José Alberto Priego Miranda
Expediente 1004/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1004/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 20/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José Alberto Priego Miranda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinte de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos sin mayor trámite el oficio signado por la Coordinadora General Jurídico y Consultivo del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en la ciudad de México, por medio del cual informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo anterior, toda vez que en auto de ocho de abril de dos mil veintiuno, se tuvo por cumplida sin excesos ni defectos la ejecutoria de amparo dictado en el presente asunto. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, ocho de abril de dos mil veintiuno. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 1004/2019, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, ocho de abril de dos mil veintiuno. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa, mediante proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizara manifestación alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si las autoridades responsables incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que en sentencia de catorce de enero de dos mil veinte, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a José Alberto Priego Miranda. Inconforme con dicha resolución el Subdirector Ejecutivo de lo Contencioso adscrito a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, con residencia en la Ciudad de México, interpuso recurso de revisión, del cual por cuestión de turno conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, quien en sesión de veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, confirmó la sentencia recurrida en la que se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal, para el efecto que: "[.] 1). El Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, deje insubsistente el oficio reclamado. 2). En su lugar, emita un nuevo oficio debidamente fundado y motivado en el que, atendiendo a las consideraciones expuestas en esta sentencia, otorgue a José Alberto Priego Miranda la autorización sanitaria para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos (sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar) del estupefaciente Cannabis Sativa Índica o Americana o mariguana, su resina, preparados y semillas, así como su Psicotrópico THC (Tetrahidrocannabinol) en conjunto conocidos como 'Marihuana' o 'Cannabis', en el entendido de que corresponderá a la COFEPRIS establecer los lineamientos y modalidades para la adquisición de la semilla, quedando evidentemente obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho aquí reconocido, así como constreñida a dar efectivo y total cumplimiento a la presente resolución. Lo anterior, no supone en ningún caso que la autorización sanitaria se otorgue al quejoso para realizar actos de comercio o cualquiera otro que se refiera a la enajenación y/o distribución de las sustancias antes aludidas, incluidos actos para su importación. [...]" El veintidós de febrero de dos mil veintiuno, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en la ciudad de México. En proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que mediante oficio sin número, la Coordinadora General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, en representación del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, en la ciudad de México, remitió copia certificada del diverso CAS/DEREPSQ/5462/2020 de trece de mayo de dos mil veinte, del que se advierte que dejó insubsistentes los oficios 193301EL040539 y CAS/DEREPSQ/4778/2020 de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve (acto reclamado) y diecisiete de abril de dos mil veinte, respectivamente. Asimismo, emitió la autorización sanitaria para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" (sativa, indica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (Tetrahídrocannabinol, los siguientes isómeros ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas) en conjunto conocido comúnmente como "marihuana": sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar, así como para la adquisición legal de la semilla de cannabis (sativa, índica y americana). Seguidamente, estableció que dicha autorización no comprenden en ningún caso la realización de actos de comercio, suministro o cualquier otro referido o inherente a la enajenación y/o distribución de las substancias antes aludidas, incluidas las semillas adquiridas mediante los permisos sanitarios correspondientes o que sean producidas a raíz de las actividades permitidas en el término establecido, ni supone autorización para transmitir la propiedad de forma gratuita. De la misma manera, determinó que el ejercicio del derecho comprendido en la autorización de que se trata, no debe perjudicar a terceros y, en consecuencia, no podrá efectuarse en presencia de menores de edad o mujeres embarazadas, ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hayan otorgado su autorización. Además, en términos de lo dispuesto por los artículos 378 y 380 de la Ley General de Salud, se reservó el ejercicio de las facultades de control sanitario, previstas en el artículo 194 de la misma, a efecto de revisar que se mantengan las condiciones y términos bajo los cuales se emitió la autorización, a través de las visitas de verificación previstas en el artículo 396 fracción I de la legislación en comento. Así también, aclaró que la vigencia de dicha autorización seria emitida por tiempo indeterminado, conforme a lo dispuesto en el artículo 370 de la Ley General de Salud, siendo de uso personal e intransferible, así como revocable en caso de que se utilice en contravención a los términos en que fue otorgada, por ejemplo, cuando el ejercicio de las mimas excede los límites fijados o se dé un uso distinto a éstas, en caso de que desacaten de manera reiterada las órdenes que dicte esa autoridad sanitaria, cuando no se ajusten a los términos de esa autorización o hagan un uso indebido de ella, de conformidad con lo previsto en las fracciones II, III, V, IX, X y XI del artículo 380, y otorgado la garantía de audiencia establecida en el artículo 382, para que ofrezcan pruebas y aleguen lo que a su derecho convenga, sin perjuicio del inicio de los procedimientos administrativos que resulten procedentes y la vista al Misterio Público de la Federación, para la investigación de las conductas probablemente constitutivas de delito. Por lo expuesto anteriormente, este órgano jurisdiccional estima que la autoridad responsable dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo amparador, pues dejó insubsistente el oficio 193301EL040539 de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, y en su lugar, emitió un nuevo oficio debidamente fundado y motivado en los que, otorgó a José Alberto Priego Miranda, la autorización sanitaria para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos (sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar) del estupefaciente Cannabis Sativa Índica o Americana o mariguana, su resina, preparados y semillas, así como su Psicotrópico THC (Tetrahidrocannabinol) en conjunto conocidos como 'Marihuana' o 'Cannabis', estableciendo los lineamientos y modalidades para la adquisición de la semilla, tomando las medidas necesarias para dar cauce al derecho aquí reconocido. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Con fundamento en el artículo 26, fracciones I, inciso k), II, inciso a), y III de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente a la parte quejosa, por oficio a la autoridad responsable y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, por así estar ordenado en autos. Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Con fundamento en el artículo 26 fracción III de la Ley de Amparo, notifíquese por lista de acuerdos a las partes. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa, mediante proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizara manifestación alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si las autoridades responsables incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que en sentencia de catorce de enero de dos mil veinte, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a José Alberto Priego Miranda. Inconforme con dicha resolución el Subdirector Ejecutivo de lo Contencioso adscrito a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, con residencia en la Ciudad de México, interpuso recurso de revisión, del cual por cuestión de turno conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, quien en sesión de veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, confirmó la sentencia recurrida en la que se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal, para el efecto que: "[.] 1). El Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, deje insubsistente el oficio reclamado. 2). En su lugar, emita un nuevo oficio debidamente fundado y motivado en el que, atendiendo a las consideraciones expuestas en esta sentencia, otorgue a José Alberto Priego Miranda la autorización sanitaria para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos (sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar) del estupefaciente Cannabis Sativa Índica o Americana o mariguana, su resina, preparados y semillas, así como su Psicotrópico THC (Tetrahidrocannabinol) en conjunto conocidos como 'Marihuana' o 'Cannabis', en el entendido de que corresponderá a la COFEPRIS establecer los lineamientos y modalidades para la adquisición de la semilla, quedando evidentemente obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho aquí reconocido, así como constreñida a dar efectivo y total cumplimiento a la presente resolución. Lo anterior, no supone en ningún caso que la autorización sanitaria se otorgue al quejoso para realizar actos de comercio o cualquiera otro que se refiera a la enajenación y/o distribución de las sustancias antes aludidas, incluidos actos para su importación. [...]" El veintidós de febrero de dos mil veintiuno, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en la ciudad de México. En proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que mediante oficio sin número, la Coordinadora General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, en representación del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, en la ciudad de México, remitió copia certificada del diverso CAS/DEREPSQ/5462/2020 de trece de mayo de dos mil veinte, del que se advierte que dejó insubsistentes los oficios 193301EL040539 y CAS/DEREPSQ/4778/2020 de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve (acto reclamado) y diecisiete de abril de dos mil veinte, respectivamente. Asimismo, emitió la autorización sanitaria para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" (sativa, indica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (Tetrahídrocannabinol, los siguientes isómeros ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas) en conjunto conocido comúnmente como "marihuana": sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar, así como para la adquisición legal de la semilla de cannabis (sativa, índica y americana). Seguidamente, estableció que dicha autorización no comprenden en ningún caso la realización de actos de comercio, suministro o cualquier otro referido o inherente a la enajenación y/o distribución de las substancias antes aludidas, incluidas las semillas adquiridas mediante los permisos sanitarios correspondientes o que sean producidas a raíz de las actividades permitidas en el término establecido, ni supone autorización para transmitir la propiedad de forma gratuita. De la misma manera, determinó que el ejercicio del derecho comprendido en la autorización de que se trata, no debe perjudicar a terceros y, en consecuencia, no podrá efectuarse en presencia de menores de edad o mujeres embarazadas, ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hayan otorgado su autorización. Además, en términos de lo dispuesto por los artículos 378 y 380 de la Ley General de Salud, se reservó el ejercicio de las facultades de control sanitario, previstas en el artículo 194 de la misma, a efecto de revisar que se mantengan las condiciones y términos bajo los cuales se emitió la autorización, a través de las visitas de verificación previstas en el artículo 396 fracción I de la legislación en comento. Así también, aclaró que la vigencia de dicha autorización seria emitida por tiempo indeterminado, conforme a lo dispuesto en el artículo 370 de la Ley General de Salud, siendo de uso personal e intransferible, así como revocable en caso de que se utilice en contravención a los términos en que fue otorgada, por ejemplo, cuando el ejercicio de las mimas excede los límites fijados o se dé un uso distinto a éstas, en caso de que desacaten de manera reiterada las órdenes que dicte esa autoridad sanitaria, cuando no se ajusten a los términos de esa autorización o hagan un uso indebido de ella, de conformidad con lo previsto en las fracciones II, III, V, IX, X y XI del artículo 380, y otorgado la garantía de audiencia establecida en el artículo 382, para que ofrezcan pruebas y aleguen lo que a su derecho convenga, sin perjuicio del inicio de los procedimientos administrativos que resulten procedentes y la vista al Misterio Público de la Federación, para la investigación de las conductas probablemente constitutivas de delito. Por lo expuesto anteriormente, este órgano jurisdiccional estima que la autoridad responsable dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo amparador, pues dejó insubsistente el oficio 193301EL040539 de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, y en su lugar, emitió un nuevo oficio debidamente fundado y motivado en los que, otorgó a José Alberto Priego Miranda, la autorización sanitaria para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos (sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar) del estupefaciente Cannabis Sativa Índica o Americana o mariguana, su resina, preparados y semillas, así como su Psicotrópico THC (Tetrahidrocannabinol) en conjunto conocidos como 'Marihuana' o 'Cannabis', estableciendo los lineamientos y modalidades para la adquisición de la semilla, tomando las medidas necesarias para dar cauce al derecho aquí reconocido. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Con fundamento en el artículo 26, fracciones I, inciso k), II, inciso a), y III de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente a la parte quejosa, por oficio a la autoridad responsable y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, por así estar ordenado en autos.Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe."
- Principal
Boca del Río, Veracruz, once de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos, se advierte que en proveído de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a la autoridad responsable Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. No obstante, no obra constancia en autos que acredite que la autoridad responsable haya dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo o realizado gestión al respecto, En tales condiciones, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que dentro del improrrogable plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la legal notificación del presente proveído remita en copias certificadas, integras y legibles, las constancias que acrediten el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En el entendido de que subsiste el apercibimiento con el que se le conminó en proveído de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, esto es que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá multa de cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con el artículo 238 y 258 de la citada Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. De conformidad con el artículo 26 fracción II, inciso a) y b) de la Ley de Amparo, notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes.
- Incidental
IV. INTERLOCUTORIA. RESUELVE. UNICO. Se CONCEDE a la SUSPENSIÓN DEFINITIVA.
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