José Alberto Priego Miranda
Expediente 617/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 617/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José Alberto Priego Miranda
Actuaciones
- Principal
Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Ténganse por recibido el oficio signado por la secretaria del Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a través del cual remite el expediente ********************del índice del órgano en cita, promovido por ********************, contra actos del Presidente Constitucional de los Estado Unidos Mexicanos por Conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y otras autoridades, toda vez que declinó competencia, por razón de territorio a favor de este órgano jurisdiccional para conocer de la aludida demanda de amparo. Radicación. Intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número de registro ********************. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que conforme a los lineamientos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes en un asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad para la tramitación de este juicio la aplicación del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el SISE; razón por la cual en términos del artículo 263 de dicho acuerdo, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. No se acepta competencia. Esta juzgadora respetuosamente no comparte el criterio sustentado por el juzgado declinante y no acepta la competencia planteada por las razones que enseguida se exponen. El término "competencia" (que deriva de los aforismas latinos "competens entis", que significan conveniente, aptitud o apto), en sentido jurídico amplio, alude a la idoneidad atribuida a un órgano del Estado para conocer o llevar a cabo determinados actos jurídicos. Doctrinariamente ha sido identificada como la medida o el alcance de la jurisdicción, es decir, el límite que la ley señala para el ejercicio de la jurisdicción a cargo de cada uno de los distintos órganos gubernamentales. Sin embargo, en términos procesales, significa la facultad que tiene un Juez o tribunal de conocer un negocio o litigio dado con exclusión de cualquier otro. En ese sentido, la competencia tiene como presupuesto el principio de pluralidad de tribunales dentro de un territorio jurisdiccional. Así, las reglas de competencia tienen por objeto determinar cuál va a ser el órgano jurisdiccional que debe conocer de tal o cual controversia, se insiste, con preferencia o exclusión de los demás. Por ello, es de estimarse que si la jurisdicción es el "poder-deber" de administrar justicia, la "competencia" es aquélla cuestión que fija los límites dentro de los cuales se ejerce tal atribución fundamental. Para mayor compresión, resulta ilustrativo dividir el análisis del concepto "competencia" desde dos puntos de vista: el subjetivo y el objetivo. Tocante al primero de ellos (subjetivo), la competencia es el deber y el derecho que tiene el Juez de administrar justicia en un proceso específico. El segundo (objetivo), es la enunciación de las reglas dadas para atribuir a los distintos jueces el conocimiento de determinados casos. Con base en esta clasificación se puede precisar que la "competencia" se erige como un "presupuesto procesal", esto es, como una condición que debe existir a fin de que pueda emitirse un pronunciamiento de fondo en torno a una pretensión. Dicho de otro modo, es un requisito necesario exigido en ley que debe darse a fin de que pueda ser válido un proceso. Al respecto el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece tres reglas para fijar la competencia territorial de los Jueces de Distrito, a saber: 1. Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro; será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, y se atenderá al criterio de prevención en el conocimiento de la demanda, es decir, la competencia se fincará en el órgano ante el cual se presente la misma; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda. Como se observa, las dos primeras reglas de competencia contienen como eje rector la ejecución material del acto reclamado, con la finalidad de que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro. Esas reglas tienen como propósito que el quejoso pueda obtener una inmediata defensa en contra del acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley relativa; intención que queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, donde se establece que si el acto no requiere ejecución material será competente el juez de Distrito donde la demanda sea presentada. Así, la aplicación de las dos primeras reglas previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo deben tener como común denominador un principio de ejecución, que comprende los supuestos relativos a que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo que implica que de manera necesaria se analice, en primer lugar, cuál es el acto reclamado en el juicio de amparo, para después dilucidar si dicho acto es o no ejecutable, lo que implica atender a su naturaleza. Esa naturaleza se determina en función de si el acto introduce o no un cambio a la realidad (positivo); si no afecta la realidad existente (negativo); o, si implica un no hacer de la autoridad o la inacción de la autoridad (omisivo). Los actos negativos, a su vez, se clasifican en: a. Abstenciones: implican un no actuar de la autoridad; b. Negativas simples: constituyen un rechazo a una solicitud; y, c. Actos prohibitivos: entrañan una orden positiva de la autoridad para impedir una conducta previamente autorizada. Ahora, conviene destacar que dentro de los actos de carácter "omisivo", las autoridades responsables adquieren una postura de abstención respecto de determinada solicitud que se les formule o con relación a algún imperativo al que se encuentren constreñidas por mandato legal previamente establecido, o bien, ante la falta de actuación cuando se encuentran obligadas legalmente a efectuar determinada actuación. Precisado lo anterior, en el caso en concreto, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: "a) La discriminación de la cual me encuentro siendo objeto por parte de las autoridades responsables, toda vez que se encuentran destinando recursos humanos, económicos y materiales, con la finalidad de desarrollar y ejecutar programas encaminados a estimular las lluvias en diversos territorios de la República Mexicana, sin que al día de hoy destinen recursos a los territorios del Estado de Veracruz, específicamente al municipio de Tamiahua, Veracruz, para los mismos fines; b) La omisión por parte de las autoridades responsables de disponer recursos, dentro del ámbito de sus facultades y competencias, hasta el máximo que dispongan, para regular, supervisar y fiscalizar, requerir y aprobar estudios de impacto ambiental, establecer un plan de contingencia y mitigar los efectos de la sequía que está acosando el norte del Estado de Veracruz, específicamente el territorio del municipio de Tamiahua; c) La omisión de integrar al territorio de Tamiahua, Veracruz, dentro del Programa Nacional Contra la Sequía; d) La omisión de integrar al territorio de Tamiahua, Veracruz, dentro del Programa de Estimulación de Lluvias para Mitigar la Sequía; e) La omisión por parte de las autoridades responsables, de estimular las lluvias en el territorio del municipio de Tamiahua, Veracruz, para mitigar y contrarrestar los efectos de la sequía; f) La omisión de (f. 1) proponer una iniciativa, (f.2) de realizar los estudios correspondientes y (f.3) de expedir y ordenar publicar una Norma Oficial Mexicana en materia de Estimulación de Lluvias, de conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; y, g) Las consecuencias de hecho y de Derecho por la vulneración a mis Derechos Humanos." Y, del análisis del auto dictado el ocho de noviembre del año en curso, en el juicio de amparo ********************del índice del Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se obtiene que la homóloga federal sostuvo su incompetencia indicando que surte a favor de este Juzgado de Distrito, toda vez que la totalidad de los actos reclamados tienen como resultado que no se estimulen las lluvias para mitigar la sequía en un municipio en el que este órgano de control jurisdiccional ejerce jurisdicción, a saber, en el Municipio de Tamiahua, Veracruz. Sin embargo, del análisis de la integridad de los actos reclamados se obtiene que la parte quejosa en su inciso (f.3) se duele principalmente de "La omisión de (f.1) proponer una iniciativa, (f.2) de realizar los estudios correspondientes y (f.3) de expedir y ordenar publicar una Norma Oficial Mexicana en materia de Estimulación de Lluvias, de conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización"; esto es, reclama un acto omisivo, pues incluso de la lectura de sus conceptos de violación señala que las responsables se encuentran realizando los programas de estimulación de lluvias en diversos estados de la República, sin contar con una reglamentación especifica. En esas condiciones, respetuosamente no se comparte lo expuesto por el Juzgado declinante, en virtud de que contrario a lo argumentado, a criterio de esta Juzgadora existen actos reclamados omisivos, que constituyen abstenciones sin efectos positivos, de ahí que se estima que la competencia se surte a favor del juez declinante, conforme a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En efecto, acorde con el contenido integral del artículo 37 de la Ley de amparo, aunado al principio de continencia de la causa, se colige que cuando en el amparo indirecto se señale una pluralidad de actos reclamados, entre los cuales se encuentre uno que deba tener ejecución material, así como otros que no la requieran, en principio, serán competentes para conocer del asunto, en su integridad, tanto el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se ejecutó el acto reclamado, como aquel en cuya jurisdicción se presentó la demanda, respecto de los actos reclamados que no requieren ejecución material. Sin embargo, ante la falta de regulación expresa para ese tipo de supuestos, en observancia del principio pro persona, contenido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esa Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y al encontrarse involucrado en la especie el derecho humano de acceso a la justicia, consagrado en el diverso numeral 17 de la referida Carta Magna, se concluye que la competencia se surte en favor del Juez en cuya jurisdicción se presentó la demanda, porque de acuerdo con el sentido y alcance del derecho humano mencionado, la circunstancia de que el quejoso haya presentado su escrito ante la autoridad de amparo con competencia en uno de los territorios relacionados con el asunto, permite presumir fundadamente que ese juzgador federal es el de más fácil acceso material para dicha justiciable, respecto del otro, dado que el promovente optó por acudir ante él y no con el otro. Apoya a lo anterior, por las razones que la informan la tesis I.16o.A.9 K (10a), sustentada por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1223, del Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital 2010698, de rubro y texto: COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE SEÑALE UNA PLURALIDAD DE ACTOS RECLAMADOS, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRE UNO QUE DEBA TENER EJECUCIÓN MATERIAL, QUE INCLUSO YA SE EJECUTÓ, ASÍ COMO OTROS QUE NO LA REQUIERAN, SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA. El artículo 37 de la Ley de Amparo establece tres reglas de competencia por territorio de los Jueces de Distrito para conocer del juicio en la materia, en razón del acto reclamado, a saber: a) si requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado; b) si puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda; y, c) si no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, acorde con el contenido integral, armónico y coherente del precepto citado, aunado al principio de continencia de la causa, se colige que cuando en el amparo indirecto se señale una pluralidad de actos reclamados, entre los cuales se encuentre uno que deba tener ejecución material, que incluso ya se ejecutó, por ejemplo, la orden de bloqueo de una cuenta bancaria y su materialización, así como otros que no la requieran, en principio, serán competentes para conocer del asunto, en su integridad, tanto el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se ejecutó el acto reclamado, como aquel en cuya jurisdicción se presentó la demanda, respecto de los actos reclamados que no requieren ejecución material. Sin embargo, ante la falta de regulación expresa para ese tipo de supuestos, en observancia del principio pro persona, contenido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esa Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y al encontrarse involucrado en la especie el derecho humano de acceso a la justicia, consagrado en el diverso numeral 17 de la referida Carta Magna, se concluye que la competencia se surte en favor del Juez en cuya jurisdicción se presentó la demanda, porque de acuerdo con el sentido y alcance del derecho humano mencionado, la circunstancia de que el quejoso haya presentado su escrito ante la autoridad de amparo con competencia en uno de los territorios relacionados con el asunto, permite presumir fundadamente que ese juzgador federal es el de más fácil acceso material para dicha justiciable, respecto del otro, dado que el promovente optó por acudir ante él y no con el otro. En consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, no se acepta la competencia planteada, por tanto, se ordena devolver el original del juicio de amparo ********************al Juzgado Decimoséptimo de Distrito en la Ciudad de México, a fin de que provea lo conducente, e informe si insiste en declinar la competencia del asunto en cuestión. Cuaderno de antecedentes. En consecuencia, fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada del escrito de demanda y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notificación y consulta de expediente electrónico. De conformidad con el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, por haberlo solicitado practíquense sus notificaciones de manera electrónica a través del usuario "********************" y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte procesal la consulta del expediente electrónico. Se instruye a la Oficial Judicial "A" adscrita para que realice la habilitación correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); sin perjuicio de que se pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 26 de la ley de la materia. Por otra parte, como lo solicita se tienen como medios de contacto a efecto de entablar comunicaciones no procesales el correo electrónico y los números telefónicos proporcionados. Habilitación de días y horas inhábiles. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. Asimismo, se instruye al actuario para que, en caso de que alguna autoridad se niegue a recibir un oficio de notificación, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; esto es, informarle que, no obstante dicha circunstancia, se tendrá por hecha la notificación correspondiente. Copias. Toda vez que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente ya que será el expediente electrónico el que tenga validez para consulta de las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que rige la tramitación del presente juicio, se hace del conocimiento de las partes autorizadas (con firma electrónica vigente) que podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el presente expediente ya que, cuando éstas incluyen la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, sin necesidad de hacer mayor gestión. Protección de datos personales. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente electrónico conforme a las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese por lista.
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