José Alberto Hernández Melgarejo

Expediente 171/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
171/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
09/04/2019

Partes del expediente

  • José Alberto Hernández Melgarejo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra del proveído de trece de marzo de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente y el original del incidente de suspensión SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, al haberse sobreseído fuera de audiencia el presente juicio y al haberse negado la suspensión provisional y definitiva, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción de los mismos, en el entendido de que será con posterioridad al NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. En cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos seis meses se procederá a la destrucción del mismo, por lo tanto, agréguesele copia autógrafa de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional.

  2. Principal

    Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado vía electrónica por el tercero interesado Carlos Antonio Vázquez Azuara, mediante el cual solicita se certifique que hasta la presente fecha no existe promoción alguna del cual se advierta que se interpone recurso de revisión, en contra del proveído de trece de marzo del año curso, y se cause estado al haber fenecido el término para interponerlo; al respecto, dígasele al referido tercero que no ha lugar a proveer de conformidad su petición, en virtud de que el término de diez días que dispone el artículo 86 de la Ley de Amparo, aún se encuentra transcurriendo para el quejoso, por lo que, una vez que fenezca el mismo, se acordará lo conducente.

  3. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en acuerdo de ocho de marzo del año en curso, remite copia certificada de la resolución de catorce de febrero de dos mil diecinueve, emitida por la Comisión de Honor y Justicia del Consejo Universitario General. Ahora, de dicha resolución se desprende que se determinó procedente el recurso de inconformidad que promovió el aquí quejoso José Alberto Hernández Melgarejo, por violaciones en el procedimiento para ocupar la plaza de investigador de tiempo completo de carrera en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, puesto que la convocatoria no reunió los requisitos establecidos por el artículo 58, fracciones III, IV bis y V, del Estatuto del Personal Académico, por lo que se ordenó a la Secretaría Académica, al Director General de Investigaciones y al Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, reponer el procedimiento a partir de la emisión de una nueva convocatoria en la que se subsanen los errores que contenía la anterior. En ese tenor, considerando que en el presente asunto el acto reclamado se hace consistir en la resolución de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, signada por la Directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, a través de la cual resuelve el recurso de inconformidad interpuesto por el aquí quejoso José Alberto Hernández Melgarejo, en contra del resultado del examen de oposición para la plaza de investigador en la entidad académica denominada "Instituto de Investigaciones Jurídicas", en la que resultó vencedor Carlos Antonio Vázquez Azuara, para ocupar una plaza de tiempo completo como investigador. De modo que, si el acto reclamado deriva de la convocatoria de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, para participar en el examen de oposición a fin de obtener una plaza de investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, a partir del uno de febrero de dos mil diecinueve, de la cual resultó vencedor del concurso Carlos Antonio Vázquez Azuara, resultado que impugnó a través del recurso de inconformidad, el cual, fue resuelto el veintiocho de enero de dos mil diecinueve, por la Directora del Instituto de Investigaciones; y, posteriormente, por resolución de catorce de febrero de dos mil diecinueve, quedó sin efectos todo lo actuado en la convocatoria de referencia, ordenando reponer el procedimiento a partir de la emisión de una nueva convocatoria en la que se subsanen los errores que contenía la anterior. En consecuencia, resulta evidente que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; [.] Sobre el tópico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que debe tenerse presente que, por regla general, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de garantías que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso, llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. En relación con la causa de improcedencia prevista en el numeral transcrito el Máximo Tribunal del país estableció que el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Cabe destacar, que la causa de improcedencia invocada tiene como base la imposibilidad de que se realicen o se continúe la ejecución o los efectos del acto reclamado, por haber dejado de existir la materia del mismo; de ahí que, la no realización de los efectos del acto impugnado en el caso previsto en la fracción XXII, es mucho más restringida que en la hipótesis a que se refiere la fracción XXI, puesto que está subordinada a una condición: que deje de existir el objeto o la materia del acto reclamado. Además, la distinción entre ambas causas de improcedencia, radica en que, por lo que se refiere a la cesación, requiere de la actividad o participación de la autoridad respectiva, que es la única que puede hacer cesar los efectos del acto autoritario; mientras que para la actualización de la causa establecida en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando, por haber dejado de existir totalmente el objeto o materia del acto, lo que acontece por causas ajenas a la voluntad de la autoridad de mérito. Es aplicable a la anterior consideración, el criterio 2a. XLVIII/98, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Así, la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece como presupuestos necesarios para que se actualice tal causal de improcedencia los siguientes: a.- Que subsista el acto reclamado; y, b.- Que no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Bajo este orden de ideas, el acto reclamado en el presente juicio lo constituye la resolución de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, signada por la Directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, a través de la cual resuelve el recurso de inconformidad interpuesto por el aquí quejoso José Alberto Hernández Melgarejo, en contra del resultado del examen de oposición para la plaza de investigador en la entidad académica denominada "Instituto de Investigaciones Jurídicas", en la que resultó vencedor Carlos Antonio Vázquez Azuara, para ocupar una plaza de tiempo completo como investigador. Posteriormente, los Miembros de la Comisión de Honor y Justicia del Consejo Universitario General, mediante resolución de catorce de febrero del año en curso, determinaron reponer el procedimiento en la convocatoria de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, para ocupar un puesto de investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, por lo que, ordenaron dejar sin efectos todo lo actuado en dicha convocatoria y emitir una nueva convocatoria en la que se subsanaran los errores que contenía la anterior, al haberse demostrado la violación de la fracción III, IV bis y V del artículo 58 del Estatuto del Personal Académico. Ahora, sin bien es cierto que en la resolución catorce de febrero del año en curso, se ordenó reponer el procedimiento de la convocatoria de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, a partir de una nueva convocatoria; también es cierto que del contenido de dicha determinación no se desprende que se haya dejado sin efectos la resolución que constituye el acto reclamado emitida por la Directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, por la que resolvió el recurso de inconformidad que promoviera el aquí quejoso en contra de la determinación de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, por la que se declaró vencedor a Carlos Antonio Vázquez Azuara, por lo que, es una resolución valida y legítima, por tanto, se cumplió con el primer requisito de la causal de improcedencia que se analiza, el cual se ha identificado en el inciso "a" que antecede ("a.- Que subsista el acto reclamado"). De igual forma, se colmó el diverso requisito señalado en el inciso "b", puesto que aun cuando subsiste la resolución de la inconformidad de veintiocho de enero de dos mil diecinueve; sin embargo, no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir su objeto o materia, que en el caso consistió en haber confirmado el resultado obtenido en la convocatoria para ocupar una plaza de tiempo completo como investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana; en ese sentido, aun y cuando subsiste el acto combatido, la esfera jurídica del quejoso se ha modificado de modo tal que sería imposible restituirlo en las garantías violadas en el supuesto de que éstas existieran, pues la convocatoria que dio origen a tal procedimiento, se declaró insubsistente. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia número 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En las relatadas condiciones, lo que procede es SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO FUERA DE AUDIENCIA, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXII, del mismo ordenamiento. Es ilustrativa, por los razonamientos que contiene, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO". En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE ABRIL DOS MIL DIECINUEVE, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Finalmente, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías."

  4. Incidental

    [...] se resuelve: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva que solicita *****, contra el acto reclamado a las autoridades precisadas en los considerandos primero y segundo, atento a las consideraciones vertidas en el primer y tercer considerando de esta resolución.

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