José Alberto Belmontes Martínez

Expediente 450/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 29 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
450/2017
Año
2017
Actuaciones
29
Última actuación
22/03/2018

Partes del expediente

  • José Alberto Belmontes Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    El suscrito Juan García Trejo, secretario juzgado CERTIFICO QUE: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para la parte quejosa del dos al quince de marzo del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintisiete de febrero del propio año, dentro del juicio de amparo número 450/2017-5; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; De igual forma, se hace constar que se aperturó incidente de suspensión, en el que se concedió la suspensión definitiva; asimismo no se exhibió billete de depósito o algún otro medio de garantía que amerite proveer su destino. No existe en el incidente de suspensión recurso alguno pendiente de resolver. Si existen documentos por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales correspondientes. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de marzo de dos mil dieciocho. DOY FE. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el secretario adscrito a este juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días que señala el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada en fecha veintisiete de febrero del año en curso, en la que por una parte se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; y por otra, se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en tal virtud, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicho fallo HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno Por otro lado, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y por lo tanto este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito de demanda y de la sentencia emitida en autos; y por otra parte, que el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. De igual forma, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado acuerdo General, se declara SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN en la inteligencia de que sólo deberán conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión, tomando en consideración que se trata de un cuaderno en el que se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Devuélvase al juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Valparaíso, Zacatecas, el duplicado del proceso penal 5/2017, que remitió en apoyo a su informe justificado y que obra por separado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Bjm

  2. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 450/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, José Alberto Belmontes Martínez, por derecho propio demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra la autoridad y por el acto que se especifica a continuación: Autoridad responsable: Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad. Jefe del Establecimiento Penitenciario de Valparaíso, Zacatecas. Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Valparaíso, Zacatecas. Comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en Valparaíso, Zacatecas. Acto reclamado: "i) Del Juzgador (a) de Primera instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Valparaíso, Zacatecas reclamo la ilegal Orden de Aprehensión dictada en mi contra. ii) Del Director de la Policía Ministerial del Estado, reclamo las acciones y actos desplegados o que despliegue por sí o a través de los elementos a su cargo con el fin de cumplimentar la ilegal orden de aprehensión, girada por el C. Juez (a) de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valparaíso, Zacatecas. iii) Del Comandante de la Policía Ministerial destacamentado en Valparaíso, Zacatecas, reclamo los actos desplegados o que despliegue por sí o a través de los elementos bajo su mando a fin de cumplimentar la ilegal orden de aprehensión girada en mi contra por el C. Juez (a) de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valparaíso, Zacatecas. iv) Del Jefe del Establecimiento Penitenciario Distrital de Valparaíso, Zacatecas, reclamo los actos tendientes a mantenerme privado de mi libertad una vez que se cumplimente la ilegal orden de aprehensión dictada en mi contra por el C. Juez (a) de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valparaíso, Zacatecas." El quejoso señaló como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de derechos se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; y en proveído de nueve de mayo de dos mil diecisiete, se ordenó su registro con el consecutivo 450/2017; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que por derecho corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Tribunal Federal y se emplazó a los terceros interesados. Seguido el juicio por sus trámites legales, se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se inició en términos del Acta que antecede, misma que forma parte integral de esta sentencia; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, por reclamarse actos de autoridades que residen en el territorio en el que ejerce jurisdicción este Tribunal Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a establecer la certeza del acto reclamado, debe precisarse en qué consiste, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004 . En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la orden de aprehensión dictada contra el quejoso por el delito de abuso de autoridad, dentro del proceso penal número 5/2017. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. No son ciertos los actos que se reclaman al Jefe del Establecimiento Penitenciario de Valparaíso, Zacatecas, toda vez que en su respectivo informe justificado los negó expresamente (foja 16); sin que la parte quejosa aportara prueba alguna para desvirtuar esa negativa. Luego, al no haberse demostrado la existencia de los actos reclamados a la citada responsable, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". Al respecto, es aplicable la tesis del contenido literal siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa.". CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad; al Comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado y al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar, ambos de Valparaíso, Zacatecas; ya que así lo reconocieron expresamente en su respectivo informe justificado (fojas 14, 18 y 20). Sin que obste para tener como cierto el acto que se atribuye al mencionado Comandante que niegue el acto que se le atribuye, pues admite que cuenta con una orden de aprehensión en contra de José Adalberto Belmontes Martínez; y según se aclara más adelante, éste y el quejoso José Alberto Belmontes Martínez son la misma persona. Además, la existencia de los actos reclamados se corrobora con el duplicado del proceso penal 5/2017, que en apoyo a su informe justificado, remitió la Juez responsable; documentales a las que se otorga valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". QUINTO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Al no haber hecho valer las partes alguna causa de improcedencia, ni advertida de oficio por este resolutor, se procede al estudio de fondo del asunto planteado, al tenor de los conceptos de violación hechos valer, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En los conceptos violatorios el quejoso en esencia alega: Que las autoridades señaladas como responsables violan en su perjuicio las garantías de legalidad, seguridad y libertad, tuteladas por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que tratan de detenerlo y privarlo de su libertad, con lo que se le causaría un acto de molestia en su persona y derechos, sin que se le haya seguido un juicio previo ante la autoridad judicial competente en el que se hubieran cumplido las formalidades esenciales del procedimiento y sin que se funde ni motive la causa legal del mismo; como tampoco se acredita el cuerpo del delito ni la probable responsabilidad que le atribuye. Agrega que se vulnera en su perjuicio lo establecido en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal, pues refiere tener el temor fundado de ser privado de su libertad sin que se hayan cumplido las formalidades esenciales del procedimiento, como son el haber hecho de su conocimiento, con oportunidad para su defensa, el supuesto o supuestos típicos, específicamente determinados, como parte de esas formalidades; omisión que se traduce en actuaciones de autoridad contrarias a lo que establecen tales normativos; y reitera que no ha cometido acto alguno que pueda considerarse como delito, como tampoco que haya participado en su comisión. Los motivos de inconformidad sintetizados son infundados. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Por su parte, el numeral 16, primer párrafo, de la Carta Magna, impone la obligación a todas las autoridades de fundar y motivar de manera escrita todos los actos de molestia que emitan, esto es, a expresar las razones de derecho y los motivos de hecho en que se apoyen para su dictado. Del análisis del precepto citado en segundo orden se distinguen dos tipos de actos, que son: a) actos de molestia, son los que restringen de manera provisional o preventiva un derecho, y b) actos privativos, son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado. Los actos privativos tienen como presupuesto para su emisión la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado (garantía de audiencia y debido proceso). Los actos de molestia resultan legales siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. De manera que respecto de éstos no rige la garantía de audiencia, dado que no tienen efectos privativos, sino provisionales. Por tanto, todo acto de molestia debe estar contenido en un mandato escrito de la autoridad competente en donde se funde y motive la causa legal de su objeto. Es ilustrativa de lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 40/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IV, julio de mil novecientos noventa y seis, página cinco, que dispone: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional". En ese tenor, la orden de aprehensión es una resolución judicial en la que, con base en la solicitud del agente del Ministerio Público y una vez satisfechos los requisitos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena capturar a una persona, para ponerla a disposición de la autoridad que la reclama, a fin de que conozca la conducta ilícita que se le atribuye. Así lo consideró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro de la tesis 1a. CC/2012 (10a.), publicada en la página 1206, del Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2001985, de rubro y texto: "ÓRDENES DE APREHENSIÓN Y REAPREHENSIÓN. SUS DIFERENCIAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 34/2001, de rubro: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL QUEJOSO AL INTERPONER SU DEMANDA DE AMPARO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN.", sostuvo que las órdenes de aprehensión y reaprehensión, si bien tienen como finalidad privar de la libertad a una persona, técnicamente son diferentes. Así, la aprehensión es una resolución judicial en la que, con base en la solicitud del agente del Ministerio Público y una vez satisfechos los requisitos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena capturar a una persona, para ponerla a disposición de la autoridad que la reclama, a fin de que conozca la conducta ilícita que se le atribuye; mientras que la orden de reaprehensión constituye una determinación judicial emitida para que la persona que ya se encuentra sujeta a un proceso penal, cumpla con una obligación procesal que dejó de hacer, o bien, con la sanción impuesta, en su caso; de ahí que para la emisión de este tipo de resoluciones no se requiere que la autoridad judicial emisora se pronuncie en torno al acreditamiento del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, a diferencia de una orden de aprehensión, en la que se estima indispensable el análisis de ambas categorías procesales." Por tanto, la orden de aprehensión constituye una forma de integrar al imputado al proceso; y la afectación al derecho de libertad involucrado es provisional, hasta en tanto se decida sobre la situación jurídica del inculpado, en relación con los hechos imputados; por tanto, constituye un acto de molestia, dado que no priva de manera definitiva de la libertad al imputado. El aserto apuntado se corrobora con el contenido del segundo párrafo del artículo 16 constitucional (anterior a la reforma de 18 de junio de 2008, aplicable al presente asunto), que establece: "Artículo 16. (...) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado." Del normativo anterior destaca que la audiencia del imputado no constituye un requisito previo para la emisión de una orden de aprehensión. De ahí que, contrario a lo alegado por el quejoso, para el dictado de dicho mandato judicial, no es exigible que se otorgue al imputado audiencia previa, pues si bien, por regla general, todo gobernado frente a cualquier acto de autoridad que importe privación de alguno de los bienes jurídicos tutelados por el artículo 14 constitucional, goza del derecho público subjetivo de que se le brinden las oportunidades defensiva y probatoria antes de que se realice en su perjuicio el acto privativo; no obstante, las órdenes de aprehensión constituyen actos de molestia respecto de los que no rige la garantía pretendida. Dicha salvedad, se reitera, deriva del texto mismo del artículo 16 constitucional, al establecer los requisitos para proceder al libramiento de la orden de aprehensión, entre los que no se encuentra que previamente se oiga al presunto indiciado en defensa. Tiene aplicación al respecto la tesis IX.1o.33, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 1824, tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época, del siguiente contenido literal: "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA DICTARLA NO ES REQUISITO OBSERVAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. Todo gobernado goza del derecho a la garantía de audiencia, antes de que se realice en su perjuicio el acto de autoridad; sin embargo, cuando el acto de autoridad es una orden de aprehensión, al establecer el artículo 16 de la Constitución Federal, los requisitos que debe satisfacer la emisión de un mandamiento de esa naturaleza, no comprendió el relativo a que previamente se oiga al presunto indiciado, sino únicamente, que las órdenes de aprehensión sean emitidas por autoridad judicial, que estén precedidas por alguna denuncia o querella respecto de un hecho que legalmente se sancione, cuando menos, con pena privativa de libertad y que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado." Luego, lo alegado en ese sentido por el quejoso resulta infundado, pues no era necesario hacer de su conocimiento la existencia de la indagatoria iniciada en su contra; como tampoco que fuera citado a comparecer ante el agente del Ministerio investigador con anterioridad a la emisión del mandato de captura reclamado. Establecido lo anterior, no se advierte que el acto reclamado sea violatorio de los derechos fundamentales del promovente del amparo, por las razones que a continuación se exponen. Precisado quedó en párrafos que anteceden, que en el presente asunto se reclama la orden de aprehensión dictada contra el aquí quejoso el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete por la Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Valparaíso, Zacatecas, en el proceso penal 05/2017, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de autoridad. Previamente conviene puntualizar, que del análisis integral de la resolución reclamada se advierte que el nombre del inculpado aquí quejoso se asentó como José Adalberto Belmontes Martínez; siendo que la demanda de amparo la promovió como José Alberto Belmonte Martínez. Con motivo de lo anterior, en proveído de treinta de octubre de dos mil diecisiete, se determinó requerir al Director del Centro Penitenciario de Valparaíso, Zacatecas, para que informara a este Tribunal Federal si el veintisiete de septiembre de dos mil catorce (fecha en que ocurrieron los hechos que motivaron la indagatoria) laboraba en ese centro de reclusión José Alberto Belmontes Martínez (foja 142 del expediente de amparo). Al respecto, en oficio de siete de noviembre de dos mil diecisiete, el jefe del establecimiento penitenciario distrital del citado municipio, informó que en la fecha antes indicada sí se encontraba laborando en ese lugar el antes nombrado, ya que fungía como Jefe de ese Centro de Reclusión, hasta el trece de octubre del dos mil catorce, en que fue removido del cargo (foja 145 ídem); por tanto, se concluye que el inculpado contra quien se libró el mandato de captura reclamado y el aquí quejoso son la misma persona. Aclarado lo anterior, se considera que la orden de aprehensión impugnada sí satisface los requisitos establecidos por el artículo 16 constitucional, que son: 1. Exista denuncia o querella de un hecho determinado que la ley señale como delito. 2. Se trate de un delito que se encuentre sancionado, cuando menos, con pena privativa de libertad. 3. Obren datos que acrediten el cuerpo del delito y hagan probable la responsabilidad penal del indiciado. 4. Lo solicite el Ministerio Público en uso de las facultades que le confiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 5. Sea emitida por autoridad judicial competente, en cumplimiento de las atribuciones que las leyes le confieren. En el caso, es palmario que sí se encuentran colmados los requisitos antes señalados, en atención a que se formuló denuncia ante el órgano investigador por Sergio de Jesús Dimas Rosales (fojas 2 y 3 del duplicado de la causa penal 05/2017). Asimismo, la autoridad judicial responsable, de manera correcta estableció que tales hechos son constitutivos del delito de abuso de autoridad previsto y sancionado por los artículos 194 fracción II y 195, del Código Penal del Estado. En ese tenor, se tiene que el ilícito de que se trata, se sanciona con pena privativa de libertad; la orden de aprehensión fue emitida por una autoridad judicial con competencia legal, como lo es la Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Valparaíso, Zacatecas (fojas 51 a la 64 del proceso penal), a petición del Agente del Ministerio Público de esa localidad, en su determinación de ejercicio de la acción penal de diez de febrero de dos mil diecisiete (fojas 44 a la 49 ídem), en uso de las facultades que le confiere el artículo 21 constitucional. Por otra parte, se considera que la resolución reclamada se emitió con apego a derecho; habida cuenta que los medios de prueba que obran en la causa penal de origen, fueron valorados de manera correcta por la juez responsable; habiendo resultado suficientes para tener por acreditado el cuerpo del delito de homicidio; así como la probable participación del aquí quejoso en su comisión. La juez de la causa, en primer término estableció que los elementos que integran el delito de abuso de autoridad, que se atribuye al ahora quejoso, previsto y sancionado por los artículos 194 fracción II y 195, del Código Penal del Estado, son los siguientes: A). Que sujeto activo tenga la calidad específica de servidor público, agente o comisionado de gobierno. B). Que en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas hiciere violencia en las personas; y, C). Que dicha violencia se ejerza sin causa legítima, o bien, vejare injustamente a las personas o las injuriare. En efecto, los elementos materiales del ilícito en estudio, se acreditó con los medios de prueba siguientes: Con la denuncia formulada ante el Agente del Ministerio Público Investigador por Sergio de Jesús Dimas Rosales mediante escrito de veintinueve de septiembre de dos mil catorce, ratificado en esa propia fecha ante dicha autoridad, en el que expuso: Que es interno en el Centro de Readaptación Social de Valparaíso, Zacatecas, desde hace aproximadamente un año anterior a la fecha antes indicada, del cual era Director Alberto Belmonte Martínez, quien siempre ha tenido problemas con los internos y con el denunciante sin que diera causa alguna para ello; agregó que el veintisiete de septiembre del año citado, aproximadamente a las ocho horas, el denunciado en compañía de otros guardias, uno de ellos de nombre Ramiro, le dijeron que saliera de su celda ya que realizarían una revisión de rutina porque buscaban un celular que ellos decían traía el deponente; que al no encontrar nada en su celda, sólo su herramienta y material de trabajo, el Alcaide Belmontes instruyó a los custodios, entre éstos Ramiro, para que lo llevaran al cuarto de la "conyugal", donde lo empezó a interrogar Belmontes sobre el celular, contestándole el ofendido que él no tenía ningún celular, lo que molestó al referido Belmontes quien lo empezó a golpear en el abdomen, mientras uno de los guardias o custodios lo detenía de las manos y cuello (fojas 2-3 y 9 del duplicado del proceso penal 05/2017). Medio de prueba que reviste el valor indiciario que le confirió la juez instructora, de conformidad con el artículo 277 del Código de Procedimientos Penales del Estado, pues como bien lo señaló, el ofendido denunció hechos ocurridos el veintisiete de septiembre de dos mil catorce, destacando que fue agredido físicamente por servidores públicos, entre ellos, quien en ese entonces se desempeñaba como Jefe de la Cárcel Distrital de Valparaíso, Zacatecas. Inspección ministerial practicada el veintinueve de septiembre de dos mil catorce, por la Agente del Ministerio Público Instructora Número Dos, en Valparaíso, Zacatecas, respecto de las lesiones que presentó Sergio de Jesús Dimas González, siendo las siguientes: En la cara anterior del cuello huellas de tipo equimosis con presencia de una lesión conformada por cuatro líneas de aproximadamente cinco centímetros de largo en color rojo "algo moradoso"; en el flanco derecho cinco escoriaciones de aproximadamente diez centímetros de largo "tipo rasguño" en color rojo; y en el flanco izquierdo equimosis rojo con "moradoso", con superficie de aproximadamente quince centímetros de largo por siete de ancho; y sobre el ombligo se observó una equimosis de forma redonda de tres centímetros de diámetro, de color rojo algo "moradoso" (foja 10 de la causa penal). Certificado médico expedido el treinta de septiembre de dos mil catorce, por el Doctor José Pedro Muñoz Ávalos, Director del Hospital Comunitario de Valparaíso, Zacatecas, respecto de las lesiones de Sergio de Jesús Dimas Rosales, asentando lo siguiente: Que dicho paciente acudió por presentar dolor en abdomen de ligera intensidad, acompañado de lesiones en cuello y abdomen, señalando que a la exploración física y tegumentos normocoloriados húmedos, se encontró presencia de rasguños en abdomen y cuello; abdomen ligeramente con dolor en flanco izquierdo con presencia de hematoma; clasificando dichas lesiones como de las que no ponen en peligro la vida y tardan menos de quince días en sanar, reservándose consecuencias médico legales (foja 15 ídem). Inspección ministerial practicada el once de abril de dos mil dieciséis por el Agente del Ministerio Público Investigador de Valparaíso, Zacatecas, en la que aceptó haberse constituido en las instalaciones que ocupa la cárcel distrital del citado Municipio, señalando las características de dicha construcción; así como de su interior, destacando un cuarto que corresponde al lugar donde se encontraba el ofendido Sergio de Jesús Dimas González el día de los hechos que denunció, describiendo las características de dicha habitación y de los muebles que había en su interior; anexando a esa diligencia un croquis ilustrativo (foja 26 y 27 ídem). Diligencias ministeriales a la que la Juez de la causa confirió valor probatorio pleno al tenor de lo dispuesto por el artículo 276 de la ley adjetiva penal en consulta; en tanto que al dictamen pericial le otorgó valor demostrativo de indicio, conforme al numeral 277 de esa propia legislación. Declaración rendida el quince de abril de dos mil dieciséis ante el órgano investigador, por Lucio Montor Félix, en la que manifestó: Que labora como custodio penitenciario y en el año dos mil diez a noviembre de dos mil catorce estuvo comisionado en la cárcel distrital del Municipio de Valparaíso, Zacatecas; agregó que en el mes de septiembre de dos mil catorce, sin recordar la fecha exacta, aproximadamente a las ocho de la mañana se encontraba junto con sus compañeros Gavino Ramírez Betancourt y Enrique González Barajas, quienes también laboran como custodios en ese establecimiento penitenciario; que estaban por terminar su turno de ese día cuando el deponente comenzó a pasar lista para hacerle entrega al Comandante Ramiro Reyes Alemán y a su custodio Alfredo Salcedo Triana; que en aquél entonces el director era Alberto Belmonte Martínez quien le ordenó a Ramiro y a su grupo realizar una revisión en la celda del interno Sergio de Jesús Dimas González, por lo que el mencionado director, Ramiro y Alfredo se dirigieron a la celda de Sergio y el declarante se fue detrás de ellos, ordenándole el director que trasladara al interno al área de la "conyugal", que luego llegó a la celda de Sergio y vio que Ramiro y Alfredo estaban realizando una revisión en ese lugar y al no encontrar nada se dirigieron a donde estaba el interno Sergio; que en eso llegó el director Alberto; que Ramiro y Alfredo sacaron al interno de la "conyugal" y lo llevaron hacia el pasillo, donde el director comenzó a decirle a Sergio que "Hijo de tu pinche madre dónde tienes el celular", a lo que contestaba que no tenía nada; que enseguida Alfredo agarró al interno de los brazos por la espalda y Ramiro del cuello con las dos manos como abrazando al pasivo; y cuando los dos lo tenían sujetado el director le dio a éste tres puñetazos en el estómago, y mientras le pegaba le seguía preguntando "Hijo de tu pinche madre dónde está el celular", contestando que él no tenía ningún celular que lo dejara en paz, y el director le decía " yo aquí soy el director y me tienes que decir dónde tienes el celular"; concluyó el emitente refiriendo que se dio cuenta de lo anterior porque se encontraba en el pasillo junto a la reja con Gavino y Enrique (fojas 28 y 29 del citado expediente). Declaración ministerial rendida el quince de abril de dos mil dieciséis, por Enrique González Barajas, en la que expuso: Que duró veintitrés años como servidor público y en el dos mil ocho fue comisionado como custodio penitenciario de la cárcel distrital del Municipio de Valparaíso, Zacatecas; que en septiembre de dos mil catorce, sin recordar la fecha exacta, siendo aproximadamente las ocho de la mañana en que terminaba su turno, se encontraba cuidando la puerta de acceso a la población y como era cambio de turno estaba esperando que regresaran el Comandante Lucio Montor Félix y Gavino Ramírez Betancourt, quienes eran de su guardia y estaban en población entregando el turno al grupo que estaba a cargo del Comandante Ramiro Reyes Alemán y su custodio Alfredo Salcedo Triana, acompañados del director Alberto Belmontes Martínez; que estaban pasando lista cuando el declarante vio que el Comandante Lucio llegó con el interno Sergio Dimas, lo dejó en la "Conyugal" y se regresó a población; agregó que pocos minutos después vio que salieron el director, el Comandante Ramiro Reyes y Alfredo Salcedo Triana, así como el Comandante Lucio y Gavino; que el declarante les abrió la puerta y el director le ordenó a Ramiro Reyes y a Alfredo que sacaran a Dimas de la "conyugal"; y como Lucio, Gavino y el emitente estaban cerca, pudieron darse cuenta que Alfredo tomó de los brazos a Dimas y Ramiro con las dos manos lo agarró del cuello mientras que el director le gritaba al interno "HIJO DE TU PINCHE MADRE, DÓNDE DEJASTE EL CELULAR", contestando que no tenía nada; refiriendo el declarante que vio cuando el director le dio tres puñetazos a Sergio en el estómago y seguía insultándolo y no dejaba de pedirle el celular diciéndole "dónde está el celular hijo de tu pince madre"; que duraron alrededor de diez minutos discutiendo; reiterando que vio que el director le dio tres golpes en el estómago (foja 31 ídem). Declaración rendida el dieciocho de abril de dos mil dieciséis ante el Agente del Ministerio Público Investigador por Gavino Ramírez Betancourt, quien refirió: que en el mes de junio de dos mil once fue comisionado como policía penitenciario adscrito a la cárcel distrital del Municipio de Valparaíso, Zacatecas; y en el mes de septiembre de dos mil catorce, sin recordar la fecha exacta, serían entre las siete y media u ocho de la mañana cuando iban a entregar la guardia al Comandante que entraba al turno; aclaró que su guardia estaba conformada por Lucio Montor Félix y Enrique González Barajas y el emitente; que antes de entregar la guardia al comandante Ramiro Reyes Alemán y al custodio José Alfredo Salcedo Triana, vio que éstos llegaron y salieron junto con el Director José Alberto Belmontes Martínez y se dirigieron a la celda número tres donde se encontraba el interno Sergio de Jesús Dimas Rosales y el director ordenó a Ramiro y a Alfredo que realizaran revisión en dicha celda; que luego el director le ordenó al Comandante Lucio que llevara al interno Sergio al área de la "conyugal" y así lo hizo; siguió diciendo el deponente que vio que el Director Alberto, Ramiro y Alfredo se dirigieron a ese lugar y el director le gritó al interno Dimas "dónde está el celular, hijo de tu chingada madre"; contestando que él no tenía nada; que enseguida lo sacaron al pasillo observando que Ramiro y Alfredo detuvieron al interno mientras que el director le soltó un puñetazo a éste en el estómago, y mientras lo golpeaba le decía "dónde tienes el celular hijo de tu pinche madre"; respondiendo que no tenía nada y que si quería lo siguiera golpeando; que trataba de zafarse de Ramiro y de Alfredo pero no podía, ya que uno lo tenía agarrado del cuello y el otro de las manos, mientras el director le pegaba (fojas 33 y 34 ídem). Declaraciones que fueron debidamente valoradas como indicios por la juez de primera instancia, acorde a lo dispuesto por los numerales 277 y 281 del Código de Procedimientos Penales del Estado. Oficio SSP/DPRS/VISIT/6861/2016, signado por el encargado de la Dirección General de Prevención y Reinserción del Estado de Zacatecas, mediante el cual informó al agente del Ministerio Público investigador, que el inculpado Alberto Belmontes Martínez sí se encontraba laborando el veintisiete de septiembre de dos mil catorce (fecha en que ocurrieron los hechos que motivaron la indagatoria); anexando el diverso comunicado EPDV/322/2016, suscrito por el Jefe del Establecimiento Penitenciario de Valparaíso, Zacatecas (fojas 41 y 42). Los referidos comunicados revisten el valor indiciario que les asignó la resolutora natural, que consigna el ordinal 277 del citado ordenamiento legal. Ahora, en lo atinente al primero de los requisitos que integran el delito de abuso de autoridad que se analiza, que consiste que el sujeto activo tenga la calidad específica de servidor público, se conviene con la juez del proceso, en cuanto sostuvo que si bien es verdad que en la causa penal de origen no existe nombramiento que acredite al inculpado aquí quejoso como servidor público; empero, tal requisito se demostró en autos con la prueba circunstancial a que alude el artículo 278 del Código de Procedimientos Penales del Estado, específicamente con la denuncia formulada por el ofendido Sergio de Jesús Dimas Rosales; así como con los testimonios de los custodios de la Cárcel Distrital de Valparaíso, Zacatecas, Lucio Montor Félix, Enrique González Barajas y Gavino Ramírez Betancourt, pues todos ellos coincidieron en señalar que en la fecha en que ocurrieron los hechos denunciados, José Alberto Belmontes Martínez se desempeñaba como Jefe de ese establecimiento penitenciario; aunado a lo anterior, obra en autos el oficio SSP/DPRS/VISIT/6861/2016, mediante el cual el encargado de la Dirección General de Prevención y Reinserción del Estado de Zacatecas, informó al agente del Ministerio Público investigador, que el inculpado Alberto Belmontes Martínez sí se encontraba laborando el veintisiete de septiembre de dos mil catorce; lo anterior, de acuerdo con el diverso comunicado EPDV/322/2016, suscrito por el Jefe del Establecimiento Penitenciario de Valparaíso, Zacatecas. En apoyo de lo anterior se comparten los criterios jurisprudenciales sustentados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invocados por la juez responsable, que son los siguientes: "ABUSO DE AUTORIDAD, EL CARÁCTER DE SERVIDOR PÚBLICO, COMO ELEMENTO DEL TIPO DEL DELITO DE, SE PUEDE PRESUMIR MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DE LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. Mediante la prueba circunstancial se puede inferir el carácter de funcionario o servidor público, como elemento del tipo penal del ilícito de abuso de autoridad, cuando, como en la especie, los ordenamientos adjetivos penales de los Estados de San Luis Potosí, Sinaloa y Nayarit autorizan al Juez para considerar cierto un hecho si existe prueba de indicios, además de que tienen adoptado el sistema de arbitrio judicial para la libre apreciación de la prueba, puesto que, de acuerdo a este sistema, no se limita taxativamente la prueba, sino que deja a la autoridad judicial la libertad de allegarse toda clase de elementos de convicción, siempre y cuando no vayan en contra de la moral y de las buenas costumbres, lo que implica que el juzgador, ciñéndose a esas amplias facultades, podrá tener por acreditado el mencionado elemento del delito, al tomar en conjunto todas esas probanzas e integrar la prueba circunstancial, llamada prueba de indicios, en donde cada uno de ellos, si bien en forma autónoma y aislada no tienen mayor valor, en su conjunto puedan adquirir eficacia probatoria plena, por relacionarse y vincularse lógicamente entre sí para crear absoluta convicción, sin olvidar que la prueba circunstancial precisa para su integración que se encuentren acreditados los hechos indiciarios y que exista un enlace más o menos necesario entre la verdad conocida y la que se busca, de ahí que la apreciación que de las pruebas haga el Juez en los términos aludidos, aparte de que se ajusta a las reglas tutelares que rigen la prueba en materia penal porque conforme lo dispone la ley se valora la prueba circunstancial, sirve para presumir la materialidad del delito de abuso de autoridad." ;y, "ABUSO DE AUTORIDAD, EL CARÁCTER DE SERVIDOR PÚBLICO, COMO ELEMENTO DEL TIPO DEL DELITO DE, NO PUEDE ACREDITARSE EXCLUSIVAMENTE CON LA CONSTANCIA DEL NOMBRAMIENTO. Tratándose de aquellos delitos como el de abuso de autoridad, para cuya actualización no se requiere prueba especial, según lo disponen los códigos adjetivos de San Luis Potosí, Sinaloa y Nayarit, se sigue el sistema de no limitar taxativamente la prueba, en donde la decisión del Juez no está determinada por reglas más o menos rígidas que lo obliguen a estimar cierto lo demostrado por pruebas determinadas, sino que opera el arbitrio judicial para la libre apreciación de las pruebas, por lo que, para tener por acreditado el carácter de servidor público como elemento del tipo del ilícito aludido, no sólo se logra mediante el nombramiento con tal carácter del sujeto activo o la constancia que así lo compruebe, en virtud de que el juzgador tiene que hacer uso de la facultad más importante dentro de su tarea de administrar pública justicia, consistente en la actividad intelectiva que despliega al efectuar la valoración de la prueba, a la luz de la regla genérica que contemplan los Códigos de Procedimientos Penales invocados, en el sentido de que el Juez goza de la más amplia libertad para valerse de todos los medios lícitos de investigación, lo que se traduce en que, para tener por comprobado el referido extremo, la autoridad judicial se puede allegar cualquier elemento de convicción, siempre y cuando no sean contrarios a derecho ni reprobados por la ley." En ese contexto, como acertadamente lo consideró la juzgadora de origen, en el caso particular, con las pruebas recabadas en la fase indagatoria, adminiculadas entre sí, debidamente analizadas y valoradas conforme a las reglas que establecen los numerales 277, 278 y 281 del Código Procesal del Estado, hasta el momento procesal en que se emitió el mandamiento de captura que en esta instancia constitucional se reclama, se encuentra acreditado que una persona determinada, que tenía el carácter de servidor público, dado que se desempeñaba como Jefe del Establecimiento Penitenciario del Municipio de Valparaíso, Zacatecas, aproximadamente a las ocho horas del veintisiete de septiembre de dos mil catorce, golpeó en el abdomen al interno Sergio de Jesús Dimas Rosales, causándole las lesiones que se detallan en la inspección ministerial practicada por la Agente del Ministerio Público Investigadora; así como en el certificado médico expedido por el doctor José Pedro Muñoz Ávalos; como también le profirió injurias al tiempo que le exigía que le entregara un celular, pues de acuerdo con los testimonios de Lucio Montor Félix, Enrique González Barajas y Gavino Ramírez Betancourt, al momento que lo golpeaba también lo agredía verbalmente ya que le decía "Hijo de tu pinche madre dónde tienes el celular" y "dónde tienes el celular hijo de tu pinche madre"; por tanto, los destacados medios de convicción adminiculados entre sí, resultan jurídicamente eficaces para demostrar que en las circunstancias del lugar, tiempo, modo y ocasión en que acontecieron tales hechos el sujeto activo cuando ejercía sus funciones en su calidad de servidor público, ejecutó actos de violencia sin causa legítima sobre la persona del ofendido Sergio de Jesús Dimas Rosales; como también realizó actos de vejación en su contra y lo injurió, como se especifica en párrafos que anteceden; por tanto, debe convenirse en que en el proceso penal del que emana el acto reclamado, se demostró legalmente el cuerpo del delito de abuso de autoridad materia de análisis. Por cuanto hace al tema relativo a la probable responsabilidad del impetrante en la comisión del ilícito apuntado, cabe puntualizar que de igual forma, hasta el estadío procesal en que se emitió la orden de aprehensión reclamada, se encuentra acreditado que la persona que probablemente desplegó tal conducta delictiva fue precisamente el inculpado aquí quejoso José Alberto Belmontes Martínez, pues para arribar a esa conclusión la autoridad judicial responsable tuvo en consideración de manera fundamental las firmes imputaciones que en su contra formuló el ofendido Sergio de Jesús Dimas Rosales; así como con los testigos presenciales de los hechos denunciados Lucio Montor Félix, Enrique González Barajas y Gavino Ramírez Betancourt, al señalarlo como la persona que el veintisiete de septiembre de dos mil catorce, cuando fungía como Director de la Cárcel Distrital de Valparaíso, Zacatecas, agredió en su integridad física y profirió insultos al mencionado pasivo, quien se encontraba interno es ese Centro Penitenciario, causándole las alteraciones en su salud personal que se detallan en la diligencia de inspección ministerial y certificado médico recabados en la fase de averiguación previa; conducta que desplegó el activo sin que existiera causa que lo justificara. Ahora, los referidos testimonios revisten valor probatorio indiciario de conformidad con lo dispuesto por el artículo 277 del Código de Procedimientos Penales en el Estado, por reunir los requisitos que señala el numeral 281 de esa propia legislación, dado que por su edad, capacidad e instrucción, se considera que cuando depusieron contaban con el criterio necesario para juzgar el acto respecto del cual declararon; asimismo, por su probidad, la independencia de su posición y sus antecedentes personales, se considera que son imparciales; además, tuvieron conocimiento directo y por medio de sus sentidos de los hechos sobre los que declararon, y no por inducciones o referencias de otros, igualmente sus declaraciones fueron claras y precisas, sin dudas ni reticencias, tanto en la sustancia de los hechos como de las circunstancias en que se verificaron, sin que exista dato alguno del que se infiera que hayan sido obligados por fuerza o miedo, o impulsados por engaño, error o soborno, para conducirse en la forma en que lo hicieron. Al respecto, conviene destacar que en la época en que ocurrieron los hechos que motivaron la indagatoria, los mencionados atestes se desempeñaban como custodios en el referido reclusorio; razón por la que resultan verosímiles sus testimonios; sin que obre en autos prueba alguna que los desvirtúe. En las relatadas condiciones, debe concluirse que los medios de convicción relacionados precedentemente, si bien de manera individual tienen valor indiciario, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 277, del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado; empero, estimados en armonía, en su conjunto integran la prueba circunstancial perfecta con valor demostrativo pleno, en términos de lo dispuesto por el ordinal 278 de esa propia legislación, dado el enlace lógico y natural más o menos necesario que existe entre la verdad conocida y la que se busca; por tanto, como lo consideró la juez responsable en la resolución impugnada, tales elementos de prueba adminiculados entre sí, adquieren eficacia jurídica suficiente para poner de relieve que probablemente el aquí quejoso José Alberto Belmontes Martínez, cuando se desempeñaba como servidor público, específicamente como Jefe del mencionado establecimiento penitenciario, sin causa legítima ejerció violencia sobre la integridad corporal del interno Sergio de Jesús Dimas Rosales; como también realizó actos de vejación en su contra y lo injurió, de la manera en que narraron tanto el pasivo como los testigos presenciales; por ello es que se considera correcto que la juez de la causa encuadre la conducta del inculpado en el tipo penal de abuso de autoridad previsto y sancionado por los artículos 194 fracción II y 195, del Código Penal del Estado; contraviniendo con ese proceder las normas penales que prevén y sancionan el delito materia de análisis; y en esas condiciones, es inconcuso que en la especie sí se encuentran reunidos los requisitos exigidos por el artículo 16 de la Constitución General de la República, que rigen la orden de aprehensión que en esta vía constitucional se analiza; en consecuencia, la resolución combatida se emitió con apego a derecho. Es de puntual aplicación a las consideraciones expuestas, la Jurisprudencia número 663, que aparece publicada en la página 415 del Tomo II, Materia Penal, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, cuyo texto y rubro se lee: "PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, IMPORTANCIA DE LA.- La moderna legislación en materia penal ha relegado a segundo término la declaración confesora del acusado, a la que concede un valor indiciario que cobra relevancia sólo cuando está corroborado con otras pruebas, y, por el contrario, se ha elevado al rango de "reina de las pruebas", la circunstancial, por ser más técnica y porque ha reducido los errores judiciales. En efecto, dicha prueba está basada sobre la inferencia o el razonamiento, y tiene, como punto de partida, hechos o circunstancias que están probados y de los cuales se trata de desprender su relación con el hecho inquirido; esto es, ya un dato por completar, ya una incógnita por determinar, ya una hipótesis por verificar, lo mismo sobre la materialidad del delito que sobre la identificación del culpable y acerca de las circunstancias del acto incriminado.". Así como la Jurisprudencia número 275, consultable en las páginas 200 y 201 del Tomo II, Materia Penal, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación de 1917-2000, del texto siguiente: "PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. VALORACION DE LA. La prueba circunstancial se basa en el valor incriminatorio de los indicios y tiene, como punto de partida, hechos y circunstancias que están probados y de los cuales se trata de desprender su relación con el hecho inquirido, esto es, ya un dato por complementar, ya una incógnita por determinar, ya una hipótesis por verificar, lo mismo sobre la materialidad del delito que sobre la identificación del culpable y acerca de las circunstancias del acto incriminado.". En el contexto anotado, contra lo que se alega en los conceptos violatorios, el análisis integral de la orden de aprehensión reclamada pone de manifiesto que la juez de la causa la fundó y motivó debidamente, pues señaló con precisión los preceptos legales aplicables al caso concreto; así las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que tuvo en consideración para la emisión de dicho acto y existe adecuación entre los motivos aducidos con las normas aplicables, por lo que en el particular, hasta el momento procesal en que se dictó esa determinación, se considera que en rango de probable, se configura la hipótesis normativa relativa al delito de abuso de autoridad que se atribuye al impetrante del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del texto y rubro siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Solo resta decir que para librar una orden de aprehensión no se requieren pruebas que acrediten plenamente la responsabilidad del inculpado; sino que, hasta esa etapa procesal, basta la existencia de indicios que justifiquen el cuerpo del delito y hagan probable la responsabilidad penal; y en el caso concreto, tales extremos se encuentran acreditados con los medios de convicción que integran la causa penal de origen. Es aplicable a esto último, la Jurisprudencia número 619, consultable en la página 385, del Tomo II, Materia Penal del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, cuyo texto se lee: "ORDEN DE APREHENSIÓN. SU LIBRAMIENTO NO REQUIERE DE PRUEBAS PLENAS DE LA RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO. Para dictar una orden de aprehensión no se requiere de pruebas plenas que acrediten la responsabilidad del inculpado sino únicamente es necesario que se reúnan los requisitos a que se refiere el artículo 16 constitucional, y que se desprendan datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado.". Corolario de lo anterior, al no demostrarse con razonamientos lógico-jurídicos que que la resolución que por esta vía se combate, sea violatoria de derechos fundamentales en perjuicio del quejoso José Alberto Belmontes Martínez, ni se advierte motivo que amerite la suplencia de la queja en su favor, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, procede negarle el amparo y la protección de la justicia federal solicitados. La negativa del amparo se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Comandante de la Policía Ministerial del Estado, en Valparaíso, Zacatecas y al Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, acorde con la tesis del rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS, NEGACIÓN DEL AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las que solo ejecutaron tal acto por razón de jerarquía" Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en este juicio de amparo 450/2017, promovido por José Alberto Belmontes Martínez, en relación con el acto reclamado al Jefe del Establecimiento Penitenciario de Valparaíso, Zacatecas, por las razones indicadas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La justicia de la unión no ampara ni protege a José Alberto Belmontes Martínez, respecto de los actos reclamados a la Juez de Primera Instancia y de lo Familiar y Comandante de la Policía Ministerial del Estado, ambos en Valparaíso, Zacatecas, y Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, por las razones vertidas en el último considerando de este fallo. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de José de Jesús Martínez Torres, Secretario con quien actúa, hoy veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del Juzgado. DOY FE. L´JJMT

  3. Principal

    En ocho de noviembre de dos mil diecisiete, se da cuenta con dos promociones registradas con los folios 14830 y 14835. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Agréguense a sus autos los oficios enviados vía electrónica por el Jefe del Establecimiento Penitenciario Distrital de Valparaíso, Zacatecas, mediante los cuales esencialmente informa que el veintisiete de septiembre de dos mil catorce, el quejoso José Alberto Belmontes Martínez sí laboraba como Jefe de ese centro de reclusión; lo anterior, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con secretario que autoriza, licenciado Juan García Trejo. DOY FE. Bjm

  4. Principal

    El licenciado Juan García Trejo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas CERTIFICA: Que se encuentran fijadas las nueve horas con veinte minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Zacatecas, Zacatecas, treinta de octubre de dos mil diecisiete. Doy fe. En la misma fecha el Secretario da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la demanda que dio origen al presente juicio de amparo fue promovida por José Alberto Belmontes Martínez, sin embargo, el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Valparaíso, Zacatecas, en su informe justificado manifestó que es cierto el acto que se le reclama, ya que ante su instancia se tramita la causa penal 5/2017, por el delito de abuso de autoridad cometido en perjuicio de Sergio de Jesús Dimas Rosales, constancias de las que se evidencía que José Adalberto Belmontes Martínez, por quien ese juzgado giró orden de aprehensión el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete y José Alberto Belmontes Martínez (quejoso) son la misma persona. En atención a lo anterior, a fin de estar en condiciones de integrar debidamente el expediente en que se actúa, mediante oficio que derive de este proveído, requiérase al Director del Centro Penitenciario de Valparaíso, Zacatecas, para que dentro del término de tres días siguientes a la legal notificación de este proveído, informe a este órgano jurisdiccional si al veintisiete de septiembre de dos mil catorce, laboraba como custodio de ese centro de reclusión una persona de nombre José Alberto Belmontes Martínez. En otro aspecto, vista la certificación que antecede de la que se advierte que se encuentran fijadas las nueve horas con treinta minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; luego, para dar oportunidad a que la autoridad citada en el párrafo que antecede cumpla con el citado requerimiento, SE DIFIERE la celebración de la audiencia constitucional y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. Bjm

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