José Alberto Escamilla Salazar
Expediente 1839/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1839/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- José Alberto Escamilla Salazar
Actuaciones
- Incidental
Mérida, Yucatán, veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Como está ordenado en el auto de esta fecha, dictado en el juicio de amparo del que deriva este incidente, promovido por José Alberto Escamilla Salazar (o) Alberto Escamilla Salazar contra actos del Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida y otras autoridades, con fundamento en los artículos 125, 128, 129, 136, 138, 140 y 142 de la Ley de Amparo aplicable, se tramita por cuerda separada y por duplicado el incidente de suspensión. Cabe precisar que si bien es cierto que los actos reclamados son atribuidos a un Juez Penal del Sistema Penal Mixto Anterior a la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, también es verídico que el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Reforma a la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde fue derogado el artículo décimo transitorio de la citada Ley, por ende esta suspensión atenderá a las reformas. Pídase informe previo a las autoridades señaladas como responsables, el que deberán rendir dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este proveído; apercibidas que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Amparo, se presumirá cierto el acto reclamado y con fundamento en el diverso 260, fracción I, del mismo ordenamiento legal, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, vigente a la presente fecha. Para la celebración de la audiencia incidental se señalan las diez horas con quince minutos del seis de enero de dos mil veinte. Cabe precisar que el Director de la Policía Ministerial Investigadora del Estado, su actual denominación es Director de la Policía Estatal de Investigación, por lo tanto, se tiene como autoridad responsable en este asunto al último mencionado. También, se hace la precisión que la designación del quejoso de las autoridades que señaló con el número 11, es la misma que indicó como 12, lo mismo con la 13 y 14, 15 y 19. Ahora bien, respecto de la suspensión provisional instada se acuerda con base a lo siguiente: a) Actos reclamados a los jueces y su ejecución. Con fundamento en los artículos 128, 129, 138 reformado, 139, 163, 166, fracción II, 167 y 168 de la ley de la materia aplicable, ponderando la apariencia del buen derecho, la no afectación al interés social, y la no contravención a disposiciones de orden público se concede al quejoso José Alberto Escamilla Salazar (o) Alberto Escamilla Salazar la suspensión provisional instada para el efecto que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan y no sea privado de su libertad con motivo de una orden de aprehensión, reaprehensión, detención, comparecencia o cualquier otra que lo restrinja de su libertad personal quedando a disposición de este Juzgado de Distrito, en todo lo que corresponda a la misma, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la resolución que se dicte acerca de la suspensión definitiva, siempre y cuando se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el delito por el que se dictó el acto reclamado no se trate de alguno de los delitos que impliquen prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional; y, b) Que no se trate en el caso de una orden de aprehensión, reaprehensión, detención, comparecencia o cualquier otra que restrinja de la libertad al quejoso, por delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, dictada con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo. b) Que no se ausente del lugar de su residencia sin permiso de este Juzgado; c) Tendrá la obligación de comparecer dentro del plazo de tres días ante el Juez de la causa, de conformidad con los artículos 166, fracción II, de la Ley de Amparo aplicable y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, contados a partir de que surta efectos la notificación que se le haga del acuerdo en que se agregue el informe en donde se advierta la existencia del acto reclamado; y, d) Cumplir con las obligaciones derivadas del procedimiento penal de origen. Para el caso de que el delito que se le atribuye al quejoso en la resolución combatida, sea de los que impliquen prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, con apoyo en el numeral 166, fracción I, de la legislación de amparo aplicable, la suspensión sólo producirá el efecto de que al ser restringido de su libertad con motivo de la orden reclamada, quede a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad se refiere en el centro de reclusión que se haya señalado en la orden de captura respectiva y a la del Juez que corresponda para la continuación del procedimiento penal. En el entendido que tratándose de este supuesto, de conformidad con el numeral 168, último párrafo, de la ley aplicable al caso, no tendrá la obligación de exhibir garantía alguna para que surta efectos la medida cautelar concedida. b) Actos reclamados a las autoridades administrativas como ordenadoras y su ejecución. De conformidad con los artículos 128, 129, 138, reformado, 139, 163, 166, fracción II, 167 y 168 de la Ley de Amparo aplicable, ponderando la apariencia del buen derecho, la no afectación al interés social, y la no contravención a disposiciones de orden público se concede la suspensión provisional del acto reclamado para efectos de que las cosas queden en el estado en que se encuentran y el quejoso, no sea privado de su libertad con motivo de la orden de aprehensión, reaprehensión, detención, comparecencia reclamada, quedando a disposición de este Juzgado de Distrito en todo lo que corresponde a su libertad personal, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la resolución que se dicte acerca de la suspensión definitiva en autos, sin perjuicio de la práctica de diligencias en averiguación de delitos, lo que es de orden público y, por tanto, insuspendible. La suspensión concedida no surtirá efecto alguno si: a) Se pretende restringir de su libertad a la parte quejosa en cumplimiento de una orden de detención o captura librada en su contra por autoridad judicial; b) Si se le sorprende en la comisión de flagrante delito. Asimismo, se impone a la parte quejosa como condición para que siga surtiendo efectos la suspensión aquí concedida, el deber que tiene de comparecer ante el Agente del Ministerio Público que conozca de la indagatoria de origen, lo anterior dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación que se la haga del acuerdo en que se agregue el informe en donde se advierta la existencia del acto reclamado. Estas medidas cautelares otorgadas surten sus efectos desde este momento, de conformidad con los artículos 136, 166, último párrafo y 168 de la Ley de Amparo, pero dejaran de hacerlo si la parte quejosa no constituye dentro del término de cinco días a partir de la notificación de este proveído, billete de depósito expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., a disposición de este Juzgado de Distrito por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos, moneda nacional), o en cualquiera de las otras formas establecidas en la Ley, que también se le fija como medida de aseguramiento. Lo anterior, tiene sustento por similitud de razón, en la tesis jurisprudencial 66/2001 relativa a la contradicción de tesis 52/2000-PS, del rubro siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO SE RECLAMAN ÓRDENES DE DETENCIÓN GIRADAS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y EL QUEJOSO AÚN NO HA SIDO PRIVADO DE SU LIBERTAD, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXIGIR GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS AQUÉLLA". Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 873 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, dígase a la parte quejosa que en caso de que decida garantizar la efectividad de las medidas cautelares concedidas a través de billete, certificado u otro instrumento análogo, deberá solicitar a la institución depositaria que lo emita, que haga constar que el referido depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante. Y como lo establece el numeral 883 del Acuerdo General del Pleno antes invocado, la parte quejosa deberá indicar a la institución crediticia, que incluya en el referido instrumento de depósito, la leyenda en el sentido de que la depositante otorga autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria, la información que le permita el control de dicho depósito. Con apoyo en el artículo 140 de la citada ley de la materia aplicable, prevéngase a las autoridades responsables ordenadoras para que manifiesten en su informe previo, el o los delitos por el que se dictó el acto reclamado; el o los artículos que los definen y sancionan y si se trata o no de delitos de los que impliquen prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, esto es, si se trata de los delitos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, en libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Y en caso de que se trate de un delito de carácter patrimonial informe a cuánto asciende el monto de la reparación del daño. Se hace saber a la parte quejosa que la suspensión concedida en estos términos será revocada si incumple con las anteriores medidas de aseguramiento de conformidad con el último párrafo del artículo 166 de la ley de la materia aplicable. Finalmente, expídase la copia certificada de esta determinación y entréguese, a la persona que se autoriza para tal efecto, previo recibo que se otorgue en autos. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe.
- Principal
CITATORIO-II..Mérida, Yucatán, veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta que inmediatamente antecede, y toda vez que ha fenecido el término de tres días que se les concedió a las partes en auto de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, a efecto de que ofrecieran las pruebas en relación al incidente de daños y perjuicios promovido en este asunto, sin embargo, de las manifestaciones que realiza Eduardo Abraham Ordoñez, por propio derecho y en representación de Distribuidora Electrónica Mexicana, Sociedad Anónima de Capital Variable, parte quejosa, en su escrito de contestación de vista del referido incidente, se advierte que promueve el diverso de falsedad de documento respecto al contrato de arrendamiento celebrado entre Juan Rafael Vázquez Becerra y Fausto García García; por lo que de conformidad a lo establecido en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, 358, 359, 360 y 361, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se admite el incidente de falsedad de documento antes referido. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes y córrase traslado a las mismas con copia del escrito mediante el cual la parte quejosa promueve el incidente de falsedad de documento, y dese vista por el término de tres días, para que manifiesten lo que a su interés convenga y en su caso ofrezcan las pruebas pertinentes. Asimismo, se tiene por anunciada la prueba pericial en materia de documentoscopía y grafoscopía ofrecida por la parte quejosa al promover el incidente referido en el párrafo que antecede, la cual se reserva proveer una vez que transcurra el término concedido a las partes. Finalmente, toda vez que el incidente de objeción de documento se encuentra íntimamente ligado con el diverso de daños y perjuicios promovido por Edgar Omar de la Cruz Ruelas, apoderado general para pleitos y cobranzas del tercero interesado Juan Rafael Vázquez Becerra, ya que lo resuelto en el incidente de objeción de documento pudiera interferir en el dictado del diverso de daños y perjuicios, por tanto se reserva la continuación de éste hasta en tanto se resuelva el incidente de objeción de documento propuesto por la parte quejosa. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe.
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