José Alberto Hernández Molina

Expediente 1090/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1090/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • José Alberto Hernández Molina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista contenida en proveído de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, no obstante haber sido legalmente notificada del cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Por tanto, este órgano de control constitucional se encuentra obligado a determinar si la ejecutoria está o no cumplida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, por lo que, se procede sobre la base de los elementos existentes en el expediente, y con los aportados por la autoridad señalada como responsable, analizar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; así como en observancia a la tesis 26/2000-XXXVIII/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del tres de marzo del año dos mil: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Mediante sentencia dictada por este Juzgado, el once de septiembre de dos mil veintitrés, en su único punto resolutivo, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a José Alberto Hernández Molina, para el efecto de que la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Cuernavaca, Morelos, realizara lo siguiente: "( Dicte el laudo en el juicio laboral ********************, y lo haga del conocimiento de las partes." Dicha resolución causó ejecutoria el cuatro de octubre de dos mil veintitrés, por lo que, en la misma fecha se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En cumplimiento al fallo protector, por oficios recibidos en este Juzgado de Distrito el treinta y uno de octubre y siete de noviembre de dos mil veintitrés, la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Cuernavaca, Morelos, remitió copia certificada del laudo dictado en el juicio laboral ********************, así como de las constancias de notificación a las partes, respectivamente. Se declara cumplida la ejecutoria Bajo esa tesitura, si la concesión de amparo fue para el efecto de que la autoridad responsable, dictara el dictara el laudo en el juicio laboral ********************, y lo hiciera de conocimiento a las partes y esto ya aconteció; en las narradas condiciones, este Juzgado de Distrito tiene por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Estudio de exceso y defecto Asimismo, cabe precisar que existe defecto en la ejecución siempre que la autoridad responsable se abstenga de realizar todos los actos necesarios para que la sentencia que concedió el amparo resulte íntegramente cumplida; por el contrario, hay exceso en la ejecución cuando la responsable, además de efectuar todos los actos conducentes para lograr que las cosas queden restituidas al estado que guardaban antes de la violación, ejecute u ordene otros actos a que no la obliga la sentencia de amparo, y que no son tampoco efecto inmediato de lo decidido en dicha sentencia. De ahí se puntualiza que no existe exceso o defecto en el cumplimiento dado por la autoridad responsable, en virtud de que cumplió íntegramente con la concesión de amparo. Se ordena archivo Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés; y toda vez que se concedió el amparo en el presente juicio, se declara que este expediente es conservable, por lo que pasados los tres años a que se refiere el referido artículo, deberá remitirse a los depósitos documentales dependientes del Área Coordinadora de archivos. Asimismo, del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Por otro lado, se comisiona al secretario encargado del presente expediente, verificar que todas y cada una de las constancias y documentos del expediente físico se encuentren digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico, en el entendido que tratándose de constancias y documentos electrónicos, no será necesaria su incorporación al expediente físico. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico correspondiente y procédase a la captura del presente proveído en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que se lleva en este Juzgado Federal, asimismo con fundamento en el segundo párrafo del artículo 34 del mencionado acuerdo general, deberá hacerse constar la leyenda correspondiente, en la carátula de este expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Presidenta de la Junta Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Cuernavaca, Estado de Morelos; mediante el cual, remite copia certificada del laudo dictado en el juicio laboral 76/2018. Vista cumplimiento Por tanto, con copia del oficio de cuenta y anexo, de conformidad con el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, dese vista a la parte quejosa, para que, dentro del término de tres días, manifieste lo que a su derecho corresponda; con el apercibimiento que, de no realizarlo, este Juzgado con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, en el momento procesal oportuno acordará lo que legalmente proceda. ... Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa con copia del oficio y anexo en comento.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Cuernavaca, Estado de Morelos, mediante el cual, solicita se le conceda una prórroga para cumplir con la sentencia dictada en el presente juicio. En ese orden de ideas, como lo solicita, dígasele que se le otorga una prórroga por el plazo de diez días hábiles, a partir de que reciba el oficio por medio del cual se le notifique el presente proveído, para que esté en condiciones de cumplir con el requerimiento efectuado, en el entendido de que subsiste el apercibimiento decretado en la sentencia dictada en autos. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Estado procesal Visto el estado procesal que guardan los autos, y específicamente de la certificación con que se da cuenta, de los que se advierte que, a la fecha ya transcurrió el término de diez días, a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la sentencia de once de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se resolvió: "ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a José Alberto Hernández Molina, respecto del acto reclamado y autoridad mencionados en el considerando segundo por las consideraciones y fundamentos vertidos en el considerando quinto, y para los efectos precisados en considerando sexto de este fallo" Causa ejecutoria En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la sentencia de once de septiembre de dos mil veintitrés, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Requerimiento de cumplimiento Ahora bien, con fundamento en el numeral 192, de la Ley de Amparo en vigor, requiérase a la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Cuernavaca, Morelos, para que, dentro del término de tres días, contados a partir del momento en que quede legalmente notificado de este auto, cumpla con la ejecutoria de amparo o, en su caso, informe las gestiones que se encuentra realizando para dicho cumplimiento, resolución que fue concedida para que realice lo siguiente: a) "Dicte el laudo en el juicio laboral 76/2018, y lo haga del conocimiento de las partes". Con el apercibimiento que, de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor, a una medida de apremio consistente en una multa por la cantidad equivalente a CIEN Unidades de Medida y Actualización1 , lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo. En ese contexto, hágase del conocimiento a la citada autoridad, que el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, establece que se impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, a la autoridad que dolosamente incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir. Así también, conforme al artículo 193 de la ley que nos ocupa, se le hace saber que seguirá teniendo responsabilidad, aunque deje su cargo. Notifíquese.

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