José Alberto García Merino

Expediente 81/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
81/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
15/03/2022

Partes del expediente

  • José Alberto García Merino

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, se desprende que el auto de veintiséis de enero de dos mil veintidós, por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta recibido vía correo electrónico suscrito por la Jueza de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, recibido vía correo electrónico, por el cual devuelve sin diligenciar el despacho 85/2022 del índice de este Juzgado, mismo que se le envió a efecto de que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, se sirviera a notificar a los autorizados de la parte quejosa el auto de veintiséis de enero de dos mil veintidós, por las razones que en el mismo expone; en tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa por lista el proveído de mérito, así como los subsecuentes autos aún los de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio correcto en la ciudad de Puebla para tal efecto.

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL PROVEIDO DE DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE VEINTISEIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS Puebla, Puebla, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo de ----------, que se promueve contra los actos del JUEZ DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEHUACÁN, PUEBLA, recibida en el Módulo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), la cual cuenta con firma electrónica1 , la cual no corresponde a la del quejoso, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 81/2022. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." 1 Lo que se corrobora con lo asentado en la evidencia criptográfica - transacción; por ende, el oficio tiene valor probatorio en términos de los artículos 3 y 5 del Acuerdo General 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada por el Poder Judicial Federal y al expediente electrónico, así como lo contemplado en el considerando séptimo y dispositivo 1, 2, 3, 7, 58 y 107 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil catorce. Por tanto, del análisis de la demanda de amparo que nos ocupa, se aprecia que la misma se encuentra suscrita por ---------------; sin embargo, la firma electrónica corresponde al usuario --------------, por lo que el suscrito considera que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia por lo cual procede desechar de plano la demanda de amparo. Al respecto, es conveniente precisar que los artículos 6,15 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Del primero de los artículos transcritos, se conoce que el juicio de amparo únicamente puede promoverlo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, y esto lo podrá hacer por sí, por su representante legal, por su apoderado o por cualquier persona en los casos previstos en la propia Ley de Amparo, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde con relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. De igual forma, se conoce que cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal las personas podrán promover el juicio de garantías por conducto de su defensor o de cualquier persona; sin embargo, el mismo precepto legal prevé una excepción a la citada regla, la cual consiste en que si bien el amparo lo puedan promover los afectados por conducto de cualquier persona, dicha facultad se encuentra limitada a aquéllos casos específicos en que la propia Ley de Amparo lo permita expresamente. En este sentido, destaca el artículo 15 del mismo ordenamiento legal, en el que se establece que cuando los actos importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el amparo podrá promoverlo cualquier otra persona en nombre del agraviado o quejoso; sin embargo, dicho numeral impone un requisito sine quanon a fin de que cualquier otra persona pueda promover el amparo a favor del quejoso, en su nombre. En mérito de lo anterior, es dable precisar que el promovente reclama de la autoridad señalada como responsable el auto de FORMAL PRISIÓN O PREVENTIVA, emitido dentro del proceso número 154/2014-I, del índice del Juzgado Penal del Distrito Judicial de Tehuacán Puebla. Sin que del contenido de la demanda se advierta algún hecho que permita concluir que el hoy quejoso no esté en aptitud de promover la demanda de amparo por su propio derecho; es decir, que el quejoso se encuentre en un estado que le impida signarla por sí mismo. Cuenta habida que no basta que el promovente refiera que se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Tehuacán, Puebla, pues no refiere que se encuentre imposibilitado para promover la demanda por su propio derecho. En tal virtud, al ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos de promover el juicio de amparo que se rige por el principio de instancia de parte agraviada y, al no haber firma electrónica (FIREL) del directo quejoso, no se satisface el requisito que exige el artículo 6° de la Ley de Amparo; por lo que procede desechar la demanda de amparo. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Sirve de apoyo la tesis jurisprudencial P./J.32/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes once de enero de dos mil diecinueve en el Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." Sin que se advierta en el caso un supuesto de urgencia, pues para ello es necesario que el acto que se reclame sea de aquellos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, es decir, se trate de actos que importen peligro de privación de a la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al ejército nacionales; pero como se expuso, la parte quejosa reclama un auto de FORMAL PRISIÓN O PREVENTIVA, emitido dentro del proceso número 154/2014-I, del índice del Juzgado Penal del Distrito Judicial de Tehuacán Puebla. De lo anterior, se concluye que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al no satisfacerse los extremos del artículo 15 de la Ley de Amparo, resulta inconcuso que ---------- no está legitimada para signar electrónicamente y promover en nombre de -----------posibilitado de promover por sí mismo el juicio constitucional. En tales condiciones, resulta procedente DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO al encontrarse de manera notoria e indudable una causa de improcedencia que impide su admisión, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6, 15, primer párrafo, y 113 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. AUTORIZADOS Téngase como autorizados de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ---------- y con las limitaciones a que hace referencia el citado numeral por cuanto hace a los diversos profesionistas que menciona. -------------- Ahora, tomando en consideración que la parte quejosa señaló como domicilio el ubicado en Avenida Zaragoza Numero 236 Interior 13 San Francisco Ocotlan, Puebla, para oír y recibir notificaciones, mismo que se encuentra fuera de donde reside el presente órgano jurisdiccional; en tales condiciones, por única ocasión con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo y en lo dispuesto en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación a la Ley de Amparo, gírese despacho vía correo electrónico al Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, instruya al diligenciario de su adscripción que corresponda, bajo su más estricta responsabilidad, se constituya con las medidas de seguridad e higiene correspondientes a fin de evitar la propagación del virus Covid-19, en el domicilio proporcionado, y notifique de manera personal a la parte quejosa el contenido del presente acuerdo, y lo requiera para que dentro del término de tres días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído deberá señalar domicilio en este Municipio de Puebla para oír y recibir sus notificaciones, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo las subsecuentes se le harán por medio de lista, aún las de carácter personal, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Se solicita al aludido Juez de lo Penal que de no tener inconveniente legal alguno, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, habilite al Actuario encargado de practicar la notificación ordenada en el párrafo que antecede, para que de ser necesario se constituya en el centro de reclusión aludido en días y horas inhábiles. Asimismo, se requiere al Juez de lo Penal a fin de que dentro del plazo de tres días siguientes al en que reciba el despacho mencionado en el párrafo que antecede, devuelva vía electrónica la correspondiente constancia de notificación a la cuenta de correo electrónico: 5jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx En el supuesto excepcional de que tal despacho no pueda remitirse electrónicamente, la recepción física se hará en la Oficialía de Partes para este juzgado, instalada en calle 23 Poniente # 2509, colonia Los Volcanes, Puebla, Puebla, C.P. 72410, en días hábiles de lunes a viernes en horario de nueve a catorce horas, o en el buzón judicial instalado en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en Puebla, ubicado en avenida Osa Menor número Ochenta y Dos, planta baja, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, en San Andrés Cholula, Puebla, C. P. 72810. QUEJOSO INTERNO Por otra parte, tomando en consideración que el quejoso ------------, se encuentra privado de su libertad personal en el interior del Centro Penitenciario de Tehuacán, Puebla, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, gírese también despacho vía correo electrónico al Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla, a fin de que ordene al servidor público adscrito al juzgado de su adscripción que corresponda, bajo su más estricta responsabilidad, se constituya con las medidas de seguridad e higiene correspondientes a fin de evitar la propagación del virus Covid-19, en el interior de dicho recinto carcelario y una vez teniendo a la vista al citado quejoso, le notifique de manera personal el contenido del presente acuerdo, debiendo entregar copia autorizada con firma electrónica del mismo. Se solicita al aludido Juez de lo Penal que de no tener inconveniente legal alguno, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, habilite al Actuario encargado de practicar la notificación ordenada en el párrafo que antecede, para que de ser necesario se constituya en el centro de reclusión aludido en días y horas inhábiles. Asimismo, se requiere al Juez de lo Penal a fin de que dentro del plazo de tres días siguientes al en que reciba el despacho mencionado en el párrafo que antecede, devuelva vía electrónica la correspondiente constancia de notificación a la cuenta de correo electrónico: 5jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx En el supuesto excepcional de que tal informe y constancias relativas -como discos ópticos u otro tipo de anexos-, no puedan remitirse electrónicamente, la recepción física se hará en la Oficialía de Partes para este juzgado, instalada en calle 23 Poniente # 2509, colonia Los Volcanes, Puebla, Puebla, C.P. 72410, en días hábiles de lunes a viernes en horario de nueve a catorce horas, o en el buzón judicial instalado en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en Puebla, ubicado en avenida Osa Menor número Ochenta y Dos, planta baja, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, en San Andrés Cholula, Puebla, C. P. 72810. AUTORIZACIÓN DE CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Ahora, se reserva la petición de acceso a expediente electrónico y las notificaciones por dicha vía, hasta que el quejoso proporcione su "nombre de usuario"2 obtenido al registrarse en el "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial 2 Se entiende que debe estar vinculado a la firma electrónica. de la Federación", tal como se prevé en los artículos 17, párrafo segundo, y 35, párrafo primero, y segundo, del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues el uso de esa herramienta debe ser expresa, y en la caso si bien está externada la intención, no fue proporcionado el nombre del usuario por lo que no se constituye la voluntad necesaria para tal efecto. COMUNICACIONES PROCESALES Respecto al señalamiento de correos electrónicos y número telefónicos que proporciona en su escrito de demanda, en términos del artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene únicamente señalado para realizar comunicaciones no procesales, no así para que se realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. FORMA DE NOTIFICACIÓN Así, en atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, toda vez que el CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, ha determinado la implementación de medidas para evitar la propagación del virus COVID-19, así como privilegiar el acceso a la justicia federal; conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, el cual faculta a los juzgadores, a exhortar a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, asimismo propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En tales condiciones, se exhorta a las partes, para que de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, y 29 del ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese, y por la vía indicada a la parte quejosa.

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