José Alberto González Hernández

Expediente 833/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
833/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
21/02/2023

Partes del expediente

  • José Alberto González Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren recurrido el auto de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, conforme al artículo 2° de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo. Bajo ese orden, se estima que el presente expediente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 8, relativo al 8.1.2, punto 1., Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, en relación con el ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente debe considerarse DESTRUIBLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, al tratarse de un asunto sobreseído fuera de audiencia. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de TRES AÑOS a que se refiere el primer párrafo del artículo 21 antes invocado, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese oficio a la autoridad responsable y por lista electrónica a las restantes partes.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio 345, signado por la Fiscal Segunda Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas del XX Distrito Judicial en San Andrés Tuxtla, Veracruz; a través del cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, remite en copia certificada la investigación ministerial 635/2012-1. Sin que haya lugar a dar vista a las partes el informe justificado y las constancias de mérito, por las consideraciones que a continuación se expondrán. En principio, conviene precisar que el acto reclamado en la presente instancia constitucional consiste en: ".la negativa en la no determinación y/o proporcionar información respecto del procedimiento incoado por el suscrito en contra de los CC. Alejandra Pio Toto y Elias Machucho Beltrán, dentro de los autos de la investigación ministerial número 635/2012-1." [Énfasis añadido] Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable como justificación de su actuar, ordenadas agregar en el primer párrafo de la presente determinación, se constata que el catorce de noviembre de dos mil veintidós, la Fiscal Segunda Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas del XX Distrito Judicial en San Andrés Tuxtla, Veracruz (autoridad responsable), entregó a José Alberto González Hernández (quejoso), copias constatadas de la investigación ministerial 635/2012/ESP/SAT/I; quien firmó de recibo en la diligencia que se levantó. En esas condiciones, este órgano jurisdiccional estima que, en la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, en relación con el numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, ya que han cesado los efectos del acto reclamado. Para justificar lo antes precisado, es necesario señalar que los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, prevén lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (. ) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierte o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior (.)". El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto", es lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, se pronuncia respecto al que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental trasgredido. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no solo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, ya que es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso concreto, lo que constituía el motivo de reclamo era la omisión en que incurrió la Fiscal responsable de informar al peticionario de amparo, el estado que guardaba la indagatoria en cuestión, sin embargo, como se advierte, la misma ya fue solventada, al habérsele entregado copia de todo lo actuado dentro de la misma; en consecuencia, es inconcuso que han cesado los efectos de la omisión reclamada. Ello, dado que es palmario que se destruyeron todos los efectos del acto aquí controvertido en forma total e incondicional; por ende, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la impetrante de amparo. En esa línea, deviene ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal En las relatadas circunstancias, debe decretarse el sobreseimiento en este juicio fuera de audiencia constitucional, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sin que al efecto se considere necesario la celebración de la audiencia constitucional, pues la causa de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse, de ahí que sea procedente sobreseer el presente juicio, pues de estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario a lo establecido por el artículo 17 Constitucional. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Asimismo, se robustece con la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, que aparece publicada en la página treinta y ocho, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y contenido es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En mérito de lo antes expuesto, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio, por los motivos señalados en líneas precedentes. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y comuníquese lo anterior a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por oficio a la autoridad responsable; y por lista electrónica a las partes restantes.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que por acuerdo de dieciocho de los actuales, se tuvo a la autoridad responsable Fiscal Segundo Especializado en la Investigación de Delitos de Violación contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XIX Distrito Judicial en San Andrés Tuxtla, Veracruz, informando que remitió las constancias requeridas por acuerdo de treinta de diciembre de dos mil veintidós (consistentes en las actuaciones que integran la carpeta de investigación ********************); sin que a la presente data se hubiesen recibido las mismas. Ante ese panorama, con el fin de dar margen de que se reciban dichas documentales, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL QUINCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Sin que sea necesario girar oficio a las autoridades responsables para su debida notificación, toda vez que este Juzgador determina de menor trascendencia el presente auto, el cual deberá notificarse a las partes por medio de lista electrónica. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, del Tomo II, enero de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tenga el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio, entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Notifíquese por lista electrónica a las partes.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio telegráfico enviado por el Fiscal Segundo Especializado en la Investigación de Delitos de Violación contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XIX Distrito Judicial en San Andrés Tuxtla, Veracruz, a través del cual, informa que en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de treinta de diciembre de dos mil veintidós, remite las constancias que le fueron solicitadas. En consecuencia, estese en espera de la recepción del aludido oficio y documentales; a efecto de proveer lo que corresponda. Notifíquese por lista electrónica a las partes.

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