José Alberto Ramos Zapata

Expediente 1480/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1480/2016
Año
2016
Actuaciones
9
Última actuación
17/11/2017

Partes del expediente

  • José Alberto Ramos Zapata

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de seis de noviembre de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se notificó al quejoso, al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, y al representante especial de la menor de edad de identidad reservada, con siglas A.C.R.L., el siete de noviembre en curso; mientras que a la tercera interesada se le notificó por lista de estrados de diez de noviembre siguiente, sin que a la fecha hubiesen realizado manifestación alguna. Por tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En sentencia firmada el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, se concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto siguiente: Que el Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, dejara insubsistente la parte conducente del acuerdo de quince de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 146/2015, y en su lugar, con libertad de jurisdicción, emitiera otro, el cual podía ser en el mismo sentido que el anterior, purgando desde luego, los vicios formales destacados. Los vicios formales fueron: 1. No invocó precepto legal alguno para apoyar la orden que dio al procesado de que se recluyera de manera voluntaria al centro de reinserción estatal ni justificó el plazo que en dicho auto le concedió para que hiciera el depósito de las cantidades fijadas como garantía; y, 2. Además, tampoco le hizo saber el por qué no era óbice a lo ordenado que existiera un recurso de apelación pendiente de resolverse, el cual la parte aquí quejosa interpuso precisamente, en contra de la parte conducente del acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, relativa a las sumas establecidas como caución que ahora le exigía exhibir o de lo contrario recluirse voluntariamente. Posteriormente, en auto de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, se tuvo por ejecutoriada la sentencia concesora del amparo y se requirió su cumplimiento al Juez responsable. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, el Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, remitió copia certificada del auto de treinta de octubre de dos mil diecisiete, en el que dejó sin efecto la parte conducente del diverso de quince de noviembre de dos mil dieciséis y emitió otro en el mismo sentido, pero purgando los vicios formales precisados. Lo anterior es así, ya que dicha autoridad en el nuevo acto destacó cuál era el marco jurídico que regulaba el beneficio de la libertad provisional bajo caución. Igualmente, le señaló al aquí quejoso el término de quince días para que exhibiera las sumas que le fueron fijadas para gozar del referido beneficio, considerándolo un plazo razonable y justo para ese fin, apercibiéndolo que de no hacerlo se procedería conforme a derecho; sin hacer referencia a que se recluyera voluntariamente. Y, expresó los motivos por los cuales no era impedimento para tal requerimiento la existencia del recurso de apelación en contra del auto de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de la materia, se advierte que el Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, se encontraba obligado a dejar insubsistente la parte conducente del acuerdo reclamado, pero purgando los vicios formales que le fueron señalados. Lo que así realizó, de ahí que se considere destruido el acto atribuido a la autoridad responsable, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo. Por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, remitiendo por cuerda separada los cuadernos del incidente de suspensión, debiendo anexarles para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Finalmente, no existe motivo legal alguno para que sigan al resguardo de la secretaría de este Juzgado, los seis tomos de copias certificadas de la causa penal 146/2015, que el Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, remitió con su informe justificado (foja 29). En consecuencia, devuélvanse los anexos de referencia, sin que sea necesario solicitar el acuse recibo de los mismos. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  2. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA DE OCNOFMRIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEYD E AMPARO Mérida, Yucatán, diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de seis de noviembre de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se notificó al quejoso, al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, y al representante especial de la menor de edad de identidad reservada, con siglas A.C.R.L., el siete de noviembre en curso; mientras que a la tercera interesada se le notificó por lista de estrados de diez de noviembre siguiente, sin que a la fecha hubiesen realizado manifestación alguna. Por tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En sentencia firmada el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, se concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto siguiente: Que el Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, dejara insubsistente la parte conducente del acuerdo de quince de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 146/2015, y en su lugar, con libertad de jurisdicción, emitiera otro, el cual podía ser en el mismo sentido que el anterior, purgando desde luego, los vicios formales destacados. Los vicios formales fueron: 1. No invocó precepto legal alguno para apoyar la orden que dio al procesado de que se recluyera de manera voluntaria al centro de reinserción estatal ni justificó el plazo que en dicho auto le concedió para que hiciera el depósito de las cantidades fijadas como garantía; y, 2. Además, tampoco le hizo saber el por qué no era óbice a lo ordenado que existiera un recurso de apelación pendiente de resolverse, el cual la parte aquí quejosa interpuso precisamente, en contra de la parte conducente del acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, relativa a las sumas establecidas como caución que ahora le exigía exhibir o de lo contrario recluirse voluntariamente. Posteriormente, en auto de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, se tuvo por ejecutoriada la sentencia concesora del amparo y se requirió su cumplimiento al Juez responsable. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, el Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, remitió copia certificada del auto de treinta de octubre de dos mil diecisiete, en el que dejó sin efecto la parte conducente del diverso de quince de noviembre de dos mil dieciséis y emitió otro en el mismo sentido, pero purgando los vicios formales precisados. Lo anterior es así, ya que dicha autoridad en el nuevo acto destacó cuál era el marco jurídico que regulaba el beneficio de la libertad provisional bajo caución. Igualmente, le señaló al aquí quejoso el término de quince días para que exhibiera las sumas que le fueron fijadas para gozar del referido beneficio, considerándolo un plazo razonable y justo para ese fin, apercibiéndolo que de no hacerlo se procedería conforme a derecho; sin hacer referencia a que se recluyera voluntariamente. Y, expresó los motivos por los cuales no era impedimento para tal requerimiento la existencia del recurso de apelación en contra del auto de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de la materia, se advierte que el Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, se encontraba obligado a dejar insubsistente la parte conducente del acuerdo reclamado, pero purgando los vicios formales que le fueron señalados. Lo que así realizó, de ahí que se considere destruido el acto atribuido a la autoridad responsable, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo. Por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, remitiendo por cuerda separada los cuadernos del incidente de suspensión, debiendo anexarles para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Finalmente, no existe motivo legal alguno para que sigan al resguardo de la secretaría de este Juzgado, los seis tomos de copias certificadas de la causa penal 146/2015, que el Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, remitió con su informe justificado (foja 29). En consecuencia, devuélvanse los anexos de referencia, sin que sea necesario solicitar el acuse recibo de los mismos. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Incidental

    Mérida, Yucatán, diez de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guarda este incidente, se acuerda: agréguese a los presentes autos, para los efectos legales a que haya lugar, el escrito signado por el quejoso ***************, con el que solicita la devolución del billete de depósito número *********, expedido por la Sucursal del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo de esta ciudad, por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), que exhibió como requisito para que operara la suspensión definitiva que se le concedió en este incidente. En consecuencia, no existiendo impedimento legal alguno para ello, devuélvase el citado documento por el conducto que indica debidamente endosado a su favor. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes el oficio signado por el Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, el cual remite en relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoriada pronunciada en este juicio. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, para que manifiesten lo que a sus derechos corresponda. Apercibidas que de no hacerlo dentro del plazo que para tal fin se les confiere, este Juzgado Federal resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente y cúmplase.

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