José Alberto Rodríguez Quinteros
Expediente 215/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 23 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 215/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 24/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Alberto Rodríguez Quinteros
- Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán
- Pablo Alejandro Lescas Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de quince días, a fin de que las partes se inconformara en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, del auto de doce de julio de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en autos; por tanto, queda firme el citado proveído y, en consecuencia archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en los numerales 196 y 214 de la Ley de la Materia; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, glósese el cuaderno original del incidente de suspensión. Por tanto, vistos los autos del presente expediente y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Quinto, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto es CONSERVABLE al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo sexto, artículo 17 fracción III inciso a), del Acuerdo en mención. Luego, como en los autos del incidente de suspensión se concedió la suspensión definitiva, por tanto, el original del mismo es susceptible de Destrucción, en términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción III, del referido Acuerdo General. Por su parte, el duplicado del incidente de suspensión, también es susceptible de DESTRUCCIÓN por ubicarse en la hipótesis prevista en el artículo 19, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo General, por lo cual, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse archivado. Notifíquese.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de doce de junio de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, doce de junio de dos mil veintitrés. Vistos los presentes autos y la certificación que antecede de la que se advierte que los quejosos José Alberto Rodríguez Quintero y Pablo Alejandro Lescas Gómez, no realizaron manifestaciones en relación al cumplimiento que dieron las autoridades responsables, a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, procede a pronunciar resolución sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: 1) Mediante sentencia de treinta de octubre de dos mil veinte, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a José Alberto Rodríguez Quintero y Pablo Alejandro Lescas Gómez, para los siguientes efectos: ".I. Dejar insubsistente la boleta de infracción con folio 0670, de siete de febrero de dos mil veinte. II. No apliquen en lo futuro a la quejosa, los artículos 58, fracción XVIII, y 61 del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, declarados inconstitucionales, mientras no sean reformados y por ende, subsistan los vicios de inconstitucionalidad aquí destacados. III. Se reintegre a José Alberto Rodríguez Quinteros, el importe del pago que realizó con motivo de la multa con número de folio 0670, de siete de febrero de dos mil veinte, por la cantidad de $30,408.00 (treinta mil cuatrocientos ocho pesos 00/100 M.N.), así como la contenida en la nota de remisión al corralón en cantidad de $900.00 (novecientos pesos 00/100 M.N.). En el caso no es menester ordenar la devolución del vehículo automotor a la parte quejosa, pues en el escrito inicial de demanda se manifestó que se realizó el pago de la multa, así como de los gastos de corralón a efecto de recuperar el vehículo de que se trata." 2) Por auto de catorce de diciembre de dos mil veinte, se declaró ejecutoriada la referida sentencia y, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de la Materia, se requirió a las autoridades responsables, para que procedieran a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 3) En cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, las autoridades responsables realizaron lo siguiente: Por oficio CCT-DAJ-63/2021, presentado ante este órgano federal el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, el Coordinador General de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, con sede en esta ciudad, informó que realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente la infracción contenida en la boleta número 0670, de siete de febrero de dos mil veinte. - Se abstendrá de aplicar al quejoso los artículos 58, fracción XVIII y 61 del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán; y, - Para la devolución del pago erogado, deberá acudir el quejoso plenamente identificado al Departamento de Amparos y Procesos Administrativos ubicado en calle Yucatán esquina con avenida Madero, número 39 de esta ciudad, a fin de que se le gire recibo por el concepto erogado por remisión al correlón. b) Por oficio DGJ/DC/1642/2021, presentado ante este órgano federal el quince de abril de dos mil veintiuno, el Jefe de Departamento de Asuntos Penales y Amparos de la Dirección de lo Contencioso de la Secretaría de Finanzas y Administración, hizo del conocimiento que la Dirección de Operación de Fondos y Valores el ocho de abril de dos mil veintiuno, expidió el cheque, número 0001430, a nombre del quejoso por la cantidad de $30,408.00 (treinta mil cuatrocientos ocho pesos 00/100 M.N), asimismo adjuntó copia certificada del citado cheque. Por oficios CCT-DAJ-1485/2021, CCT-DAJ-019/2022 y CCT-DAJ-235/2022, CCT-DAJ-571/2022 y CCT-DAJ-516/2023 la Comisión Coordinadora de Transporte Público del Estado de Michoacán, en cumplimiento a la ejecutoria informó que la devolución por concepto de arrastre y corralón se encontraba liberada, y solicitó se le hiciera del conocimiento a la parte quejosa, a fin de que acudiera a las oficinas a recoger la devaluación de dicho concepto, vistas que se le dieron por medio de los proveídos nueve de noviembre de dos mil veintiuno, dieciséis de marzo, veinticinco de mayo, ambos de dos mil veintidós y quince de mayo del presente año, autos que fueron debidamente notificados personalmente. Por oficio CCT-DAJ-516/2023 el Jefe de Departamento de Amparos y Procesos Administrativos de la Comisión Coordinadora de Transporte Público del Estado de Michoacán, informó que la parte quejosa ha sido omisa en acudir a recoger el cheque que se le generó por el concepto de arrastre y corralón. Ahora bien, tomando en consideración la imposibilidad material que tiene la Comisión Coordinadora de Transporte Público del Estado de Michoacán, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en razón a que para ello es necesario que se acredite que la parte quejosa, acudió ante dicha autoridad a recibir el cheque por la cantidad del concepto erogado, que tiene a su disposición, aun y cuando se le notificó personalmente en cuatro ocasiones. Con base en lo hasta aquí expuesto, se declara que en la especie existe imposibilidad material para que la autoridad responsable Comisión Coordinadora de Transporte Público del Estado de Michoacán, cumpla con la sentencia de amparo, pues la parte quejosa a la fecha no se ha presentado a recoger el cheque que fue expedido a su favor, valioso por la cantidad de $900.00 (novecientos pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de arrastre y corralón, el cual se dejó a su disposición ante la autoridad responsable, ni manifestó el impedimento material que tuvo para acudir ante la responsable a recoger dicha cantidad. Por tanto, con lo anterior queda demostrada la imposibilidad material que tiene la autoridad responsable para cumplir totalmente con los lineamientos fijados en la ejecutoria emitida en este juicio, dado que dicho cumplimiento depende de la comparecencia de la parte quejosa ante dicha responsable. En otras palabras el cumplimiento no depende únicamente de la responsable, quien ya realizó una parte de lo que le corresponde, es decir, Comisión Coordinadora de Transporte Público del Estado de Michoacán, dejó a disposición de la parte quejosa el mencionado cheque; sin embargo, a fin de acatar totalmente la ejecutoria, es necesario que la parte quejosa acuda ante las oficinas de dicha autoridad a recogerlo, lo cual, como se ha visto, no ha sido realizado por la parte quejosa, no obstante los múltiples requerimientos efectuados para tal fin. Sirve de apoyo la tesis número 1ª III/2003 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 216, Tomo XVII, Febrero de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO". De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración; máxime que conforme a la ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera, y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla. Resulta aplicable la jurisprudencia PC.III.P. J/16 K (10a.), del Pleno en materia Penal del Tercer Circuito, visible en la página 1739, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2017531, que dice: "EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. LA IMPOSIBILIDAD DE SU CUMPLIMIENTO PUEDE DECLARARSE, DE PLANO O INTERLOCUTORIAMENTE PREVIO TRÁMITE INCIDENTAL. Conforme al artículo 196, párrafo último, de la Ley de Amparo, el órgano de control constitucional puede decretar de plano la imposibilidad de cumplir una sentencia protectora cuando la causa que la genera está probada fehacientemente y no se tenga duda sobre su operatividad; en cambio, si dicha imposibilidad no está plenamente acreditada o depende de lo que pueda exponer el quejoso, incluso si existe la posibilidad de cumplimiento a través de la adopción de determinadas medidas, debe ordenar abrir un incidente innominado, en términos del artículo 193, párrafo cuarto, de la ley citada para que se decida, interlocutoriamente, lo procedente." En ese orden de ideas, una vez que transcurra el término de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, a efecto de que alguna de las partes en el presente asunto interponga, de ser su deseo, recurso de inconformidad en contra del presente proveído, provéase lo relativo al archivo de este expediente. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio CCT-DAJ-516/2023, signado por el Jefe de Departamento de Amparos y Procesos Administrativos de la Comisión Coordinadora del Transporte Público del Estado Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que el quejoso ha sido omiso en acudir a recoger el cheque que se le generó por el concepto de arrastre y corralón; atento a ello, como lo solicita, dese vista al quejoso para que acuda ante las oficinas de dicha autoridad a fin de que le sea devuelta la cantidad correspondiente, bajo el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que de este proveído se practique, este órgano jurisdiccional, previo requerimiento a la autoridad responsable respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dictará la resolución que en derecho corresponda. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, se tuvo al Jefe de Departamento de Amparos y Procesos Administrativos de la Comisión Coordinadora del Transporte Público del Estado Michoacán, con sede en esta ciudad, informando que la cantidad a devolver por el concepto de arrastre y corralón se encuentra liberada sin embargo, el quejoso ha sido omiso en acudir a recoger dicha cantidad; auto que le fue notificado personalmente al quejoso el uno de junio de dos mil veintidós, a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que de autos se advierta que lo hubiera hecho. Por tanto, a efecto de que este Juzgado Federal se encuentre en condiciones de pronunciarse respecto al cabal cumplimiento de la ejecutoria de amparo, requiérase a la autoridad responsable Coordinador General de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, para que dentro del término de tres días, a que se refiere el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, remita las constancias con las cuales se justifique la devolución respecto del monto correspondiente a la nota de remisión al corralón, con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, para lo cual, deberá justificarlo con las constancias respectivas, o bien, manifestar el impedimento legal o material que tuviera para ello, bajo apercibimiento que de no hacerlo se hará efectivo los medios de apremio con los cuales se les previno por proveído de catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en los artículos 192, 193, 237 fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, se impondrá de manera individual a las autoridades responsable una multa por el equivalente de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con los artículos 192, 193, 237 fracción I, 238 y 258, de la Ley de la materia en vigor, al momento de realizarse la conducta sancionada, con independencia de la responsabilidad penal prevista en el numeral 267, fracción I, de la ley de la materia. Con independencia de lo anterior, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, informe si la autoridad responsable le reintegró la cantidad contenida en la nota de remisión al corralón, a fin de que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de acordar lo que en derecho corresponda. Finalmente, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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