José Alberto González González
Expediente 1377/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 10 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1377/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 18/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- José Alberto González González
- JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ GONZÁLEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Colima, Colima, dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Lo anterior, sin perjuicio de que aún no se reciban las constancias de notificación realizadas a las autoridades responsables, atendiendo al hecho de que el sobreseimiento decretado dejó las cosas en el estado que guardaban hasta antes de la presentación de la demanda que dio origen al juicio de amparo en que se actúa, por lo que a quien afectó el resultado de la misma fue únicamente al quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XI.3º. 4 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, que a la letra dice: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO.- Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico . Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) Como en la sentencia dictada, únicamente se sobreseyó el juicio de amparo; dicho expediente es susceptible de destrucción, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción II, todos ellos del acuerdo general invocado. c) En la carátula del presente expediente, realícese la anotación de que no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, con fundamento tanto en el párrafo segundo del punto décimo primero, como en el punto vigésimo quinto, del multicitado acuerdo general. En consecuencia, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvase a la autoridad responsable las constancias allegadas al juicio de garantías; lo anterior, por ser innecesaria su retención. Finalmente, el Juez ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido. Notifíquese. Lo proveyó y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) secretario(a) José Alberto Saucedo Alcaraz, que autoriza y da fe. Mony
- Principal
En la ciudad de Colima, Colima, a las once horas con treinta minutos del veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, que actúa con el (la) Secretario(a) José Alberto Saucedo Alcaraz quien da fe, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 1377/2016-II-MO, promovido por JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, HÉCTOR RAMIRO GONZÁLEZ GONZÁLEZ y JESÚS HERNÁNDEZ ANDRADE, sin la comparecencia de las partes. A continuación, el (la) Secretario(a) da lectura de las constancias que obran en autos. El Juez acuerda, se tiene por relacionadas y recibidas las constancias que obran en autos, con apoyo en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 185, tomo IV, Primera Parte, julio-diciembre de 1989, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de texto y rubro siguientes: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACION EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Abierto el período de pruebas, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las documentales remitidas por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Contra la Salud del Nuevo Sistema de Justicia Penal de Tecomán, Colima, así como las constancias remitidas por la Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Poder Judicial del Estado de Colima, mismas que le fueron solicitadas mediante auto de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis; las que se tienen por desahogadas debido a su propia y especial naturaleza, con lo que concluye dicho periodo. Acto continuo se abre el diverso de alegatos: en este periodo el secretario hace constar que no se formuló alguno, motivo por el cual también se cierra esta fase. En las relatadas condiciones, finaliza la audiencia y quedan los autos para el dictado de la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O, para resolver, el juicio de amparo indirecto número 1377/2016-II-MO; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO.- Por escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, exhibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, con sede en Colima, CONSUELO JAZMIN GONZÁLEZ GODINES a favor de JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, HÉCTOR RAMIRO GONZÁLEZ GONZÁLEZ y JESÚS HERNÁNDEZ ANDRADE, promovió juicio de amparo contra el acto reclamado y por las autoridades responsables precisadas en el libelo constitucional. SEGUNDO.- Por acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, este juzgado se avocó al conocimiento de la demanda, la tuvo por presentada, y en diverso proveído de veintiséis de agosto del año en curso, ordenó su admisión, quedando registrada en el libro de gobierno con el número 1377/2016-II-MO; además, en el aludido acuerdo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se requirió a las autoridades señaladas como responsables la rendición de su respectivo informe justificado; no se tuvo por señalado a tercero interesado alguno, ya que se estimó, que dada la naturaleza del acto reclamado, no se surtía alguna de las hipótesis previstas en la fracción III, del artículo 5 de la Ley de Amparo; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde, quien no formuló pedimento; y se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional la cual se celebró con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O . PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 35 de la Ley de Amparo; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. SEGUNDO.- Antes de entrar al estudio de la certeza de los actos reclamados, es menester precisar cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tal efecto, se analiza en su integridad la demanda de garantías, atendiendo a las razones que se contienen en la jurisprudencia número 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de la lectura cabal a la demanda de garantías, se advierte que el acto reclamado en el juicio en que se falla es: La privación de la libertad de los quejosos realizada por autoridades administrativas. TERCERO.- Por razón de método, debe en principio analizarse si en verdad los actos reclamados existen, es decir, resolver respecto de su certeza, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que de manera oficiosa se advierta se actualicen para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el tema de la constitucionalidad del acto. Lo anterior es así, porque de no existir el acto combatido, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, igualmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia del amparo o de la materia de fondo sometida a la consideración, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de garantías sea procedente. Cítese al respecto la tesis intitulada: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". Así, se tiene que las autoridades responsables Procurador General de Justicia del Estado de Colima y Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Cuarta de Tecomán, Colima, negaron expresamente la existencia de los actos reclamados. Por tanto, como la conducta que les es atribuida es un acto positivo, es obvio que a las citadas autoridades responsables, no les asiste obligación de exponer razonamiento alguno al respecto, mucho menos se hace necesaria la remisión de las constancias a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la tesis que establece: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa". En otro orden de ideas, de la interpretación de los artículos 63, fracción IV, 119 y 124 de la Ley de Amparo, se aprecia que corresponde a las partes desvirtuar la negativa de los actos atribuidos a las autoridades responsables, debiendo acreditar la existencia de los actos reclamados y la inconstitucionalidad de los mismos. Apoya la anterior consideración, la Jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO.- En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Así las cosas, del análisis de las constancias que integran el cuaderno de amparo se advierte que los peticionarios de garantías no aportaron prueba idónea que desvirtúe la negativa sostenida por la autoridad responsable en relación a la existencia de los actos que de ella se reclaman. En efecto, en el juicio en que se falla no se desvirtuó el contenido del informe justificado rendido por las autoridades responsables; por tanto, se tienen por inexistentes los actos motivo de la litis constitucional en que se resuelve. Finalmente, no pasa inadvertido para quien esto falla, que la impetrante del amparo formuló su libelo constitucional bajo protesta de decir verdad; sin embargo, tal aseveración no desvirtúa la causa de sobreseimiento que en el caso concreto se actualiza, puesto que dicha protesta, si bien constituye una testificación espontánea que se hace para adquirir o conservar un derecho o preservarse de un daño que pudiera sobrevenir, en el que, quien la hace se obliga a declarar con verdad acerca de los hechos que relata, no basta para tener por acreditadas las conductas autoritarias reclamadas, ya que tal protesta sólo es un requisito de la demanda establecido en el artículo 108 de la Ley de Amparo y no tiene el carácter de medio de prueba; pues para que surtiera eficacia convictiva, debió apoyarse en algún otro medio de convicción que la hiciera verosímil, habida consideración de que lo en ella afirmado es en su beneficio. Fundamenta la anterior conclusión, la tesis sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. PRUEBA DE SU EXISTENCIA. No basta para acreditar la certeza de los actos reclamados, cuando las autoridades niegan su existencia, la manifestación bajo protesta de decir verdad que de aquéllos haga el quejoso en su demanda de amparo, sino que es necesario que ante tal negativa, el promovente aporte pruebas que la desvirtúen." En esas condiciones, procede el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo que a la letra establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional". Acerca de lo expresado cobra exacta aplicación la jurisprudencia 284 del tomo II, volumen 1, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". De igual manera, es aplicable al caso, la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que dice: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." CUARTO.- Por otro lado, al rendir su informe justificado, el Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Contra la Salud del Nuevo Sistema de Justicia Penal de Tecomán, Colima y el responsable de la Partida de la Policia de procuración de Justicia del Estado, con destacamento en Tecomán, negaron el acto que se les reclama; sin embargo, en los propios oficios hacen diversas manifestaciones que evidencian su certeza, por lo que el acto que se les reclama debe tenerse por cierto. Resulta aplicable la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en la página 391, tomo XIV, julio de 1994, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de texto y rubro siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA.- En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". QUINTO.- Previo al estudio de la materia de fondo, se procede en forma oficiosa, al estudio de las causales de improcedencia que sobre el particular se actualiza, por tratarse de una cuestión de orden público cuyo estudio es preferente. Cobra aplicación la jurisprudencia número 814, localizable en la página 553, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora bien, quien esto resuelve advierte de oficio, que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del citado numeral 61 de la ley de la materia. Es así, en virtud de que adjunto al informe provisional y al oficio 1054, signados respectivamente, por el Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Contra la Salud del Nuevo Sistema de Justicia Penal de Tecomán, Colima, y por la Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Poder Judicial del Estado de Colima, fueron remitidas copias certificadas de diversas actuaciones que integran la carpeta de investigación NSJP/TEC/CI/SALUD1-51/2016 y de la causa única II-366/2016; documentales públicas a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, de cuyo contenido se aprecia que los quejosos se encontraban a disposición del aludido agente del Ministerio Público, por su probable responsabilidad penal en la comisión de los delitos, respectivamente de contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo en la variante de posesión simple del narcótico denominado marihuana, contra la salud en la modalidad de narcomenudeo en la variante de comercio hipótesis de venta del narcótico denominado marihuana y metanfetamina, así como contra la salud en la modalidad de narcomenudeo en la variante de posesión con fines de comercio hipótesis de venta de narcótico denominado marihuana; y el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, fueron consignados ante el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Poder Judicial del Estado de Colima, quien ratificó de legal su detención por estimar que se efectúo en flagrancia de los ilícitos en cuestión. Lo expuesto denota que en la especie se actualiza de modo notorio, manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, del tenor: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Ahora bien, en el caso concreto, se considera actualizada la causal de improcedencia, de tomar en consideración que los quejosos reclamaron de la responsable la privación su libertad realizada por autoridades administrativas; sin embargo, al haber sido consignados ante la autoridad judicial, cesaron los efectos del acto reclamado, pues a partir de ese momento quedaron a disposición de una autoridad diversa a las que llevaron a cabo su detención. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 1045 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, septiembre de 1998, del rubro y texto siguientes: "DETENCIÓN PRACTICADA POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. CESACIÓN DE SUS EFECTOS CUANDO LA RATIFICA UNA AUTORIDAD JUDICIAL. Si el acto reclamado en un juicio de amparo, se hace consistir en la orden de detención llevada a cabo por elementos de la Policía Judicial del Estado, pero de autos se advierte que la aludida detención fue calificada como legal por una autoridad judicial, trae como consecuencia la cesación de sus efectos, pues resulta inconcuso que al haberse efectuado la calificación de la detención, a partir de ese momento el inculpado quedó a disposición del Juez del proceso y no de quienes lo detuvieron". De ahí que, resulta evidente lo ocioso del examen de un acto que ya no tiene vida jurídica, máxime que no es propio de los fines del amparo pronunciar sentencia respecto de actos que han quedado sin efectos y que por lo tanto, ya no ocasionan agravio alguno al peticionario de garantías; en consecuencia resulta, de manera indiscutible improcedente el juicio intentado, a la luz de lo que dispone la fracción XXI, del numeral 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de nuestra Carta Magna. Es ilustrativa al caso la tesis número P. CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VI, visible en la página 71, cuyo rubro y texto establece: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS, PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aislada, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Sustenta este mismo criterio la jurisprudencia 2a./J. 9/98, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de 1998, novena época, página 210, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En esas circunstancias, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse plenamente la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la ley en cita. Por todo lo anterior, es innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por la quejosa, tal como lo establece la jurisprudencia número 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 335, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, del título: "SOBRESEIMIENTO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por lo expuesto, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por CONSUELO JAZMIN GONZÁLEZ GODINES a favor de JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, HÉCTOR RAMIRO GONZÁLEZ GONZÁLEZ y JESÚS HERNÁNDEZ ANDRADE. Notifíquese. Lo proveyó y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito del Estado de Colima, que actúa con el(la) secretario(a) José Alberto Saucedo Alcaraz quien da fe.
- Principal
Téngase por recibido el oficio signado por la Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Poder Judicial del Estado de Colima, mediante el cual, en cumplimiento a lo solicitado en auto de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, remite copia certificada del auto de radicación de la carpeta administrativa II-74/2016, de su índice; documentales con las que se ordena dar vista a las partes en términos del artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, sin perjuicio de hacer relación de ello al celebrarse la audiencia constitucional, en términos de los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, tomando en consideración que del informe justificado rendido por el Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Contra la Salud 1 del Nuevo Sistema de Justicia Penal de Tecomán, Colima, se advierte que en la carpeta de investigación NSJP/TEC/CI/SALUD1 51/2016 Y NUC: II-366/2016, ejercitó acción penal en contra de los quejosos JESÚS HERNÁNDEZ ANDRADE, JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ GONZÁLEZ y HÉCTOR RAMIRO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, como probables responsables de los delitos de CONTRA LA SALUD EN LA MODALIDAD DE NARCOMENUDEO. EN LA VARIANTE DE POSESION SIMPLE. DEL NARCOTICO DENOMINADO MARIHUANA; CONTRA LA SALUD EN LA MODALIDAD DE NARCOMENUDEO, EN LA VARIANTE DE COMERCIO HIPOTESIS DE VENTA DEL NARCÓTICO DENOMINADO MARIHUANA Y METANFETAMINA, y CONTRA LA SALUD EN LA MODALIDAD DE NARCOMENUDEO. EN LA VARIANTE DE POSESION CON FINES DE COMERCIO HIPOTESIS DE VENTA DEL NARCÓTICO DENOMINADO MARIHUANA, respectivamente, misma que fue consignada ante el Juez de Control del Segundo Partido Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con sede en Tecomán, Colima. En consecuencia, con fundamento en los artículos 61 y 75 de la Ley de Amparo, en relación con el ordinal 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, requiérase al citado juez de control, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copia certificada del auto de radicación de la causa penal condigna, ya que dichas constancias son necesarias para la resolución del presente juicio de garantías, por existir un indicio de una posible causa de improcedencia; bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo indicado, se le impondrá como medida de apremio una multa mínima de cien unidades de medida y actualización vigente en la Ciudad de México, la que se le hará efectiva por los conductos debidos, de conformidad con lo que establece el artículo 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la tesis de Jurisprudencia 1a./J. 163/2005, relativa a la Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, Enero de 2006, página 319, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto." Para dar margen a lo anterior, ha lugar a diferir la audiencia incidental señalada para este día, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para su celebración.
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