José Alberto Pérez Salcedo

Expediente 1094/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1094/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
06/09/2017

Partes del expediente

  • No existe
  • José Alberto Pérez Salcedo
  • agente del Ministerio Público del fuero común de la unidad orgánica de delitos patrimoniales, ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Resuelve: Primero. Se sobresee el presente juicio de amparo a la parte quejosa. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos...

  2. Principal

    Vistos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; por tanto, agréguense a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjense a la vista de las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga.

  3. Incidental

    RESUELVE: UNICO. SE NIEGA LA SUSPENSION DEFINITIVA...

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, nueve de agosto de dos mil diecisiete. Vista, la demanda de amparo que promueve José Alberto Pérez Salcedo, de propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio del Fuero Común, de la Unidad Orgánica de Delitos Patrimoniales, con residencia en esta ciudad, y de otra autoridad, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales; por lo tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; y, 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite en sus términos; fórmese expediente, y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 1094/2017-H. Tramítese por duplicado y por separado el incidente de suspensión que se solicita. Cítese a las partes a la audiencia constitucional que tendrá verificativo a las diez horas con cuarenta minutos del seis de septiembre de dos mil diecisiete. Dése la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en términos de los artículos 107, fracción XV, constitucional, y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Pídase informe justificado a las autoridades responsables, las que en términos del precepto 117 de la Ley de Amparo, deberán rendir dentro del plazo de quince días, siguientes a aquel en que reciban el oficio en el que se les solicita, en el cual deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y de ser el caso, remitan copia certificada y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, en la inteligencia que de no hacerlo así, se presumirá cierto el acto que de cada una se reclama, salvo prueba en contrario; asimismo, a la autoridad omisa se le impondrá una multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior, en términos del artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en los domicilios en los que se encuentren ubicadas las autoridades responsables en este juicio de amparo, si éstas se niegan a recibir los comunicados a ellas dirigidos, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se les aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, prevéngase a las partes que para el caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten; de no hacerlo, a la omisa se le impondrá una multa de treinta a trescientos días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme a las disposiciones establecidas en la parte final del párrafo anterior al precedente. Requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe con justificación, comuniquen a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con los actos que se reclaman en éste, o sea, que haya sido promovido por el mismo quejoso o que derive del mismo procedimiento o juicio del que emana el acto que aquí se reclama; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Por el momento, no ha lugar a tener como tercero interesado a persona alguna, hasta en tanto las autoridades rindan su informe justificado, y de los mismos se advierta que a alguien pueda asistirle tal carácter, virtud de que, hasta este momento, no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo. Ténganse como autorizados en los términos que precisa, y como domicilio para oír y recibir notificaciones, los mencionados en el escrito de cuenta. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Apercibimiento de inexistencia de autoridades ante su indebida denominación Asimismo, de conformidad con el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones del quejoso la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo); en consecuencia, se le apercibe que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se tendrán por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que la parte promovente corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables, tomando en consideración que le corresponde estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y el principio de celeridad procesal. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de dos de junio dos mil nueve, así como en el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar la información que considere en relación con el expediente en el que se actúa, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto, atendiendo las formalidades previstas en la legislación federal aplicable. Finalmente, en atención al acuerdo General 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, que prevé que los órganos jurisdiccionales están obligados a que los expedientes electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese.

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