Jose Alberto Medellin Montoya
Expediente 783/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 783/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/11/2023
Partes del expediente
- Jose Alberto Medellin Montoya
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Acuerdo de promoción Téngase por recibido el oficio de cuenta presentado por el secretario del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera región, por medio del cual remite el testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja 844/2023 de su índice, en el que resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Es FUNDADO el recurso queja." En consecuencia, se toma conocimiento de dicha circunstancia para los efectos legales conducentes, háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico que para registro se lleva en este Juzgado Federal. Acúsese recibo, vía interconexión al tribunal en comento. Previo al análisis de lo resuelto por el Tribunal Colegiado oficiante y visto del estado procesal que guardan los autos, se determina que el presente asunto difiere de la comisión otorgada a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito, ambos del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. Incompetencia. Por lo que, este Juzgado Federal carece de competencia legal para tramitar y resolver en este juicio. Para justificar esa determinación, debe precisarse que la competencia constituye una garantía de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal y, por ende, es una cuestión de orden público, cuyo estudio es preferente a cualquier otra relacionada con la materia del juicio constitucional, dado que representa la suma de facultades otorgadas por ley a un juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios. De ese modo, la competencia es un presupuesto de validez del proceso cuya infracción por los órganos jurisdiccionales al resolver un asunto -sin tener competencia para ello- se traduce en una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo en perjuicio de las partes, al afectárseles directamente sus derechos sustantivos vinculados con la debida impartición de justicia, al ser inválido lo resuelto por el juez incompetente. De manera particular, debe señalarse que este Juzgado de Distrito, por su naturaleza jurídica, cuenta con una competencia mixta, la cual es especial, dado que esta le es asignada por los órganos competentes del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente para resolver asuntos de determinada materia y así lograr el objetivo de su creación, consistente en beneficiar al justiciable mediante la impartición de justicia pronta y expedita, conforme al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de concentrar el conocimiento de asuntos de relevancia en el entorno jurídico mexicano. Precisiones sobre la competencia. La tramitación de los amparos indirectos en los que se reclamen los puntos precisados en los Acuerdos Generales 2/2017, 4/2017 (que abrogó el 5/2015), 4/2019, 9/2019, 2/2020, 13/2021, 19/2021, 9/2023 y 18/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Circular SECNO/29/2021 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal y la Circular SECNO/4/2023 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en que se dotó a estos juzgados regionales auxiliares de competencia cualitativa para conocer del trámite, resolución y cumplimiento de las sentencias de los juicios de amparo en los que se señalen como actos reclamados, entre otros ordenamientos, los siguientes: La Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete; la Ley de Hidrocarburos; el Acuerdo que establece el precio máximo de la gasolina, y el Acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel, previsto en el artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos en mención. La inconstitucionalidad de diversas disposiciones fiscales, relativas a la denominada contabilidad electrónica. La discusión, aprobación, expedición y publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; El Decreto de reformas a esas disposiciones contenido en el Diario Oficial de la Federación del doce de abril de dos mil diecinueve; El Presupuesto de Egresos de la Federación en la parte respectiva a remuneraciones de los servidores públicos; y, Los manuales, circulares y diversas disposiciones normativas que regulen las remuneraciones y prestaciones en general de los Servidores Públicos de la Federación; El Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, así como disposiciones normativas, actos u omisiones relacionados con el referido programa o asignación de recursos a estancias infantiles o sus beneficiarios; Diversas disposiciones relacionadas con la emisión de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, o bien que en esa materia se encuentren contenidas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en la Ley de Seguridad Nacional, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Código Fiscal de la Federación y en el Código Penal Federal; así como aquellas disposiciones relacionadas con el esquema de Austeridad Republicana, incluyendo la Ley Federal de Austeridad Republicana, y las reformas y adiciones en esa materia a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno; y Acuerdos de Carácter General por los que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial en los ejercicios fiscales 2020 (dos mil veinte) y 2021 (dos mil veintiuno) en la Ciudad de México, así como lo relativo al cálculo regulado en el artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México; o cualquier otra disposición relacionado con estos. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, respecto de los artículos relacionados con la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública de nueve de septiembre de dos mil veintidós, Disposiciones generales relativas al pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2023 en la Ciudad de México, o cualquier norma general relacionada con el pago del impuesto mencionado, por parte de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. Una vez establecida la competencia con la que cuenta este órgano jurisdiccional se procede a analizar el acto que en esta vía combate la parte quejosa y, por el cual se declina competencia. Lo relativo al trámite, resolución y cumplimiento de los juicios de amparo en los que se reclame de autoridades del Fondo de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, la omisión de dar contestación a peticiones relacionadas con la práctica de una auditoría selectiva al citado fondo y requerimientos diversos derivados de ello, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de septiembre de dos mil veintitrés. Una vez establecida la competencia con la que cuenta este órgano jurisdiccional, se procede a analizar el acto que en esta vía combate la parte quejosa y, por el cual se declina competencia. Así, la parte quejosa en su escrito inicial de demanda señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Ahora, cabe precisar que de las documentales que acompañó el promovente a su demanda, se advierte entre otras las siguientes: Oficio 100-278 de fecha 23 de Diciembre de 2019, emitido por el Secretario de Hacienda y Crédito Público; Recibos de nómina expedidos al peticionario de amparo, correspondientes a los ejercicios fiscales 2017 y 2018, donde se advierte el pago del estímulo a personal de mandos superiores y medio; Recibos de nómina expedidos a su favor, correspondientes a los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018, donde se advierte el pago de utilidades al quejoso; Recibos de pago expedidos a su favor, correspondientes a los ejercicios fiscales 2017, 2018, 2019 y 2020, donde se advierte el pago de la prima vacacional; Recibos de nómina expedidos del promovente, correspondientes a los ejercicios fiscales 2017, 2018, 2019 y 2020, donde se advierte el pago de aguinaldo; y, Copia del Manual de Políticas y Procedimientos para a la aplicación de sueldos y prestaciones M-PA-ASP-02/21, relativo exclusivamente a la administración, cálculo y entrega de utilidades a los trabadores del Banco Nacional de Ejército, Fuerza Aérea y Armada, SNC. Al respecto, no ha lugar conocer de la demanda de amparo, por las razones que a continuación se expondrán. Análisis cualitativo del asunto para su conocimiento. La suscrita estima que el presente asunto difiere de la competencia otorgada a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, misma que se circunscribe a los amparos indirectos en los que se reclamen las normas indicadas en los Acuerdos Generales y Circulares citadas en párrafos que anteceden. En virtud de lo anterior, se considera que este órgano jurisdiccional no está facultado cualitativamente para dirimir lo relativo al: Oficio 100-278 de fecha 23 de diciembre de 2019, emitido por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, del cual se tuvo conocimiento bajo protesta de decir verdad el día siete de agosto del presente año dos mil veintitrés; y, A las prestaciones afectadas correspondientes a la negativa de pago de utilidades, al estímulo al personal de mandos superior y medios, prima vacacional y aguinaldo relativos a los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021, así como su debida actualización. Ya que la presente demanda está formulada para controvertir la negativa del pago de utilidades a la parte quejosa ordenada mediante el oficio antes citado, así como las demás reducciones económicas, mismas que no fueron afectadas con motivo de alguna de las normas respecto de las cuales este Juzgado de Distrito tenga competencia, es decir, por la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; por el Presupuesto de Egresos de la Federación en la parte respectiva a remuneraciones de los servidores públicos; por algún manual, circular, o diversa disposición normativa que regule las remuneraciones y prestaciones en general de los Servidores Públicos de la Federación. Se concluye lo anterior dado que, el Consejo de la Judicatura Federal estableció que, sin duda alguna, sólo nos corresponde conocer de los juicios de amparo en que se reclamen las disposiciones normativas relacionadas con las temáticas acotadas en los acuerdos y circulares precisadas en líneas anteriores. Apoya a lo anterior, lo expuesto por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal en cesión celebrada el cinco de septiembre de dos mil veintitrés y dada a conocer mediante el oficio SECNO/STCCNO/930/2023, donde determinó el alcance del Acuerdo General 4/2019 Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, precisando que si el acto reclamado no deriva de los ordenamientos legales siguientes: Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; Presupuesto de Egresos de la Federación en la parte respectiva a remuneraciones de los servidores públicos; y, Manuales, circulares y diversas disposiciones normativas que regulen las remuneraciones y prestaciones en general de los Servidores Públicos de la Federación. Los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, no pueden conocer de dichos actos; oficio que se tiene a la vista como hecho notorio, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), con número de registro 2017123, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." Expuesto lo anterior, es conveniente imponerse del contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto transcrito, se puede advertir que existen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. El concepto de competencia en sentido jurídico general se alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, de conformidad con el artículo 16, párrafo primero de la Constitución Federal, que dispone que nadie pueda ser molestado sino en virtud de mandamiento escrito emitido por autoridad competente. Tomando en cuenta lo anterior podemos distinguir los siguientes criterios de competencia: Por materia. Por territorio. Por cuantía. Por grado. Inicial. Derivada. De los anteriores criterios, en el presente caso interesa únicamente puntualizar que lo relativo a la competencia por materia, se puede definir como la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho, esta competencia tiene la ventaja de que los Jueces de Distrito adscritos a un juzgado especializado en cierta rama del derecho, únicamente conocen amparos de esa materia, lo que permite enfocar su atención a una sola cuestión y, además, repercute en la formación de su especialidad y lo encauza hacia una mayor profundización de conocimiento del amparo de la materia de que se trate. Al respecto, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en sus artículos 50 a 61, regula la competencia por materia de los Jueces de Distrito, estableciendo: Jueces Federales Penales; Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal; Jueces de Distrito en Materia Administrativa; Jueces de Distrito Civiles Federales; Jueces de Distrito de Amparo en Materia Civil; Jueces de Distrito Mercantiles Federales y, Jueces de Distrito en Materia de Trabajo. En ese contexto, se concluye que la competencia por materia se refiere a la naturaleza jurídica del conflicto objeto del litigio, por la cual, debido a la creciente necesidad de conocimientos especializados, se realiza la distribución de competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. De ahí que, ante la competencia especial y restringida que tiene este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 17, 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 48 de la Ley de Amparo y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este órgano jurisdiccional SE DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE, para conocer y resolver el presente juicio de amparo; por tanto, SE DECLINA LA COMPETENCIA en favor de un JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TURNO. En esas condiciones, remítase el juicio de amparo al rubro indicado y sus anexos al JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TURNO, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común que les presta servicio. Se solicita el acuse de recibo. Háganse las anotaciones en el libro electrónico de gobierno que se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En el entendido de que en este Juzgado Federal deberá conservarse cuaderno de antecedentes que, aunado a este proveído, contendrá la papeleta de turno original. No se agregarán la totalidad de las constancias necesarias para la formación del cuaderno, en razón de que se encuentran en el expediente electrónico que se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, habida cuenta de las políticas de disciplina, utilización y racionalización de recursos humanos y materiales que han adoptado los poderes de la Unión. Sin que haya lugar a notificar personalmente a la parte promovente el presente proveído, en atención a la jurisprudencia P/J.12/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Marzo de mil novecientos noventa y seis, Primera Parte, Sección Primera, página 55, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALÍA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCIÓN. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE". Notifíquese y Cúmplase.
- Principal
Ciudad de México, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Acuerdo de promoción Visto el escrito signado por el promovente ********************, a través del cual señala las constancias que a su consideración se deben remitir a la superioridad para la substanciación del recurso de queja interpuesto contra el auto de veintiuno de agosto del año en curso; atento a ello, agréguese a los autos sin mayor pronunciamiento, en razón de que el citado medio de impugnación ya fue remitido para su substanciación y del cual conoce el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, quien lo admitió a trámite y se registró con el número 844/2023, de su índice. Notifíquese
- Principal
Ciudad de México, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Acuerdo de promoción Téngase por recibido el oficio proveniente del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, mediante el cual acusa recibo de las constancias remitidas e informa qué admitió el recurso de queja interpuesto en autos, mismo que quedó registrado con el número 844/2023 de su índice; de lo anterior, se toma conocimiento. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México; a veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Cambio de titular. Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante oficio SEADS/474/2022, de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se comunicó la determinación tomada en sesión ordinaria celebrada en esa misma fecha, por el Pleno del propio Consejo, en la que acordó la adscripción de Blanca Alicia Ochoa Hernández, como titular de este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil veintidós. En tal virtud, con el fin de atender lo dispuesto en los artículos 51, 52 y 60 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes la circunstancia señalada, para que puedan alegar lo que a su derecho e interés convenga. Recepción del testimonio. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, al cual acompaña el expediente del juicio de amparo en que se actúa, y testimonio de la resolución dictada en el amparo en revisión 434/2017. Acúsese recibo. "PRIMERO. En materia de la revisión, se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO ampara NI protege a **********************, en atención a las consideración expuestas en el consideraciones décimo primero de las sentencia recurrida (contabilidad electrónica), por las razones indicadas en la última consideración jurídica de la presente ejecutoria." Acúsese recibo vía interconexión al citado tribunal colegiado, háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico que para registro lleva este juzgado de distrito y se toma conocimiento de la resolución en comento para los efectos legales conducentes. Del mismo modo, glósese al presente juicio de amparo el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso interpuesto. Ahora bien, en atención a las políticas de disciplina, utilización y racionalización de recursos humanos y materiales que ha adoptado los poderes de la unión, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que no se adjunta a los oficios respectivos copia de la referida resolución, toda vez que la misma se encuentra disponible para su consulta, a través de la herramienta electrónica denominada juicio en línea, el cual puede ser tramitado en la liga electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Se requiere cumplimiento. Ahora bien, el Tribunal revisor en el sexto considerando dejó firme la concesión del amparo respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación. En ese orden de ideas, los efectos y concesión del amparo determinados por este juzgado de distrito, son los siguientes: "En ese sentido, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente." En tales condiciones, con fundamento en el artículo 192, primer párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Jefe del Servicio de Administración Tributaria, para que en el término de tres días siguientes en que sea notificada del presente auto, informe acerca del cumplimiento que haya dado al fallo protector, respecto de la quejosa siguiente: NO. DE EXPEDIENTE. QUEJOSA. RFC. 1661/2014 ****************************** *************** En el entendido de que: 1. La autoridad responsable debe cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, debiendo remitir copia certificada por duplicado de las constancias que así lo acredite, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J.58/2014 (10a.). De igual forma, de conformidad con lo establecido en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo; así como el artículo 9, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, requiérase al superior jerárquico de la autoridad directamente obligada al cumplimiento, a saber, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, para que en igual término, la conmine a cumplir con la ejecutoria de amparo o en su caso manifieste impedimento legal alguno, asimismo de resultar no ser el superior jerárquico de la autoridad directamente obligada a dar cumplimiento, informe a quien sí lo es. Lo anterior encuentra apoyo, en lo que interesa, en la jurisprudencia de Tribunal Colegiado de Circuito, con registro 2005830, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO." Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo. En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, sin causa justificada, se le apercibe que se realizará lo siguiente: a) Se les impondrá una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. b) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de este juzgado la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. c) Se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito competente, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se les hace del conocimiento que aun cuando dejen su puesto seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Notifíquese.
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