José Alberto Martínez Trejo

Expediente 1599/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 23 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1599/2017
Año
2017
Actuaciones
23
Última actuación
28/06/2018

Partes del expediente

  • José Alberto Martínez Trejo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este Órgano Jurisdiccional el cinco del mes y año en curso (fojas 158 a 159), el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con residencia en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de seis de este mes (foja 160), se dio vista al quejoso con la referida comunicación y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó al promovente el siete del mes y año en cita (foja 161); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del once al trece del presente mes y año. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Legislación de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". En ese sentido, mediante resolución dictada el veinte de octubre de dos mil diecisiete (fojas 64 a 80), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: ".procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso José Alberto Martínez Trejo, para el efecto de que las autoridades responsables Comité de Vigilancia y Director General, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con residencia en esta ciudad, desincorporen de la esfera jurídica del gobernado el contenido del artículo 20, fracción II y la tabla del numeral 21 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y se abstengan de aplicarlo en su contra, hasta en tanto sea reformado el contenido de los mismos. De igual forma, al haberse declarado la inconstitucionalidad de la norma, la concesión del amparo se hace extensiva al acto de aplicación de la misma; por ende, las autoridades responsables ejecutoras denominadas Comité de Vigilancia y Director General, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, deberán dejar insubsistente el dictamen de pensión por retiro por edad y tiempo de servicio que le fue concedido al quejoso con efectos a partir del dieciséis de mayo de dos mil diecisiete; y deberán emitir uno nuevo en el cual den un trato igual al gobernado a aquel que señala la tabla que establece el arábigo 21 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, para el caso de las mujeres. Además, se deberá cubrir al quejoso el importe de su pensión, en los términos antes señalados, previo dictamen que se sirvan emitir las autoridades citadas." De lo anterior se colige, que el acto que debían realizar las autoridades responsables denominadas Comité de Vigilancia y Director General, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: Desincorporar de la esfera jurídica del gobernado el contenido del artículo 20, fracción II y la tabla del numeral 21 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit; Dejar insubsistente el dictamen de pensión por retiro por edad y tiempo de servicio con efectos a partir del dieciséis de mayo de dos mil diecisiete; Emitir un nuevo dictamen en el cual se dé un trato igual a la parte quejosa a aquel que señala la tabla que establece el arábigo 21 de la referida Ley para el caso de las mujeres, y; Cubrir al quejoso el importe de su pensión previo dictamen que las autoridades responsables se sirvan emitir. Luego, por oficio presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado el cinco de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 97 a 100), el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que desincorporó de la esfera jurídica del quejoso, los preceptos declarados inconstitucionales; asimismo, que dejó insubsistente el dictamen de pensión que le fue otorgado a la parte agraviada el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete. Por otra parte, mediante diverso comunicado y anexo recibidos en este Órgano Jurisdiccional el diez de enero del presente año (fojas 109 y 110), el Presidente Suplente del Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, acompañó el dictamen de pensión con el porcentaje de 61.55% con un importe mensual que asciende a $15,783.39 (Quince mil setecientos ochenta y tres pesos 39/100 moneda nacional). Subsiguientemente, el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, a través de un oficio y anexo (fojas 158 a 160), comunicó que devolvió al quejoso mediante transferencia interbancaria, las diferencias generadas por concepto de incremento de porcentaje de pensión. De ahí, que resulte evidente que se ha restituido al aludido promovente del amparo en el goce de sus derechos y garantías violados, en términos del numeral 196 de la Ley de la materia; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es, declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto 196, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que resulte necesario realizar pronunciamiento respecto del incidente de suspensión, en virtud de que no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el libelo de cuenta, suscrito por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, a través del cual en cumplimiento al fallo protector remite la impresión de la transferencia interbancaria a favor del quejoso José Alberto Martínez Trejo. Luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a la parte quejosa con la referida documental, a efecto de que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este Juzgado Federal, con apoyo en la sentencia de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de amparo, se pronunciará en relación al cumplimiento al fallo protector; sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOS DE MAYO DE DOS ML DIECIOCHO. Téngase por recibido el comunicado de cuenta, signado por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con residencia en esta ciudad, a través del cual en vía de cumplimiento, informa que solicitó a la quejosa la clave interbancaria para realizar los cálculos aritméticos, por lo que una vez que tenga dicha información realizará el pago de diferencias que se generó de su pensión de retiro por edad y tiempo de servicio; entonces, agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, en vía de cumplimiento al fallo protector, en la inteligencia de que se está en espera de que acate en su totalidad la ejecutoria de amparo.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado que guardan los presentes autos se aprecia que a la fecha el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, ha sido omisa en informar sobre el acatamiento dado a la ejecutoria de amparo, luego, no obstante que por auto de doce de febrero de la presente anualidad, se le indicó que como se determinó en sentencia de veinte de octubre de dos mil diecisiete, debía devolver a la parte quejosa la cantidad que resulte por concepto de pago de diferencias que se generó por el cambio de porcentajes, esto es del 60.00% al 61.55%, de los dictámenes emitidos el dieciséis de mayo y el veinticuatro de noviembre, ambos del año próximo pasado, para lo cual debería remitir las documentales con las que acreditará el pago efectuado a la parte quejosa; ello en virtud de que de las diversas que acompañó únicamente se advierte el cambio de porcentaje respectivo (fojas 122 y 123). Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, de cumplimiento a la ejecutoria de amparo o en su caso, informe si ya efectuó la devolución Apercibida que de no hacerlo con causa justificada, con apoyo en los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo). Se le hace del conocimiento a la citada autoridad que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el artículo 193 de la Ley citada.

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