Jose Alberto Pelayo Rodriguez Isla
Expediente 274/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 13 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 274/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 24/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Jose Alberto Pelayo Rodriguez Isla
- Maria Josefina Hoyos Yañez
- JOSE ALBERTO PELAYO RODRIGUEZ ISLA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
IV-Agréguese el escrito firmado por la autorizada en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual, solicita se digitalice la totalidad de las constancias que integran el presente expediente para su consulta vía electrónica; y, de forma particular solicita se digitalice el informe rendido por el juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, con número de folio electrónico 3636. Al respecto, de la revisión del expediente electrónico advierte lo siguiente: Por lo que, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, relativo a la identidad que debe existir entre el expediente electrónico y el físico, lo cual hasta este momento no acontece, pues no obran de manera digital la totalidad de las notificaciones realizadas a las partes de este asunto. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo precisado en el párrafo que antecede, se ordena al actuario judicial que por terminación corresponda, a la brevedad posible, efectúe la total digitalización y vinculación de las notificaciones realizadas en este asunto al Sistema Integral de Expedientes correspondiente a este asunto, con la finalidad de lograr su correcta integración en el expediente electrónico; ello, para colmar la identidad entre éste y el físico, como expresamente lo establece dicho dispositivo. Finalmente, respecto de la digitalización del oficio remitido por el juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo con número de folio electrónico 3636, se le hace saber a la promovente, que mediante auto de fecha dos de junio de dos mil veintiuno, se ordenó la devolución de las constancias que anexó en conjunto de dicho informe a la autoridad responsable; por lo que, queda expedito su derecho de acudir ante ella a efecto de verificar su contenido. Notifíquese.
- Principal
IV.- Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que las partes no realizaron manifestación alguna en relación a la vista que se ordenó en proveído de veintinueve de abril de dos mil veintiuno; por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento, y este órgano jurisdiccional procede a resolver lo que corresponde en términos de lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia registrada con el número 2a./J. 26/2000, publicada en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Precisado lo anterior, es necesario puntualizar los términos de los efectos para los cuales fue concedido el amparo de la Justicia Federal a los quejosos JOSÉ ALBERTO PELAYO RODRÍGUEZ ISLA y MARÍA JOSEFINA HOYOS YAÑEZ y/o MARÍA JOSEFINA DE HOYOS YAÑEZ, contra el acto que reclamó del Juez Civil de Primera Instancia de esta ciudad, que fue el siguiente: "[.] Deje insubsistente todo lo actuado a partir del ilegal emplazamiento dentro del juicio especial hipotecario 279/2009 de su índice, y hecho lo anterior, reponga el procedimiento siguiendo los lineamientos de esta sentencia para realizar su legal emplazamiento, debiendo conducirlo hasta su conclusión acorde a lo previsto en los códigos que rigen dicho juicio.." Por auto de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de mérito, motivo por el cual, se requirió a la autoridad responsable Juez Civil de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, para que informara sobre el cumplimiento dado al fallo protector. Posteriormente, en auto de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, se recibió en copia certificada el acuerdo de veintiséis de abril del año en curso, en el que se ordenó reponer el procedimiento dejando sin efecto todo lo actuado en el juicio especial hipotecario 274/2009 a partir del ilegal emplazamiento, la sentencia de veinte de abril de dos mil once y resolución de cinco de septiembre de dos mil trece y ordenó emplazar a los demandados JOSÉ ALBERTO PELAYO RODRÍGUEZ ISLA y MARÍA JOSEFINA HOYOS YAÑEZ y/o MARÍA JOSEFINA DE HOYOS YAÑEZ. Documentales a las que se les otorga valor probatorio, al tratarse de documentos en copia certificada, por lo que constituyen documentos oficiales al estar debidamente firmados por los funcionarios con facultades para ello, los cuales tienen eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2; con las que se estima que se ha dado cumplimiento a la sentencia emitida por este Juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, parte SCJN, de la Quinta Época, del Apéndice de 1995, en Materia Común, que establece: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. En este contexto, de las constancias remitidas se advierte que la autoridad responsable Juez Civil de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, el veintiséis de abril de dos mil veintiuno, emitió un auto en el que ordenó reponer el procedimiento dejando sin efecto todo lo actuado en el juicio especial hipotecario 274/2009 a partir del ilegal emplazamiento, la sentencia de veinte de abril de dos mil once y resolución de cinco de septiembre de dos mil trece y ordenó emplazar a los demandados JOSÉ ALBERTO PELAYO RODRÍGUEZ ISLA y MARÍA JOSEFINA HOYOS YAÑEZ y/o MARÍA JOSEFINA DE HOYOS YAÑEZ, tal y como se advierte de las constancias que obran en el presente juicio constitucional en copia certificada. Por ende, es inconcuso que al no existir exceso o defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pueda concluirse que la parte quejosa fue restituida en el goce de sus derechos fundamentales, por lo que se declara para todos los efectos legales a que haya lugar, QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, con fundamento en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el invocado numeral 196, párrafos tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, procede el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al artículo 18, del capítulo Séptimo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que el presente expediente debe ser depurado, toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en referido artículo, éste debe ser depurado y posteriormente deberá ser transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación; asimismo, y como lo dispone el párrafo segundo del referido artículo, en razón al sentido de la sentencia dictada en el presente asunto consérvese únicamente la demanda, sentencia respectiva, acuerdo donde cause ejecutoria el fallo emitido, así como el presente proveído, mismas que deberán digitalizarse debiendo depurarse las constancias restantes; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese este juicio como asunto totalmente concluido, por lo que deberá realizarse la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual a criterio de quien esto determina no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Asimismo, vista la certificación de cuenta, se advierte que el presente expediente no contiene documentos originales que deban ser recogidos por las partes. De igual manera, en cuanto al valor jurídico, sí lo tiene el presente juicio de amparo. Tómese en consideración que la fecha en que la autoridad responsable dio cumplimiento total a la ejecutoria de amparo fue el veintiséis de abril de dos mil veintiuno. Por otra parte, toda vez que en el presente acuerdo se ordenó el archivo del presente asunto, devuélvanse las constancias que adjuntó la Juez Civil de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad al rendir su respectivo informe de justificado en los presentes autos, consistentes en copia certificada del expediente número 274/2009 de su estadística, sin que sea el caso solicitar acuse de recibo correspondiente, toda vez que únicamente se trata de copias certificadas. Por lo que hace a los autos incidentales que derivan del presente juicio de amparo provéase a lo que corresponda, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo Conjunto de que se trata. Finalmente, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos legales la notificación de este proveído, acuda al órgano jurisdiccional a recoger el documento que en copia certificada adjuntó a su escrito inicial de demanda; con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, dicho documento en su oportunidad, será destruido junto con el expediente, conforme a lo establecido en párrafos precedentes. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.
- Incidental
IV.- Visto el estado procesal que guardan los presentes autos incidentales, toda vez que con esta propia fecha, se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el juicio de amparo de donde deriva el presente incidente, ordenándose el archivo del mismo y que en los presentes autos por un lado se negó y por otro, se concedió la suspensión provisional y la definitiva solicitada; en tal virtud, de conformidad con el punto Vigésimo del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se indica que el DUPLICADO de este incidente de suspensión es susceptible de destrucción después de los SEIS MESES siguientes a partir del presente acuerdo, toda vez que existe el cuaderno original. Ahora bien, por lo que ve al expediente ORIGINAL de este incidente de suspensión, deberá transferirse por el término de tres años, tal como lo establece la fracción I del Punto Décimo, Capítulo III del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por otro lado, en cuanto al valor jurídico, sí lo tienen los presentes cuadernos incidentales. NOTIFÍQUESE.
- Principal
IV.- Con esta fecha se notifica a la tercero interesada Dulce Aleida Rubio Flores, el auto de veintinueve de abril del año en curso, que en lo conducente dice: "Téngase por recibido el oficio de cuenta, de la autoridad responsable Secretaria de Acuerdos en funciones de Juez del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, mediante el cual remite copia certificada del acuerdo de veintitrés de abril del año en curso. Al respecto, con apoyo en lo que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo, con la documental remitida por la autoridad responsable en esta data, dese vista a las partes, para que dentro del término de TRES DÍAS computados a partir de la legal notificación de este proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, conforme a lo establecido en el párrafo segundo del precepto legal antes invocado, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª.XXXVIII/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve, página 315, que a la letra dice: INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON EL APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY."
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