José Alberto Manuel Palma
Expediente 1358/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1358/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 17/11/2023
Partes del expediente
- José Alberto Manuel Palma
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Toluca, Estado de México, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. En acatamiento al artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; una vez que transcurran tres años de archivado el presente expediente, es susceptible de ser conservable, ya que se negó el amparo solicitado. Asimismo, devuélvanse a la autoridad responsable, los discos versátiles digitales que remitió, sin que sea necesario solicitar acuse de recibo, toda vez que el sello de recibido hará las veces de éste.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la cual se resuelven los autos del juicio de amparo número +++++; promovido por +++++defensora del directo quejoso +++++; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, +++++defensora del directo quejoso +++++, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra los actos reclamados: ".III. AUTORIDADES RESPONSABLES. La Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México; autoridad jurisdiccional que tuvo a bien emitir el acto reclamado, materia del presente juicio de garantías. IV. NORMAS GENERALES, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMAN. ACTO DE AUTORIDAD QUE SE RECLAMA: La resolución de la juez de control dictada en audiencia de fecha 09 de agosto de 2023, en la cual resuelve confirmar la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a mi representado +++++." Por considerar que el acto reclamado vulnera sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. Por cuestión de turno, correspondió del conocimiento del asunto a este órgano constitucional, que lo radicó con el número +++++ y, previa aclaración, por auto de seis de septiembre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite, se requirió el informe de ley, se ordenó notificar al representante social adscrito; emplazar al agente del Ministerio Público que intervino en el procedimiento penal del cual deriva el acto reclamado; y, se ordenó el emplazamiento de la víctima de identidad reservada de iniciales +++++, a través de su representante +++++, el cual se verificó el veintidós de septiembre actual. Seguidas las formalidades de ley, se llevó a cabo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclaman determinaciones emitidas por una autoridad del orden penal con residencia en el ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce su competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, con número de registro 192097,cuyo contenido es el siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En el mismo sentido, cobra aplicación al respecto, la tesis aislada P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XIX, del mes de abril de 2004, página 255, con número de registro 181810, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto" En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda de amparo inicial y de las constancias de autos, se concluye que la parte quejosa reclama de la Jueza de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México: La determinación de nueve de agosto de dos mil veintitrés, en la cual se llevó a cabo la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta al imputado, dentro de la causa de control +++++, por el hecho delictuoso de violación con modificativa agravante por haberse cometido por persona de confianza, en agravio de la fémina de iniciales +++++ TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto de la autoridad responsable, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado. En ese sentido, es aplicable la tesis de jurisprudencia que a la letra se integra de la siguiente forma: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Circunstancia que se corrobora con el expediente electrónico de la causa de control +++++, que remitió la responsable, que contiene información digital, y en lo que interesa, la audiencia celebrada el nueve de agosto de dos mil veintitrés, a través de la cual, se decretó la medida cautelar de prisión preventiva justificada reclamada, contra del hoy quejoso; mismos que tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º, párrafo segundo, pues se trata de los registros de audio y video de cuya reproducción se advierte que el método empleado para su grabación fue el idóneo y es accesible para su consulta posterior y porque se presume que la información en ellos contenida se encuentra íntegra e inalterada desde el momento en que se generó por primera vez y, dada la tecnología empleada para su conformación, es factible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa, además de que su contenido se encuentra certificado por la autoridad judicial competente. Cobra aplicación, la tesis de jurisprudencia 226, publicada en la página 153, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Asimismo, se cita la jurisprudencia 43/2013 (10a.), publicada con registro 2004362, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 703, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo I, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia que propongan las partes o que este juzgador advierta de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Al respecto, las partes no las hicieron valer, ni este juzgador advierte de oficio alguna causa de improcedencia, por lo que se procede al estudio del fondo del asunto. QUINTO. Antecedentes. Para tener mayor comprensión del asunto y estudiar la constitucionalidad del acto materia de reclamo, conviene destacar los antecedentes más relevantes del mismo, los cuales son: HECHO FÁCTICO El cinco de junio de dos mil veintitrés, aproximadamente a las quince horas con treinta minutos, la víctima adolescente de iniciales +++++., de +++++ años en ese momento, se encontraba en su domicilio ubicado en calle cerrada de +++++, +++++, colonia +++++, +++++, Estado de México, en compañía de su primo +++++, cuando éste le pidió un desarmador, ella se lo dio y en ese momento la jaló de su mano derecha, la arrinconó en el respaldo de un sillón, comenzó a besarle el cuello mientras la tomaba de las manos, le tocó los brazos, los pechos, sus piernas y su ropa interior por encima de la ropa, ella trató de empujarlo diciéndole que no quería, pero él le metió las manos a su pantalón, le acarició sus pechos nuevamente, la acostó en el sillón, se acostó encima de ella mientras ésta no se podía mover, le desabrochó su pantalón para bajarlo pero ella se lo trató de subir, como él tenía más fuerza, se lo quitó junto con su ropa interior, se puso un preservativo, ella seguía empujándolo diciéndole que no quería, le abrió las piernas con fuerza y la penetró con su pene su vagina, ella le dio una cachetada diciéndole que la dejara en paz pero él continuó penetrándola, ella le da otra cachetada, lo empujó, él se levantó, se fue al baño y cuando regresó le aventó un billete de quinientos pesos. HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES 1. El treinta de junio de dos mil veintitrés, en los autos de la causa de control +++++, seguida ante el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, en cumplimiento a la orden de aprehensión, el Agente del Ministerio Público formuló imputación en contra de +++++, el hecho delictuoso de violación con modificativa agravante por haberse cometido por persona de confianza, en agravio de la fémina de iniciales +++++, previstos y sancionados por los artículos 273 párrafos primero y quinto y 274 fracción VIII, en relación con el 6, 7, 8 fracciones I y III, y 11 fracción I inciso c) del Código Penal vigente en el Estado de México y en esos mismos términos solicitó su vinculación a proceso; ante lo cual el binomio de la defensa solicitó la duplicidad constitucional para incorporar datos de prueba. Asimismo, previo debate entre las partes, se le impuso al imputado la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada, medida con vigencia hasta en tanto se resuelva su situación jurídica. 2. El tres de julio actual, el Juez de Control emitió auto de vinculación a proceso en los mismos términos; asimismo, previo debate, decretó que prevalecía la medida cautelar personal impuesta al imputado, consistente en prisión preventiva justificada, la cual tendría vigencia todo el tiempo que dure el procedimiento sin que exceda de dos años salvo que se trate del derecho de defensa del activo o en su caso, varíen de manera objetiva las condiciones por las que fue impuesta. Finalmente, previo debate, autorizó el plazo para el cierre de la investigación complementaria de tres meses, el cual fenece el treinta de septiembre de dos mil veintitrés. 3. El siete de agosto subsecuente, la defensora del imputado, solicitó revisión de la media cautelar, por lo que, en audiencia de nueve de agosto de dos mil veintitrés, previo debate, el órgano judicial hizo del conocimiento de la partes las razones, motivos, consideraciones y fundamentos legales por los cuales consideró que no variaron las condiciones objetivas por las que en su oportunidad fue impuesta la medida cautelar, y confirmó la prisión preventiva justificada, teniendo como vigencia todo el tiempo que dure el procedimiento sin que exceda de dos años salvo que se trate del derecho de defensa del activo o en su caso, varíen de manera objetiva las condiciones por las que fue impuesta. La determinación que constituye el acto reclamado en la presente instancia de control constitucional. Hasta aquí los antecedentes. SEXTO. Conceptos de violación. No es necesaria la transcripción de los conceptos de violación expresados por el accionante del juicio constitucional, de acuerdo con el criterio sustentado en la jurisprudencia número 58/2010 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Estudio de fondo. La parte quejosa formuló los siguientes conceptos de violación: 1. Que la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, es violatoria de los artículos 1, 14 y 16 constitucionales, en relación con los numerales 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que se le privó de su libertad personal sin justificarse esa medida, al no atender los parámetros legales, pues no resulta idónea, necesaria y proporcional, por tanto, se anticipó como pena excesiva y desproporcional su privación de la libertad; lo que implica una infracción a los principios de presunción de inocencia y de igualdad ante la ley. 2. Que no se estableció que el fin de la medida era asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, ni evitar a obstaculización del procedimiento, si no únicamente en garantizar la seguridad de la presunta víctima, lo cual no encontró sustento en ningún dato de prueba expuesto. 3. Que se aportaron documentales con las que se acreditó que el quejoso no es una persona violenta, ni que haya desplegado o pueda realizar actos de intimidación o agresión para la presunta víctima; y con ello, variaron las condiciones por las que en un principio se impuso la medida. 4. Que se acreditó que el disconforme tiene arraigo familiar, laboral y permanencia domiciliaria; que se encuentra colaborando con la investigación para cumplir con el esclarecimiento de los hechos que se investigan. 5. Que es una persona de buena conducta, respetuosa e incapaz de cometer el delito por el cual se le investiga. Los conceptos de violación vertidos resultan infundados. En efecto, a juicio de quien resuelve, la prevalencia de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, cumplió los principios constitucionales y legales establecidos para su emisión. En primer orden, se debe establecer que la prisión preventiva -oficiosa o justificada-, como medida cautelar dentro del sistema acusatorio y oral tiene el carácter de excepcional y subsidiaria, en tanto que su imposición no sólo está delimitada al cumplimiento de ciertos fines vinculados con la existencia de un riesgo procesal, sino a que otras medidas sean insuficientes para lograr esos objetivos, particularmente, para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación o del procedimiento, o bien, la protección de la víctima, testigos o de la comunidad en general En el caso particular, es necesario destacar, el numeral 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece un catálogo de delitos respecto de los cuales procederá la prisión preventiva, tanto oficiosa como justificada, a saber: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "Artículo 19. (.) El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. [.].". Ahora, los diversos numerales 153, 154, 156, 157, 161, 162, 163, 165 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo que interesan, disponen: CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. "CAPÍTULO IV MEDIDAS CAUTELARES SECCIÓN I Disposiciones generales Artículo 153. Reglas generales de las medidas cautelares Las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. Corresponderá a las autoridades competentes de la Federación y de las entidades federativas, para medidas cautelares, vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido. Artículo 154. Procedencia de medidas cautelares El Juez podrá imponer medidas cautelares a petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, en los casos previstos por este Código, cuando ocurran las circunstancias siguientes: I. Formulada la imputación, el propio imputado se acoja al término constitucional, ya sea éste de una duración de setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, según sea el caso, o II. Se haya vinculado a proceso al imputado. En caso de que el Ministerio Público, la víctima, el asesor jurídico, u ofendido, solicite una medida cautelar durante el plazo constitucional, dicha cuestión deberá resolverse inmediatamente después de formulada la imputación. Para tal efecto, las partes podrán ofrecer aquellos medios de prueba pertinentes para analizar la procedencia de la medida solicitada, siempre y cuando la misma sea susceptible de ser desahogada en las siguientes veinticuatro horas. Artículo 156. Proporcionalidad El Juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en este Código, deberá tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución. Para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, se podrá tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgo realizado por personal especializado en la materia, de manera objetiva, imparcial y neutral en términos de la legislación aplicable. En la resolución respectiva, el Juez de control deberá justificar las razones por las que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para el imputado. Artículo 157. Imposición de medidas cautelares Las solicitudes de medidas cautelares serán resueltas por el Juez de control, en audiencia y con presencia de las partes. El Juez de control podrá imponer una de las medidas cautelares previstas en este Código, o combinar varias de ellas según resulte adecuado al caso, o imponer una diversa a la solicitada siempre que no sea más grave. Sólo el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva, la cual no podrá combinarse con otras medidas cautelares previstas en este Código, salvo el embargo precautorio o la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren en el sistema financiero. En ningún caso el Juez de control está autorizado a aplicar medidas cautelares sin tomar en cuenta el objeto o la finalidad de las mismas ni a aplicar medidas más graves que las previstas en el presente Código. Artículo 161. Revisión de la medida Cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al Órgano jurisdiccional, la revocación, sustitución o modificación de la misma, para lo cual el Órgano jurisdiccional citará a todos los intervinientes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad, en su caso, de mantenerla y resolver en consecuencia. Artículo 162. Audiencia de revisión de las medidas cautelares De no ser desechada de plano la solicitud de revisión, la audiencia se llevará a cabo dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes contadas a partir de la presentación de la solicitud. Artículo 163. Medios de prueba para la imposición y revisión de la medida Las partes pueden invocar datos u ofrecer medios de prueba para que se imponga, confirme, modifique o revoque, según el caso, la medida cautelar. Artículo 165. Aplicación de la prisión preventiva Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. La prisión preventiva será ordenada conforme a los términos y las condiciones de este Código. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. Artículo 167. Causas de procedencia El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código. En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión preventiva. El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. (.) El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad. Dicha solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Procuraduría o el funcionario que en él delegue esa facultad". De los preceptos normativos transcritos, se advierten claramente los requisitos de fondo y forma que deben reunir las medidas cautelares en el nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio, oral y adversarial. El artículo 19 de la Carta Magna, precisa que el Ministerio Público, sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva, cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Por otra parte, los artículos citados del Código Nacional de Procedimientos Penales, contienen las disposiciones generales relacionadas con las medidas cautelares establecidas para el nuevo sistema de justicia penal; entre tales disposiciones, las relativas a su finalidad y procedencia, el tipo de medidas existentes, la proporcionalidad para su imposición. Asimismo, las concernientes a su impugnación, revisión de la medida, la audiencia relativa, medios de prueba para su imposición y revisión, su evaluación y supervisión. La procedencia de una medida cautelar implica, necesariamente, que sea a solicitud expresa del Ministerio Público, víctima u ofendido, la cual podrá realizarse una vez que se haya formulado la imputación. En cuanto a su imposición y, atendiendo al principio de proporcionalidad, en términos del artículo 156 del código en mención, para decidir sobre la imposición de una medida cautelar, se deben tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de "mínima intervención" -según las particularidades de cada persona- en términos del artículo 19 de la Carta Magna; además, para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, se podrá tomar en consideración el análisis de valuación de riesgo realizado por personal especializado en la materia, de manera objetiva, imparcial y neutral en términos de la legislación aplicable. Finalmente, en la resolución relativa debe justificar las razones por las que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para el imputado. Por su parte, el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que la aplicación de la prisión preventiva, solamente tendrá lugar por delito que merezca pena privativa de libertad y podrá ser ordenada conforme a los términos y condiciones establecidas en ese código; asimismo, tal prisión, no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso. Asimismo, el artículo 167 de la referida codificación es muy claro en indicar como causa de procedencia para la prisión preventiva oficiosa, en los casos del delito de violación. En relación a este tema, es dable exponer que, por resolución de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, analizó el tema de la prisión preventiva oficiosa, donde emitió sentencia condenatoria en el Caso García Rodríguez y otros vs. México, en contra del Estado Mexicano al considerar que las medidas de arraigo y prisión preventiva oficiosa vulneran derechos humanos, en específico los derechos de libertad personal contenidos en los artículos 7.1, 7.3, 7.4 y 7.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos; así como al derecho de presunción de inocencia reconocido en el artículo 8.2; y, el derecho de igualdad ante la ley establecido en el artículo 24, ambos numerales del mismo ordenamiento. Asimismo, asentó que la prisión preventiva en sí misma no es contraria al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y constituye una medida que los Estados pueden adoptar siempre y cuando se ajusten a los requisitos convencionales. Indicó el Tribunal Interamericano que se requiere que la ley interna, el procedimiento aplicable y los principios generales expresos o tácitos correspondientes sean, en sí mismos, compatibles con la Convención. Corolario a lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos puntualizó que el artículo 8.2 se refiere al derecho a la presunción de inocencia y sobre ello, indicó que para que una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria y no se vea afectado el derecho a la presunción de inocencia, es necesario que: a) Se presenten presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y con la vinculación de la persona procesada a ese hecho; b) Esas medidas cumplan con los cuatro elementos del "test de proporcionalidad", es decir, con la finalidad de la medida que debe ser legítima (compatible con la Convención Americana), idónea para cumplir con el fin que se persigue, necesaria y estrictamente proporcional, y c) La decisión que las impone contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas. En lo que se refiere al "test de proporcionalidad", la Corte argumentó que corresponde a la autoridad judicial desarrollar un juicio de proporcionalidad al momento de imponer una medida privativa de la libertad; igualmente, expuso que la prisión preventiva es una medida cautelar y no una medida de carácter punitivo, la cual debe aplicarse excepcionalmente al ser la más severa que se puede imponer al procesado por un delito, quien goza del derecho a la presunción de inocencia. A su vez, en la referida ejecutoria indicó que la privación de libertad de un imputado o de una persona procesada por un delito no puede residir en fines preventivo generales o preventivo especiales atribuibles a la pena. En consecuencia, ha indicado que la prisión preventiva, por tratarse de la medida más severa, debe aplicarse excepcionalmente y la regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal. Por tanto, la Corte Interamericana adujo que corresponde a la autoridad judicial imponer medidas de esta naturaleza únicamente cuando acredite que: I) La finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención; II) Las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido; III) Sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto, y IV) Resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Sentado lo anterior, la Corte Interamericana, en lo que interesa estableció que la medida cautelar de prisión preventiva en todos sus casos, se debe justificar, lo que conlleva a imponerse de manera fundada y motivada, pues implica que una persona permanezca privada de la libertad, por ello, la importancia y el deber de otorgar la posibilidad de que se debata acerca de la posible imposición de una medida diversa que asegure su comparecencia al proceso, la seguridad de la ofendida y la reparación del daño, las cuales constituyen las finalidades de las medidas cautelares. Asimismo, en la sentencia de referencia, en el apartado de reparaciones, específicamente en el párrafo 303 de la misma, se expuso que las autoridades internas, al aplicar las figuras del arraigo o de la prisión preventiva, deben ejercer un adecuado control de convencionalidad de normas legales o constitucionales para que las mismas no afecten los derechos contenidos en la Convención Americana de las personas investigadas o procesadas por un delito, atendiendo el principio pro persona. Por lo cual, se impuso como obligación a los Juzgadores la de velar por que surtan efectos las disposiciones contenidas en la Convención y si bien se condenó a que se adecue el marco normativo con motivo de la sentencia, se estima que al existir también el mandato expreso a los operadores jurídicos no es necesario esperar a que la adecuación de referencia suceda, pues actuar de ese modo implicaría que las violaciones a derechos humanos se continúen aun cuando la Corte Interamericana de forma explícita estableció que la institución aplicada es violatoria de derechos humanos. Por su parte, del artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales se advierte que las medidas cautelares se podrán revocar, sustituir o modificar cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron su imposición, lo cual se llevará a cabo por el Juez del conocimiento en una audiencia, con el fin de abrir el debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponerlas y la necesidad, en su caso, de mantenerlas y resolver en consecuencia. Luego, que para la revisión y eventual modificación de las medidas cautelares es necesario que la situación en la cual se encontraban las cosas cuando se impusieron haya cambiado de manera importante para hacer evidente una diferencia, lo que permitirá establecer si, en el caso particular, hubo un cambio significativo en las condiciones que provocara una diferencia real derivada del análisis de la imposición inicial de la medida, pues para ello se aportan los datos de prueba para evidenciar una variación objetiva, con el fin de modificar una medida cautelar y resulta necesario que éstos sean idóneos y suficientes para cambiar la perspectiva del juzgador; por ello, se requiere un cambio notable en el escenario planteado en un inicio. Por tanto, corresponderá al solicitante de la revisión de la medida cautelar demostrar que las condiciones expuestas por el órgano judicial para justificar su imposición han variado de manera objetiva, pero compete al Juez hacer una adecuada valoración y confronta ponderada para evaluar esa eventual variación, en tanto que la Fiscalía, en todo caso, debe justificar también esa permanencia de necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la medida, si pretende que persista. En atención a lo anterior, para el dictado de la denominada prisión preventiva justificada, desde la visión de este juzgador, el juez de control debe superar, a manera de metodología, los siguientes pasos generales: 1) Que el juez de control verifique, en primer lugar, que en el caso en concreto exista un peligro procesal determinado por la probabilidad -basada en evidencia- de que el imputado se sustraerá de la justicia; incidirá en el desarrollo del procedimiento; o bien, afectará a la víctima, los testigos o la comunidad en general -solo cuando esto tenga repercusión en el propio sumario-; cuestiones que, en sentido estricto, figuran como los únicos fines legítimos que respaldan la concreción de la prisión preventiva como medida cautelar. Es decir, el fin perseguido a través de la materialización de la indicada medida cautelar no es otro que evitar la actualización de algunos de los enunciados escenarios por tener estos repercusión directa en el desarrollo del procedimiento de origen, lo cual debe estar sustentado racionalmente, ya que, en cambio, de no evidenciarse la existencia de un peligro procesal, la imposición de dicha medida carecería de propósito y, por ende, perdería su finalidad cautelar, lo que de suyo conllevaría a estimar que su materialización constituye un adelanto de la pena. 2) Luego de establecerse que existe evidencia suficiente de algún peligro procesal en el asunto en particular y, por ende, la existencia de un fin legítimo con la imposición del encarcelamiento preventivo, el juzgador deberá analizar, conforme a las particularidades del asunto y atento al momento en que resuelva esa cuestión, si la concreción de la prisión preventiva es idónea para satisfacer en algún grado ese fin de carácter cautelar. Esto es, el juez de control deberá examinar, acorde a las especificidades del asunto, si la imposición de la prisión preventiva abona a evitar en alguno modo o grado los escenarios indicados, es decir, la posible fuga del imputado, la obstaculización del procedimiento, o bien, la afectación a la víctima, testigos o la comunidad en general. 3) Con posterioridad a ello, el juzgador natural deberá escudriñar la necesidad de la concreción de dicha prisión preventiva, en particular, a partir de descartar si alguna de las restantes que se prevén en el indicado artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales -desde luego las que se estimen idóneas para el cumplimiento del fin respectivo- son suficientes, ya sea individual o conjuntamente, para alcanzar el fin pretendido, es decir, evitar el peligro de sustracción, la repercusión en el procedimiento, o bien, la afectación a alguno de los sujetos pasivos destacados. 4) Finalmente, el juez de control deberá verificar si la materialización de esa medida, al caso en concreto, es proporcional en sentido estricto, esto es, si a pesar de la existencia de un peligro procesal que se pretenda evitar y de que la prisión preventiva sea idónea y necesaria conforme al riesgo procesal que se busque sortear, será ineludible estudiar si el sacrificio inherente a la mencionada privación de la libertad no es desmedido en relación con las ventajas que se obtengan mediante la aplicación del indicado encarcelamiento. 5) Aunado a ello, para que las medidas cautelares se revoquen, sustituyan o modifiquen es necesario que hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron su imposición, para lo cual se llevará a una audiencia, con el fin de abrir el debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponerlas y la necesidad, en su caso, de mantenerlas y resolver en consecuencia. Para ello, corresponderá al solicitante de la revisión de la medida cautelar portar los datos de prueba con los que demuestre que las condiciones expuestas por el órgano judicial para justificar su imposición han variado de manera objetiva; la Fiscalía, en todo caso, debe justificar también esa permanencia de necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la medida, si pretende que persista; finalmente, compete al Juez hacer una adecuada valoración y confronta ponderada para evaluar esa eventual variación. Bajo esos términos, en el presente asunto, de la videograbación de la audiencia de revisión de medidas cautelares de nueve de agosto de dos mil veintitrés (disco DVD), se advierte lo siguiente: La defensa de +++++, manifestó: Que el Juez de Control no tomó en consideración las finalidades de la imposición de la medida cautelar, pues consideró que los datos de prueba hasta ese instante eran suficientes para imponer la prisión preventiva, y que tomó en consideración un estudio psicológico, es decir, una impresión diagnóstica. Que las condiciones variaron, pues incorporó veintidós cartas de buena conducta en favor del imputado, en que se refiere es una persona honrada, sin conducta reprochable, que su libertad no es un riesgo para la sociedad; que cumple con sus deberes cívicos, tiene valores porque tiene una religión, tiene capacitación, que dentro de su vida estudiantil o escolar presentó buena conducta; que realizó labores altruistas, tiene arraigo domiciliario familiar; que es una persona que hace deporte. Que al privársele de la libertad también se vulneró el derecho a su menor hijo, pues quedó al desamparo por no tener los ingresos del salario que éste percibía con su oficio. Que no hay peligro de obstaculización o para la víctima, pues no existía prueba de ello; además, que para garantizar la seguridad de la víctima hay medidas de protección que se pueden aplicar. Que la prisión preventiva es la medida cautelar más severa y tiene carácter excepcional, solicitó se tome en consideración la sentencia de García Rodríguez vs México emitida en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en que la medida cautelar debe ser bajo los principios de excepcionalidad, idoneidad y proporcionalidad; solicitó se modifique la medida cautelar, y en su lugar se imponga las establecidas en el artículo 155 del código adjetivo aplicable, consistentes en someterse a la vigilancia del Juez de Control ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares, la prohibición de salir del país, de acercarse a la víctima, e incluso la colocación de localizador electrónico (segundo segmento de la audiencia de nueve de agosto de dos mil veintitrés 02:30 a 27:43). Por su parte, la representación social indicó: Que no variaron las condiciones que se establecieron para la imposición de esa medida cautelar. Que los datos de pruebas incorporados por la defensa, consistentes en las cartas de buena conducta son apreciaciones subjetivas. Que las sentencias interamericanas donde México ha sido sancionado, hacen referencia a la prisión preventiva oficiosa, y en este caso se trata de la justificada, de la cual se acreditó la necesidad de la misma a efecto de garantizar la seguridad de la víctima, que no haya riesgo para ella y para la ofendida, atendiendo a la violencia de género, a una vivencia libre de violencia. Que con el hecho que se le atribuye a +++++, a manera de probabilidad, se causó a la menor, no sólo daños físicos sino también psicológicos en su entorno familiar, al ser su pariente, quien realizó actividades de carpintería en el domicilio de la víctima, momento en que se suscitó el evento que se le imputa (segundo segmento de la audiencia de nueve de agosto de dos mil veintitrés 27:46 a 40:29). El Asesor Jurídico manifestó que se debe de juzgar con perspectiva de género, que la víctima tiene derecho a una vida libre de violencia, que de los antecedentes de investigación recabados se evidencia una asimetría de poder gratificación por la edad de la víctima con relación al imputado; que habría obstaculización a la justicia porque no se estableció cuál es la distancia entre el domicilio del imputado con relación a la víctima; que las condiciones de la víctima fueron aprovechadas por el imputado para cometer a manera de probabilidad el hecho delictuoso motivo de esa carpeta administrativa (segundo segmento de la audiencia de nueve de agosto de dos mil veintitrés 40:31 a 46:30). La ofendida pide y exige justicia para su hija, que no se debe de soslayar que se tuvieron como antecedentes otros tocamientos que se le hicieron con antelación, y que está de acuerdo con la medida cautelar que fue impuesta (segundo segmento de la audiencia de nueve de agosto de dos mil veintitrés 46:40 a 48:19). Finalmente, la defensa reiteró su solicitud de modificar la medida cautelar, por ser la más lesiva para su representado, que se le violentan sus derechos y el principio de presunción de inocencia (segundo segmento de la audiencia de nueve de agosto de dos mil veintitrés 48:30 a 01:00:47). La Jueza de Control consideró que la imposición de medidas cautelares que restrinjan la libertad personal deben estar sustentadas y determinadas con base en las reglas y principios que establece la Constitución y los Tratados Internacionales, sin soslayar los derechos de la víctima menor de edad de identidad resguardada. Hizo énfasis de que en la revisión de la medida cautelar acorde con el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se verifica si las condiciones que justificaron la imposición de la medida cautelar variaron objetivamente o no, por lo que, no constituye un recurso mediante el cual el juzgador pueda modificar, revocar o confirmar una decisión judicial previamente adoptada, pues para ello la legislación adjetiva contempla la procedencia de la apelación; o incluso el juicio de amparo indirecto; sin que deba estudiar lo decidido al imponerla. Que la determinación de imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada solicitada por el agente del Ministerio Público, se estimó idónea, necesaria y proporcional, para ello que se consideró la impresión diagnóstica, emitida a favor de la víctima por una perito oficial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en que dentro de esa entrevista se desprendió la diversa entrevista de la víctima, en que manifestó que el ahora imputado anteriormente la había tocado, hasta que llegó al momento de la imposición de la cópula. Adujo, que la víctima hizo referencia a los tocamientos también en esa audiencia de revisión, lo cual no fue debatido por la defensa, para establecer que cambiaron las condiciones que motivaron al juez a imponer la medida cautelar. Que debía ceñirse al debate en esa audiencia, pues tanto el agente del Ministerio Público como el Asesor Jurídico y ante la manifestación de la ofendida, considera que no han cambiado las condiciones que motivaron la imposición de la misma; sin que la defensa estableciera en qué variaron las condiciones, pues no argumentó respecto de la impresión diagnóstica. Refiere que las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, contemplan la posibilidad de que se imponga la medida cautelar de referencia, siempre y cuando esté justificada, y en el caso, se consideraron las circunstancias precisamente de la víctima, del riesgo que ésta corría acorde con la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales y como base las sentencias emitidas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Enfatizó el deber de llevar a cabo la revisión con perspectiva de género y de adolescencia atendiendo al interés superior del menor, por la tutela constitucional de los derechos de adolescentes niños y adolescentes que sean parte en el proceso penal en términos de los preceptos 1, 4 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 19 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 3 de la Convención Sobre Derechos Del Niño, especialmente cuando se les identifica como víctimas del delito; lo cual implica ponderar que las medidas que se tomen en el proceso penal, no se contrapongan con los derechos que tiene todo adolescente, niño, adolescente. Asimismo, que tanto los derechos del imputado +++++como los derechos de la víctima menor de edad de identidad resguardada, están en un mismo rango; sin embargo, todas las autoridades están obligadas a atender el interés superior del menor; por tanto, consideró que no han variado las condiciones objetivas que motivaron la imposición de la medida cautelar. Refiere que el juez no adujo que el disconforme no tuviera arraigo domiciliario, buena conducta, productividad, valores y religión, para que la defensa incorporara los datos de prueba a que hizo referencia en esa audiencia; pues con ello, no controvierte el dictamen psicodiagnóstico que se hizo a favor de la víctima y con lo que se sostuvo la imposición de la medida que se revisa. Luego, enfatizó que la víctima es menor de edad, son familiares, el imputado hizo uso su oficio de trabajo para llevar a cabo el hecho que a manera de probabilidad se le está atribuyendo, por tanto, no se violenta el principio de presunción, pues se le priva de su libertad con el fin de que no se obstaculice el procedimiento y por el riesgo que posiblemente podría sufrir la víctima, sin que signifique que esa medida cautelar sea un adelanto de condena. Finalmente, determinó que debe prevalecer la medida cautelar de prisión preventiva justificada, en los términos en que fue indicada bajo la vigencia también establecida (segundo segmento de la audiencia de nueve de agosto de dos mil veintitrés 02:30 a 01:33:27). Estas consideraciones no son violatorias de los derechos fundamentales del quejoso. Ahora, este juzgador considera que se atendió el punto 1) refrene al peligro procesal, pues dicha medida fue impuesta, como se puede ver, una vez analizados los argumentos de las partes, la Jueza de Control indicó que se advirtió que acorde a las circunstancias del hecho, sí hay razones de manera fundada, pese a que no existan elementos objetivos, que establecen la posibilidad de que se pueda afectará a la víctima; por las condiciones del delito que a manera de probabilidad se le imputa al disconforme; lo cual no ha variado hasta este momento. Asimismo, se destaca que ello se evidenció a través de la impresión diagnóstica, emitida a favor de la víctima menor de edad por una perito oficial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en que dentro de esa entrevista se desprendió la diversa entrevista de la adolescente, en que manifestó que el ahora imputado anteriormente la había tocado, hasta que llegó al momento de la imposición de la cópula. Máxime, que se destacó que son familiares (primos), lo que implica una cercanía importante; pues conoce su domicilio pues al realizar el trabajo de carpintería en casa de la menor víctima, fue que el disconforme quien a manera probabilidad llevó a cabo el hecho delictuoso que se le está atribuyendo; que incluso ya le había realizado tocamientos con anterioridad. Lo cual, evidencia el riesgo para la víctima menor, pues se causó a la menor, no sólo daños físicos sino también psicológicos en su entorno familiar; además, de que no se estableció la distancia que existe entre el domicilio de la víctima y el del imputado; en consecuencia, sí se estableció la existencia del riesgo para la menor; por tanto, sí se cuenta en autos con razones y evidencia suficientes para justificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada, la cual tendría vigencia por todo el tiempo que dure el procedimiento, salvo que variaran las circunstancias que motivaron su imposición, lo cual, no ha acontecido (segundo segmento de la audiencia de nueve de agosto de dos mil veintitrés 02:30 a 01:33:27). Ahora, respecto al ordinal 2) que implica que exista la evidencia suficiente, en términos del numeral 161 y 163 del código adjetivo de la materia, las partes pueden invocar datos u ofrecer medios de prueba para que se imponga, confirme, modifique o revoque, según el caso, la medida cautelar; y en la especie, el agente del Ministerio Público, como el Asesor Jurídico y la ofendida manifestaron que de la impresión diagnóstica, emitida a favor de la víctima menor de edad en que refiere que el ahora imputado anteriormente la había tocado, hasta que llegó al momento de la imposición de la cópula, y que con ello se acredita que no solo se le causó a la menor daños físicos sino también psicológicos y sobre todo en su entorno familiar, pues era su pariente, quien realizó actividades de carpintería en el domicilio de la adolescente en el momento en que se suscitó el evento que se le imputa, circunstancia que no ha variado ni cambiado, por lo que solicitaron se iterara la medida. Ello en virtud, de que se consideraron las circunstancias precisamente de la víctima menor de edad, respecto del riesgo que ésta corría acorde con la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales y como base las sentencias emitidas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En atención a lo reseñado, era tangible que se desestimaran, de nueva cuenta, otras medidas por no ser suficientes, y no obstante que, en atención al punto número 5), la defensora incorporó veintidós cartas de buena conducta en favor del imputado, en que se refiere es una persona honrada, sin conducta reprochable, que su libertad no es un riesgo para la sociedad; que cumple con sus deberes cívicos, tiene valores porque tiene una religión, tiene capacitación, que dentro de su vida estudiantil o escolar presentó buena conducta; que realizó labores altruistas, tiene arraigo domiciliario familiar; y es una persona que hace deporte; ello no es suficiente para desestimar lo establecido en los numerales 3) respecto a la necesidad de la medida, y su idoneidad; así como el 4) respecto a su materialización; pues dicha medida se ajusta a que la existencia del peligro procesal que se pretende evitar, por tanto, el sacrificio inherente a la mencionada privación de la libertad no es desmedido en relación con las ventajas que se obtengan mediante la aplicación del indicado encarcelamiento, pues se trata de resguardar a la menor de identidad reservada, tanto física como psicológicamente, así como su derecho a una vida libre de violencia, en atención al interés superior de la adolescente; máxime, que incluso se evita la posible fuga del promovente del amparo. Por tanto, se estima que contrario a lo manifestado por el quejoso, la prisión preventiva sí está debidamente justificada y no han variado las condiciones que originaron su emisión. Además, de que no se solicitó su continuidad únicamente por el quantum de la pena; ni bajo un argumento sin sustento relativo al riesgo a la víctima menor de edad; pues se advierte que la representación social solicitó la prevalencia de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, y la razonó con base en los datos de prueba que obraban incorporados; máxime, que no han variado las condiciones de la impresión diagnóstica, emitida a favor de la víctima menor de edad por una perito oficial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en que dentro de esa entrevista se desprendió la diversa entrevista de la adolescente, en que manifestó que el ahora imputado anteriormente la había tocado, hasta que llegó al momento de la imposición de la cópula; sino al contrario, refieren daños tanto físicos como psicológicos en la menor. Por ello, es razonable que se iterara que, acorde a lo establecido en el numeral 5), de ningún modo cambiaron las circunstancias, por las que se emitió la medida cautelar de prisión preventiva justificada, aquí reclamada. En ese sentido, el numeral 19 Constitucional, así como los lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que exigen para la emisión de la medida de que se duele, es una necesaria y debida justificación, pues así se desprende de los artículos 7.3 (evitar una detención o encarcelamiento arbitrarios) y 8.2 (derecho a la presunción de inocencia) de la citada Convención; lo que en la especie sí acontece. Por ende, es acertado que se encuentre debidamente fundada y motivada la prevalencia de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada; por el riesgo que representa para la víctima, tanto física como psicológicamente, como se acreditó y se manifestó por la fiscalía, asesor jurídico y la ofendida, quienes solicitaron que se reiterara esa medida de protección; e incluso, el riesgo de que el aquí quejoso al obtener su libertad pueda ocultarse o sustraerse del lugar del proceso, tampoco se descarta. Máxime, que es necesario que la situación en la cual se encontraban las cosas cuando se impuso la medida haya cambiado de manera importante para hacer evidente una diferencia, lo que en el caso particular no acontece, pues con los datos de prueba incorporados por la defensa, consistentes en veintidós cartas, solo se evidencia la buena conducta del imputado, ello anterior al hecho que de manera probable se le atribuye; sin que ello, implique una variación objetiva y que dé lugar a modificar la medida cautelar, se necesita que los datos de prueba aportados fueran idóneos y suficientes para cambiar la perspectiva de quien resuelva. Por tanto, se concluye que la defensa del disconforme no demostró con las cartas de buena conducta que allegó al sumario, que las condiciones expuestas por el órgano judicial para justificar su imposición han variado de manera objetiva, pues es a quién correspondía, como solicitante de la revisión de la medida cautelar. En tanto que la fiscalía justificó esa permanencia por la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la medida; incluso, tanto el asesor jurídico de la víctima como la ofendida solicitaron que persistiera esa medida, en atención a los previos tocamientos de que fue objeto la menor, en términos de la multicitada impresión diagnóstica de la adolescente, lo cual ya obraba en autos, aunado a que la menor presenta no solo daño físico sino psicológico. Por su parte, la Jueza de Control realizó una adecuada valoración y confronta ponderando para evaluar esa eventual variación, lo cual no ocurrió como ya se asentó. Así las cosas, como quedó asentado, la prevalencia de dicha medida se estima idónea para el cumplimiento del fin respectivo asimismo, es suficiente y proporcional, para alcanzar el fin pretendido, es decir, evitar el peligro de sustracción, la repercusión en el procedimiento, máxime que se protege tanto la integridad física como psicológica de la víctima menor de identidad reservada. En consecuencia, contrario a lo que el quejoso expuso, la Jueza responsable no transgrede sus derechos fundamentales de legalidad, debido proceso ni presunción de inocencia, al iterar la prevalencia de la medida cautelar impuesta de prisión preventiva justificada, dado que en el caso concreto no resulta que se variaron las condiciones que acontecieron para su emisión, atento a lo señalado en párrafos que preceden. En las relatadas circunstancias, se concluye que, lo procedente, es negar el amparo y protección solicitado, en torno a la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Por lo expuesto, fundado y, además, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 73, 74, 75, 76, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a +++++, contra el acto reclamado y autoridad precisada en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia.
- Principal
Toluca, Estado de México, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Intégrese el escrito que suscribe la representante de la parte tercera interesada de identidad reservada de iniciales +++++, por medio del cual se apersona al presente juicio de amparo; en ese orden, de conformidad con el artículo 5°, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, se tiene por apersonado al presente sumario; asimismo, señala domicilio para oír y recibir notificaciones. Atento a lo anterior, se le tiene por apersonada al presente sumario para los efectos legales conducentes. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de cuenta. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, sin ulterior acuerdo se le notificará por listas que se publican en el portal de Internet del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo.
- Principal
RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA Mediante la cual se resuelve el incidente innominado para definir el porcentaje en que se afectó el bien de los quejosos y el valor al que ascendía al momento de la afectación; al que se refiere el párrafo cuarto del numeral 193 de la Ley de Amparo, dentro del juicio de amparo 1028/2014-IV-C; y, RESULTANDO ÚNICO. Trámite del incidente. Mediante proveído de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, este órgano de control constitucional ordenó dar apertura al incidente innominado para definir el porcentaje en que se afectó el bien de los quejosos y el valor al que ascendía al momento de la afectación; de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 193, en relación con los diversos numerales 66 y 67, todos de la Ley de Amparo, con el cual se dio vista a las partes a efecto de que ofrecieran pruebas o realizaran las manifestaciones que consideraran pertinentes respecto a dicha incidencia; asimismo, se ordenó de oficio el desahogo de la prueba pericial en materia de topografía y, tomando en consideración que el objeto de dicha prueba no solamente es precisar la superficie del terreno afectado, sino que se determine su valor, la misma también se requirió sobre el tema de valuación de bienes. Concluido el plazo concedido a las partes con la vista otorgada respecto de los dictámenes periciales y la aclaración requerida al experto oficial, el ocho de septiembre de la anualidad en curso, se señaló fecha para el desahogo de la presente audiencia, la cual se llevó al tenor del acta que precede y que concluye con el dictado de la presente interlocutoria; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para emitir la presente resolución, de conformidad con lo establecido en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 193 de la propia legislación, al tratarse de una incidencia relativa a definir el porcentaje en que se afectó el bien inmueble de los quejosos y el valor al que ascendía al momento de la afectación. SEGUNDO. En efecto, el dieciséis de julio de dos mil quince, este Juzgado Federal dictó sentencia en la que por una parte sobreseyó en el juicio respecto a las quejosas ********************y ********************, ambas de apellidos ********************, y por otra, otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ******************** y ********************, ambos de apellidos ********************, para los efectos siguientes: "En tales condiciones, al resultar esencialmente fundados los conceptos de violación analizados, lo procedente es otorgar el amparo y protección de la justicia de la Unión a los quejosos ******************** y ********************, ambos de apellidos ********************, para el efecto de que las autoridades responsables Presidente Municipal y Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, ambos del Ayuntamiento de ********************, Estado de México, realicen las gestiones necesarias y se pague la indemnización correspondiente a la parte quejosa, respecto de la afectación parcial del predio que defiende, que ha quedado identificado en el plano materia del dictamen pericial oficial; por las razones precisadas en el presente considerando." TERCERO. Recurso de revisión. Inconformes con la anterior resolución, el Presidente Municipal y el Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, ambos del Ayuntamiento de ********************, Estado de México, interpusieron recurso de revisión. El diecinueve de noviembre de dos mil quince, el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en el toca auxiliar ********************, en apoyo a las labores del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en el toca ********************, dejó firme el sobreseimiento y confirmó la concesión de amparo. CUARTO. Trámite del Incidente de Inejecución. Después de sendos requerimientos, se dio inició al incidente de inejecución al considerar renuente al Presidente Municipal de ********************, Estado de México, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el cual fue admitido con el número de expediente 9/2019 por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, quien dictaminó que existió inejecución de la sentencia. El veintiuno de enero de dos mil veintiuno, el Tribunal Colegiado emitió sentencia en la cual determinó que existe inejecución de la sentencia pronunciada por este Juzgado de Distrito y ordenó enviar los autos del juicio de amparo indirecto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos previstos en el artículo 107, fracción XVI de la Constitución Política del país. Así, previo dictamen de la Ministra ponente Ana Margarita Ríos Farjat y correspondiente acuerdo de presidencia de diecinueve de abril de dos mil veintidós, la Primera Sala se avocó a su conocimiento y se ordenó la remisión de los autos a la ponencia de la citada Ministra; así, mediante resolución correspondiente a la sesión de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, se precisó que por el momento, no correspondía pronunciarse en relación con las sanciones respecto al incumplimiento de los deberes impuestos en el fallo protector por parte de las autoridades responsables, así como a su superior jerárquico y por ende declarar infundado el incidente de inejecución, por lo que ordenó dejar sin efectos el dictamen del Tribunal Colegiado de Circuito y ordenó la devolución de los autos a este Juzgado de Distrito para que se continuara con el procedimiento de ejecución, a fin de desarrollar lo siguiente: ".124. Con base en la narración de hechos procesales, se considera que contrario a lo señalado por el Tribunal Colegiado de Circuito, el asunto no se ubica en el supuesto de inejecución, ya que las autoridades responsables han llevado a cabo actos tendientes al cumplimiento, pero debido a las inconsistencias procesales destacadas, así como ante el fallecimiento de ambos quejosos, se amerita la devolución de los autos al Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, para que reconduzca el procedimiento. 125. En efecto, en el caso se destacó la impresión en la superficie afectada y consecuente valoración, pues se señalaron al menos tres superficies distintas: una por las personas quejosas en su demanda de amparo, otra durante la tramitación del juicio de amparo y una distinta en la fase de cumplimiento en el dictamen de valuación; que además, es inexacto porque consideró el valor comercial al momento de su emisión, cuando lo correcto es que se establezca el valor comercial, pero a la fecha de su afectación y además considerar la actualización por el transcurso del tiempo, sin incluir las construcciones sobrevenidas. 126. Asimismo, se constató que no se requirió adecuadamente al Ayuntamiento de ********************, Estado de México, como autoridad vinculada al cumplimiento, ya que sólo se le giró oficio como superior jerárquico de las autoridades responsables, cuando, debido a las funciones que realiza, tenía que considerarse como una autoridad vinculada por su intervención en la gestión y programación del gasto público. Máxime que, en los requerimientos correspondientes tenían que identificarse a las personas físicas que se conminó a cumplir, pues no basta referirse a la denominación del encargo público y menos cuando se trata de entes colegiados. 127. No se aprecia una actitud abiertamente evasiva o contumaz, ni la práctica de procedimientos ilegales que dilaten el procedimiento. Por el contrario, de las constancias que integran las actuaciones, se desprende que, efectivamente, se han realizado actividades que tienden al cumplimiento de la sentencia de amparo. De modo que el presente incidente de inejecución se declara infundado y se deja sin efectos el dictamen del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, debiéndose devolver los autos al Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, para que continúe con el trámite de la ejecución atento a las precisiones señaladas en este fallo y conforme a lo previsto en los artículos 192, 193 y 194 de la Ley de Amparo.". Ahora, en el arábigo 125, se estableció que debería desahogarse a través del incidente innominado a que se refiere el artículo 193 de la Ley de Amparo, conforme a la tramitación que se prevé en los artículos 66 y 67 de la ley en cita, y cuya materia esencialmente debería ser el determinar el valor del bien, considerando su valor comercial en la época de afectación; así como la actualización de dicho monto, el que deberá efectuarse a partir de que se constituyó ese derecho, esto es, a partir de que se pavimentó la calle y hasta la fecha en que se pague efectivamente, para que así se cuente con una justa indemnización; no obstante también precisó que no se debían incluir las construcciones o mejoras sobrevenidas y en todo caso, lo que deber efectuarse es la actualización de ese valor comercial histórico. Así, mediante proveído de siete de julio de dos mil veintidós, este Juzgado Federal, a fin de dar debido seguimiento al trámite indicado por el más alto Tribunal del país, consideró de suma relevancia el fallecimiento de los quejosos ******************** y ********************, ambos de apellidos ********************, y por metodología, se atendería ese aspecto. Cumplimiento Primer Lineamiento Respecto a las providencias establecidas en el artículo 16 de la Ley de Amparo, en torno al fallecimiento de los quejosos ******************** y ********************, ambos de apellidos ********************, previas gestiones realizadas, por auto de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio del Juez Octavo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, a través del cual, remitió copia certificada de la junta de herederos en el expediente 268/2021, relativa al juicio sucesorio intestamentario a bienes del quejoso ******************** ******************** e informó el domicilio del albacea que se designó a ******************** Pliego Esquila como representante legal del quejoso ******************** ********************. Luego, por auto de veinticuatro de marzo del año en curso, dicho Juzgador, remitió copias certificadas de las constancias emitidas en el expediente ******************** de su índice, de las cuales se advirtió, que en auto de fecha diez de febrero del mismo año, se nombró como interventor de la sucesión a bienes de ******************** ******************** a ********************. En tal sentido, mediante proveídos de veinticinco de octubre de dos mil veintidós y diecinueve de abril del año en curso, este órgano jurisdiccional les reconoció el carácter de representantes legales de la sucesión a bienes de los quejosos y ordenó su notificación respecto de la tramitación del presente juicio y el derecho que les asiste para actuar. Cumplimiento Segundo Lineamiento Ahora bien, en acatamiento a lo precisado con el arábigo 2, este juzgado de Distrito realizó los requerirnos respectivos a las autoridades responsables y el diecinueve de abril del año en curso, el Presidente y Director de Obras y Desarrollo Urbano, ambos del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de ********************, Estado de México, hicieron del conocimiento a este órgano jurisdiccional las autoridades vinculantes que cuentan con las facultades para acatar el fallo protector, señalando de manera textual a las siguientes: "(.) "El Ayuntamiento.- En virtud de ser la máxima autoridad municipal, si bien es cierto los suscritos estamos demandados en el presente juicio, lo cierto es también que las decisiones las toma el Ayuntamiento a través de la cesión de cabildo, mismo que lo conforman las personas que son electos por votación popular. .Ahora bien, las personas que conforman el Ayuntamiento son las siguientes: Presidente, ******************** Flores Guzmán. Síndico, ********************. Primer Regidor, ********************. Segundo Regidor, ********************. Tercer Regidor, ********************. Cuarto Regidor, ********************. Quinto Regidor, ********************. Sexto Regidor, ********************. Séptimo Regidor, ********************. Secretario del Ayuntamiento, ********************. Tesorería Municipal.********************, el Tesorero Municipal. La Legislatura del Estado. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno del Estado de México (.)" En ese tenor, siguiendo los lineamientos del Alto Tribunal, con fundamento en el artículo 197, de la Ley de Amparo, se tuvo a todos los integrantes del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de ********************, Estado de México, como autoridades vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Cumplimiento Tercer lineamiento Incidente innominado Finalmente, y en estricto acatamiento a lo ordenado por la superioridad, con fundamento en los artículos 66, 67, así como en el párrafo cuarto, del ordinal 193 de la Ley de Amparo, se ordenó la apertura del incidente innominado para definir la superficie afectada y consecuentemente el monto de indemnización; en el cual se deberían considerar las cantidades que deben pagarse. Se ordenó de oficio el desahogo de la prueba pericial en materia de topografía, la cual, tomando en consideración que el objeto de dicha prueba no solamente es precisar la superficie del terreno afectado, sino que se determine su valor, la misma también se requirió sobre el tema de valuación de bienes. En ese sentido, requirió un experto oficial para el desahogo de dicho medio de prueba y se dio vista a las partes a efecto de que nombraran perito, bajo apercibimiento que en caso de omisión, se tendrían por desinteresados en el ofrecimiento y dicha probanza quedaría únicamente constituida con el dictamen que emitiera el perito que este órgano jurisdiccional designara en su momento. Así, los integrantes del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de ********************, Estado de México, en su carácter de autoridad responsable, designaron al arquitecto ********************, como experto para el desahogo de la experticia ordenada; sin que las restantes partes señalaran experto para el desahogo de la prueba; asimismo, para el desahogo de la experticia de mérito, se designó como perito oficial al Ingeniero ********************, especialista en materia de topografía y valuación de bienes inmuebles. Por auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, se recibió el dictamen del perito propuesto por el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de ********************, Estado de México, Arquitecto ******************** y se ordenó su ratificación, por lo que una vez efectuada, el treinta y uno de ese mes y anualidad, se dio vista las partes a efecto de que expusieran lo que a su interés legal conviniera. Mientras que, el perito oficial Ingeniero ********************, exhibió sus estudios respectivos mediante promociones ingresadas ante este órgano de control constitucional el tres de agosto de dos mil veintitrés; y sus respectivas aclaraciones el veintitrés de ese mes y año; por lo que, una vez ratificados, en proveído de veinticuatro siguiente se otorgó la vista correspondiente a las partes a efecto de que manifestaran lo que a su interés legal conviniera. En atención a lo anterior, mediante promociones ingresadas ante este juzgado el cinco y nueve de junio de dos mil veintitrés, ******************** Pliego Esquila, albacea de la sucesión a bienes de ******************** ********************; y ********************, interventor de la sucesión a bienes de ******************** ********************, expusieron su inconformidad con lo expuesto por el perito ******************** propuesto por el Ayuntamiento responsable, el primero indicando que lo argumentado por el experto contradice lo que en su momento indicó el perito oficial adscrito a la entonces Procuraduría General de la República, pues el monto a que llegó resultó evidentemente inferior con el monto del dictamen pericial que en su momento emitió el perito designado por la citada Procuraduría General de la República. Por otra parte, el interventor precisado, expuso que el experto del Ayuntamiento con su estudio únicamente benefició los intereses de su oferente pues el precio que expuso fue muy inferior; aunado a que no sustentó debidamente su dicho pues no estableció el método que utilizó para llegar a sus conclusiones. Relatado lo anterior y a efecto de realizar el estudio correspondiente a la materia de la incidencia de que se trata, en primer lugar, se destaca que el artículo 197 y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, prevén un sistema de libre apreciación en materia de valoración probatoria, los que textualmente disponen lo siguiente: "Articulo 197. El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas frente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de pruebas, lo dispuesto en este capítulo." "Articulo 211. El valor de la prueba pericial quedará a la prudente apreciación del Tribunal." De los preceptos legales invocados, se aprecia que este Juzgador tiene facultades amplias para estudiar las pruebas ofrecidas por las partes, atendiendo a las reglas de la lógica y la experiencia; esto es, el órgano judicial debe, respecto de cada una de ellas, calificarlas, estimando o desechando para después valorarlas, en su caso, en su conjunto, adminiculándolas unas con otras equitativamente según el caso, para estar en aptitud de determinar si entrelazadas, generan elementos que lleven a la convicción, que lo que se pretende probar se encuentra demostrado. En ese sentido, se procede al análisis correspondiente sobre el alcance probatorio de los dictámenes rendidos por el perito oficial y el propuesto por la autoridad responsable, relativos a la prueba pericial en materia de topografía y valuación de bienes inmuebles, para establecer si éstos crean convicción en el ánimo de este Juzgador para resolver al respecto. Resulta aplicable la tesis I.8o.C.28 K de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, agosto de mil novecientos noventa y nueve, pagina 780, que dispone lo siguiente: "PERITOS. EL JUEZ GOZA DE LA MÁS AMPLIA LIBERTAD PARA CALIFICAR EL VALOR PROBATORIO DE LOS DICTÁMENES EMITIDOS POR AQUÉLLOS. El titular del órgano jurisdiccional es quien tiene a su cargo la valoración de todas y cada una de las pruebas que obran en autos y por ende goza de la más amplia libertad para calificar la fuerza probatoria de los dictámenes periciales y puede concederles el valor de prueba plena o negarles eficacia probatoria, por considerar que están en desacuerdo con una interpretación lógica o porque existan en autos otros elementos de convicción que unidos entre si´ conduzcan al juzgador a desestimar las opiniones emitidas en los dictámenes periciales." Así las cosas, debe decirse que el dictamen pericial o peritaje, es una actividad humana de carácter procesal, desarrollada en virtud de encargo judicial, por personas distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas por su experiencia o conocimientos técnicos, artísticos o científicos, y mediante la cual se suministran al juez, argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos, también especiales, cuya percepción o cuyo entendimiento escapa a las aptitudes del común de la gente y requieren esa capacidad particular para su adecuada percepción y la correcta verificación de sus relaciones con otros hechos, de sus causas y de sus efectos o, simplemente, para su apreciación e interpretación. De tal modo, el perito a través de su conocimiento especializado en una ciencia, técnica o arte ilustra al juez sobre la percepción de hechos o para complementar el conocimiento de los hechos que el juez ignora y para integrar su capacidad y, asimismo, para la deducción cuando la aplicación de las reglas de la experiencia exige cierta aptitud o preparación técnica. En ese orden de ideas, la peritación cumple con una doble función que es, por una parte, verificar hechos que requieren conocimientos técnicos, artísticos o científicos que escapan a la cultura común del juez y de la gente, sus causas y sus efectos y, por otra, suministrar reglas técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos, para formar la convicción del juez sobre tales hechos y para ilustrarlo con el fin de que los entienda mejor y pueda apreciarlos correctamente. El valor probatorio del peritaje radica en las percepciones y las deducciones que, derivadas de las reglas técnicas, científicas o artísticas, así como de su experiencia, se expongan en un dictamen, en forma explicada, motivada, fundada y convincente, respecto de un hecho; claro está, bajo el principio de que, en todo caso, corresponde al juez apreciar cuál es el mérito de convicción que debe reconocerle al dictamen, según las circunstancias del asunto, sin que esté obligado a aceptarlo, cuando no reúna los requisitos indispensables para su validez y eficacia, pues la facultad de juzgar el caso, es indelegable. Por tanto, se deduce que si un dictamen pericial no reúne las anteriores condiciones, se le deberá negar todo valor probatorio, ya que un experticia sin fundamento, no es más que una mera conclusión personal del perito, no un medio de prueba, pues la claridad en las conclusiones es indispensable para que aparezcan exactas y se puedan adoptar, su firmeza o la ausencia de vacilaciones es necesaria para que sean convincentes; la lógica relación entre ellas y los fundamentos que las respaldan debe existir siempre para que merezcan absoluta credibilidad, de ahí la importancia de que el dictamen debe apreciarse en conjunto con las otras pruebas que conforman el acervo probatorio, pues necesario sería verificar si la pericial no resulta contradicha por alguno o algunos medios probatorios recibidos en el proceso; si hay tal contradicción el juez debe decidir cuál prueba desconoce. Al respecto resulta aplicable, en lo conducente, la tesis VIII.1o.31 K de la Novena Época, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página mil trescientos veintiocho, tomo X (octubre de mil novecientos noventa y nueve), registro 193185, del siguiente tenor: "PRUEBA PERICIAL, NATURALEZA DE LA. La doctrina, siendo coincidente con la esencia de las disposiciones legales que regula la institución de la prueba por peritos o peritación, ha sustentado que ésta (la peritación), es una actividad procesal desarrollada en virtud de encargo judicial, por personas distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas por sus conocimientos técnicos, artísticos o científicos, mediante la cual se suministran al Juez argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos cuya percepción o cuyo entendimiento escapa a las aptitudes del común de la gente; su función tiene indispensablemente un doble aspecto: a) verificar hechos que requieren conocimientos técnicos, artísticos o científicos que escapan a la cultura común del Juez y de la gente, sus causas y sus efectos; y, b) suministrar reglas técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos para formar la convicción del Juez sobre tales hechos y para ilustrarlo con el fin de que los entienda mejor y pueda apreciarlos correctamente. Igualmente al abordar el tema de la argumentación del dictamen, se ha expresado que así como el testimonio debe contener la llamada razón de la ciencia del dicho, en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones. Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a esas conclusiones, el dictamen carecerá de eficacia probatoria y lo mismo será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al Juez apreciar este aspecto del dictamen y, como hemos dicho, puede negarse a adoptarlo como prueba si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable. En ese contexto de ilustración, se conoce que la prueba pericial, resulta imperativa, cuando surgen cuestiones que por su carácter eminentemente especial, requieren de un diagnóstico respecto de un aspecto concreto o particular, que el órgano jurisdiccional está impedido para dar por carecer de los conocimientos especiales en determinada ciencia o arte, de manera que, bajo el auxilio que le proporciona tal dictamen se encuentra en posibilidades de pronunciarse respecto de una cuestión debatida, dando, por cuanto a su particular apreciación, una decisión concreta; si lo anterior es así, es entonces evidente, que para que un dictamen pericial pueda ser estimado por la autoridad, debe ser auténticamente ilustrativo, pues lo que en él se indique ha de ser accesible o entendible para la autoridad del conocimiento, de manera que eficazmente constituya un auxilio para dicho órgano resolutor." De lo anterior, se obtiene que los dictámenes periciales deberán ser valorados atendiendo a: La idoneidad de la prueba; La lógica de los razonamientos expuestos en ellos; Que los razonamientos vertidos estén apoyados en documentos que corroboren sus asertos y tengan eficacia acreditativa; y, Que las opiniones contenidas en los dictámenes se refieran a cuestiones propias de su especialidad, en el entendido de que la falta de alguno de ellos, es suficiente para restarle valor probatorio, pues los dictámenes periciales no son verdades irrefutables, sino que su objetivo, es ilustrar al Juzgador en aspectos del debate respecto de los cuales no se tienen los conocimientos técnicos o científicos suficientes para resolverlos. A efecto de lo anterior, este Juzgador procede a analizar los dictámenes que obran en autos, los cuales fueron rendidos por los siguientes expertos: Estudio pericial del experto oficial ********************, en materia de topografía y valuación de bienes inmuebles; y, Dictamen pericial de ********************, perito en materia de topografía designado por el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de ********************, Estado de México. Así, resulta necesario analizarlos para estar en posibilidad legal de resolver el presente incidente con la finalidad de verificar si las conclusiones a las que llegaron definen el porcentaje en que se afectó el bien de los quejosos y el valor al que ascendía al momento de la afectación. En ese sentido, el perito oficial en materia de topografía y valuación de bienes inmuebles, ingeniero ********************, acorde a los puntos establecidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a saber, respecto a su dictamen en materia de valuación, en lo que interesa determinó: Con relación a su dictamen en materia de valuación, en lo que interesa determinó: Mientras que, en su aclaración por cuanto hace al valor del bien considerando su valor comercial en la época de afectación; así como la actualización de dicho monto que deberá efectuarse a partir de que se constituyó ese derecho, esto es, a partir de que se pavimentó la calle y hasta la fecha en que se pague efectivamente; sin que se deba incluir las construcciones o mejoras sobrevenidas, pues en todo caso, lo que deber efectuarse es la actualización de ese valor comercial histórico, en su dictamen pericial y aclaración respectiva precisó: Tales estudios tienen valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto en los artículos 144, 155 y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, debido a que el mencionado perito cuenta con la aptitud y los conocimientos especiales suficientes para dictaminar respecto de los hechos a probar, toda vez que se trata de un especialista en las materias de topografía y valuación inmobiliaria; aunado a que no existe en autos motivo fundado para dudar de su imparcialidad. Además, se advierte que dicho especialista aceptó el cargo conferido, rindió sus dictámenes de manera oportuna y aclaró los mismos, ratificó dichos estudios que contienen los razonamientos e información suficientes en los que el perito sustentó sus aseveraciones, así como los documentos que atendió para efectuarlos. También, las conclusiones arrojadas en el dictamen en comento son convincentes y no contradicen las normas generales de la experiencia, hechos notorios u otras pruebas que obran en autos, lo que le da un grado mayor de convicción. Dicha eficacia demostrativa, se destaca pues determinó el área afectada al terreno de la parte quejosa, respecto del trazo de calle y vialidades que realizó el Ayuntamiento Constitucional de ********************, Estado de México, del inmueble ubicado entre las calles de ********************y calle ********************, ********************, paraje denominado "********************", municipio de ********************, Estado de México, identificando como superficie de afectación de ********************metros cuadrados, por el trazo de calles y vialidades dentro del predio quejoso. Asimismo, precisó que el valor comercial actualizado de la superficie de terreno afectado de ********************metros cuadrados es igual a $156.36 X ********************= $480,778.85 (********************), ya que para determinar el monto de la indemnización consideró el valor comercial a la fecha en que se realizó la afectación, el cual actualizó conforme al valor histórico, esto es, indicó que el valor unitario del terreno materia de estudio, el cual corresponde a ********************) por metro cuadrado, a la fecha de la ficha técnica de la obra ramo 33, con registro de once de marzo de dos mil catorce, siendo el monto del valor del inmueble a esa fecha. Luego, por cuanto hace a la actualización de los valores de bienes o de operaciones que por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país han variado, acorde a los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, indicó que de acuerdo a la fracción II del artículo 6° de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para determinar el valor de un bien o de una operación al término de un período, se utilizará el factor de actualización que se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes más reciente del período, entre el citado índice correspondiente al mes más antiguo de dicho periodo; y, al efecto realizó las siguientes operaciones: Para sustentar los valores obtenidos, en primer momento, estableció las característica del inmueble a evaluar, de las que destacó que para la estimación del valor comercial del inmueble se estimó el enfoque físico, el cual es aplicable en la valuación de toda clase de edificios habitacionales y comerciales, elementos privativos de estos, ya sea en proyecto, construcción, remodelación o terminados. Estableció un listado de diversos inmuebles con ubicación y características similares, para evidenciar una contraposición entre los diversos montos que dichos predios tienen a fin de evaluar de manera comparativa el valor que obtuvo del estudio que efectuó; así como el precio unitario por metro cuadrado; y los datos de contacto de las personas que pueden confirmar o desmentir esa información. Asimismo, distinguió el enfoque de diversos inmuebles con similares características, tanto para el valor del terreno como de la construcción que se encuentra en el mismo, con el fin de establecer un estándar sobre tales bienes; asimismo, efectuó un promedio entre el valor mínimo, promedio y máximo de esos predios, para con ello obtener un valor de reposición acorde a los lineamientos que le fueron requeridos. Finalmente, indicó que el monto de la indemnización a la fecha en que se realizó la afectación, la cual actualizó conforme a la metodología ilustrada, arribó a un valor histórico $********************, respecto de la superficie de ********************metros cuadrados, que fue afectada por el trazo de calles y vialidades que realizó el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de ********************, Estado de México. Por tanto, a juicio del suscrito, el dictamen tiene eficacia probatoria plena pues en dicho estudio puede observarse, que el experto precisó el valor del inmueble a la fecha de la afectación y su respectiva actualización. Apoya lo anterior, lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 13/2018 (10a.), con registro digital 2016491, Décima Época, materias Constitucional, Administrativa, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo II, página 1350, publicada en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con título y texto: "Indemnización por ocupación ilegal de tierras ejidales. El valor comercial que debe tomarse en cuenta al elaborar el avalúo, es el que tenían al momento en que fueron afectadas, más la actualización correspondiente. El derecho de un ejido o comunidad a recibir la indemnización por la ocupación ilegal de sus tierras surge cuando: a) se acrediten los elementos de la acción de restitución, entre otros, la ilegalidad de la ocupación; y b) se demuestre que las parcelas en cuestión se destinaron a la prestación de servicios públicos de interés general y social, por lo que resulta imposible devolverlas al ejido y, por tanto, se genera para éste el derecho al cumplimiento sustituto, esto es, al pago de una indemnización. Ahora bien, el valor comercial del bien a tomar en cuenta al elaborar el avalúo, es el que las tierras tenían al ser afectadas, es decir, cuando se ocuparon ilegalmente, toda vez que desde ese momento fue afectada la posesión que correspondía al ejido propietario y, por tanto, es a esa fecha a la cual debe retrotraerse el avalúo, sin considerar las edificaciones sobrevenidas; lo anterior, sin perder de vista que el valor declarado deberá actualizarse al momento de su liquidación." Lo resaltado es propio Por lo que, se arriba a la conclusión de que el dictamen pericial en las materias de topografía y valuación de bienes inmuebles, emitido por el perito oficial ********************, dada la motivación de sus consideraciones y su material de apoyo, tiene valor probatorio pleno y suficiente para demostrar eficazmente en este incidente innominado que el monto ya actualizado que debe indemnizarse a la parte quejosa respecto de la superficie de ********************metros cuadrados, que fue afectada por el trazo de calles y vialidades que realizó el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de ********************, Estado de México, corresponde a la cantidad de $********************. Monto que, deberá ser dividido en partes iguales para ser entregado a cada uno de los peticionarios del amparo ******************** y ********************, ambos de apellidos ********************, conforme a los propios efectos del amparo, los cuales fueron: "En tales condiciones, al resultar esencialmente fundados los conceptos de violación analizados, lo procedente es otorgar el amparo y protección de la justicia de la Unión a los quejosos ******************** y ********************, ambos de apellidos ********************, para el efecto de que las autoridades responsables autoridades responsables Presidente Municipal y Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, ambos del Ayuntamiento de ********************, Estado de México, realicen las gestiones necesarias y se pague la indemnización correspondiente a la parte quejosa, respecto de la afectación parcial del predio que defiende, que ha quedado identificado en el plano materia del dictamen pericial oficial; por las razones precisadas en el presente considerando." Esto es, $******************** entre dos, que da como resultado $********************), cantidad que deberá ser entregada a ******************** Pliego Esquila, en su carácter de albacea a bienes de la sucesión de ******************** ******************** y a ******************** como interventor de la sucesión a bienes de ******************** ********************. No pasa desapercibido el dictamen pericial en materia de valuación de bienes inmuebles, emitido por el experto designado por el Ayuntamiento responsable, ********************, del cual dentro de su opinión técnica, en lo que interesa para el sentido de la presente determinación, indicó: Pues bien, este resolutor considera que respecto al dictamen en estudio no procede otorgarle valor probatorio, en razón de que, si bien el perito cuenta con la aptitud y los conocimientos especiales suficientes para dictaminar respecto de los hechos a probar por cuanto a la delimitación del terreno, toda vez que se trata de un especialista en la materia y no existe en autos motivo fundado para dudar de su imparcialidad; además, que dicho especialista aceptó el cargo conferido, rindió su dictamen de manera oportuna; se debe tomar en perspectiva que del contenido de ese informe. Así, como se observa de las imágenes anteriores, se advierte que el perito indicó textualmente "CONCLUSIÓN: A la fecha el valor comercial del bien inmueble CONSTRUCCIÓN Y OFIOCIALIZACIÓN (sic) DE LA CALLE DEL DEPORTISTA), que se analiza, se obtiene con la suma de los valores de los terrenos más el valor de las construcciones y el valor de los bienes muebles, dando por resultado el presente estudio la cantidad de $********************.) EL VALOR REFERIDO AL MES DE MARZO DEL AÑO 2013, DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS DEL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, ASCIENDE A LA CANTIDAD DE: $********************."; así también mencionó "una vez que se logró la realización de toda la formación de la calle del Deportista, se puede concluir que el valor del terreno, referido al mes de marzo de año 2013, asciende a la cantidad de: $********************", de lo que se puede observar que no cumple con los requisitos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues dicho Tribunal supremo indicó que la materia del presente incidente era determinar el valor del bien, considerando su valor comercial en la época de afectación; así como la actualización de dicho monto, el que deberá efectuarse a partir de que se constituyó ese derecho, esto es, a partir de que se pavimentó la calle y hasta la fecha en que se pague efectivamente, para que así se cuente con una justa indemnización; no obstante también precisó que no se debían incluir las construcciones o mejoras sobrevenidas y en todo caso, lo que deber efectuarse es la actualización de ese valor comercial histórico, lo que en el estudio del experto no revela. Aunado a ello, también de las aludidas imágenes se advierten por demás mínimos los montos que se pretende adjudicar al inmueble materia de la presente incidencia, sin que se puedan observar diverso monto para la comparativa, circunstancia que evidentemente tiene como consecuencia una injustificada e irracional disminución respecto del valor que se pretende indemnizar, presumiblemente con el fin de beneficiar a su oferente con su pretensión. No obstante, la carga procesal es la situación jurídica instituida en la ley consistente en el requerimiento de una conducta facultativa establecida en interés del propio sujeto, cuya omisión ocasiona una consecuencia gravosa para él. Una de estas cargas procesales es la carga de la prueba, a través de ésta se determina a cuál de las partes se dirige el requerimiento de proponer, preparar y aportar pruebas para obtener una sentencia favorable; de ahí que se tuviera por emitido el dictamen de las autoridades responsables en los términos que les fue requerido, sin que se considerara necesario la aclaración del mismo. Por otra parte, cabe precisar que en el juicio de amparo, la prueba pericial no es de índole colegiada, debido a que el único perito cuyo dictamen es indispensable para su debida integración y desahogo es el nombrado por el Órgano Jurisdiccional, ya que el artículo 119 de la Ley de Amparo, no hace referencia a la figura del perito "tercero en discordia", dado que las partes no están obligadas a designar perito de su parte, sino que se privilegia el desahogo de la prueba pericial a la designación de un sólo perito, o de los que se estimen convenientes para la práctica de la diligencia respectiva, sin perjuicio ni obstáculo alguno para que cada parte que interviene en el juicio constitucional -quejoso(s), autoridad(es) responsable(s), tercero interesado(s) o Ministerio Público- puedan designar también un perito que se asocie al nombrado por el Tribunal, o bien, rinda su dictamen por separado. Ello, porque se estima que en el juicio constitucional el criterio de quien resuelve se considera suficientemente ilustrado con la sola existencia del peritaje oficial, el cual, al no estar vinculado a la posición de alguna de las partes, debe estimarse imparcial y desprovisto de cualquier ventaja o inferioridad tendente a favorecer o a perjudicar a los contendientes. De lo antes expuesto, impide a este órgano de control constitucional tomar en consideración sus conclusiones, pues como se precisó, las cantidades que tomó en consideración únicamente fueron relativas al monto establecido a la fecha de afectación, sin que haya tomado en cuenta los criterios establecidos por la propia Corte, lo que vicia el estudio en su totalidad. Por tanto, no resulta procedente tomar en consideración su contenido, pues no aporta elementos eficaces para que este juzgador se encuentre en posibilidad de pronunciarse respecto de dicho estudio, de manera que no constituye un punto de apoyo para establecer el monto que debe indemnizarse a la parte quejosa. Por lo relatado con antelación, resulta innecesario realizar mayor pronunciamiento respecto a las manifestaciones de ******************** Pliego Esquila, albacea de la sucesión a bienes de ******************** ********************; y ********************, interventor de la sucesión a bienes de ******************** ********************, dado que no fue otorgado valor probatorio alguno a dicho dictamen pericial. Consecuentemente, se establece que el inmueble a la fecha de su afectación (once de marzo de dos mil catorce) y su respectiva actualización asciende a la cantidad de $********************, respecto de la superficie de ********************metros cuadrados, que fue afectada por el trazo de calles y vialidades que realizó el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de ********************, Estado de México. Por tanto, se decreta el pago de dicha cantidad por concepto de la indemnización a la parte quejosa, conforme a los datos identificados en el dictamen del perito oficial, no obstante, como se indicó en líneas precedentes, dicha cantidad deberá dividirse para ser entregada a los quejosos de manera individual, es decir, los $******************** que corresponden a la superficie de afectación de ********************metros cuadrados, por el trazo de calles y vialidades dentro del predio de la parte quejosa, tendrán que ser divididos entre dos, lo que da como resultado $********************), cantidad que se entregará equitativamente a ******************** Pliego Esquila, en su carácter de albacea a bienes de la sucesión de ******************** ******************** y a ******************** como interventor de la sucesión a bienes de ******************** ********************. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 66 a 68 y 193, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. Es procedente el incidente innominado para definir el porcentaje en que se afectó el bien de los quejosos y el valor al que ascendía al momento de la afectación, dentro del juicio de amparo 1028/2014-IV-C. SEGUNDO. Se condena a la autoridad Ayuntamiento Constitucional del Municipio de ********************, Estado de México, a realizar todas aquellas actuaciones que resulten necesarias para otorgar el pago de la cantidad de $********************, a la parte quejosa, resultante de la superficie de ********************metros cuadrados, que fue afectada por el trazo de calles y vialidades que realizó el Ayuntamiento responsable, la que deberá exhibir en dos cheques uno a nombre de ******************** Pliego Esquila, en su carácter de albacea a bienes de la sucesión de ******************** ******************** y otro a nombre de ******************** como interventor de la sucesión a bienes de ******************** ********************.
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