José Alberto López Padilla

Expediente 851/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
851/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
21/09/2023

Partes del expediente

  • José Alberto López Padilla
  • Registradora del Registro Público de la Propiedad de León, Guanajuato

Actuaciones

  1. Principal

    CERTIFICACIÓN DE ARCHIVO.

  2. Principal

    Agréguese el escrito de la parte quejosa y la diligencia por comparecencia de cuenta mediante los cuales el quejoso José Alberto López Padilla, refiere que se desiste del presente juicio de amparo. Desistimiento que debe entenderse ratificado desde el momento, dado que aquella manifestación se hizo ante una funcionaria judicial con fe pública, con lo que se constata la voluntad de la promovente. En consecuencia, se tiene por actualizada la hipótesis de sobreseimiento a que se refiere el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que se decreta el sobreseimiento en el juicio. II. Quejoso renuncia a recurso. Por otra parte, de la propia diligencia por comparecencia, se desprende que el peticionario renunció a cualquier medio de impugnación que pudiera hacer valer en contra de la determinación recaída a su desistimiento. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado. En atención a lo anterior, se comisiona a la persona secretaria encargada del trámite del presente expediente, para que una vez notificadas las partes de la presente determinación, se cerciore que de la versión pública pueda ser consultada en el Buscador de Sentencias del Consejo de la Judicatura Federal, y asimismo complemente el apartado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al "Registro y envío de sentencias", con la clasificación de la información confidencial o reservada, según resulte el caso. III. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales., publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación2, dado que se sobreseyó en el juicio, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. IV. Se deja a disposición documentos. Finalmente, de autos se advierte que se encuentran documentos de la parte quejosa, por lo que se le requiere para que acuda a este juzgado dentro de un plazo de noventa días contado a partir de la presente notificación a recogerlo, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente original. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación...

  3. Principal

    PREVENCIÓN DE LA DEMANDA. Agréguese la demanda promovida ***, contra actos de la Registradora del Registro Público de la Propiedad de León, Guanajuato. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales; 108, fracción IV, 112, 114, fracciones I, II y IV, y relativos de la Ley de Amparo, a fin de estar en aptitud de proveer sobre la procedencia de la demanda, PREVÉNGASE al promovente para que en el plazo de CINCO DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, realice lo siguiente:  Aclare para debida constancia cuál es el acto que reclama de la autoridad responsable. Lo anterior, toda vez que si bien en el capítulo respectivo señala como tal la resolución de veinte de julio pasado, de la lectura íntegra de la demanda se observa que lo que en realidad reclama es el certificado de gravámenes que se le expidió en el que afirma continúan las anotaciones registrales no obstante la respuesta que le fue proporcionada ese veinte de julio. Razón por la cual deberá de aclarar si lo que reclama es la contestación que la autoridad registral le efectuó ese veinte de julio pasado en la que le manifestó que se validaría de nueva cuenta el folio electrónico R20*257405 y que a partir de ese momento podría solicitar el certificado de gravámenes en el cual se certificarían los gravámenes y limitaciones vigentes al día de su solicitud o si lo que combate es el certificado de gravámenes que se le entregó el veintisiete de julio siguiente en el cual aduce aún existen los gravámenes que le solicitó a la Registradora fueran eliminados no obstante la respuesta que le dio ese veinte de julio. Lo cual resulta necesario a fin de descartar, en su caso la existencia de alguna causa de improcedencia; satisfacer la exigencia a que se refiere el artículo 108, fracción IV, de la ley de la materia y estar en posibilidad de resolver sobre la procedencia de la demanda, además de determinar que se encuentre debidamente integrada la litis constitucional en atención al artículo 74, fracción I, del ordenamiento legal invocado; y en su caso, la responsable pueda estar en aptitud de justificar la constitucionalidad del acto concreto que se le atribuye. Lo anterior bajo el apercibimiento que de no cumplir con el requerimiento formulado y de no acompañar las copias de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, se tendrá por no presentada la demanda, atento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Hágase saber al promovente de los delitos en que incurre cuando afirma hechos falsos u omite aquellos que le constan en relación con el acto reclamado, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y [.]" Lo anterior tiene razón de ser en que si el promovente incurre en falsedad, se hace acreedor a las sanciones establecidas en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, lo cual es un mecanismo que sirve para que no se abuse del juicio constitucional, porque en caso de que este órgano jurisdiccional obtenga pruebas de que el propósito de la parte quejosa es obtener una ventaja procesal indebida o en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, dará vista al agente del Ministerio Público Federal adscrito, a fin de que investigue la probable comisión del delito indicado en el precepto citado. En el entendido que tal requerimiento deberá cumplirse en forma directa por el quejoso, pues sus autorizados carecen de atribuciones para realizar tal acto jurídico, en términos de la jurisprudencia 37/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la modificación de la jurisprudencia 33/2010.

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