Jose Alberto Martinez Barone

Expediente 2237/2022 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2237/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
26/01/2023

Partes del expediente

  • Jose Alberto Martinez Barone

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    La sentencia dictada el nueve de diciembre del año pasado, ha causado ejecutoria para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva y, archívese el presente expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    Se celebra audiencia constitucional. Se dicta sentencia. ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Zapopan, Jalisco, a las diez horas con cuarenta minutos del nueve de diciembre de dos mil veintidós, hora y día señalados para el inicio de esta audiencia constitucional en el juicio de amparo 2237/2022, al estar en audiencia pública Fernando Manuel Carbajal Hernández, Juez Decimosegundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; quien actúa en unión de Dulce María Martínez Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe, procede a declararla abierta, sin la asistencia de las partes ni legítimo representante de ellas. Acto continuo, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la Secretaria hace relación de constancias y da cuenta con el estado de autos, es decir, con lo ahí agregado y acordado, así como con la promoción registrada en la Oficialía de Partes con el orden 26323. Por otro lado, certifico y hago constar: que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se advierte que los usuarios d.gutierrez, p.mora y valentinacm, se encuentran registrados a favor de Diego Gutiérrez Martínez Parente, Paulina Mora Hidalgo y Valentina Castillo Moreno, respectivamente. El Juez de Distrito acuerda: Téngase por recibido el escrito signado por Diego Gutiérrez Martínez-Parente, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas la moral tercero interesada HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, en atención a su contenido, con fundamento en el numeral 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, téngasele por apersonado a esta contienda constitucional. Se tiene como su domicilio procesal el que indica, en el escrito de cuenta, y como autorizados en los términos que señala a las personas que indica. Ahora, por lo que ve a su diversa petición, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 14, 16, 18, 19, 35 y 39 del citado Acuerdo General 12/2020, se le autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico relativo al juicio de amparo 2237/2022, por lo que para tal efecto regístrense los usuarios d.gutierrez, p.mora y valentinacm. Señalamientos que se tienen por hechos y se ordena hacerlos del conocimiento del personal del área de Actuaría, para los efectos legales a que haya lugar. Luego, en relación a la petición que realiza, en el sentido de que se autorice el uso de aparatos electrónicos para la reproducción de las actuaciones que integran este expediente, dígasele que deberá estarse a lo acordado el nueve de noviembre de dos mil veintidós, en donde se determinó lo conducente; empero, ténganse como sus autorizados para tales efectos, a cualesquiera de las personas que indica en el oficio de cuenta, previa razón de toma que obre en autos. Finalmente, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la ley de amparo, se le tienen como pruebas la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto; asimismo, se le tiene realizando manifestaciones a manera de alegatos que a su interés legal convienen, lo que de ser procedente será considerado en la parte correspondiente de la presente audiencia constitucional. Por otra parte, de conformidad con los preceptos 117 y 119 de la Ley de Amparo, se reitera la rendición de los informes justificados emitidos por las autoridades responsables. Así las cosas, no habiendo escrito ni oficio pendientes por acordar, se procede a la apertura del período probatorio, en el que se tienen por desahogadas las documentales exhibidas por la autoridad responsable y por la parte quejosa. Así pues, al no existir otro medio que relacionar, admitir o tener por desahogado, se cierra dicha etapa probatoria. Se abre la etapa de alegatos. En la que se hace relación de los expuestos por la moral tercero interesada HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, por lo que sin tener alegatos por reproducir, se cierra esta etapa. En vista de lo anterior, se procede a dictar la sentencia correspondiente. S E N T E N C I A ANALIZADOS para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 2237/2022. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo, autoridad responsable y acto reclamado. Mediante escrito presentado el veintitrés de junio de dos mil veintidós, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, que por razón de turno correspondió conocer al Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, José Alberto Martínez Barone, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por los actos que enseguida se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES "B). SON AUTORIDADES EJECUTORAS LAS SIGUIENTES: (.) 9. C. JUEZ QUINTO EN MATERIA MERCANTIL DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL EN EL ESTADO DE JALISCO. 10. EL C. SECRETARIO EJECUTOR ADSCRITO AL JUZGADO QUINTO EN MATERIA MERCANTIL DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL EN EL ESTADO DE JALISCO. (.)" ACTOS RECLAMADOS "B).- De las AUTORIDADES señaladas como EJECUTORAS: La inminente ejecución de la resolución, orden judicial, medida cautelar, providencia precautoria y/o medida de aseguramiento, auto de exequendo, dictada por cualquiera de las autoridades ordenadoras, que tenga por objeto el embargo o aseguramiento de bienes, acciones, cuentas o derechos propiedad del quejoso, dictado dentro de una providencia precautoria, medida cautelar o procedimiento judicial al cual no he sido llamado y/o notificado. La falta de emplazamiento, llamamiento a juicio o notificación, y como consecuencia de ello, todos los actos anteriores y posteriores al auto admisorio, y que a la postre desconozca el suscrito quejoso, en virtud del incumplimiento por parte de las responsables de acatar lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues a la fecha se ha dictado al menos una resolución en mi contra, que afecta mis derechos sustantivos y defensas, sin que se me haya llamado o concedido oportunidad o derecho de defensa. Deben estimarse también como actos reclamados, todos aquellos que las autoridades responsables o sus subordinados jerárquicos pretenden realizar, durante la substanciación del juicio de amparo, derivados de los actos reclamados señalados en esta demanda." La parte solicitante del amparo alega violación a los derechos humanos que consagra el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Separación de autos. El Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, mediante proveído dictado el veinte de octubre pasado, dentro del juicio de amparo indirecto número 1271/2022-VII de su índice, decretó la separación de juicios respecto de la demanda de amparo planteada por José Alberto Martínez Barone, por lo cual se envió a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en esta Entidad Federativa, copia certificada de la demanda de amparo para su correspondiente trámite. TERCERO. Admisión y trámite. En acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintidós, este Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, se avocó al conocimiento de la demanda de amparo en cuestión, únicamente por lo que ve al acto derivado las Providencias precautorias 430/2021, del índice del Juzgado Quinto Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco y Secretario Ejecutor de su adscripción, promovido por HSBC, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, en contra del aquí quejoso hasta por la cantidad de $20'000,000.00 (veinte millones de pesos 00/100 moneda nacional), así como el embargo o aseguramiento de bienes, cuentas bancarias, acciones o derechos de su propiedad, en dicho auto se admitió a trámite la demanda de amparo y en virtud de que por acuerdo de diecinueve de julio de dos mil veintidós, se tuvo al Juez Quinto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial, con sede en Zapopan, Jalisco, rindiendo su informe Justificado y con su contenido y anexo, se ordenó dar vista a las demás partes para su conocimiento, dicha actuación se convalidó en el presente juicio de amparo. Asimismo, se reconoció el carácter de tercera interesada a la institución bancaria HSBC, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, quien quedo debidamente emplazada el quince de noviembre de dos mil veintidós, se dio la intervención legal que compete al Fiscal Federal de la adscripción, quien no formuló alegato ministerial y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Todo lo anterior se cumplió y la audiencia de ley inició en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es competente para resolver el presente juicio conforme a lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, así como el artículo 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente (reforma de siete de junio de dos mil veintiuno), y los Acuerdos Generales 03/20132 y 41/20183 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el primero relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en los que se divide la República Mexicana, y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, mientras que el segundo es referente al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por reclamarse actos que tienen ejecución dentro de la circunscripción territorial de este órgano federal y que corresponden a una de las materias de su competencia. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar en forma clara y precisa cuáles son los actos reclamados en el amparo. Esto es así, porque antes de verificar la certeza o inexistencia de los actos impugnados en el juicio, deben quedar precisados cuáles son éstos. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: 1) Analizar en su integridad la demanda de amparo y anexos, con un criterio de liberalidad y no restrictivo, sin cambiar su alcance y contenido. 2) Prescindir de los lineamientos que en su enunciación se formulen sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados. En apoyo a lo anterior, cobran aplicación la jurisprudencia P./J. 40/2000 y la tesis aislada número P.VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros dicen: 'DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.' y 'ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.' Con base en lo acotado, al analizar en su integridad la demanda de amparo, sin atender a los calificativos vertidos en la enunciación de los actos reclamados, y al armonizar los datos y elementos que la conforman, se deduce que se hacen consistir en: - La inminente ejecución de la resolución, orden judicial, medida cautelar, providencia precautoria y/o medida de aseguramiento, auto de exequendo, que tenga por objeto el embargo o aseguramiento de bienes, acciones, cuentas o derechos propiedad del quejoso, dictado dentro de una providencia precautoria, medida cautelar o procedimiento judicial. - La falta de emplazamiento, llamamiento a juicio o notificación, y como consecuencia de ello, todos los actos anteriores y posteriores al auto admisorio. Una vez señalado cuál es el acto reclamado, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la certeza o inexistencia de éste, tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia la Nación, en la tesis aislada cuyo rubro se transcribe en seguida: 'SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS.' TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Juez Quinto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco y Secretarios Ejecutores de su adscripción, lo anterior, no obstante dichas responsables al rendir su informe con justificación negaron su existencia, ya que con posterioridad realizaron manifestaciones que evidencian su existencia. De ahí que se vea desvirtuada la negativa y se tengan por ciertos los actos que se les reclaman. En la especie, por identidad de razón jurídica, es dable citar el criterio que emitió el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se identifica con el siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Lo anterior se corrobora con las constancias certificadas que dicho Juez responsable allegó a este sumario respecto de las Providencias precautorias 430/2021, las que ameritan valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos del numeral 2 de esta última, al ser expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia 226 del Pleno del Alto Tribunal, con el rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Causales de improcedencia. Previo a examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada, procede analizar la procedencia de este juicio de amparo con independencia de que las partes hayan o no hecho valer causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, conforme lo dispuesto por el del artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese contexto, de manera oficiosa, se observa la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado este último en sentido contrario. Dichos numerales con del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y." Conforme a lo previsto por dichos preceptos, el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa no agota previamente, los medios o recursos ordinarios que establezca la ley del acto, por aplicación del principio de definitividad. El juicio de amparo, en lo que interesa destacar, es un medio extraordinario y autónomo de defensa que permite a los gobernados impugnar normas generales, actos u omisiones que violen derechos humanos o las garantías previstas para su protección en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados internacionales de que México es parte, atribuibles a autoridades de los poderes públicos, y excepcionalmente a particulares, cuando éstos actúan en forma equivalente a la autoridad, conforme a funciones determinadas en una norma general. La procedencia del juicio de amparo está sujeta a ciertas restricciones o limitaciones, pues deben cumplirse los presupuestos exigidos por la ley, como requisitos de procedibilidad que hagan viable el examen de la constitucionalidad o convencionalidad del acto reclamado; por ello, la procedencia del juicio de amparo se considera de orden público y de estudio oficioso, aun cuando las causas de improcedencia han de analizarse bajo un criterio de interpretación y aplicación estricta. Asimismo, el juicio de amparo es una acción constitucional en la que privan diversos principios, que le imprimen sus notas características, entre ellos, el de definitividad, relevante en este asunto. El principio de definitividad entraña la premisa de que el juicio de amparo no puede promoverse si previamente no se han agotado los juicios, recursos o medios de defensa que la ley ordinaria que rige el acto reclamado prevea como vía para obtener la modificación, revocación o nulificación del mismo; es decir, dicho principio desemboca en la improcedencia del juicio de amparo. Ese principio encuentra su justificación en el carácter excepcional y extraordinario del juicio de amparo, que exige que el quejoso acuda, en primer término, a las instancias de jurisdicción ordinaria que puedan producir la insubsistencia del acto u omisión que le produce afectación, cuando existan, salvo los casos de excepción previstos en el marco legal y jurisprudencial que resulte aplicable. Ahora bien, a fin de evidenciar que en el caso concreto se actualiza dicha causal de improcedencia, debe precisarse que los artículos 1168, 1175, 1776, 1177, 1178, 1179 y 1183, del Código de Comercio, relativos a las providencias precautorias, literalmente establecen: "Artículo 1168. En los juicios mercantiles únicamente podrán dictarse las medidas cautelares o providencias precautorias, previstas en este Código, y que son las siguientes: I. Radicación de persona, cuando hubiere temor fundado de que se ausente u oculte la persona contra quien deba promoverse o se haya promovido una demanda. Dicha medida únicamente tendrá los efectos previstos en el artículo 1173 de este Código; II. Retención de bienes, en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando exista temor fundado de que los bienes que se hayan consignado como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar una acción real, se dispongan, oculten, dilapiden, enajenen o sean insuficientes, y b) Tratándose de acciones personales, siempre que la persona contra quien se pida no tuviere otros bienes que aquellos en que se ha de practicar la diligencia, y exista temor fundado de que los disponga, oculte, dilapide o enajene. En los supuestos a que se refiere esta fracción, si los bienes consisten en dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, u otros bienes fungibles, se presumirá, para los efectos de este artículo, el riesgo de que los mismos sean dispuestos, ocultados o dilapidados, salvo que el afectado con la medida garantice el monto del adeudo. Tratándose de la retención de bienes cuya titularidad o propiedad sea susceptible de inscripción en algún registro público, el Juez ordenará que se haga la anotación sobre el mismo. Artículo 1175. El juez deberá decretar de plano la retención de bienes, cuando el que lo pide cumpla con los siguientes requisitos: I. Pruebe la existencia de un crédito líquido y exigible a su favor; II. Exprese el valor de las prestaciones o el de la cosa que se reclama, designando ésta con toda precisión; III. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales tenga temor fundado de que los bienes consignados como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar la acción real serán ocultados, dilapidados, dispuestos o enajenados. En caso de que dichos bienes sean insuficientes para garantizar el adeudo, deberá acreditarlo con el avalúo o las constancias respectivas; IV. Tratándose de acciones personales, manifieste bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene otros bienes conocidos que aquellos en que se ha de practicar la diligencia. Asimismo, deberá expresar las razones por las que exista temor fundado de que el deudor oculte, dilapide o enajene dichos bienes, salvo que se trate de dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, o de otros bienes fungibles, y V. Garantice los daños y perjuicios que pueda ocasionar la medida precautoria al deudor, en el caso de que no se presente la demanda dentro del plazo previsto en este Código o bien porque promovida la demanda, sea absuelta su contraparte. El monto de la garantía deberá ser determinado por el juez prudentemente, con base en la información que se le proporcione y cuidando que la misma sea asequible para el solicitante. Artículo 1176. La retención de bienes decretada como providencia precautoria se regirá, en lo que le resulte aplicable, por lo dispuesto para los juicios ejecutivos mercantiles. La consignación y el otorgamiento de las garantías a que se refiere el artículo 1179 de este Código, se hará de acuerdo a lo que disponga la ley procesal de la entidad federativa a que pertenezca el juez que haya decretado la providencia, y en su oscuridad o insuficiencia conforme a los principios generales del derecho. Artículo 1177. Las providencias precautorias establecidas por este Código podrán decretarse, tanto como actos prejudiciales, como después de iniciado cualquiera de los juicios previstos en el mismo. En el primero de los casos, la providencia se decretará de plano, sin citar a la persona contra quien ésta se pida, una vez cubiertos los requisitos previstos en este ordenamiento. En el segundo caso, la providencia se sustanciará en incidente, por cuerda separada, y conocerá de ella el juez o tribunal que al ser presentada la solicitud esté conociendo del negocio. Artículo 1178. Ni para recibir la información ni para dictar una providencia precautoria se citará a la persona contra quien ésta se pida, salvo que la medida se solicite iniciado cualquiera de los juicios previstos en este Código. Artículo 1179. Una vez ordenada la radicación de persona o practicada la retención de bienes, y en su caso, presentada la solicitud de inscripción de éste en el Registro Público correspondiente, se concederán tres días al afectado para que manifieste lo que a su derecho convenga. Si el demandado consigna el valor u objeto reclamado, da fianza o garantiza con bienes raíces suficientes el valor de lo reclamado, se levantará la providencia que se hubiere dictado. Artículo 1183. En contra de la resolución que decrete una providencia precautoria procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos de los artículos 1339, 1345, fracción IV, y 1345 bis 1 de este Código. Sin perjuicio de lo anterior, la persona contra quien se haya dictado una providencia precautoria, puede en cualquier tiempo, pero antes de la sentencia ejecutoria, solicitar al juez su modificación o revocación, cuando ocurra un hecho superveniente." Como se observa, en los juicios mercantiles, el Código de Comercio dispone un sistema de medidas cautelares o providencias precautorias cerrado, en el que únicamente contempla como tales: la radicación de persona y la retención de bienes, en la forma y términos que establecen los artículos 1168 a 1180 del capítulo transcrito. Con la aclaración que, indistintamente, las denomina "medidas cautelares" o "providencias precautorias", pero siempre refiriéndose sólo a las dos anteriores. La primera, es decir, la radicación de persona, se prevé sobre la base de la existencia de temor fundado de que se ausente u oculte la persona contra quien se deba promover o se haya promovido una demanda. La segunda, esto es, la retención de bienes, relevante al caso, se contempla sobre la base de los siguientes presupuestos fácticos: a) cuando exista temor fundado de que los bienes dados en garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar acción real, se dispongan, oculten, dilapiden, enajenen o sean insuficientes; y, b) cuando la acción a ejercer o ejercida sea de carácter personal, y el demandado no tenga otros bienes que aquellos sobre los cuales se pide la medida y existe temor fundado de que aquél disponga de ellos, los oculte, dilapide o enajene. De conformidad con dicho sistema, esas medidas cautelares o providencias precautorias pueden decretarse como actos prejudiciales o una vez iniciado el juicio mercantil (artículo 1177); y una vez ordenada, la persona contra la cual se decreta (el demandado) tiene la oportunidad de consignar el valor u objeto reclamado, otorgar fianza o garantizar con bienes suficientes el valor de lo reclamado, a fin de que la medida quede sin efectos (artículo 1179). El Código de Comercio también prevé que la resolución que las decreta es impugnable mediante el recurso de apelación de tramitación inmediata y en efecto devolutivo, en términos de lo dispuesto por los artículos 1339, primer párrafo, 1345, fracción IV, y 1345 Bis 1 de ese ordenamiento, que disponen: "Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $757,365.46 por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. Además de los casos determinados expresamente en la ley, en la forma y términos que se establecen en este Capítulo, se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan: (.) IV. La resolución que recaiga a las providencias precautorias, siempre y cuando de acuerdo al interés del negocio hubiere lugar a la apelación, cuya tramitación será en el efecto devolutivo; (.) Artículo 1345 Bis 1. El litigante al interponer la apelación de tramitación inmediata, expresará los agravios que considere le cause la resolución recurrida, salvo en aquellos que específicamente la ley establezca un trámite diverso. Las apelaciones de tramitación inmediata que se interpongan contra auto o interlocutoria, deberán hacerse valer en el término de seis días y las que se interpongan contra sentencia definitiva dentro del plazo de nueve días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surtan efectos las notificaciones de tales resoluciones." De manera que, de acuerdo con los preceptos citados, la resolución que otorga una medida cautelar o providencia precautoria relativa a la radicación de persona o retención de bienes en un juicio mercantil, puede ser impugnada por el demandado o futuro demandado contra quien se decreta, inclusive por el actor si es que estima que los términos en que se concedió la medida le causan perjuicio, mediante el recurso de apelación de tramitación inmediata, en efecto devolutivo, siempre y cuando la sentencia definitiva que deba recaer al juicio sea apelable por razón de cuantía. En esa tesitura, de las actuaciones que integran el expediente de origen destacan los siguientes antecedentes: 1. Mediante escrito presentado once de marzo de dos mil veintiuno, apoderada legal de HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, solicitó la providencia precautoria consistente en la retención de bienes, como acto prejudicial y preparatorio al juicio ejecutivo mercantil, en contra del futuro demandado José Alberto Martínez Barone. 2. En auto de veintiuno de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la providencia precautoria, y se registró bajo el expediente número 430/2021, del índice del Juzgado Quinto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. Dicho acuerdo es del tenor literal siguiente: (.) (.) (.) (.) 3. Mediante oficios 6743/2021, 6744/2021 y 6745/2021, así como los exhortos 646/2021, 647/2021 y 648/2021, de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, el juez responsable solicitó la ejecución del acuerdo antes reproducido, relativo a los valores en general que se encuentren a nombre del futuro demandado José Alberto Martínez Barone. 6. En auto de cinco de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte actora, exhibiendo la fianza correspondiente para garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar con la medida precautoria en caso de que la actora obtuviera una sentencia no favorable, por lo que decretó que las medidas cautelares concedidas continuaban surtiendo sus efectos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1077 del Código de Comercio. En ese orden de ideas, es evidente que, en contra del acto reclamado consistente el acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, dictado en las providencias precautorias 430/2021, del índice del Juzgado Quinto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco a efecto de garantizar el pago de la cantidad de $20´000,000.00 (veinte millones de pesos 00/100 moneda nacional), procede el recurso de apelación dada la cuantía del negocio. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 40/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, agosto de 2018, Tomo I, página 886, que dice: "MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN EL JUICIO MERCANTIL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS OTORGA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA EN EFECTO DEVOLUTIVO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1345, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, POR LO QUE EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El Código de Comercio, en sus artículos 1168 a 1193, establece un sistema completo, expreso y cerrado de medidas cautelares, que sólo comprende las denominadas "providencias precautorias", consistentes en la radicación de persona y la retención de bienes, exclusivamente bajo los supuestos fácticos y jurídicos allí establecidos, y cuya concesión puede impugnarse mediante el recurso de apelación en términos de los preceptos 1183, 1339, 1345, fracción IV, y 1345 Bis 1 de dicho código. En ese sentido, ante la falta de regulación de otro tipo de medidas cautelares distintas a las anteriores, con base en los artículos 1054 y 1063 del código aludido, puede aplicarse supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles a efecto de dictar en los juicios mercantiles las medidas de aseguramiento, para preservar una situación de hecho existente reguladas en este ordenamiento. Ahora bien, el artículo 384 de este último código prevé entre sus enunciados, que no se admitirá recurso alguno contra la resolución que decrete la medida de aseguramiento; sin embargo, esa porción normativa no cobra aplicación de manera supletoria cuando la medida se dicta en el juicio mercantil, pues si en el Código de Comercio se establece la procedencia del recurso de apelación contra las providencias precautorias que regula, ello permite sostener la existencia de un principio de impugnabilidad predicable para toda clase de medidas cautelares como especie, que pudieren dictarse en el proceso mercantil, por lo que la aplicación de la regla supletoria referida sería contraria a ese principio de recurribilidad y, por tanto, no se satisfacen plenamente los requisitos para que opere la supletoriedad de la ley, entre los cuales se contempla precisamente el relativo a que la legislación supletoria sea congruente y no contraríe los principios y bases del ordenamiento a suplir. Así, debe considerarse que contra la resolución que otorga la medida de aseguramiento en un juicio mercantil procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos del artículo 1345, fracción IV, del Código de Comercio, por lo que en observancia al principio de definitividad, ese recurso debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto." Máxime que no se actualiza ninguna de las excepciones previstas en ese artículo, pues el acto destacado fue dictado en una providencia precautoria previa a un juicio ejecutivo mercantil; es decir, no es un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; no es una orden de aprehensión o reaprehensión, no establece una providencia precautoria o medida cautelar restrictiva de libertad, no tiene relación alguna con la libertad bajo caución; no se trata de una resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; no lo promovió una persona extraña al procedimiento, ni es un auto de vinculación a proceso. Ni tampoco el recurso de apelación requiere de interpretación adicional, porque existe jurisprudencia del Alto Tribunal exactamente aplicable al caso, por lo que no se actualiza esa excepción, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 86/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, septiembre de 2018, Tomo I, página 971, que dice: "EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS SUPUESTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZAN CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA DETERMINADO JURISPRUDENCIALMENTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO. De la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo se advierte que cuando se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, previo a la promoción del juicio de amparo, deben agotarse los recursos o medios de defensa ordinarios a través de los cuales sea factible modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y, como excepción a ello, en el último párrafo contempla dos supuestos, relativos a cuando: a) la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional; o, b) su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Lo anterior denota respeto a los principios de seguridad jurídica y acceso a la justicia, pues sólo obliga a agotar el principio de definitividad cuando el medio de defensa adolezca de "fundamento legal insuficiente" y haya necesidad de acudir a una "interpretación adicional" para determinar su procedencia; de lo contrario, el quejoso quedará en libertad de elegir si agota el recurso de que se trate, o bien, acude directamente al juicio de amparo. Por tanto, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido jurisprudencia sobre la procedencia del medio ordinario de defensa existente contra el acto reclamado, no se actualizan los supuestos de excepción al principio de definitividad, en razón a que el objetivo de la porción normativa consiste en que el gobernado conozca con exactitud el medio ordinario de defensa que tiene al alcance para impugnar el acto que estima contrario a derecho, así como los requisitos para su procedencia, previo a acudir al juicio de amparo, aunado a que el carácter obligatorio de aquélla, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, no posibilita que pueda ser objeto de análisis por un órgano de menor grado y, menos aún, que decida inaplicarla." Sin que sea óbice a la anterior determinación, el hecho de que el quejoso no haya sido emplazado al procedimiento de origen, pues contrario a lo que sostiene, dicha circunstancia no lo exime de la obligación de agotar el principio de definitividad, en virtud de que, del contenido de los citados artículos 1183, en relación directa con los numerales 1177 y 1178, todos del Código de Comercio, se desprende que el propio ordenamiento legal establece que las providencias precautorias establecidas como actos prejudiciales, se decretarán de plano, sin citar a la persona contra quien ésta se pida; precisando que, sobre estos actos procede el recurso de apelación en los términos ya establecidos, por lo que indudablemente la falta de emplazamiento es indispensable para cumplir con su finalidad y por tanto, no le otorga calidad de persona extraña al procedimiento. De la interpretación sistemática y funcional del contenido del referido artículo 1178 del Código de Comercio, se revela en qué caso debe citarse a la persona contra quien se solicita una providencia precautoria de las que establece el propio código, pues si bien en su primera parte señala que para dictar dicha providencia no se le citará, con posterioridad hace una salvedad al disponer de manera implícita que sí se le citará cuando la medida se solicite ya iniciado el juicio. En ese sentido, la hipótesis de salvedad a que se refiere dicho precepto opera cuando la relación jurídico procesal se constituyó por virtud del emplazamiento, pues el demandado o la persona contra quien se dicte la medida precautoria, ya conoce del juicio principal y, al no haber ya posibilidad de que se le emplace de nueva cuenta, resulta necesario que se le dé a conocer la medida para que ejerza su derecho de audiencia respecto de este preciso aspecto, siendo la salvedad a la que se contrae el artículo en estudio. De ahí que, de otorgarse previa audiencia al interesado con la imposición de la medida precautoria pedida en el escrito inicial de demanda, perjudicaría el propósito de la medida cautelar, pues anticiparía, incluso, antes del emplazamiento, su conocimiento al afectado con aquélla, así como el conocimiento de la propia demanda, lo que haría inútil la medida y fácilmente evadible. Sin embargo, en la especie no se actualiza dicha excepción, pues de las actuaciones del juicio natural que obran en el expediente en que se actúa, no se advierte que el aquí quejoso ya haya sido emplazado al juicio ejecutivo mercantil. Así las cosas, como en el caso se demuestra la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado este último en sentido contrario, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, en términos de la fracción V del artículo 63 de la misma legislación. Es aplicable, por su contenido esencial, la jurisprudencia 1a./J. 119/2011 (9a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "MEDIDA PROVISIONAL DE RESTITUCIÓN O EMBARGO PRECAUTORIO CON MOTIVO DE LA COMISIÓN DE UN DELITO. LA DETERMINACIÓN JUDICIAL QUE LA DECRETA DENTRO DE JUICIO NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que en su caso procedan. Condición impuesta que deriva de la observancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual opera como regla general y tiene como excepciones legales los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro, así como cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Por tanto, si la determinación judicial dictada dentro de juicio que decreta la medida provisional de restitución o embargo precautorio de un inmueble relacionado con la comisión del delito, a pesar de tener el carácter de actos de ejecución irreparable, no actualizan alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad; es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo.". Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución al no reclamarse por vicios propios. Se apoya lo anterior, en la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "EJECUCION, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Al haberse decretado el sobreseimiento, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de amparo, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. A lo anterior es aplicable la jurisprudencia 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Solo resta señalar, que es criterio reiterado de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que si bien, la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación en el dos mil once, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, tal circunstancia no implica que los órganos jurisdiccionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas. En efecto, ese Alto Tribunal concluyó que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre jurídica para los propios destinatarios de ese ejercicio. Las consideraciones en cita se encuentran plasmadas en la jurisprudencia emitida por la citada Segunda Sala, de rubro y texto: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función.". De ahí que la normatividad en comento, así como el principio pro persona, no se traducen en que las cuestiones planteadas por los particulares deban resolverse de manera favorable a sus pretensiones, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de derechos o dar lugar a las interpretaciones más favorables que le sean planteadas, cuando éstas no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, a la postre, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes, por lo que al margen de una interpretación más favorable a los intereses de los gobernados, no pueden soslayarse las normas de derecho aplicables. Apoya lo dicho precedentemente, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes.". Finalmente, respecto a las diversas manifestaciones formuladas por la parte tercero interesada HSBC, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, a través de su escrito recibido en esta data, no se hace mayor pronunciamiento, ya que no forman parte de la litis constitucional. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 43, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 27, Tomo VI, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO.". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, fracción I, 73 y 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por José Alberto Martínez Barone, por su propio derecho, contra el acto que reclamó a las autoridades señaladas como responsables Juzgado Quinto Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco y Secretario Ejecutor de su adscripción derivados de las Providencias precautorias 430/2021, por los motivos y fundamentos expuestos en el contexto de este fallo. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Fernando Manuel Carbajal Hernández, Juez Decimosegundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; quien actúa en unión de Dulce María Martínez Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe. DMMSDulce María Martínez Sánchez

  3. Incidental

    Con fundamento en el artículo 192 y 197 de la Ley de Amparo, se requiere el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a las autoridades responsables, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que reciban el comunicado que derive del presente proveído, den cumplimiento al fallo de referencia y en su caso remitan para tal efecto copias certificadas de las constancias que lo acrediten.

  4. Principal

    Visto el contenido de la razón levantada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado Federal, se le tiene informando que no le fue posible notificar a la parte quejosa el contenido del proveído de nueve de noviembre de dos mil veintidós, por los motivos que de la misma se advierten. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquesele por medio de la lista de acuerdos que se fija en este Juzgado dicho proveído, así como las subsecuentes notificaciones que le resulten, aún las de carácter personal.

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