José Alberto García Durán
Expediente 480/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 480/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- José Alberto García Durán
Actuaciones
- Principal
MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el diez de mayo de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por José Alberto García Durán; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Finalmente, devuélvase al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, las copias certificadas de las constancias deducidas del expediente laboral 2249/2014 de su índice, las que anexó a su informe justificado que rindió y se manejaron por cuerda separada constantes de un tomo. Notifíquese.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 480/2022-6, promovido por *******************, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad y otra autoridad, por estimarlo violatorio de los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito de demanda recibida el uno de abril de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada por la Oficina de Correspondencia Común el cinco siguiente, y turnada a este órgano jurisdiccional el seis de abril posterior, José Alberto García Durán, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra del acto y las autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 ".Se reclama la evidente Inactividad Procesal por parte de la H. JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO Y SU ACTUARIO ADSCRITO, en el expediente No. 2249/2014, relativo al juicio laboral promovido por el Suscrito Quejoso ***************, específicamente en la OMISIÓN DE SEÑALAR FECHA PARA LA CONTINUACIÓN AL PROCEDIMIENTO EN LA ETAPA DE EMBARGO, es evidente que se viola en mi perjuicio lo estatuido y establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo segundo, que precisa los alcances de la justicia pronta y expedita, así como se contraviene lo establecido en los artículos 685, 686, 771 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo, que hacen referencia a los términos en que debe de desahogarse el procedimiento laboral y la responsabilidad de las autoridades del trabajo en cuanto a que no queden inactivos los expedientes de que conocen, razón por la cual se recurre a la presente vía, para que se ordene a la responsable que cumpla con lo dispuesto por los artículos señalados y se emita de oficio y a la brevedad posible el acuerdo correspondiente PARA FECHA DE EMBARGO dentro del juicio laboral No. 2249/2014, en cuanto dicho acuerdo exista." AUTORIDADES RESPONSABLES 1 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. 2 ACTUARIO ADSCRITO A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de siete de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo bajo el expediente 480/2022-6, se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se otorgó la legal intervención al fiscal federal de la adscripción; dada la naturaleza de la cuestión planteada, no se le reconoció carácter de tercero interesado a persona alguna y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es este, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La omisión de señalar hora y fecha para la diligencia de embargo en los autos del juicio laboral 2249/2014, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, conjuntamente con el actuario de su adscripción, al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto reclamado; y remitieron copias certificadas de diversas constancias deducidas del expediente laboral 2249/2014, de su índice, las cuales obran por cuerda separada en este juzgado. Documentales públicas a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del citado Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de actuaciones que no fueron contradicho su contenido. Es ilustrativo al caso, por las razones que lo informan, el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en la tesis número XX. 303 K, visible en la página 227, del Tomo XV, Enero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y tenor siguiente: DOCUMENTO PÚBLICO. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR. Se entiende por documento público, el testimonio expedido por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, el cual tiene valor probatorio y hace prueba plena, ya que hace fe respecto del acto contenido en él. En este contexto, es inexistente el acto reclamado a las citadas responsables toda vez que de las constancias que adjuntaron a su informe justificado, se advierte lo siguiente: El once de octubre de dos mil dieciocho (foja 145 del tomo de pruebas), la junta responsable procedió a despachar auto de ejecución y se comisionó al actuario de esa junta a constituirse en el domicilio de la parte demandada MSPV, SEGURIDAD PRIVADA, sociedad anónima de capital variable, con la intervención de la actora, para requerir el pago de la cantidad condenada; en el mismo auto, se le hizo saber a la parte actora que podía pasar en cualquier día y hora hábil a la Secretaría General de Ejecución de esa junta, con la finalidad de que le fuera asignada hora y fecha para la realización de la diligencia antes mencionada. En proveído de veintitrés de enero de dos mil diecinueve (foja 150 del tomo de pruebas), la junta responsable tuvo por recibido el escrito de Gilberto Ramos de la Cruz, en su carácter de apoderado legal de los actores, en el que señaló nuevo domicilio para citas y notificaciones; asimismo, se le negó la designación de representante común peticionada. De igual manera, en dicho auto se dejó sin efectos el auto de ejecución de once de octubre de dos mil dieciocho, en virtud de que fue dirigido en contra de una persona moral diversa a la demandada y condenada; por lo que, la junta responsable procedió a despachar auto de ejecución con efecto de mandamiento en forma hasta por la cantidad de $2´991,712.18 (dos millones novecientos noventa y un mil setecientos doce pesos, con dieciocho centavos moneda nacional) de los cuales, le corresponde al actor José Alberto García Durán, la cantidad de $379,932.97 (trescientos setenta y nueve mil novecientos treinta y dos pesos con noventa y siete centavos moneda nacional); por lo que se comisionó al actuario de esa junta a constituirse en el domicilio de la parte demandada Juan de Dios Saint Martin Zepeda, Juan Martin Saint Martin Zepeda, José Alejandro Ángel Saint Martin Zepeda, Fernando Saint Martin Zepeda, Saint Martin Construcciones, sociedad anónima de capital variable, Compañía Minera San Alejandro, sociedad anónima de capital variable, Protección y Soldadura del Sureste, sociedad anónima de capital variable y Seres Servicios Especializados en Medio Ambiente, sociedad anónima de capital variable, con la intervención de la actora, para requerir el pago de la cantidad antes mencionada; por tanto, en el mismo auto, se le hizo saber a la parte actora que podía pasar en cualquier día y hora hábil a la Secretaría General de Ejecución de esa junta, con la finalidad de que le fuera asignada hora y fecha para la realización de la diligencia antes mencionada. En proveído de diez de febrero de dos mil veinte (foja 165 del tomo de pruebas), la junta responsable tuvo por recibido el escrito de Gilberto Ramos de la Cruz, en su carácter de apoderado legal de los actores y en atención a su solicitud, se ordenó turnar los autos a uno de los actuarios adscritos a esa junta, para que notificaran a la parte demandada y condenada, los proveídos de once de octubre de dos mil dieciocho y veintitrés de enero de dos mil diecinueve; el cual le fue notificado a la parte actora por conducto del diverso actor Javier Cruz Cárdenas, el once de marzo de dos mil veinte, como se advierte de la constancia de notificación que obra a foja 166 del tomo de pruebas. En diligencia de tres de noviembre de dos mil veintiuno (foja 168 del tomo de pruebas), la actuaria adscrita a la junta responsable, hizo constar que no le fue posible llevar a cabo lo ordenado en proveído de diez de febrero de dos mil veinte, en virtud de que no pudo localizar la dirección correcta de los demandados, por lo que solicitó a la parte actora para que proporcionara mayor referencia o acompañe al actuario que en su momento se designe para llevar a cabo la notificación. De lo anterior, se advierte que en proveídos de once de octubre de dos mil dieciocho, veintitrés de enero de dos mil diecinueve y diez de febrero de dos mil veinte, la junta responsable despachó auto de ejecución por la cantidad de $2´991,712.18 (dos millones novecientos noventa y un mil setecientos doce pesos con dieciocho centavos, moneda nacional) de los cuales, le corresponde al actor José Alberto García Durán, la cantidad de $379,932.97 (trescientos setenta y nueve mil novecientos treinta y dos pesos con noventa y siete centavos moneda nacional), en contra de Juan de Dios Saint Martin Zepeda, Juan Martin Saint Martin Zepeda, José Alejandro Ángel Saint Martin Zepeda, Fernando Saint Martin Zepeda, Saint Martin Construcciones, sociedad anónima de capital variable, Compañía Minera San Alejandro, sociedad anónima de capital variable, Protección y Soldadura del Sureste, sociedad anónima de capital variable y Seres Servicios Especializados en Medio Ambiente, sociedad anónima de capital variable, haciéndole saber a la parte actora que podía acudir en cualquier día y hora hábil a la secretaría general de esa junta, para que le fuera asignada hora y fecha para la realización de las referidas diligencias, lo cual le fue debidamente notificado a la parte actora por conducto de su apoderado legal. Posteriormente, en diligencia de tres de noviembre de dos mil veintiuno, la actuaria adscrita a la junta responsable, hizo constar que no le fue posible llevar a cabo lo ordenado en proveído de diez de febrero de dos mil veinte, en virtud de que no pudo localizar la dirección correcta de los demandados, por lo que solicitó a la parte actora para que proporcionara mayor referencia o acompañara al actuario que en su momento se designe para llevar a cabo dicha notificación, sin que se advierta que la parte quejosa haya comparecido ante la junta responsable a solicitar fecha y hora a fin de ejecutar el laudo condenatorio respectivo, o proporcionar mayor referencia respecto del domicilio de la parte demandada; por lo que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -uno de abril de dos mil veintidós-, la junta responsable ya había emitido los autos de ejecución de laudo (once de octubre de dos mil dieciocho, veintitrés de enero de dos mil diecinueve y diez de febrero de dos mil veinte), lo cual fue notificado a la parte actora ahora quejosa, sin que se advierta haya comparecido él o su apoderado legal, ante la junta responsable a solicitar fecha y hora a fin de ejecutar el laudo condenatorio respectivo; por lo que la junta responsable no se encontraba en aptitud legal para ejecutar el laudo correspondiente por un acto imputable a la parte quejosa como lo es acudir ante la responsable a solicitar fecha y hora para el desahogo de la diligencia de requerimiento de pago y embargo a la demandada, de ahí que se considera que el acto reclamado resulta inexistente. Al respecto, sirve de apoyo a lo expuesto, en lo conducente, lo establecido en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del siguiente rubro y texto: ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos. También es de tomar en cuenta la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/94, formulada por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 79, Julio de 1994, página 15, cuy rubro y texto es: ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. En las relatadas circunstancias, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio en términos de la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de siete de abril de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por *******************, contra el acto reclamado y las autoridades precisadas en el resultando primero, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
mesa 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado, rendido de manera conjunta por la Presidente y Actuario de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, autoridades señaladas como responsables y anexos que acompañan, consistentes en copias certificadas de diversas constancias deducidas del expediente laboral 2249/2014 de su índice; en tal razón, con el contenido de éstos, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias que anexó, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Por otro lado, de la revisión de los presentes autos se advierte que en proveído de siete de abril del presente año, se reservó acordar en relación a la prueba ofrecida por la parte quejosa, en su libelo de amparo, consistente en la instrumental de actuaciones que rindiera la autoridad responsable y, en virtud de lo acordado previamente; dicha probanza se tiene por admitida y desahogada, en razón de su propia y especial naturaleza por no requerir forma especial para su recepción, y valórese al momento de dictarse la sentencia respectiva, sin perjuicio de hacer nueva relación de la misma en la audiencia constitucional. Debido a la voluminosidad de las constancias remitidas por la autoridad responsable, manéjense éstas por cuerda separada constantes de un tomo y déjense a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este órgano de control constitucional. Notifíquese.
- Principal
mesa 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, SIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto el escrito de demanda mediante el cual José Alberto García Durán, por su propio derecho, solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, que estima violatorios de los artículos 8 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 480/2022-6. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 35, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA en sus términos. PROMOCIONES VÍA CORREO INSTITUCIONAL Tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, y atendiendo a lo estipulado en el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo oficial de este juzgado 3jdo10cto@correo.cjf.gob.mx, para que por la vía antes citada, rindan informes, presenten promociones o acusen recibo de los oficios entregados, lo anterior en lo que concluye la contingencia. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Y APERCIBIMIENTO. Ahora bien, con fundamento en los numerales 116 y 117 de la ley de la materia, pídanse informe justificado a las autoridades señaladas como responsables al que deberán anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el acto reclamado, debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se solicita, el que también podrán remitir vía fax al número 01(99-3) 3-10-50-23, apercibidas que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día hábil siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintidós; asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables de las penas en que incurren con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omita el que le conste en relación con el amparo, previsto en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento a las autoridades señaladas como responsables, que si bien se les otorga un término de quince días para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que les impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se exhorta a las autoridades que en cuanto tengan la información necesaria para rendir el informe que se les requiere, de inmediato lo hagan saber a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberán hacerlo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de dicho informe por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se les aplicará la multa decretada. AVISO DE EVENTUAL PROMOCIÓN DE DIVERSOS JUICIOS Y DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a las autoridades responsables que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la citada legislación, se harán acreedoras a una multa de 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos con sesenta centavos); la que se deduce de multiplicar por treinta la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día hábil siguiente, con efectos a partir del uno de febrero de dos mil veintidós. PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR NOTIFICACIÓN. Se le hace saber a las autoridades que tienen la obligación de recibir el oficio aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido que de negarse a recibir el oficio de referencia, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos), la que se deduce en los mismos términos de lo decretado en párrafos que anteceden. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIEZ DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por otra parte, con fundamento en los numerales 9°, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señalen. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES. Con copia de la demanda, dese la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO. Ahora, no puede reconocérsele la calidad de terceros interesados a las personas morales y físicas, que señaló el quejoso en su escrito de demanda, en términos del artículo 5° de la Ley de Amparo, porque aun cuando sean su contraparte en el juicio natural, no tienen interés jurídico en que subsista el acto reclamado, en virtud de que se trata de una dilación procesal. PRUEBAS. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene al promovente de mérito ofreciendo como pruebas en el presente asunto, la instrumental pública de actuaciones que integran el expediente laboral 2249/2014, por lo que este órgano jurisdiccional se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto las autoridades responsables rindan su informe justificado. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordinales invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y, de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de las autoridades responsables, a quienes se les comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda, y toda vez que del contenido de la demanda se desprende que la parte quejosa tiene el carácter de actora en el juicio laboral de donde deviene el acto reclamado, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona en su demanda, por así haberlo solicitado; pues solo el segundo párrafo del citado numeral, exige que se acredite la calidad de licenciado en derecho en las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal. En relación al número telefónico que proporciona, este juzgado toma conocimiento del mismo, únicamente como una comunicación no procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, toda vez que carece de eficacia jurídica para tales efectos. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. INCIDENTE. No se tramita incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del "juicio en línea". Notifíquese.
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