José Alberto Chávez Hernández y Otros.
Expediente 279/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 279/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Alberto Chávez Hernández y Otros.
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que la parte legitimada no interpuso recurso de revisión dentro del término de diez días que contempla el artículo 86 de la Ley de Amparo, en contra del auto de veintidós de enero de dos mil dieciocho, en el que se sobreseyó el juicio de amparo en que se actúa, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en su oportunidad, archívese como asunto totalmente concluido. Consecuentemente, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo...se ordena el archivo de este juicio de garantías. ...Notifiquese.
- Principal
Por este medio se notifica al quejosoJosé Alberto Sánchez Hernández, el proveído de veintidós de enero del año en curso, que en lo conducente dice: Uruapan, Michoacán, veintidós de enero de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio número 1290/207, que remite la el Juez de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en Los Reyes, Michoacán, y anexo que se acompaña, mediante el cual devuelve parcialmente diligenciado el exhorto 2873/2017 (625/2017-D-A-A-C), derivado del auto de seis de diciembre de dos mil diecisiete, que se le envió para que en auxilio y delegación de las labores de este órgano jurisdiccional notificara se constituyera en las Instalaciones que ocupa el Centro Clínico Contra las Adicciones "Jardín S.C." ubicado en Avenida de las Rosas número 50 cincuenta, Colonia Jardín Los Reyes, Michoacán, diligencia que se practicó el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, como se desprende de las constancias que se anexan. Acúsese recibo agradeciendo su valiosa intervención en las diligencias encomendadas y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, mediante escrito presentado el diecinueve de junio del año dos mil diecisiete, ante la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito de esta ciudad, se evidencia que la promovente se desistió de la demanda de amparo promovido a favor de José Alberto Chávez Hernández, en virtud de que refirió: "mi esposo el C José Alberto Chávez Hernández, ya se encuentra en libertad sano y salvo.". Cabe señalar que mediante despachos 1608/2017 (292/2017-D-A-A-P) y 2003/2017 (400/2017-D-A-A-P), derivados respectivamente de los proveídos de veinticuatro de junio y cinco de septiembre de dos mil diecisiete, se trató de localizar al quejoso en los domicilios señalados en autos, sin que se hubiere logrado su comparecencia. ...En ese orden de ideas es inconcuso que el quejoso fue puesto en libertad en la fecha que manifestó la promovente, esto es el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, circunstancia que se corrobora con la razón del actuario en el que le informaron que lo dejaron salir de dicho Centro Clínico, el cual fue entregado a un familiar. Actualización de una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia. En principio es conveniente señalar que el estudio de la causas de improcedencia y sobreseimiento, al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo, que tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis... Del análisis integral de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se estima que se actualiza de forma notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que obliga a sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 64, del citado ordenamiento legal, por las consideraciones que a continuación se exponen: Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia de cesación de efectos del acto reclamado anunciada, que ocurre cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación u omisión; lo que implica, no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, lo que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad del acto ya que no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, al haberse restituido a la parte quejosa en el goce de su derecho humano violado establecido para su protección. A mayor abundamiento, los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce de la garantía violada; de ahí que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido u omitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de aquél, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causal de improcedencia a estudio no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, o como en el caso, por lo que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección constitucional, es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional; esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. ...Esto es, el quejoso reclama la ilegal detención, asimismo de autos se desprende que Cristina González López, esposa del quejoso directo, mediante escrito presentado el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, refirió que era su deseo desistirse tanto de la acción como de la demanda de amparo, interpuesta en contra de las autoridades que inicialmente señaló como responsables, por encontrarse en libertad sano y salvo el quejoso directo, José Alberto Chávez Hernández. Asimismo, de las constancias que se anexaron al despacho de cuenta, se advierte que al constituirse la Actuaria adscrita al Jugado de Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Los Reyes, Michoacán, fue atendida por la Directora del Centro Clínico en donde se encontraba el citado quejoso, quien le manifestó que la estancia del mismo solo sería por tres meses, además agregó que en sus registros de personas, solo obra la fecha en que el quejoso ingreso al Centro Clínico, asimismo manifestó que hace tres meses el quejoso fue entregado a un familiar, sin recordar el nombre de la persona que se lo llevo.... En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la ley de la materia, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento. En esa tesitura, el sobreseimiento en el juicio constitucional impide realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por el peticionario del amparo, para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, que en esta vía combate, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: ...Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba fijada para las nueve horas con veinticinco minutos del veintitrés de enero de dos mil dieciocho. Notifíquese personalmente.
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