José Alberto Díaz Sánchez
Expediente 259/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 259/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- José Alberto Díaz Sánchez
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, diez de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja en contra del auto en el que se desechó la demanda relativa, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Ahora bien, dado que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. De conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el expediente principal por haberse desechado la demanda que dio origen al juicio en que se actúa, es susceptible de destrucción, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso d), del referido Acuerdo General. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes.
- Principal
se notifica por lista a la parte quejosa el auto de fecha veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Demanda Vista la demanda de amparo promovida por José Alberto Díaz Sánchez contra actos del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como juicio de amparo 259/2023-2, Ahora bien, del análisis del escrito inicial se advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, por tanto, lo procedente es desechar de plano la demanda. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcede "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley". "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción ni del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley". El primer precepto transcrito, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando resulte de alguna disposición de la Ley; por su parte, el numeral 6 citado con antelación, expresa que el amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley. Esto es, el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, que quien presente la demanda de amparo deberá presentarla debidamente firmada o en su caso de no saber hacerlo, deberá plasmar su huella digital. Sin que dicha circunstancia pueda ser subsanada por este órgano federal o que dé lugar a la prevención, ya que dicha omisión no se encuentra contemplada en las irregularidades establecidas en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Es así, debido a que la expresión de la voluntad en la presentación de la demanda resulta un requisito indispensable para que la autoridad constitucional tenga por actualizadas las manifestaciones de violación de derechos fundamentales que se aducen en la demanda de amparo, toda vez que los gobernados al exigir un derecho o estimar violentada su esfera jurídica por actos de autoridad, deben expresar su intención de presentar la demanda, a través de su firma y cuando no puedan hacerlo existe la posibilidad legal de colmar de veracidad sus expresiones a través de sus huellas digitales y la manifestación de las razones que les impiden estampar el signo ológrafo que revele su voluntad; o bien, mediante diversa persona. Dicha manifestación de voluntad, en el actual contexto también puede hacerse mediante el uso de firma electrónica, dado el acceso a sistemas tecnológicos que permiten la presentación de las demandas de manera electrónica. En ese sentido, se colige que, si una demanda de amparo carece de firma sea autógrafa, electrónica o a través del estampado de huella digital, no es posible apreciar la voluntad de quien promueve, por tanto, no se encuentra satisfecho el principio que rige el juicio de amparo, de instancia de parte.
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