José Alberto Pérez Díaz

Expediente 480/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 31 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
480/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
31/03/2023

Partes del expediente

  • José Alberto Pérez Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    VI. En cumplimiento al apercibimiento contenido en el citatorio de tres de abril de dos mil veintitrés, se notifica, por lista a la parte quejosa, el proveído de treinta y uno de marzo del año en curso, cuyo contenido fue: VI. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida a nombre de ******************** contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, por lo que se ordena formar el expediente electrónico e impreso; capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio ********************; se comisiona a el Secretario la revisión e integración del expediente. +++. DESECHAMIENTO Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. En ese sentido, respecto del promovente, toda vez que el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, a continuación se analiza la que se actualiza, en el caso, esto es la contenida en el artículo 63, fracción I de la Ley de Amparo en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5°, fracción I, y 6°, de la Ley de Amparo. Con la finalidad de corroborar el aserto anterior, se debe tener presente que los citados numerales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:--------------- (.) -------------------------------------------------------------------------------- XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.----------------------------------------- Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo:----------------------- I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. ------------------------------ (.)--------------------------------------------------------------------------------- Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. --------------------------------------------------------Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Conviene prevenir que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, lo cual implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos que pueden estimarse improcedentes, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia Ley de Amparo. Ahora bien, en el artículo 6° de la Ley de Amparo se prevé que puede promoverse el juicio por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º, esto es, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan sus derechos y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica y puede hacerlo por sí o por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la ley de la materia. Asimismo, la palabra perjuicio debe interpretarse en el sentido de ofensa al derecho del quejoso, por lo que para la procedencia del juicio de amparo debe exigirse la comprobación por parte de éste del derecho que en su concepto ha sido afectado por el acto que reclama de la autoridad responsable. En la especie, del análisis de la demanda que dio origen a este juicio, se advierte que no fue firmada por el promovente, pues así se advierte del contenido de ella y, por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 114 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 108 del mismo ordenamiento legal. En este sentido, sí la persona referida no plasmó su firma en el documento, es claro que no expresó su voluntad para promover el presente asunto, ya que la firma representa la manifestación de voluntad y consentimiento del contenido del documento y hace patente el requisito de instancia de parte, previsto en el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna y 6° de la Ley de Amparo. Luego entonces, se deduce que la demanda de amparo no fue promovida por el citado gobernado a quien perjudica el acto de autoridad. En efecto, la firma entraña la exteriorización de la voluntad de las personas en todos los actos jurídicos, de manera que si la demanda de amparo no cuenta con ella, se debe considerar que el promovente no exteriorizó su voluntad para acudir a la instancia constitucional, siendo que la firma autógrafa constituye el conjunto de signos manuscritos con los cuales las partes en un procedimiento se expresan para realizar el acto procesal correspondiente, con lo cual se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. En esas condiciones, la demanda resulta improcedente, ya que como se dijo, tal deficiencia no se puede corregir mediante prevención, porque no es una de las irregularidades descritas en el numeral 114 de la Ley de Amparo, ni tampoco se trata de una omisión de alguno de los requisitos referidos en el artículo 108 de la legislación en comento. Es aplicable al caso, por identidad jurídica, la tesis VI.1o.151 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado Del Sexto Circuito, consultable en la página 303 del Tomo XV-II, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo tenor literal es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal." De igual manera, robustece lo anterior, el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 213 del Tomo VII, Enero de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA DEL PROMOVENTE. LA FALTA DE REQUERIMIENTO DEL JUZGADOR PARA SUBSANAR TAL OMISIÓN, NO CONTRAVIENE DISPOSICIÓN LEGAL. El hecho de que el juez de Distrito haya desechado la demanda de amparo porque el promovente omitió firmar el escrito respectivo, sin haberlo requerido previamente para que lo hiciera, no resulta ilegal, ya que ningún precepto de la ley establece la obligación a cargo del juzgador de efectuar tal requerimiento; pues si bien, el artículo 146 de la Ley de Amparo señala de manera específica, en qué casos el juez deberá prevenir a los promoventes para que llenen algún requisito formal, hagan las aclaraciones que correspondan o exhiban las copias necesarias para correr traslado a las partes, de la simple lectura del citado artículo se advierte que dentro de esas hipótesis, no se encuentra la de la falta material de la firma en el escrito de demanda. Lo anterior resulta comprensible si tomamos en cuenta que siendo la firma el signo gráfico con el que, en general, se obligan las personas en todos los actos jurídicos en que se requiere la forma escrita, como es el caso de la demanda de amparo, al no obrar materialmente ésta en el escrito respectivo, no puede decirse que exista certeza respecto quién intenta la acción constitucional y a quién pueda o debe requerirse para subsanar tal omisión." Así también, es aplicable al presente asunto, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página trescientos quince, Tomo X, Octubre de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4o. y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada." CONCLUSIÓN En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5°, fracción I, 6° y 113 de la propia ley. Sin que sea dable presumir que la demanda en estudio se presentó en original, dado que como puede advertirse de la parte superior de la primer foja del referido escrito, el servidor público que recibió la demanda en la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asentó que no se firmó la demanda. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J.32/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos seiscientos treinta y dos, del Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA. Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo es dable presumir que, por regla general, todas las promociones recibidas en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales, dentro del juicio de amparo, se presentaron en original y con firma autógrafa, al ser éste un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Por otra parte, en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si al recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida." DOMICILIO Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, se tiene como domicilio el que cita la parte quejosa en el escrito de demanda. AUTORIZADOS En atención a la certificación de cuenta, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a********************, toda vez que cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos de dicho numeral a ********************limitación que subsistirá hasta en tanto cuente con el referido registro lo cual se deberá comunicar mediante nueva promoción. CORREOS ELECTRÓNICOS Y NÚMEROS TELEFÓNICOS Se tiene el correo electrónico y números telefónicos proporcionados, únicamente como una forma especial de contacto, a través de los cuales se podrá entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente MOD******************** DE ATENCIÓN PRESENCIAL BASADO EN CITAS Se hace del conocimiento de la parte quejosa que podrá consultar el expediente electrónico en el local de este órgano jurisdiccional, en los equipos de cómputo que para tal efecto se pongan a su disposición, en términos de lo establecido en el artículo 8 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales Ante la Contingencia por el Virus Covid-19, previa cita que prevé el artículo 6 del citado acuerdo. EXHORTACION DEL JUICIO EN LINEA En términos de lo establecido en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 citado, se exhorta a la parte quejosa, a fin de que: 1) De estimarlo conveniente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, para lo cual deberá proporcionar correctamente el nombre de usuario con el que se registraron en el Sistema de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a efecto de que a través del mismo se autorice la consulta al expediente electrónico, y se realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de manera electrónica. LEY DE TRANSPARENCIA Conforme a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de los tribunales de circuito y juzgados de distrito; en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que sus datos personales serán clasificados como confidenciales, salvo que expresen su consentimiento para permitir el acceso a dicha información.

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