José Alberto Cruz Hernández
Expediente 148/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 4 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 148/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 04/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José Alberto Cruz Hernández
Actuaciones
- Principal
En Córdoba, Veracruz, a las NUEVE HORAS DEL CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 148/2020, promovido por *********, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la licenciada Margarita Morrison Pérez, Jueza Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad de Córdoba, quien actúa con la licenciada Tania Isabel López Alfonso, Secretaria que autoriza y da fe, declaró abierta la audiencia sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. A continuación, la Secretaria relaciona las constancias que obran en el expediente: Demanda de amparo signada por *********; informe justificado rendido por el Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Veracruz, con sede en Veracruz; y constancias remitidas como justificación a su informe. Abierto el período probatorio, la Secretaria da cuenta con las pruebas documentales remitidas por la responsable, relativas al oficio *********, de fecha veintiuno de agosto de dos mil veinte, signado por la Directora General de Asunto Jurídicos de la Fiscalía General de la República, con residencia en la Ciudad de México, al que acompañó copias certificadas deducidas del expediente de responsabilidad patrimonial del Estado número ********* de su índice. Acto continuo, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por desahogadas las pruebas relacionadas, dada su especial naturaleza; luego al no haber más pruebas ofrecidas por las demás partes que relacionar, se da por concluida esta etapa. Abierto el período de alegatos: La Secretaria hace constar que la partes, no formularon alegatos en el juicio en que se actúa, por lo que no hicieron uso del derecho concedido por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Acto continuo, la Jueza acuerda: Al no existir alegatos formulados por las partes, se da por concluido este periodo procesal. Con lo que concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional, por lo anterior se levanta esta acta para constancia, y se pasa al estudio del expediente con el propósito de dictar sentencia, y Vistos para dictar sentencia los autos del juicio de amparo 148/2020, promovido por *********, contra el acto reclamado al Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Veracruz, con sede en Veracruz, quien consideró violatorio en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 8, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentando ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, el veintiocho de febrero de dos mil veinte, y turnado ese mismo día a la Oficialía de Partes de este Juzgado, *********, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Veracruz, con sede en Veracruz, consistente en: "[.] IV.- ACTO RECLAMADO. Reclamo al (Sic) violación al artículo octavo constitucional segundo párrafo, ya que el suscrito presente al te (Sic) la autoridad hoy responsable una solicitud de fecha 22 de Septiembre del año 2019 sin que a la fecha haya recaído un acuerdo escrito de la autoridad a la cual se le dirigió mi petición, autoridad a la cual tiene obligación dar a conocer en breve término, al peticionario la respuesta de esa solicitud, dejando al suscrito en un estado de indefensión, dado que no se funda ni motiva la negativa dar (Sic) a mi solicitud. [.]". La parte quejosa señaló los antecedentes del caso y esgrimió los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión de la demanda y su trámite. Por acuerdo de dos de marzo de dos mil veinte, este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, al que correspondió el conocimiento del presente asunto, por cuestión de turno, admitió la demanda de amparo, solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. Celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional se celebró en sus dos primeras etapas, al tenor del acta que antecede y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35, 37, 107, 108 y 123 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que la omisión reclamada carece de ejecución material y la demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a determinar la existencia o no del acto reclamado en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlo, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: - La omisión por parte del Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Veracruz, Veracruz, de acordar el escrito formulado por el quejoso, mediante el cual promueve reclamación o juicio de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Veracruz, con sede en Veracruz, así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las copias certificadas del oficio *********, de fecha veintiuno de agosto de dos mil veinte, signado por la Directora General de Asunto Jurídicos de la Fiscalía General de la República, con residencia en la Ciudad de México, al que acompañó copias certificadas deducidas del expediente de responsabilidad patrimonial del Estado número *********, de su índice; documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme a lo establecido en el precepto 2, de la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Improcedencia del juicio. Las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y de estudio preferente, con independencia de que las invoquen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, este Juzgado de Distrito, de oficio, considera que respecto de la omisión reclamada se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, (.)". De la exégesis del precepto legal transcrito, se desprende que el juicio de amparo se torna improcedente, por no poder incidir en la esfera jurídica de la impetrante de amparo, cuando el acto reclamado ha dejado de producir sus efectos, ya sea por haber sido substituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que al cesar la actuación de la autoridad que lo emitió, deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica la desaparición total de sus efectos. En este entendido, la improcedencia de que se habla tiene su justificación en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, así como en el hecho de que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Además, cabe destacar que la citada improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija, lo cual en la especie aconteció. En el caso, tal y como se adelantó en líneas precedentes, se arriba a la conclusión de que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia citada, toda vez que de las copias certificadas del oficio *********, de fecha veintiuno de agosto de dos mil veinte, signado por la Directora General de Asunto Jurídicos de la Fiscalía General de la República, con residencia en la Ciudad de México, al que acompañó copias certificadas deducidas del expediente de responsabilidad patrimonial del Estado número *********, que remitió el Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Veracruz, con sede en Veracruz, como justificación de su informe, se advierte que el veintisiete de febrero del año en curso, fue acordado el escrito formulado por el quejoso *********, y se determinó desechar de plano la reclamación presentada; auto que se notificó al directo quejoso el cinco de marzo del año en curso. Con lo anterior cesaron los efectos del acto reclamado que se le atribuye, pues repone a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Luego, al haber cesado la omisión reclamada en esta instancia constitucional, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la quejosa, es decir, como si se hubiera otorgado el amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que aparece publicada en la página número 38, Tomo IX, correspondiente al mes de Junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, se cita la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en la página mil quinientos setenta y nueve, Tomo XXIII, correspondiente al mes febrero de dos mil seis, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo". QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar, que por auto de dos de marzo de dos mil veinte, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna conllevaría a la no aprobación a tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tienen por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además en los artículos 73 a 75, 123 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 148/2020, promovido por *********, contra la omisión del Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Veracruz, con sede en Veracruz, por los fundamentos y motivos expuestos en el considerando cuarto del presente fallo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.
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