José Alberto Estrada Romero
Expediente 1022/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 11 actuaciones registradas, la última del 8 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1022/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 08/01/2021
Partes del expediente
- José Alberto Estrada Romero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, ocho de enero de dos mil veintiuno. ****************************************Vista la certificación que antecede, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo.****************************************Sin que pase inadvertido para quien ahora resuelve, que no obren en autos la totalidad de los acuses de los oficios por los cuales se notifica a las autoridades responsables la sentencia que hoy adquiere firmeza, pues dado el sentido de la misma, es inconcuso que en nada les afecta.****************************************Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula.************************************************************ Se hace la aclaración que la parte quejosa no allegó al juicio principal algún documento que por sus características amerite ser devuelto.****************************************Notifíquese
- Principal
En la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, a las doce horas con treinta minutos del dieciocho de diciembre de dos mil veinte, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, el licenciado Jorge Arturo Landaverde Landaverde, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con residencia en esta ciudad, Encargado del Despacho por vacaciones de la Secretaria en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, aprobado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, comunicado mediante oficio CCJ/ST/2661/2020, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Ceja Andrade, Secretaria que autoriza y da fe, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia. La Secretaria da lectura a la demanda de amparo, a los informes justificados y a las demás constancias que obran en el expediente. A lo que el Secretario Encargado del Despacho acuerda. Téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. En el periodo de pruebas. La Secretaria da cuenta que ninguna de las partes ofreció algún medio de convicción. 1 A lo que el Secretario Encargado del Despacho determina. No habiendo más que agregar se cierra el periodo probatorio, por lo cual precluye el derecho de ofrecer pruebas. En el periodo de alegatos. La Secretaria da cuenta con el pedimento del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito que se ordenó agregar en auto anterior; asimismo, hace constar que ninguna de las demás partes hizo uso de ese derecho. A lo que el Secretario Encargado del Despacho acuerda. Ténganse por formulados los alegatos realizados por el Fiscal adscrito, los que de ser procedentes serán tomados en cuenta en el momento procesal que corresponda. Asimismo, se da por perdido el derecho de las demás partes para formularlos; en tal virtud se cierra el presente periodo. Encontrándose debidamente integrado el expediente en que se actúa, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procédase a emitir la resolución que corresponda conforme a derecho. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1022/2020-III, promovido por ****, por propio derecho, contra actos de los Jueces del Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Unidad I del Distrito Judicial de Querétaro y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado en el buzón judicial correspondiente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, y turnado a este Juzgado, compareció ****, por propio derecho, y solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por el acto que en consideración aparte se especificarán. SEGUNDO. La parte quejosa de amparo narró los antecedentes del acto reclamado; invocó los preceptos constitucionales que consideró transgredidos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Por auto de treinta de noviembre de dos mil veinte, se registró el expediente con el progresivo 1022/2020-III en el Libro de Gobierno; se admitió parcialmente la demanda; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete y se citó a las partes a la audiencia constitucional, la que se inició en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, resulta competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII de la Constitución General de la República; 1 fracción I, 35, 37 y 107 fracción I de la Ley reglamentaria invocada: 48, 52 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, éste último en relación con el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, dado que se reclama un acto que se pretende ejecutar en territorio donde este juzgado tiene jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el caso, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto 3 por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto que por esta vía se impugna y que se desprende del análisis integral del escrito de demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte solicitante del amparo, con la finalidad de estar en posibilidad de resolver la litis efectivamente planteada y determinar lo que la parte quejosa dijo o quiso decir, armonizando los datos proporcionados en la demanda. Lo anterior, tiene sustento además, en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así también, se cita el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número P. VI/2004, aparece publicada en la página 255, del Tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, Novena Época, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así las cosas, analizada la demanda en su integridad, interpretando la causa de pedir en ella, en armonía con lo revelado de constancias, se desprende que la parte quejosa, esencialmente señala: Acto reclamado: La orden privativa de libertad girada en su contra; así como se ejecución. Autoridades responsables: 5 AUTORIDADES RESPONSABLES Sentido de informe 1 Jueces de la Unidad I del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Querétaro. Niega 2 Jueces de la Unidad II del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Querétaro. Niega 3 Fiscal de Investigación adscrita a la Unidad Tres de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Niega 4 Fiscal de Investigación adscrito a la Unidad Cinco de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Niega 5 Fiscal de Acusación de la Unidad Dos de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Niega 6 Fiscal de Acusación y Jefa de la Unidad Cuatro Especializada en la Investigación de Delitos Sexuales y Violencia Familiar de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Niega 7 Fiscal de Investigación de la Unidad Dos de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Niega 8 Fiscal General del Estado de Querétaro. Niega 9 Director de Investigación del Delito de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Niega 10 Unidad de Investigación y Ejecución de Mandamientos Judiciales y Ministeriales de la Policía de Investigación del Delito, en el Estado de Querétaro. Niega TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de amparo, resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de los actos que se tildan de inconstitucionales, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y, sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el Tribunal que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no existir los actos combatidos, sería ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia, y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo, en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos; y, en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de amparo sea procedente. En este contexto, toda vez que las autoridades responsables, negaron categóricamente la existencia de los actos que se les reclama; en consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo".1 Aunado a que la parte quejosa no ofreció prueba alguna que desvirtuara tales negativas, siendo que es a dicha parte, a quien corresponde la carga de la prueba; por tanto, este órgano federal reitera, procede sobreseer en el juicio de 1 Jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común. 7 amparo en que se actúa en cuanto al acto y autoridades referidos. Tiene aplicación el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 7, visible en la página 10, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años de 1917-2000, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO POSITIVO. ANTE LA NEGATIVA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SU EXISTENCIA DEBE PROBARSE POR EL QUEJOSO AUN CUANDO LAS VIOLACIONES EN EL COMETIDAS IMPLIQUEN CONDUCTAS NEGATIVAS. Cuando el acto reclamado necesariamente consiste en una conducta activa por parte de la autoridad y se señalan como violatorias al orden constitucional conductas de carácter omisivo en las que incurrió la autoridad responsable al realizarla, el quejoso debe demostrar la existencia de esa conducta positiva ante la negativa de la autoridad de haberla ejecutado, pues de la imposibilidad jurídica de exigir al quejoso la demostración de esas omisiones, no se puede derivar ni lógica ni jurídicamente la existencia del acto reclamado, en virtud de que si tales omisiones no pudieron generarse sino con motivo de esa conducta positiva y ésta no se produjo, menos aún pudieron verificarse las citadas omisiones". No pasan por alto las manifestaciones que en vía de alegatos formula el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; sin embargo, éstos no forman parte de la litis y debido a ello, no existe obligación de quien aquí resuelve de entrar al estudio de los razonamientos expresados en el pedimento correspondiente. Apoya esta consideración, la jurisprudencia P./J. 27/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, del Número 80, Agosto de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro 205449, de título y contenido que disponen: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la 9 demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 73, 74 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ****, respecto de los actos y autoridades que se precisan en el considerando segundo, con base en los razonamientos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los presentes autos el pedimento ministerial de cuenta, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, el cual será tomado en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional en el presente asunto, tal y como lo prevé el artículo 124 de la Ley de Amparo. Respecto a la petición que realiza, en el sentido de que se le expidan copias de la resolución que se dicte en la audiencia constitucional, dígasele que le serán otorgadas una vez que se pronuncie la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, las cuales podrán entregarse previa generación de cita, en los términos establecidos en el citado Acuerdo General 21/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese.
- Incidental
Por lo expuesto y fundado además en los artículos 131 y 139 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : PRIMERO. Se NIEGA la suspensión definitiva solicitada por *********, en términos del considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto por el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, SE ORDENA LA DESTRUCCIÓN DEL DUPLICADO del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran seis meses del dictado de la presente resolución. TERCERO. Se establece que el cuaderno original de este incidente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN en términos del numeral 18 del acuerdo citado en el punto resolutivo que antecede. Notifíquese.
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