José Alberto Patiño Cruz

Expediente 430/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
430/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
03/06/2016

Partes del expediente

  • José Alberto Patiño Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, por el que se desechó de plano la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por José Alberto Patiño Cruz, por propio derecho, contra actos del Juez Tercero Menor Civil de Partido de esta localidad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el expediente 430/2016-I. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas." Como se ve, el aludido artículo 61 en su fracción XXIII, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley; en tanto que, el diverso 107, fracción VI, en forma expresa y en lo conducente, establece que el amparo indirecto procede "contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas". En términos de esas disposiciones y para los efectos del amparo, persona extraña es, en principio, aquella que no aparece como parte en sentido material, en un juicio o procedimiento, según el caso, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones que ahí se pronuncien sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; no obstante, dentro de este concepto también se incluye, por equiparación, a la parte demandada en un juicio que no fue emplazada o que se le emplazó en forma incorrecta; definición que si bien es cierto no obra en la Ley de Amparo, la misma ha sido sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el criterio consultable en la página 280, Tomo VI, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, Apéndice de 2000, Novena Época, que es del siguiente tenor: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Dicho esto, se precisa que el quejoso acude al presente juicio en su calidad de tercero extraño en sentido estricto al juicio ejecutivo mercantil M0480/2015 del índice del Juzgado Tercero Menor Civil de esta localidad, donde reclama: El auto de veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, donde se requiere para que dentro del término de tres días se haga entrega de los bienes muebles embargados en el juicio de origen, con el apercibimiento que de no hacerlo se haría uso de los medios de apremio que marca la ley. A este respecto, debe ponerse de relieve la circunstancia de que, efectivamente, el quejoso comparece como tercero extraño en sentido estricto al juicio de donde emerge el acto reclamado, pues del proemio y de diversos fragmentos de su demanda, se advierte que literalmente apuntaló: "(.) C. JOSÉ ALBERTO PATIÑO CRUZ, con el carácter de agraviado y TERCERO EXTRAÑO en el juicio Ejecutivo Mercantil número M0480/2015, radicado en el Juzgado Tercero Menor Civil de esta ciudad de Celaya, Gto., (.) Esto es, que no se observa que se me haya otorgado la oportunidad procesal para realizar manifestaciones, ofrecer pruebas, que sean admitidas, y y la oportunidad de ofrecer alegatos, tendientes a demostrar que los bienes embargados son de mi propiedad y que por lo tanto no hay razón alguna para privarme de la posesión de los mismos. (.) De lo anterior se colige, que estamos ante una violación de mis derechos humanos de seguridad jurídica como lo es la de debido proceso, ya que estoy ante la inminente situación de ser privado de la posesión de mis bienes muebles, sin juicio previo, resultando en una afectación a mi derecho de propiedad reconocido en el segundo párrafo del artículo 14 Constitucional, al no poder usar, disfrutar y disponer de dichos bienes de la manera que me plazca,(.) Por otro lado, al no seguir un juicio previo en el que se sigan las formalidades del procedimiento, para que sea constitucional el acto de privación, como lo es la privación de la posesión que se pretende de mis bienes muebles, es evidente que nos encontramos ante un acto de autoridad que no reúne los requisitos mínimos previstos en el primer artículo 16 de la Ley Fundamental, al no existir mandamiento de autoridad escrito emitido por autoridad competente en el que se funde y motive la causa del procedimiento, resultando esto en un desvío de poder, al no existir un procedimiento constitucionalmente válido para realizar dichos hechos, al no respetar los principios contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, principios que las Autoridades responsables protestaron guardar y hacer cumplir en virtud de tratarse del Máximo Ordenamiento de nuestro país, como se deduce del contenido de los numerales 128 y 133 de la Ley Fundamental, pues es de observarse que la responsable tiene pleno conocimiento de la interposición de la tercería excluyente, misma que sabe, no se ha concluido, y que por ende NO he sido oído y vencido en juicio(...)" Pues bien, en el caso se sostiene que se actualiza la causal de improcedencia invocada, ya que no le reviste al quejoso la calidad con que comparece, esto es, de tercero extraño en sentido estricto. Se afirma lo anterior, en virtud que, de las manifestaciones efectuadas bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo, se desprende que compareció al juicio de origen, dado que el uno de diciembre de dos mil quince presentó tercería excluyente de dominio, misma que quedó radicada bajo el número M-2186/2015 de la estadística del Juzgado Tercero Menor Civil de esta localidad, con la finalidad de acreditar que los bienes embargados son de su propiedad. Por tanto, no puede atribuírsele el carácter de persona extraña, pues con dicha calidad, debe entenderse a quien no ha figurado como parte en el juicio o en el procedimiento, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; lo que en la especie no aconteció, al haber promovido tercería excluyente de dominio con la finalidad de acreditar la propiedad de los bienes embargados en el juicio. Consecuentemente, al quedar evidenciado que el aquí quejoso no tienen la calidad de persona extraña al juicio del que emana el acto reclamado merced que ya compareció al mismo, pues promovió tercería excluyente de dominio; es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su demanda y como autorizada únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a María Soledad Morales Reyes, en virtud de que no obra su cédula registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Con fundamento en el ordinal 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos de la fracción I del artículo 30 de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE.

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