José Alberto Cadenas Santiago
Expediente 993/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 993/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/10/2018
Partes del expediente
- José Alberto Cadenas Santiago
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. 1. Promoción. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja ..., de su índice, y devuelve los autos originales del juicio de amparo ..., del índice de este Juzgado, promovido por José Alberto Cadenas Santiago, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, en cuanto la Superioridad resolvió: ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja. 1.1 Acuse recibo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales procedentes, acúsese el recibo correspondiente, glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo del mencionado medio de impugnación, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de gobierno. 2. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. 2.1 Destrucción de expediente. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto ..., de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto desechado; además no tiene relevancia documental para su conservación. 2.2 Transferencia. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
CERTIFICACIÓN DE OFICIO. EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, A VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, EL LICENCIADO JOSE LUIS CASTRO COUTIÑO, SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS, CERTIFICA Y HACE CONSTAR: QUE SIENDO LAS DIEZ HORAS CON TRES MINUTOS DEL VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, SE RECIBIÓ EL OFICIO SIGNADO POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, RESIDENTE EN ESTA CIUDAD, CON REGISTRO DE CONTROL INTERNO 11787, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DEL DIVERSO 625, DE VEINTIDOS DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, E INFORMA QUE ADMITIÓ A TRAMITE EL RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO POR LA PARTE QUEJOSA CONTRA EL PROVEÍDO DE QUINCE DE AGOSTO DE ESTE MISMO AÑO, DICTADO EN AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 993/2018, DEL ÍNDICE DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO, RADICANDOLO BAJO EL NUMERO DE RECURSO DE QUEJA 177/2018, DE SU ESTADÍSTICA; LO ANTERIOR, PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES. DOY FE.
- Principal
previo desglose que se realice, remítanse el original y copia de los escritos que contienen los agravios, así como el expediente del presente juicio de amparo, para la tramitación de los recursos de queja hechos valer. Asimismo, se ordena a la secretaría remita dicho expediente debidamente integrado, foliado, rubricado y entresellado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad. 1.2 Informe justificado. De igual manera, ríndase informe con justificación sobre la materia de los recursos de queja, manifestando que es cierto el acto que recurren las responsables en mención, pues este juzgado dictó el auto de veinticinco de abril de dos mil dieciocho.
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notificación por lista.-Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quince de agosto de dos mil dieciocho. 1. Recepción. Se tiene por recibido el escrito de demanda de amparo promovido por José Alberto Cadenas Santiago, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 993/2018, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. Esencialmente la jurisprudencia en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En efecto, la demanda que se trata, resulta improcedente debido a que se aprecia que la parte promovente demandó el amparo y protección de la justicia Federal en contra de la autoridad y acto siguiente: Autoridad Responsable: Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad. Acto Reclamado: El acuerdo emitido el diez de julio de dos mil dieciocho, en el juicio laboral J/O/1005/2009. Lo anterior permite advertir que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos. Se concluye lo anterior, toda vez que de una interpretación armónica y sistemática de las fracciones IV y V del artículo 107 de la Ley de Amparo, se aprecia que la primera de las fracciones establece como regla general para la procedencia del juicio de amparo indirecto que tratándose de actos realizados en etapa de ejecución de sentencia, únicamente procede contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; por su parte, la fracción V, del citado precepto, prevé dicha procedencia cuando se trate de actos que tengan sobre las personas o cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora, la amplitud de la norma contenida en la fracción V del numeral en cita, permite interpretar la diversa fracción IV, de tal forma que debe estimarse como excepción a la regla general prevista por esta última, esto es, que cuando existen actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia y que afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, aun cuando no se trate de la última resolución, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción V, a efecto de admitir la procedencia del juicio de amparo directo cuando el acto reclamado se sitúe en dicho supuesto. 3.1. Criterio aplicable. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese orden de ideas, es fundamental dejar en claro que acorde con el artículo 107, fracción IV, de la citada ley reglamentaria, tratándose de actos de ejecución de sentencia, en este caso, laudo emitido en un juicio laboral, se entiende por última resolución: i) Aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; ii) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; iii) Las que ordenen el archivo definitivo del expediente. Asimismo, que por actos de imposible reparación para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, se debe entender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, esto es, en lo relativo a los derechos sustantivos. Es decir, cuando se afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, salvo las excepciones establecidas cuando causan una afectación predominante que ya no se pueda reparar en el curso del procedimiento del que derivan tales actos procesales, verbigracia, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente. Bajo ésa óptica jurídica, así como de los antecedentes descritos en la demanda de amparo, por una parte permiten establecer que el acto reclamado que ha quedado precisado, se emitió en etapa de ejecución de laudo, sin embargo, al tratarse de un acuerdo dictado por la junta responsable en el que negó diversas peticiones de la parte promovente, en las que toralmente solicitaba a la autoridad responsable lo siguiente; i) imponer multa a la parte demandada en el juicio natural, por promover diversos recursos con el ánimo de entorpecer el procedimiento de ejecución; ii) requerir a la Secretaría de Hacienda informara el sueldo del puesto de Jefe de Relaciones Laboral; iii) señalar fecha y hora para la diligencia de reinstalación y iv) decretar una medida provisional ante la actitud arbitraria del instituto demandado. Lo anterior, por cuanto aduce que la diligencia de reinstalación fue realizada el doce de marzo del año en curso, es decir, con antelación a dichas solicitudes y consentida por el propio trabajador, y que el último recurso planteado por la parte demandada fue presentado el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete; asimismo, le hizo saber que la medida provisional solicitada no se encuentra prevista en el capítulo correspondiente de la Ley Federal del Trabajo, dejando a salvo sus derechos para hacerlo valer en la forma y vía correspondientes. En tal virtud, resulta claro que el proveído de diez de julio de dos mil dieciocho, no constituye la última resolución en etapa de ejecución del laudo en el juicio laboral J/O/1005/2009, del índice de la autoridad responsable, ni mucho menos se trata de una determinación cuyos efectos sean de imposible reparación. Se afirma lo anterior, aun cuando la parte parte promovente refiera en el capítulo relativo a los conceptos de violación, que le causa agravio el auto combatido toda vez que con ello se obstaculiza la ejecución del laudo que constituye cosa juzgada, pues se itera, del análisis íntegro del escrito de demanda de amparo, se desprende que el acto reclamado y sus consecuencias, no afectan en forma irreparable los derechos sustantivos de la directa quejosa consagrados en la Constitución Federal, sino que se pueden resarcir en el curso del procedimiento de ejecución del que derivan tales actos. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia antes invocada. 4. Domicilio y autorizados para notificaciones. Se tiene a la parte promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en avenida Joaquín Miguel Gutiérrez, número 295-A, planta alta, colonia José Castillo Tielemans, en esta ciudad. Asimismo, se tiene por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Adrián Montejo Montejo y Carlos Antonio Orozco Rodas, por así haberlo solicitado el promovente. 5. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 6. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. El Secretario de Juzgado encargado del expediente las gestionará sin mayor proveído. 7. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 8. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. 9. Promociones sin incidencia en tramitación. En términos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 107 constitucional que limita la tramitación del amparo indirecto a actos procesales relevantes y en aplicación de los principios de tutela judicial pronta y efectiva, interpretando los fines y la sistematicidad de los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que los oficios o escritos relativos a trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio, por ejemplo, entre otros, acuses de recibo de recursos enviados a tribunales de circuito; autorizaciones de las partes; solicitudes de reproducción de constancias en medios electrónicos, copias simples o certificadas; notificaciones a peritos o testigos; actuaciones de la autoridad hacendaria para hacer efectivas multas; con excepción de aquellas que por disposición legal deba darse vista a las partes, se integrarán al expediente y el Secretario hará constar el día y hora en que se presentó la promoción, considerando desde este momento procedente su petición. Las partes quedan en aptitud de imponerse de ellas y solamente en caso de que resulte notoriamente improcedente la solicitud, se comunicará al promovente tal decisión mediante acuerdo del juzgado y la notificación respectiva. Notifíquese en términos de ley.
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