José Alberto Rodríguez Calderón

Expediente 271/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
271/2017
Año
2017
Actuaciones
15
Última actuación
22/06/2017

Partes del expediente

  • José Alberto Rodríguez Calderón
  • Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintidós de junio de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que la parte quejosa no recurrió la sentencia que sobresee en el juicio, quien es la única interesada en hacerlo, por lo que se considera ocioso continuar en espera del acuse de recibo de los oficios girados para notificar la resolución de referencia a las autoridades foráneas responsables, y tercera interesada, respectivamente; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia de que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción II, del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, deberán conservarse los proveídos integrantes del cuaderno original del incidente respectivo, en los que en su caso, se haya concedido la suspensión ya sea provisional o definitiva, en términos del segundo párrafo de la fracción III, de la disposición en consulta, siendo depurables los restantes. Con sustento en el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo general en comento, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en los cuadernos incidentales.

  2. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 271/2017, promovido por José Alberto Rodríguez Calderón, contra actos del juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, y otras autoridades; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el veintinueve de marzo del año en curso (fojas 2 a 15) en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, remitido por razón de turno a este juzgado, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos de las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta resolución. II. El solicitante del amparo narró los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes, y señaló violados en su perjuicio los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Por auto del día siguiente se admitió la demanda bajo el orden 271/2017; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio intervención legal al representante social de la Federación adscrito; se corrió traslado al agente del Ministerio Público adscrito al juzgado responsable; y se señalaron fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional (fojas 16 y 17). IV. Derivado de que mediante proveído de veintiséis de abril de este año se había requerido a la parte quejosa manifestara si era su deseo señalar con el carácter de responsable a diversa autoridad de las inicialmente señaladas (fojas 109 y 110), el dos de mayo pasado se difirió la audiencia constitucional (foja 112). V. Por acuerdo de cuatro del mes último en cita se admitió a trámite la ampliación de demanda planteada, por lo que llegada la fecha señalada para que se desahogara la audiencia en este juicio, se llevó a cabo el día de la fecha, al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza de los actos reclamados. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada bajo el orden 169 en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden de ideas, del análisis de todos los elementos de la demanda, así como de las constancias que integran el expediente, se aprecia y se precisa que los actos reclamados son, la resolución de seis de marzo de dos mil diecisiete, en que se determinó que no había lugar a dejar sin efectos la multa impuesta al quejoso en los autos del incidente de prisión preventiva domiciliaria derivado de la causa penal 56/2011, así como su ejecución. Actos que fueron atribuidos a las siguientes autoridades: a) Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros (en su carácter de ordenadora); b) Administrador Desconcentrado de Recaudación en Tamaulipas "2", Unidad Administrativa del Servicio de Administración Tributaria; c) Administrador Desconcentrado de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, en la Delegación Miguel Hidalgo, de la ciudad de México; y d) Administrador Desconcentrado de Recaudación "1" Unidad Administrativa del Servicio de Administración Tributaria. Estas últimas tres, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (en su carácter de ejecutoras). TERCERO. La autoridad precisada en el inciso b) de la consideración anterior no existe, según se advierte de la razón actuarial de tres de abril pasado (foja 24), por tanto, menos aún puede existir el acto que se le atribuye. Por otra parte, no son ciertos los actos reclamados de las restantes autoridades precisadas con el carácter de responsables ejecutoras, pues además de que así lo manifestaron al rendir informe justificado (fojas 105 y 118), así está demostrado en autos, desde luego, en vinculación con la pretensión del quejoso, dado que reclamó el auto en que se estableció que no había lugar a dejar sin efectos la multa impuesta en su contra, y no el auto en que se le impuso la misma. En esas condiciones, dada la inexistencia de aquella autoridad y de los actos reclamados de las restantes mencionadas, procede sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Es cierto el acto reclamado del juez responsable, pues así lo manifestó al rendir informe justificado (foja 26), lo que se acredita con la copia certificada que remitió en apoyo a su informe de ley, entre cuyas constancias se encuentra la resolución reclamada (fojas 100 y 101); documental a la que se concede valor probatorio pleno al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. No obstante, como sustancialmente lo hizo valer la autoridad judicial responsable, en el caso resulta innecesario el estudio y transcripción de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, en virtud que se actualiza una causal de improcedencia, la cual es de orden preferente a aquél, conforme al numeral 62 de la Ley de Amparo. Es así que en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la ley reglamentaria, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. .". De dicho precepto legal se concluye que el juicio de amparo se torna improcedente contra actos consentidos, entendiéndose por ello el acatamiento consciente que se hace de una ley o acto que cause un agravio o perjuicio presente y actual, por parte del quejoso. Ahora bien, conviene precisar que tal hipótesis puede actualizarse por dos circunstancias distintas: 1. Porque el acto reclamado sea consentido expresamente, o 2. Por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. El primer supuesto se refiere al caso en que el quejoso de manera expresa anuncia estar conforme con el acto de autoridad que reclama en el juicio de amparo, de manera que no existe posibilidad de interpretación para el juzgador, en tanto que en el segundo supuesto, la autoridad de amparo debe verificar si alguna otra actuación o manifestación entraña consentimiento respecto del acto reclamado. Bajo esta última previsión está comprendido el supuesto de improcedencia referido al acto derivado de otro consentido, que para su configuración requiere dos supuestos, a saber, la existencia de un acto anterior consentido que, por tanto, debe causar afectación al interés jurídico del quejoso para ser susceptible de impugnarse en la vía constitucional, y la existencia de un acto posterior que sea consecuencia directa y necesaria de aquél. Es orientadora al respecto, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, mayo de 1995, que en su rubro dice "ACTO DERIVADO DE ACTO CONSENTIDO. NO TIENE TAL CARACTER EL DECRETO POR EL QUE SE PRECISAN LOS DECRETOS Y ACUERDOS EN MATERIA DE ESTIMULOS FISCALES Y SUBSIDIOS QUE SE ENCUENTRAN VIGENTES A PARTIR DEL EJERCICIO FISCAL DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CUANDO NO SE IMPUGNA TAMBIEN EN EL JUICIO DE AMPARO EL ARTICULO 13 DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA TAL EJERCICIO". Ahora, del presente sumario se aprecia que el justiciable reclama la resolución de seis de marzo de dos mil diecisiete, emitida en el incidente de prisión preventiva domiciliaria derivado de la causa penal 56/2011, en que se estableció que no había lugar a dejar sin efectos la multa que le había sido impuesta por incumplimiento a diverso pronunciamiento, sin embargo, en el caso en particular existe un acto anterior consentido que causa afectación al interés jurídico del quejoso, y no obstante ser susceptible de impugnarse en la vía constitucional, no fue impugnado. Lo anterior es así, porque mediante auto de trece de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 31 y 23), la autoridad judicial responsable requirió al comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (cargo que desempeña el justiciable), para que una vez contara con la contestación del comisionado General de la Policía Federal, respecto de la opinión técnica requerida por dicho órgano jurisdiccional, relacionada con el inmueble proporcionado por el procesado en la incidencia relativa, lo informara de inmediato. En razón de que no había dado cumplimiento al referido requerimiento, por auto de tres de enero del año en curso (foja 51), se requirió de nueva cuenta al amparista, apercibiéndole que de no cumplir con ello o no comunicar oportunamente el impedimento legal o material que tuviera, con fundamento en el artículo 44, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Penales, se le impondría una multa por el equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Apercibimiento que fue reiterado el veintitrés del mes de referencia (foja 56) al no haber acatado lo requerido; siendo que en esa misma fecha y el veinticinco siguiente, por conducto del titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, informó que aún no recibía la respuesta solicitada respecto de la opinión requerida (foja 60 y 63). Así, mediante proveído de veintiséis de dicho mes (fojas 65 y 66), ponderando las circunstancias que imperaban en el trámite del incidente planteado, se requirió nuevamente al inconforme para que en el término de veinticuatro horas informara respecto del cumplimiento formulado, en el entendido y con el mismo fundamento precisado, se le impondría una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; cuestión sobre la que insistió la defensa del procesado mediante impreso presentado el treinta siguiente (foja 68). Posteriormente, por oficios presentados el dos y catorce de febrero (fojas 70 y 74) el referido titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, hizo del conocimiento del juez de la causa que aún no había recibido la información relativa, por lo que seguía insistiendo sobre el particular al comisionado de la Policía Federal. Nuevamente se requirió al quejoso el veintidós siguiente (foja 78) al no haber comunicado la respuesta requerida, apercibiéndolo con la imposición de una multa equivalente a treinta veces el valor de la unidad precitada. Al informar una vez más respecto de que el comisionado General de la Policía Federal no le había comunicado la respuesta requerida (foja 82), por auto de veintisiete de febrero último (fojas 84 86), la autoridad judicial responsable hizo efectiva contra el quejoso la multa equivalente a cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que dijo ascendía a la cantidad de siete mil quinientos setenta y nueve pesos, giró el oficio para su efectividad a la autoridad recaudadora correspondiente, y le requirió de nueva cuenta. Derivado de lo anterior, por oficio presentado el tres de marzo de este año (fojas 96 y 97), el referido titular de la Unidad de Asuntos Legales informó al juez de la causa que personal de la Dirección General de Seguridad Física de la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal emitiría la opinión técnica solicitada, por lo que solicitó se dejaran sin efecto los apercibimientos y multa decretada contra el comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (cargo que desempeña el justiciable). A dicha solicitud recayó la resolución de seis de marzo de dos mil diecisiete (fojas 100 y 101), que constituye el acto reclamado en este juicio, en que se determinó que no había lugar a dejar sin efectos la multa impuesta. En esas condiciones, es incuestionable la existencia de un acto anterior al reclamado, que causa afectación al interés jurídico del quejoso, y no obstante ser susceptible de impugnarse en la vía constitucional, no se incorporó a esta controversia, por lo que indefectiblemente constituye un acto consentido; de ahí que se tenga acreditado el primero de los requisitos precisados, respecto de la causal de improcedencia analizada. De igual forma ha quedado evidenciada la existencia de un acto posterior -seis de marzo de dos mil diecisiete- que fue consecuencia directa y necesaria de aquél, pues la responsable sometió su decisión a las consideraciones expuestas en aquella determinación al establecer que se le había hecho efectiva la multa por incumplimiento a lo requerido en el tiempo solicitado; determinación que este órgano de control constitucional está imposibilitado a analizar, por no formar parte de esta controversia. Por tanto, válidamente se puede concluir que se consintió el auto que precede al reclamado, sin que exista algún indicativo de inconformidad contra el mismo, lo que denota el consentimiento tácito de aquella determinación dado que no se actualiza algún caso de excepción de los previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, y por ende, si el acto reclamado es consecuencia directa y necesaria de aquél, constituye un acto derivado de otro consentido. Resultó orientador el criterio emitido por el otrora Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicado en la página 408 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, abril de 1992, que en su rubro dice "ACTOS DERIVADOS DE OTRO CONSENTIDO", así como la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 115 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, febrero de 1999, de rubro "AMPARO CONTRA LEYES. CASO EN QUE DEBE ESTIMARSE CONSENTIDO EL ACTO DE APLICACIÓN". En atención a lo expuesto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio de amparo con fundamento en la fracción V, del numeral 63 del citado ordenamiento legal, respecto de la resolución de seis de marzo de dos mil diecisiete en que se determinó que no había lugar a dejar sin efectos la multa impuesta al quejoso, en los autos del incidente de prisión preventiva domiciliaria derivado de la causa penal 56/2011, por lo que no es procedente analizar los conceptos de violación expresados. Sirve de apoyo a lo anterior, criterio del otrora Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 93 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 86, Sexta Parte, con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN". Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 61, fracción XIII, 62, 63, fracción V, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Por los motivos expuestos en los considerandos tercero y cuarto de este fallo, se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Alberto Rodríguez Calderón, contra la resolución de seis de marzo de dos mil diecisiete en que se determinó que no había lugar a dejar sin efectos la multa impuesta en los autos del incidente de prisión preventiva domiciliaria derivado de la causa penal 56/2011, así como su ejecución. Actos que fueron atribuidos a las siguientes autoridades: a) Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros (en su carácter de ordenadora); b) Administrador Desconcentrado de Recaudación en Tamaulipas "2", Unidad Administrativa del Servicio de Administración Tributaria; c) Administrador Desconcentrado de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, en la Delegación Miguel Hidalgo, de la ciudad de México; y d) Administrador Desconcentrado de Recaudación "1" Unidad Administrativa del Servicio de Administración Tributaria. Estas últimas tres, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (en su carácter de ejecutoras).

  3. Incidental

    Ciudad de México, a treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. Agréguense en autos el oficio y anexo de cuenta provenientes de la Administración Desconcentrada Jurídica de Tamaulipas "2" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del cual solicita "se ordene la reposición del procedimiento del incidente de suspensión", a efecto de que se valore el informe previo que rindió en el presente cuaderno. En atención a su contenido, no ha lugar a acordar de conformidad, en razón de que el dieciocho de abril pasado se resolvió el incidente de suspensión en que se actúa (fojas 26 y 27 del cuaderno original), y este órgano de control constitucional no puede revocar sus propias determinaciones.

  4. Principal

    Ciudad de México, a diez de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese en autos el oficio de cuenta. Atento a sus términos, se tiene por rendido el informe justificado que en él se contiene, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De conformidad con los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, ténganse como delegadas a las personas que refiere, y como domicilio para recibir notificaciones el que indica.

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