Jose Alberto Cabrera Tuyub
Expediente 117/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 117/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jose Alberto Cabrera Tuyub
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. De igual forma, en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Finalmente, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse.
- Principal
Visto el escrito aclaratorio signado por José Alberto Cabrera Tuyub, a través del cual, cumple con la prevención que le fue realizada en proveído de veinticinco de enero de la presente anualidad. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, así como del escrito aclaratorio que ahora se provee, se aprecia un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo cual, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo y en su escrito aclaratorio, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que establece lo siguiente: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." En el caso, la parte quejosa reclama del Juez Primero Mercantil y del Actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, ambos del Primer Departamento Judicial del Estado, dentro de sus respectivos ámbitos competenciales, el proveído notificado en fecha veintiuno de enero de dos mil veintiuno, a través del cual, se le ordena desocupar en un lapso de tres días, el predio número ochocientos once, de la calle treinta y cinco, del fraccionamiento Ciudad Caucel, municipio de Mérida, Yucatán. Ahora bien, esta juzgadora advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. El citado precepto dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." El citado precepto establece la regla general que se deriva del principio de definitividad, consistente en que para la procedencia del juicio de amparo, debe agotarse previamente los recursos ordinarios que ley que rige el acto reclamado establece, esto es, el juicio de amparo únicamente procede contra actos definitivos, por lo que la inobservancia de ese principio trae como consecuencia, la improcedencia de la acción constitucional intentada. En efecto, el juicio de amparo un medio de control constitucional extraordinario, su procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre autoridades y personas. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio constitucional, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente contra actos definitivos, esto es, actos respecto de los cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados. Por tanto, la definitividad del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, significa que antes de acudir a dicho juicio se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Así, para que se actualice la causa de improcedencia establecida, es necesario: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser revocada o modificada. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad, la tesis I.4o.C.J/25, visible en la página 361, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de mil novecientos noventa del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. En el caso, se actualizan las condiciones para que opere dicha causal de improcedencia, pues se aprecia que el procedimiento de origen, es un juicio mercantil en donde el peticionario de amparo figura como parte demandada y no se reclama su falta de emplazamiento; el proveído reclamado (proveído notificado en fecha veintiuno de enero de dos mil veintiuno) fue emitido por una Autoridad Judicial (Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado) y existe un medio de ordinario de defensa previsto en la ley que rige el acto, para que pueda ser revocado o modificado. En efecto, dicho juicio dada su naturaleza, se rige por el Código de Comercio, el cual establece un sistema legal que rige a los recursos, en el que se encuentra, como regla general, que contra todo proveído o auto dictado en el procedimiento que produzca un perjuicio a las partes o alguna otra persona, son procedentes los recursos, ya sea el de apelación o revocación. Al respecto, los artículos 1334, 1336 y 1339 del Código de Comercio, establecen la existencia de dos medios ordinarios de defensa, que son los recursos de revocación y apelación, los cuales proceden contra las determinaciones dictadas en el juicio y tienen como finalidad que se confirme, reforme o revoque la determinación impugnada. Para que proceda el recurso de apelación, contra los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente, será necesario que lo disponga el código y que la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, lo que sucederá en caso de que conforme al código vigente a la emisión del acto reclamado, la suerte principal reclamada sea mayor a $682,646.89 (Seiscientos ochenta y dos mil seiscientos cuarenta y seis pesos 89/100 moneda nacional), sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda. Por otro lado, el recurso de revocación procede contra los autos que no fueren apelables y será resuelto por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Lo anterior, corrobora la regla enunciada, esto es que cualquier auto o proveído dictado en un juicio mercantil puede ser impugnado a través de los recursos ordinarios, ya que son procedentes los medios de defensa citados, pues si no procede el recurso de apelación, entonces procede el de revocación. A diferencia de sentencias interlocutorias o definitivas contra las cuales sólo procede apelación, siempre que el monto de lo reclamado, supere el establecido en el numeral 1339 del Código de Comercio. Con independencia del monto de la surte principal, ello no obsta para invocar la causal de improcedencia del juicio de amparo, pues ya se vio que de cualquier forma, es procedente alguno de los recursos, pues incluso de interponerse ambos de manera simultánea la autoridad tiene la obligación de tramitar el correspondiente en términos de la jurisprudencia 1a./J. 45/2019 (10a.) RECURSOS DE REVOCACIÓN Y DE APELACIÓN. SU INTERPOSICIÓN SIMULTÁNEA CONTRA UNA MISMA DECISIÓN JUDICIAL NO AUTORIZA AL JUZGADOR A PREVENIR AL RECURRENTE PARA QUE OPTE POR UNO DE ELLOS A EFECTO DE QUE SEA SOBRE EL QUE SE PROVEA (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y DE JALISCO). Y por tanto, lo cierto es que el acto reclamado carece de definitividad puesto que la parte quejosa no agotó el recurso ordinario previo al juicio de amparo, que estaba en aptitud de interponer. En esas condiciones, lo anterior hace evidente, que una vez que la quejosa conoció el acto reclamado, que fue emitido dentro de un juicio ejecutivo mercantil, en el que son procedentes los recursos, se encontraba en aptitud de interponer el recurso de apelación o revocación en su contra, pues a través de alguno de esos recursos podía obtener su revocación o modificación; sin embargo al no agotar dicho recurso, no observó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, por lo que éste se torna improcedente Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 244, visible en la página 415, de la Octava Parte del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años 1917-1985, que a la letra dice: RECURSOS SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO.- El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." Precisando que, en el caso, no se actualiza alguna excepción de las establecidas en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado no deriva de un asunto en materia penal que tenga relación con la libertad personal del quejoso y la procedencia del recurso ordinario no se encuentra sujeta a interpretación adicional, pues su fundamento es expreso. De igual manera, se precisa que el peticionario de amparo no es una persona extraña al procedimiento de origen, pues, como él mismo señaló en su escrito de demanda, es parte formal en el juicio de origen y no reclamó la falta de emplazamiento a éste, lo que evidencia, sin lugar a dudas, que era sabedor de su trámite al haber intervenido en el proceso, por lo que tenía a su alcance los medios ordinarios de defensa. En esas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia invocada, de manera manifiesta e indudable, procede desechar de plano la demanda promovida por José Alberto Cabrera Tuyub, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida ****contra actos que reclama del Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y de otra autoridad, se provee: Fórmese expediente, regístrese con el número 117/2021-VI, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo, particularmente en el capítulo de los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos que aquí se reclaman, no es posible establecer a cabalidad el estado que guarda el procedimiento de origen y la naturaleza de los actos que se reclaman, a efecto de proveer lo conducente respecto a la procedencia de la demanda de amparo. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 114, fracción II, en relación con el 108 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa para que en el término de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad: Informe a esta juzgadora las partes que intervinieron el procedimiento 1060/2015, origen del acto reclamado, debiendo precisar, en su caso, si se apersonó al mismo. Deberá indicar la etapa en la que se encuentra el procedimiento, es decir, si este se encuentra en trámite o ya se ha dictado sentencia firme. De igual manera, deberá precisar si señala como acto reclamado destacado la falta de emplazamiento al aludido procedimiento de origen, pues en sus conceptos de violación también precisa que no se le respeto su derecho de audiencia al momento de emitirse el acto respectivo; y, Deberá acompañar copias suficientes del escrito aclaratorio correspondiente, para correr traslado a cada una de las partes, pues este formará parte integral de su demanda de amparo. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo descrito, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. Ahora bien, teniendo en cuenta que, constituye un hecho evidente que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales, no se realiza en un contexto de "normalidad" y, por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a la parte quejosa para que transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el diverso acuerdo general 12/2020; esto es, para que continúe con la tramitación del presente asunto vía electrónica, y solicitar expresamente se le notifique electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica para tal efecto en su demanda de amparo; y como su autorizado a Dorieo Enrique Chab Balam, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y a las personas restantes con las limitaciones que establece la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto acrediten el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, aun cuando la Ley de Amparo no prevé la notificación a través de correo electrónico y telefónica, sin embargo, dadas las medidas que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia causada por el coronavirus (COVID-19), se ordena notificar a la parte quejosa las notificaciones que sean de carácter personal que sean necesarias durante la contingencia sanitaria, mediante correo electrónico que se encuentra plasmado en el acuse de entrega a la Oficialía de Partes Común, por la parte promovente, a fin de evitar poner en riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y de la propia promovente, previa razón actuarial que se levante al respecto, solicitando el acuse de recibo por la misma vía, quedando a salvo el derecho de la parte quejosa para señalar uno diverso si conviene a sus intereses. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales.
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