José Alberto Bueno Gonzalez
Expediente 42/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 42/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- José Alberto Bueno Gonzalez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado de los autos, se advierte que por auto de ocho de marzo del año en curso, se desechó de plano la demanda presentada por José Alberto Bueno González; y, que feneció el plazo a que se refiere el artículo 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para que el justiciable se inconformara en contra del referido acuerdo, sin que lo hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de forma supletoria la Ley de Amparo, se declara que el mencionado proveído ha causado estado, para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se ordena archivar el presente juicio de amparo. se procede a determinar la clasificación documental de este expediente.
- Principal
Recepción de la demanda. Fórmese los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 42/2021, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a los datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. Desechamiento de la demanda de amparo. La demanda de amparo debe de desecharse, por las consideraciones siguientes. En principio, es menester dejar precisado, que del escrito inicial de demanda, el peticionario del amparo le reclama al Juez de Oral de lo Penal del Distrito Judicial de Agua Prieta, Sonora, el siguiente acto: a) El auto de vinculación a proceso de quince de enero de dos mil veintiuno, dictado en su contra, dentro de la causa penal 160/2020, que se le instruye por el delito de fraude específico, previsto en el numeral 318, fracción III, del Código Penal para el Estado de Sonora, cometido en perjuicio de Miguel Ángel Ochoa Villa. Ahora, tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Cabe señalar que si bien el legislador no previó la forma en que debe realizarse dicho análisis, el juez se encuentra obligado a estudiar la demanda en su integridad, puesto que el hecho de dividir la continencia de la causa contravendría los principios fundamentales del proceso y con ello la propia Ley de Amparo. De manera que ese estudio lleva al órgano jurisdiccional a determinar exactamente la intención del justiciable, armonizando todos y cada uno de los datos y elementos que la conforman, tales como su propio contenido, los escritos aclaratorios, o bien, los documentos que se adjuntaron a ésta, lo cual no implica una suplencia de la deficiencia argumentativa de los conceptos de violación, ni una alteración de los hechos o de los actos que se reclaman. Asimismo, de los preceptos mencionados se desprende que cuando el juez federal advierta la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, cuenta con la facultad para desechar de plano el escrito de demanda. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, pues no requiere mayor justificación, en virtud de que su actualización se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios, de los documentos que se anexan a esas promociones, o bien de un diverso juicio de amparo. Aunado a lo anterior, para estar en posibilidad de desechar la demanda, se debe tener certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y de sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa. De esta manera, para advertir una notoria e indudable improcedencia debe atenderse al escrito de demanda, a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya, hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que no sea necesaria alguna otra constancia para configurar dicha improcedencia. Consecuentemente, si la improcedencia constituye una excepción a la regla general, que es la procedencia del juicio de amparo como medio de control de los actos de autoridad que vulneren los derechos humanos reconocidos en el pacto federal, dichas causales deben probarse plenamente y no inferirse a base de presunciones. Sobre este tema, el artículo 61 de la Ley de Amparo contempla diversas hipótesis de improcedencia del juicio constitucional, entre ellas, la establecida en la fracción XIV, misma que se relaciona con los diversos numerales 17 y 18 de la citada ley, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.(.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Así, de los preceptos legales transcritos, se evidencia que el plazo al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días, contados de la forma que estatuye el artículo 18 de la Ley de Amparo, que por regla general es de la siguiente forma: a) Desde el día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del acto reclamado de acuerdo con la ley que lo rija; b) Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, c) Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. En este sentido, los supuestos mencionados se excluyen entre sí, y, además, no guardan prelación alguna; por tanto, es clara la intención del legislador de establecer que el término para la promoción del juicio constitucional, se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos y se presente siempre, invariablemente, en el improrrogable plazo de quince días siguientes. Por lo tanto, la causa que torna inejercitable la acción de amparo tiene lugar cuando ésta no se promueve dentro del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo en lo general, dado que el legislador consideró que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda de amparo, significa que consintió una u otro de forma tácita, lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional, no puede quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular cobra con el transcurso del tiempo. Sobre el tema de la causa de improcedencia a que se alude, cobra aplicación la tesis aislada del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 364 del tomo IX, junio de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Registro 219095, de rubro y texto siguientes: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." La tesis que precede y que se considera afín a la nueva Ley de Amparo, al tratar un tópico que recoge de nueva cuenta el legislador, pone de manifiesto la existencia de los elementos que como requisitos se deben satisfacer para que opere la presunción de consentimiento del acto que da lugar a la improcedencia del amparo, a saber: a) Un acto de autoridad. b) Una persona afectada por tal acto. c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto de autoridad. d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para la promoción del juicio de garantías. e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Debe precisarse que en el caso, no se surte ninguno de los supuestos que pudiere dar origen a la excepción a la regla general contenida en el propio artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no es de aquellos que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército; como tampoco se reclama una norma general autoaplicativa, o un procedimiento de extradición, ni una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, y menos aún se promueve el amparo contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. De lo señalado en párrafos que anteceden, se destaca que el legislador hizo especial énfasis en tres formas para computar el plazo de quince días dentro del cual ha de presentarse la demanda de amparo, para tenerla por oportunamente presentada, todas ellas con características propias y excluyentes entre sí, pues de la primera debe apuntarse la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras tanto el quejoso no combata su nulidad o ilegalidad. La segunda manera para computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable (distinto a la notificación), de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que éste último "tuvo conocimiento" en determinada fecha de los actos reclamados, según lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada que aparece publicada en la página 779, Tomo CVIII, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Materia Común, Registro 319395, con el tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." Por su parte, en la tercera forma contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, al establecer que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente ".a aquél en que se haya ostentado sabedor del acto reclamado.", implica una expresión o actividad exclusiva del quejoso, a través de la cual se manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede estimarse entraña una confesión expresa por parte del afectado, al precisar la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado, y que con respecto a la presentación de la demanda es una cuestión que le perjudica. Precisadas las características esenciales de las tres hipótesis previstas en el artículo 18 de la Ley de Amparo, debe señalarse que las mismas no guardan un orden de preferencia; sino que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de garantías comenzará a computarse a partir del día siguiente al en que se verifica cualquiera de los tres supuestos establecidos en el invocado numeral. Bajo esa óptica, se afirma que la presentación de la demanda, en el caso específico, resulta extemporánea, pues el quejoso José Alberto Bueno Gonzalez, manifiesta que el quince de enero de dos mil veintiuno, se presentó ante la autoridad responsable, debido a que fue requerido para la celebración de la audiencia inicial de formulación de imputación por citación, por su probable participación en el delito de fraude específico, previsto en el artículo 318, fracción III, del Código Penal para el Estado de Sonora. Una vez formulada la imputación, manifiesta que se le dio la oportunidad de declarar, optando por reservarse el derecho a declarar; una vez solicitada la vinculación a proceso por el representante social, la autoridad responsable le hizo de su conocimiento sobre el derecho que le asistía en relación a decidir sobre el plazo para efecto de que fuera resuelta su situación jurídica y solicitó se resolviera en la misma audiencia. En atención a lo anterior, la autoridad responsable, el quince de enero de dos mil veintiuno, vinculó a proceso al quejoso, por el delito mencionado en párrafos que anteceden; determinación que quedó formalmente notificada con esa misma fecha, según lo dispone el numeral 63, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que expresa: "Artículo 63. Notificación en audiencia Las resoluciones del Órgano jurisdiccional serán dictadas en forma oral, con expresión de sus fundamentos y motivaciones, quedando los intervinientes en ellas y quienes estaban obligados a asistir formalmente notificados de su emisión, lo que constará en el registro correspondiente en los términos previstos en este Código. Notificación que se estima legal y, por ende, válida para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, además de que no se advierte que el quejoso la hubiese combatido por algún otro medio legal. Así, el término para interponer la demanda de amparo empezó a correr al día siguiente de que quedó formalmente notificado (quince de enero de dos mil veintiuno); por tanto, el plazo para presentar la demanda de amparo fue del dieciocho de enero al nueve de febrero de dos mil veintiuno, transcurriendo en exceso el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, la que fue recibida en este juzgado el ocho de marzo de dos mil veintiuno. Es así, porque en el caso se aplica la primer hipótesis contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, para computar el plazo de quince días, por lo que, debe computarse desde el día siguiente al de la notificación del acto reclamado de acuerdo con la ley que lo rije. En atención a lo anterior, la demanda de amparo resulta extemporánea, pues la misma fue presentada el ocho de marzo de dos mil veintiuno, según se advierte del sello de oficialía de partes de este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, es decir, fuera del término de quince días que para tal efecto fija el artículo 17 de la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis aislada sin número, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XLI, Página 658, materia común, con número de registro 360827, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EXTEMPORÁNEA. Si la demanda se presenta después de quince días de que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, debe sobreseerse en el juicio." En consecuencia, por las razones expresadas, procede desechar la demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, pues acorde con lo expuesto, fue presentada fuera del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la referida ley, computado en términos de su artículo 18. Ello, aunado a que a que dicha causa de improcedencia resultó notoria y manifiesta, en virtud de que de la lectura integral de la demanda se pudo constatar que la parte quejosa manifestó expresamente a partir de qué fecha quedó notificado del acto que tilda de inconstitucional, en función a la cual se realizó el computo del plazo legal, lo que no podría variar aunque se tramitara el juicio y se dictara sentencia en audiencia constitucional, pues la manifestación expresa del peticionario de amparo sobre ese aspecto subsistiría. Además, cabe señalar que esa manifestación no requiere mayor prueba, al no entrar en contradicción con otros elementos; por tanto, se estima que la presentación de la demanda resulta extemporánea. Asimismo, tampoco podría pensarse que no se actualiza la causa de improcedencia, por el hecho de que el cómputo del plazo para presentar la demanda de derechos fundamentales está condicionado a que la autoridad responsable rinda su informe justificado y allegue las constancias; toda vez que si en la ley no está prevista tal limitante, no es admisible introducirla, porque se adicionaría un caso no dispuesto en la norma que traería como consecuencia la ampliación del plazo general para la presentación de la demanda. De ahí que atendiendo a lo dispuesto por el numeral 113 del ordenamiento legal invocado, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, misma que se relaciona con los diversos 17 y 18 de la citada ley. Sin que la presente determinación implique que se niegue el acceso a la impartición de justicia, sino a respetar las cargas procesales que las partes deben satisfacer, es decir, cuando los gobernados quieren hacer uso del derecho de acceso a la justicia, deben someterse necesariamente a las formas que el legislador previó, en el caso concreto el ser presentada dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, computado en términos de su artículo 18. Corrobora lo expuesto la Jurisprudencia (Constitucional) XI.1o.A.T. J/1 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, página 699, cuyo título es: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO." Y por analogía la diversa emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 511, tomo XIX, de mayo de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "ACCESO A LA JUSTICIA. SÓLO EL LEGISLADOR PUEDE IMPONER PLAZOS Y TÉRMINOS PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCIÓN Y DEFENSA ANTE LOS TRIBUNALES." En efecto no se obstaculiza el acceso a la justicia por parte de este Juzgado Federal, puesto que, admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el quejoso tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis integral de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Cobra sustento a lo hasta aquí relatado la Tesis Jurisprudencia (Común): VII.2o.C. J/23, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Página 921, cuyo título es el siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA." 3. Domicilio. Del contenido de la demanda se advierte que la parte quejosa no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y en su lugar, solo proporciona un correo electrónico y número telefónico; en consecuencia, de conformidad con el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se tienen por señalados el correo electrónico y número telefónico que precisa, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que así se estime necesario, sin que ello implique que las notificaciones personales que se llegaren a instruir, se le realicen a través de dicho medio, dado que esa forma de notificación, no se encuentra contemplada en la Ley de la Materia ni en el referido Acuerdo General; por consiguiente, se ordena que el presente auto se le notifique por lista. 4. Autorizados. Como lo solicita el promovente, se tiene por autorizado en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado en derecho René Lázaro Molontzin, en razón de que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 5. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obran en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. Notifíquese personalmente.
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