltado es propio). De esa manera, la Suprema corte precisó que una de las motivaciones claras de la reforma era concentrar en el juicio de amparo directo el estudio de todas las violaciones procesales, por lo que el legislador concibió como excepcional la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados dentro de juicio, la cual se acreditaba en atención a su gravedad, esto es, en el impedimento al ejercicio de un derecho y no únicamente por una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Como resultado de lo anterior, tenemos que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar (restringir, limitar, prohibir) inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio, en cambio, los actos de ejecución reparables, si bien existe una afectación adjetiva, ésta no trasciende fuera del procedimiento, además de que, pueden ser reparados a través de una sentencia favorable que destruya las afectaciones procesales, como si jamás hubiesen ocurrido, característica que los hace identificables. Llegado a este punto, y para evidenciar que, en el caso, no estamos ante un acto de imposible reparación, es necesario desarrollar el test de razonabilidad siguiente: 1) precisar los alcances y condiciones del acto procesal; 2) identificar las diversas consecuencias que genera dicho acto procesal dentro del procedimiento; y, 3) determinar si dichas afectaciones autónomas, tangenciales o indirectas, transgreden algún derecho humano; y en su caso si existe la posibilidad de la reparación de dichas violaciones con la circunstancia de que se obtenga una sentencia favorable en el juicio. Veamos. 1) Precisar los alcances y condiciones del acto procesal; en este punto, es necesario identificar el tipo de resoluciones que se están combatiendo. Este ejercicio implica entender la naturaleza de los actos que se están reclamando, es decir, comprender de manera abstracta y teórica el funcionamiento de dicha institución, pues ello permitirá con posterioridad delimitar tanto la afectación concreta como su impacto en el procedimiento. Así, el quejoso reclama las resoluciones siguientes: La resolución de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, mediante la cual se deja sin efectos el emplazamiento realizado a Trinidad Yadira Medina Cortes, en la que se precisó: ".El emplazamiento queda sin efectos, dado a que la demandada Trinidad Yadira Medina Cortes no fue su voluntad identificarse durante la diligencia de emplazamiento que fue realizada en fecha cuatro de mayo del año dos mil veintiuno, si bien es cierto que la ley no exige como requisito del emplazamiento que la persona que deba ser emplazada deba de identificarse. En este mismo tenor se dice que el notificador no se cercioró de que la persona fuese la correcta, dentro de la razón de emplazamiento fue escrito la media filiación de la C. TRINIDAD YADIRA MEDINA CORTES, es por ello que se deja sin efectos el emplazamiento que se realizó con fecha cuatro de mayo del año dos mil veintiuno, manifestando que no cumple con su objetivo." La resolución de ocho de junio de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de revocación, mediante la cual declaró infundados los conceptos de agravio y confirmó el auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno (citado anteriormente), y cuyos puntos resolutivos fueron: ".PRIMERO. Son infundados los conceptos de agravio planteados por JOSÉ ALBERTO ROMERO ORAN. SEGUNDO. Se confirma el auto dictado de fecha el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno (sic), que recayó en promoción seis mil setecientos ochenta y seis.." Respecto al primer acto reclamado, (la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, mediante la cual se deja sin efectos el emplazamiento), tenemos que está prevista en el artículo 2.325.7 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, y cuya denominación es "revisión oficiosa del emplazamiento", consecuentemente, para verificar que no estamos ante un acto que afecte de manera directa derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario conocer su aspecto abstracto y teórico, que nos permita entender su funcionamiento. Así, primero es necesario conocer que, emplazar en términos generales, significa conceder un plazo para la realización de determinada actividad procesal, también se reserva generalmente para el acto procesal, ejecutado por el notificador (o actuario), en virtud del cual el juzgado hace del conocimiento del demandado la existencia de una demanda en su contra y del auto que la admitió, y le concede un plazo para que la conteste. El emplazamiento del demandado constituye una de las "formalidades esenciales del procedimiento" el cual establece la llamada garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por ello cuando el legislador del Estado de México, estableció la revisión oficiosa del emplazamiento, tuvo la intensión de que, previo a dictar sentencia, se hayan seguido las formalidades que garantizaran el conocimiento del proceso por parte del demandado, pues dicha cuestión es considerada un presupuesto procesal previo al dictado de la sentencia, sin cuya satisfacción el juzgador no debe pronunciar sentencia de fondo sobre la pretensión litigiosa. Ahora, por lo que hace al segundo acto reclamado, (la resolución de ocho de junio de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de revocación), tenemos que el recurso de revocación está previsto en el artículo 1.360, fracción I del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. Así el entendimiento teórico de dicha institución, es que la revocación es un recurso ordinario y horizontal que tiene por objeto la modificación total o parcial de una resolución judicial por el mismo juzgador que la ha pronunciado. La revocación es un recurso, pues es un medio de impugnación que se interpone dentro del curso del proceso. Es ordinario en cuanto que procede contra una generalidad de resoluciones judiciales y no sólo contra resoluciones judiciales específicas, hecha excepción de las sentencias, tanto las definitivas como las interlocutorias que son materia del diverso de apelación, y es horizontal porque el mismo juez que dictó la resolución impugnada es quien debe resolver el recurso. Este recurso procede en contra de resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin substanciación, es decir una resolución que no resuelve el fondo (en el caso del procedimiento civil, es la sentencia que establece la acreditación de las acciones de la parte actora o en su caso de las excepciones de la parte demandada), sino que su propósito se dirige a poner el expediente en estado de resolución, esto es, versan sobre las medidas necesarias para la debida integración del expediente, sin posibilidad de que implique el estudio de fondo del asunto. 2) Identificar las diversas consecuencias que generan dichos actos procesales dentro del procedimiento. Una vez precisado el funcionamiento abstracto de los actos reclamados, para saber si estamos ante una violación de imposible reparación, es necesario identificar las diversas consecuencias que generan dichos actos procesales dentro del procedimiento, ya no desde una perspectiva teórica, sino en el caso concreto, y para ello debe tenerse en cuenta si las consecuencias ocasionan una afectación real y actual a algún derecho fundamental, o por el contrario, se trata de afectaciones que se concretaran con posterioridad o necesitan de un acto diverso para actualizarse. En el caso, el quejoso se duele de 1) la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, mediante la cual se deja sin efectos el emplazamiento realizado a Trinidad Yadira Medina Cortes; y 2) la resolución de ocho de junio de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de revocación, mediante la cual declaró infundados los conceptos de agravio y confirmó el auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Ahora, dichas resoluciones no generan una afectación real y actual, fuera de la cuestión meramente procedimental, pues si bien en apariencia pudiera parecer que los actos reclamados obstaculizan la prosecución del juicio instaurado ante el Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, lo cierto es que, están procurando integrar los presupuestos procesales previos a la sentencia, entendidos estos como el conjunto de condiciones cuya presencia o ausencia son necesarias para la válida integración y desarrollo de la relación procesal, y así evitar una posible reposición del procedimiento en perjuicio, del propio quejoso. En efecto, como se dijo anteriormente, los presupuestos procesales previos a la sentencia, son todas aquellas condiciones necesarias para la regularidad del desarrollo del proceso, sin cuya satisfacción el juzgador no debe pronunciar sentencia de fondo sobre la pretensión litigiosa. Entre estas condiciones de regularidad del desarrollo del proceso se pueden mencionar la selección de la vía procesal, el otorgamiento de oportunidades probatorias adecuadas a las partes, así como la verificación del emplazamiento en los términos de ley, entre otros. En efecto, los actos reclamados al estar encaminados a integrar la relación jurídica procesal, no producen de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en la Constitución Federal, sino únicamente consecuencias que producen efectos formales dentro del proceso, mismos que pueden ser impugnados dentro del propio juicio hasta antes de que se dicte sentencia, a través de nuevos agravios que se hagan valer en un nuevo recurso de revocación o de nueva cuenta la práctica de la diligencia de emplazamiento. Pues cabe recordar que, la ausencia o el defectuoso emplazamiento implican que no llegó a constituirse la relación procesal entre el actor y el demandado y por tal razón no puede pronunciarse ningún fallo adverso al demandado. Por tanto, las consecuencias que generan dichos actos procesales dentro del procedimiento, son el cumplimiento de los presupuestos necesarios para que el juicio tenga existencia jurídica y validez formal, por lo que, al ser situaciones de carácter formal o adjetiva, no necesariamente llegarán a trascender al resultado del fallo. 3) Determinar si dichas afectaciones autónomas, tangenciales o indirectas, transgreden algún derecho humano; y en su caso si existe la posibilidad de la reparación de dichas violaciones con la circunstancia de que se obtenga una sentencia favorable en el juicio. Ahora, de lo visto hasta aquí los actos reclamados, consistentes en 1) la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, mediante la cual se deja sin efectos el emplazamiento; y, 2) la resolución de ocho de junio de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de revocación, no tienen una ejecución que sea de imposible reparación. Pues no afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, toda vez que dichas afectaciones no recaen sobre derechos cuyo significado rebasen lo puramente procesal o procedimental, esto es, no lesionan bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables, ya que dentro de dicho procedimiento puede tenerse por emplazada de una vez por todas a Trinidad Yadira Medina Cortes, al ordenarse la práctica de una nueva diligencia en la cual no se repitan los vicios de forma enunciados por la autoridad responsable, e inclusive dicho procedimiento puede culminar con una sentencia o resolución que ponga fin a ese juicio, que resulta finalmente favorable a sus intereses y, aun cuando ello no sea así, esto es, que en caso de que no prospere su acción intentada en el juicio ordinario familiar, podrá reclamarlas, previo haber agotado los recursos correspondientes, por vía de amparo directo que promueva contra aquella en la medida en que trascienda a su resultado. Lo anterior, pues los actos reclamados pueden ser reparados a través de una sentencia favorable que destruya las afectaciones procesales, como si jamás hubiesen ocurrido e inclusive necesitan del dictado de otra resolución para trascender al resultado del fallo, rasgos comunes que comparten los actos que no son de imposible reparación. Es así que, dichas afectaciones autónomas, tangenciales o indirectas, no transgreden de manera directa algún derecho humano, como sí serían, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la práctica de una prueba pericial en un menor de edad, el inicio de un procedimiento administrativo a un miembro de la corporación policiaca, el arresto, el auto que ordenara la intervención de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conminara a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, etcétera. Lo anterior, pues en los primeros tres casos se pueden afectar las propiedades y posesiones, el libre desarrollo de la personalidad, así como el interés superior del menor, la estabilidad en el empleo, respectivamente, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo, y en el séptimo la de tránsito, sin que ninguna de estas afectaciones se pueda reparar en una actuación posterior en el juicio; entonces, al no encuadrarse el acto combatido en ese tipo de supuestos, se concluye que no estamos ante un acto de imposible reparación, pues la afectación debe rebasar lo puramente procesal o procedimental. En consecuencia, los actos reclamados, consistentes en: 1) la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, mediante la cual se deja sin efectos el emplazamiento realizado a Trinidad Yadira Medina Cortes; y 2) la resolución de ocho de junio de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de revocación, mediante la cual declaró infundados los conceptos de agravio y confirmó el auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, no son actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, ya que no limita, prohíbe, menoscaba o anula, algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA signada por José Alberto Romero Oran, por notoriamente improcedente. Domicilio procesal, personas autorizadas Con apoyo en el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a Fernando Miranda Vallejo, Gabriel César Cisneros Díaz, Gerardo De Jesús Hernández Rodríguez, Luis Jesús López Salazar, Cecilia Martínez Domínguez, Laura Lorenzo Ruiz, Felipe de Jesús Corona Hernández y Gualberto Velázquez Sánchez, debido a que solicita su autorización en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo; dispositivo que no establece el alcance de las autorizaciones, sino de las reglas para la práctica de las notificaciones personales, aunado a que no se está en los supuestos del artículo 76 de la Ley de Amparo, para hacer procedente la corrección de los errores u omisiones que se adviertan en la cita de los preceptos legales. No obstante lo anterior, puede hacer la aclaración correspondiente, en promoción subsecuente. Consulta de medios electrónicos Se faculta a las partes emplear para la consulta del expediente los medios electrónicos a que alude la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Se habilitan días inhábiles Con la finalidad de evitar dilaciones innecesarias en la substanciación de este juicio, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, en concomitancia con los numerales 282 y 313 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se habilitan en todo momento días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones encomendadas y se autoriza a los actuarios adscritos para que, en caso de enterarse de un domicilio diverso en donde puedan realizarlas, se constituyan en éste y las lleven a cabo, sin necesidad de nueva determinación judicial que lo ordene, para lo cual deberán indagar con los vecinos del lugar y asentar pormenorizadamente la razón correspondiente. Transparencia Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. Exhortación a las partes Finalmente, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, ampliada su vigencia merced del diverso 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina la reanudación de plazos y el regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, para mejorar la comunicación con las partes, mientras no atiendan la sugerencia, se les invita a que: a) de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, b) propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 6,755 expedientes
- Jose Alberto Estrada Carranza604/2019
- José Alberto García Vargas1598/2023
- Jose Alberto Pacheco Zarate1242/2019
- José Alberto Pichardo Luna747/2022
- José Alberto Pichardo Luna1825/2023
- José Alberto Rivero Martínez948/2020
- José Alberto Trujillo Bautista1344/2021
- José Alcantara Barrientos1530/2023
- José Alejandro Montiel Martínez286/2022
- José Alejandro Montiel Martínez724/2021
- Jose Alejandro Montiel Martínez671/2021
- José Alejandro Ortiz Arzate1534/2023