José Alberto Paez Miranda

Expediente 1033/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1033/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
20/09/2022

Partes del expediente

  • José Alberto Paez Miranda

Actuaciones

  1. Principal

    En veinte de septiembre de dos mil veintidós, certifico: que, en el libro de promociones de la Oficialía de Partes de este Juzgado, no obra escrito alguno tendente a recurrir el auto por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Además, que el plazo previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la promovente recurriera el proveído de referencia, transcurrió del siete al trece de septiembre del presente año; Así como la circunstancia de que dicha parte no manifestó su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Con la anterior certificación, se da cuenta al juez, así como con el estado procesal de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, en razón de que la parte promovente no recurrió, en queja, el auto por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. De la certificación de cuenta se advierte que la promovente no manifestó su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción, en el plazo de tres años. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Conforme a lo dispuesto por el artículo 21 del multicitado Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno que devolver a la parte promovente. Notifíquese. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.

  2. Principal

    En dos septiembre de dos mil veintidós, el Secretario da cuenta al juez con el estado de autos y, CERTIFICA: que en proveído de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, se ordenó requerir a José Bernardo Cruz Trillanes para que dentro del plazo de tres días indicara donde pueden ser localizados los directos quejosos Alberto Paez Miranda y Raúl Paez Miranda, mismo que transcurrió de la siguiente manera: FECHA DE NOTIFICACIÓN COMENZÓ CONCLUYÓ Veinticinco de agosto de dos mil veintidós Veintiséis de agosto de dos mil veintidós Treinta de agosto de dos mil veintidós El suscrito Secretario precisa que hasta el día de hoy, no se dio cumplimiento a la prevención formulada. Además, con lo precedente y con el estado que guardan los autos del juicio de amparo 1033/2022, el suscrito Secretario doy cuenta al Juez. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dos septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el plazo de tres días concedido a José Bernardo Cruz Trillanes en proveído de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, para que indicara donde pueden ser localizados los directos quejosos Alberto Paez Miranda y Raúl Paez Miranda, feneció sin que hubiere dado cumplimiento a la prevención formulada. En razón de lo anterior, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto antes indicado y con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del cinco de septiembre de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.

  3. Principal

    El diecinueve de agosto de dos mil veintidós, se da cuenta con las promociones con folios 15211, 15232 y 15399. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda la promoción con registro 15211 que remite la autoridad responsable jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en el estado de Zacatecas, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en nombre y representación de las autoridades señaladas como responsables Jefa de Departamento de Seguridad y Custodia de la Estación Migratoria y Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, todos con sede en esta ciudad; mediante la cual, rinde informe en relación a la suspensión de plano decretada en proveído de once de agosto del año en curso. Por otra parte, vista la constancia levantada el once del mes y año en curso, por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado Federal, se advierte que se constituyó en las instalaciones que ocupa la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Zacatecas; a fin de notificar personalmente a los quejosos Alberto Paez Miranda y Raúl Paez Miranda, el auto de once de agosto del presente año y requerirlos para que manifestaran en ese acto o dentro del término de tres días su deseo de ratificar la demanda de derechos presentada en su favor por José Bernardo Cruz Trillanes; sin embargo, el Actuario refiere que dichas personas buscadas ya no se encuentran en las instalaciones del Instituto referido; agréguese a los autos, y se provee lo siguiente: Ahora bien, toda vez que de la demanda de amparo, se advierte que se señaló como usuario "cruztrillanes" y "ayudamigratoria" para oír y recibir notificaciones; por lo tanto, se requiere a José Bernardo Cruz Trillanes, quien en representación de los quejosos Alberto Paez Miranda y Raúl Paez Miranda, promovió la demanda de amparo, para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación, informe donde pueden ser localizados Alberto Paez Miranda y Raúl Paez Miranda a fin de hacerles del conocimiento el auto de once de agosto de dos mil veintidós. Bajo apercibimiento que de no manifestar nada al respecto, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Finalmente, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda la boleta de turno generada por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de la que se advierte que el juicio de amparo 1033/2022 del índice de este órgano jurisdiccional se turnó a éste órgano jurisdiccional; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    El once de agosto de dos mil veintidós, Juan García Trejo, secretario de Juzgado da cuenta con lo siguiente: a) Con el oficio registrado con el folio 15149 y anexos que se adjuntan. Zacatecas, Zacatecas, once de agosto de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio que remite la Jueza del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, por el que remite el juicio de amparo 1033/2022, de su índice promovido por José Bernabe Cruz Trillanes en representación de José Alberto Páez Miranda y Raúl Páez Miranda, contra actos de la Jefa de Departamento de Seguridad y Custodia de la Estación Migratoria de la Ciudad de Zacatecas y otras autoridades. Ahora bien, del contenido del oficio de cuenta se advierte que dicho órgano jurisdiccional determinó carecer de competencia para conocer y resolver del juicio de amparo 1013/2022, de su índice, promovido por José Bernabe Cruz Trillanes en representación de José Alberto Páez Miranda y Raúl Páez Miranda, toda vez que dicho juzgado homologo, en razón de que considera que el turno corresponde a este órgano jurisdiccional, dado que el acto que reclama; tiene relación directa con el del juicio de amparo 528/2022 del índice de este juzgado, en que se reclamó por parte de José Bernardo Cruz Trillanes, en representación de José Alberto Páez Miranda y Raúl Páez Miranda, actos del Delegado del Instituto Nacional de Migración en el estado de Zacatecas; es decir, que derivan de un mismo acto administrativo, este Juzgado de Distrito asume el conocimiento del presente asunto. Acúsese el recibo correspondiente. SE ORDENA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE ZACATECAS. Tomando en consideración que el oficio de cuenta por el que se remitió la presente demanda fue dirigido a este órgano jurisdiccional directamente y recibido en la oficialía de partes competente, como se advierte del sello de recibo respectivo; en consecuencia, se ordena hacer del conocimiento tal circunstancia al Técnico de Enlace Administrativo de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, a fin de que realice las gestiones referentes al registro de demandas y equilibrio de carga de trabajo de este órgano jurisdiccional. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1033/2022, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Ahora bien, toda vez que la demanda de amparo fue promovida por José Bernabe Cruz Trillanes en representación de José Alberto Páez Miranda y Raúl Páez Miranda, sin que se advierta la ratificación de la demanda. En tales condiciones, se provee lo siguiente: RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por otra parte, tomando en consideración que José Alberto Páez Miranda y Raúl Páez Miranda, se encuentra en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración Delegación Zacatecas, y que la petición de amparo no la formularon directamente los agraviados y debido a ello existe la posibilidad de que se haya incurrido en imprecisión al citar sus nombres; atendiendo a la naturaleza del acto que se reclama, se conmina al director de dicho centro de reclusión, para que de suceder esto, permita al fedatario judicial el acceso al registro de ingresos e incluso que pueda entrevistarse con la parte quejosa, a fin de saber si la demanda de amparo se promovió a favor de él, so pena de incurrir en responsabilidad oficial. Para tal virtud el actuario Judicial deberá constituirse y realizar lo siguiente: 1. Requiera a la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración Delegación Zacatecas, para que permita el libre acceso al fedatario judicial con el fin de que pueda entrevistarse con José Alberto Páez Miranda y Raúl Páez Miranda. 2. Vocear o llamar a José Alberto Páez Miranda y Raúl Páez Miranda. 3. Notificarle el presente auto. 4. Requerir a los quejosos José Alberto Páez Miranda y Raúl Páez Miranda, para que en ese acto o dentro del término de tres días manifieste si ratifica o no la demanda de amparo instada en su nombre por José Bernabe Cruz Trillanes. 5. Dar fe del estado físico en el que se encuentra el agraviado. 6. Apercibir al directo impetrante que de no ratificar la demanda en el término concedido se tendrá por no presentada la demanda aludida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, y quedarán sin efecto las medidas decretadas. 7. Levantar acta pormenorizada de todo lo anterior. ASPECTO RELATIVO A LA PRIVACION FUERA DE PROCEDIMIENTO. Por lo que respecta a la primera de sus peticiones, en el sentido de que se dicte suspensión de oficio y de plano respecto de los actos de privación ilegal de la libertad, se provee lo siguiente: De conformidad con lo previsto por el artículo 164 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión, para el efecto de que sin demora cesen los actos emitidos por las autoridades administrativas distintas al Ministerio Público (que según lo manifestado en la demanda siguen ejecutándose en el Instituto Nacional de Migración representación Oaxaca), en relación con la comisión de un delito, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público en caso de existir delito flagrante. Asimismo para que cesen LOS ACTOS DE ORDEN DE DEPORTACIÓN INSTANTÁNEA, RETORNO ASISTIDO Y/O RETORNO VOLUNTARIO A SU PAÍS DE ORIGEN, contenidos en el artículo 22 de la Constitución Federal. Lo anterior, siempre y cuando tales actos se hayan emitido sin una orden migratoria previa. CAPÍTULO RELATIVO A LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DENTRO DEL PROCEDIMIENTO MIGRATORIO. Finalmente, respecto a la libertad del quejoso, de acuerdo a lo previsto en el artículo 164 de la Ley de Amparo, se provee lo siguiente: De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte promovente señala como uno de los actos reclamados la ilegal detención de la libertad dentro de las instalaciones de la estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración de esta ciudad. Ahora, en el presente asunto, en caso de que los actos reclamados deriven de un procedimiento administrativo migratorio, con fundamento en el artículo 164, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 102 de la Ley de Migración, se concede la suspensión a la parte quejosa para que sea puesta en libertad, no obstante, se decretan en favor del quejoso las siguientes medidas alternativas como requisitos de efectividad de la medida suspensional: a) Establecer un domicilio o lugar en el que deberá permanecer hasta en tanto sea resuelto en definitiva el presente juicio; b) Establecer de forma clara y precisa el domicilio del lugar donde permanecerá, esto es, nombre de la calle, número, colonia, ciudad, y teléfono de contacto en el lugar de residencia de este órgano jurisdiccional. No ausentarse del mismo sin previa autorización de este Juzgado Federal. c) Deberá presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. d) Acudir semanalmente a las instalaciones de la Estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración de esta ciudad, los días que ésta le fije. Sin que en el caso resulte necesario fijar garantía suficiente para que surta efectos la medida decretada toda vez hasta el momento no se cuenta con datos relativos a la situación económica de la quejosa. Es aplicable a lo anterior, en lo conducente, lo establecido en el en las tesis de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE EXCEPCIONALIDAD DE LA DETENCIÓN DE PERSONAS MIGRANTES. AL CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE PLANO CONTRA ÉSTA EN EL JUICIO DE AMPARO, DEBE ORDENARSE QUE CESE Y FIJAR LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS NECESARIAS PARA LOGRAR EL SEGUIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, MÁXIME SI SE ENCUENTRAN INVOLUCRADOS MENORES DE EDAD. Hechos: Una familia extranjera integrada por cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, en su condición de migrantes promovieron juicio de amparo indirecto contra el alojamiento, detención, presentación o aseguramiento por más de treinta y seis horas en un albergue del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), así como la deportación o expulsión del país y solicitaron la suspensión de plano de los actos reclamados, para que fueran puestos en inmediata libertad, entre otras razones, por estar involucrados los dos menores de edad mencionados. El Juez de Distrito concedió la suspensión de plano para el efecto de impedir cualquier acto que tuviera como resultado su expulsión o deportación del país, incomunicación o actos prohibidos por el artículo 22 constitucional y para que quedaran en el lugar donde se encontraban detenidos a disposición de dicha autoridad. Inconformes, interpusieron recurso de queja. 2 Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que conforme al principio de excepcionalidad de la detención de personas migrantes, al conceder la suspensión de plano contra ésta en el juicio de amparo, debe ordenarse que cese y fijarse las medidas alternativas necesarias para lograr el seguimiento del procedimiento administrativo, máxime si se encuentran involucrados menores de edad, ya que deben priorizarse los principios de su interés superior y de unidad familiar. Justificación: Lo anterior, porque la libertad personal es un derecho de primer rango que sólo puede ser limitado bajo determinados supuestos de excepcionalidad. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que para que una medida privativa de la libertad no sea arbitraria, la ley y su aplicación deben respetar los requisitos siguientes: i) que su finalidad sea compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; ii) que sea idónea para cumplir con el fin perseguido; iii) que sea necesaria, en el sentido de que sea absolutamente indispensable para conseguir el fin deseado; y, iv) que sea estrictamente proporcional, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante esa restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Atendiendo a esos supuestos, dicho órgano ha considerado que el uso automático de la detención migratoria resulta contrario al umbral de protección del derecho a la libertad personal y su carácter de excepcionalidad como último recurso, pasando por alto que se debe partir de una presunción de libertad y no de una presunción de detención, donde la detención migratoria sea la excepción y se justifique sólo cuando ésta sea legal y no arbitraria. Cabe señalar que la detención migratoria busca el correcto desenvolvimiento del procedimiento administrativo hasta su conclusión, esto es, lograr el retorno asistido de la persona, o bien, para la determinación de la situación migratoria, la cual generalmente tiene como consecuencia la deportación. En ambos supuestos la persona migrante o menor de edad en esa condición, permanece en una estación migratoria o estancia provisional en tanto se dicta la determinación respectiva; sin embargo, en algunos casos, las personas o menores de edad permanecen detenidas durante meses, debido a que el artículo 111 de la Ley de Migración no establece cuál es el plazo máximo para la detención. En ese contexto, cuando el Juez de Distrito conceda la suspensión de plano contra detenciones que no tengan relación con la comisión de un delito, efectuadas por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, como lo son las migratorias, será para el efecto de que el quejoso sea puesto en libertad, en términos del segundo párrafo del artículo 164 de la Ley de Amparo fijando, además, las medidas alternativas a la detención aptas para lograr el seguimiento del procedimiento administrativo, con la finalidad de evitar colocar a las personas migrantes o menores de edad en una situación de mayor vulnerabilidad, privilegiando el derecho fundamental a la libertad personal, así como los principios del interés superior de éstos y de unidad familiar." "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." Resta decir, que la suspensión surte efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa no cumple con los requisitos de efectividad o medidas alternativas, referidas en párrafos previos dentro del plazo de cinco días legalmente computados a partir de la notificación del presente proveído. Se precisa que queda bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables la integridad y seguridad física de los directos agraviados José Alberto Páez Miranda y Raúl Páez Miranda. Asimismo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, informen a este Juzgado sobre el cumplimiento que de a la suspensión de plano que se concede, apercibida que de no hacerlo se les impondrá una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, según las circunstancias del caso, con fundamento en los artículos 142, 238 y 260, fracción I de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y; segundo y tercero transitorios del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Notifíquese personalmente.

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