Jose Alberto Labastida Castillo
Expediente 626/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 26 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 626/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 09/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jose Alberto Labastida Castillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa y a la tercera interesada para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable, sin que hicieran uso de tal derecho; por tanto, este juzgado federal, atendiendo a los elementos que obran en el expediente y a los datos proporcionados por la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, de oficio procede a determinar si dicha ejecutoria se encuentra o no cumplida en sus términos. Mediante sentencia de nueve de noviembre pasado, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la autoridad responsable juez Regional del Sistema de Oralidad Mercantil en la Región Celaya, Guanajuato, realizara lo siguiente: "Disponga lo necesario en el subyacente cuadernillo SOM-345/2021, a fin de que sea notificada la reclamada medida precautoria de treinta de junio de dos mil veintiuno, al hoy quejoso José Alberto Labastida Castillo a fin de en el lapso legalmente computado de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1179 del Código de Comercio." Por acuerdo de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la anterior determinación y se requirió a la responsable el cumplimiento de la sentencia de amparo. Previos múltiples requerimientos efectuados a la autoridad responsable de mérito, ésta mediante sendos oficios con registros 11054 y 2025, informó el cumplimiento del fallo protector, y al efecto remitió copia certificada de los proveídos de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno y dieciocho de febrero del año actual, a través de los cuales, con el primero ordenó notificar personalmente a José Alberto Labastida Castillo -quejoso ante esta potestad federal-, su diverso proveído de treinta de junio de dos mil veintiuno, emitido en el expediente natural SOM-345/2021, que decretó la providencia precautoria de retención de bienes por la cantidad de $5'158,318.84 (cinco millones ciento cincuenta y ocho mil trescientos dieciocho pesos 84/100 m.n), consistente en la retención de cuentas bancarias genéricas, misma que se materializó mediante la inmovilización de la cuenta bancaria número 32778037, de la institución bancaria Banco del Bajío, sociedad anónima. En tanto, con la segunda de las providencias de trato -dieciocho de febrero de dos mil veintidós-, dispuso la notificación de la aludida resolución de treinta de junio de dos mil veintiuno -objeto del reclamo constitucional en este asunto-, al agraviado de referencia mediante lista de acuerdos publicada por ese órgano jurisdiccional el veintiuno de febrero de dos mil veintidós; ello, luego de múltiples e infructuosos intentos de notificación personal en diversos domicilios en esta localidad. Documentales que merecen eficacia probatoria plena, acorde a lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2º. En consecuencia, si la protección federal se otorgó para ese preciso efecto, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, sin excesos ni defectos, en términos de lo previsto en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo, lo que conduce a declarar que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, sin exceso ni defecto. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso a) y b) de la disposición administrativa en cita, el original del incidente de suspensión relativo, así como el expediente del juicio de amparo son susceptibles de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que en el expediente principal se dictó sentencia en la que se concedió la protección constitucional, mientras que en el incidente de suspensión condigno se concedió a la parte quejosa la medida cautelar provisional y definitiva, de lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso del incidente de suspensión, las determinaciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar y, en su caso, de su violación. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), de la normatividad en consulta, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Por otra parte, al resultar innecesaria la retención de la documental que adjuntó a su informe justificado la autoridad responsable juez Regional del Sistema de Oralidad Mercantil en la Región Celaya, Guanajuato, consistentes en copia certificada de constancias procesales relativas al expediente SOM-345/2021 de su estadística, devuélvansele; en el entendido que el actuario de la adscripción recabará el acuse de recibo condigno.
- Principal
Por este medio se tiene por notificada a la parte quejosa, respecto del proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, que a la letra dice: "Agréguese al sumario el oficio que firma la autoridad responsable juez Regional del Sistema de Oralidad Mercantil con sede en esta ciudad, con el que expresa dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos; pues al efecto remite copia certificada del auto de dieciocho de febrero del año actual, pronunciado en el expediente ********** de su índice, por el que ordenó notificar por medio de lista a **********, la resolución -objeto del reclamo constitucional en este asunto- de treinta de junio de dos mil veintiuno, que decretó la providencia precautoria de retención de bienes en contra del agraviado, por la cantidad de cinco millones ciento cincuenta y ocho mil trescientos dieciocho pesos **********, lo que se materializó en la retención de cuentas bancarias genéricas, en específico, mediante la inmovilización de la cuenta **********, de la institución bancaria Banco del Bajío, sociedad anónima, institución de banca múltiple. En razón de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y a la tercera interesada para que, dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se les haga de este proveído, manifiesten lo que a su respectivo interés convenga; apercibidos que de no hacerlo, este juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no cumplida".
- Principal
Agréguese al sumario el oficio que firma la autoridad responsable juez Regional del Sistema de Oralidad Mercantil con sede en esta ciudad, con el que expresa dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos; pues al efecto remite copia certificada del auto de dieciocho de febrero del año actual, pronunciado en el expediente ********** de su índice, por el que ordenó notificar por medio de lista a **********, la resolución -objeto del reclamo constitucional en este asunto- de treinta de junio de dos mil veintiuno, que decretó la providencia precautoria de retención de bienes en contra del agraviado, por la cantidad de cinco millones ciento cincuenta y ocho mil trescientos dieciocho pesos **********, lo que se materializó en la retención de cuentas bancarias genéricas, en específico, mediante la inmovilización de la cuenta **********, de la institución bancaria Banco del Bajío, sociedad anónima, institución de banca múltiple. En razón de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y a la tercera interesada para que, dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se les haga de este proveído, manifiesten lo que a su respectivo interés convenga; apercibidos que de no hacerlo, este juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no cumplida.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de veinte de enero del año actual, se dio vista a la parte quejosa y a la tercera interesada para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto al cumplimiento informado por la autoridad judicial responsable a la ejecutoria de amparo, a lo que solamente la parte agraviada desahogó tal vista a través de su escrito con registro 1141, en el que señaló no estar cumplida cabalmente la ejecutoria de referencia, sin que la tercera interesada se manifestara al respecto. Por tanto, se procede a analizar si la sentencia se encuentra o no cumplida, atendiendo a los elementos que obran en el sumario, en términos del artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo. Del análisis a las constancias procesales se advierte que la autoridad responsable al juez Regional del Sistema de Oralidad Mercantil en la Región Celaya, Guanajuato, con sede en esta ciudad, no ha cumplido en su totalidad con el fallo protector. Para corroborar este aserto conviene mencionar que mediante sentencia de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, se concedió la protección federal para el efecto de que la autoridad responsable, realizara lo siguiente: "(.) Disponga lo necesario en el subyacente cuadernillo **********, a fin de que sea notificada la reclamada medida precautoria de **********, al hoy quejoso ********** a fin de en el lapso legalmente computado de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1179 del Código de Comercio." Por auto de treinta de noviembre pasado, causó ejecutoria dicho fallo y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable, quien por oficio con registro 11054 remitió copia certificada del proveído de **********, dentro del subyacente expediente **********/2021 de su estadística, en el que determinó: 1° La notificación al aquí quejoso **********, de la resolución de **********, que decretó la providencia precautoria de retención de bienes por la cantidad de $**********consistente en la retención de cuentas bancarias genéricas, la que se materializó y/o se ejecutó mediante la inmovilización de la cuenta bancaria número **********, de la institución bancaria **********; y, 2° Hacer del conocimiento de tal agraviado que con motivo de la ejecución de la aludida providencia precautoria, con fundamento en los artículos 1179 y 1183 del Código de Comercio, cuenta con el plazo de tres días hábiles legalmente computado, para que exponer lo que a su derecho convenga sobre tal medida precautoria, o bien consignara el valor u objeto reclamado, diera fianza o garantizara con bienes raíces suficientes el valor de lo reclamado, con lo cual, señala la responsable, levantaría la providencia citada. Asimismo, en acato a diverso requerimiento de once de enero pasado, la autoridad responsable remitió copias certificadas de actuaciones con objeto de justificar el cumplimiento a la sentencia ejecutoria, ello mediante oficio registrado con 612, con lo que se dio vista a las partes. Ahora, de las constancias allegadas por el juez responsable se observa que no ha sido posible notificar al interesado **********-quejoso en este asunto-, la medida cautelar constitutiva del acto reclamado, tal como se dispuso en la ejecutoria de amparo. Esa imposibilidad se sustentó en sendas razones levantadas por el actuario notificador; de ahí que la responsable de mérito informó las gestiones encaminadas a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, notificar al interesado hoy quejoso la medida cautelar de mérito. De las constancias del sumario se observa que si bien el juez responsable allegó diversas copias certificadas de actuaciones encaminadas a justificar el acatamiento al fallo protector, lo cierto es que dicha autoridad aún no ha enviado constancia de la notificación a la persona hoy quejosa, sobre la medida cautelar decretada en su contra, lo que constituyó el núcleo de la concesión en el fallo protector, sino solo se limitó a enviar sendas razones actuariales de imposibilidad debido a que en los domicilios en los que se apersonó el actuario -incluso en el domicilio señalado por el quejoso para recibir notificaciones en este asunto-, no logró practicar la notificación encomendada. Por tanto, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, el cual dispone que todas las autoridades que tengan intervención en el cumplimiento de la sentencia están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para el eficaz cumplimiento del fallo protector, requiérase nuevamente a la autoridad responsable juez del Sistema de Oralidad Mercantil en la Región Celaya, para que dentro del término de tres días, siguientes a la notificación que del presente se le haga, remita constancia fehaciente e idónea que acredite el cabal cumplimiento de la ejecutoria de amparo; esto es, constancia relativa a la notificación que practique a la parte quejosa sobre la medida cautelar que constituyó el acto reclamado. Notificación que el juez responsable podrá ordenar que se practique incluso por estrados, en virtud de las razones actuariales de imposibilidad para hacerla de manera personal en los domicilios obrantes en el procedimiento de origen. Apercibida la autoridad de mérito que de no hacerlo, se le impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada cien días, de conformidad con los artículos 192, 197 y 258 de la ley de la materia. Se hace del conocimiento de la autoridad requerida que de no cumplir con lo ordenado, además de la multa, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la continuación del trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación al juez penal competente, por la comisión del delito de desacato.
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