José Alberto Bastida Domínguez

Expediente 245/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2020.

Datos del expediente

Expediente
245/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
20/02/2020

Partes del expediente

  • José Alberto Bastida Domínguez

Actuaciones

  1. Principal

    ...agréguese a sus autos los oficios, se tienen por hechas sus manifestaciones y por informadas las gestiones de referencia, de las que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Se notifica por lista a la parte quejosa el auto de fecha 07/FEBRERO/2020, esto por no comparecer en las instalaciones de este Juzgado, no obstante el citatorio que se dejó en su domicilio. Auto cuyo contenido es: "Ciudad de México; siete de febrero de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario adscrito al Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual remite copia certificada del testimonio de veintitrés de enero de dos mil veinte, dictado en el toca Q.A. 296/2019 de su índice y los autos originales del juicio de amparo 1157/2019 del índice de este juzgado Federal, en un tomo. Acúsese recibo correspondiente y hágase saber a las partes que el Tribunal Colegiado resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Es FUNDADO el recurso de queja, para los efectos indicados." Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este órgano de control constitucional. Por otra parte, visto el estado que guarda el cuaderno de antecedentes relativo a este juicio de amparo, formado con motivo del recurso de queja interpuesto en autos, glósese el mismo únicamente con las actuaciones que obran en original y guárdese por separado las reproducciones fotostáticas; lo anterior a fin de procurar el ahorro en los bienes y enseres proporcionados para el desahogo de las labores de este juzgado. Consecuentemente; se reanuda el procedimiento y se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Es menester precisar que, si bien el señalamiento de la audiencia no se apega estrictamente a lo previsto en el artículo 115 de la Ley de Amparo, ello obedece a la carga de trabajo de este juzgado federal; esto es, la agenda que se lleva en este juzgado, en la que se registran las fechas en que se verificarán las audiencias constitucionales e incidentales de los juicios de amparo que aquí se tramitan, se encuentra saturada; por lo que, a efecto de dar el debido trámite a cada una de las audiencias que a diario se celebran, este órgano de control constitucional se ve en la imperiosa necesidad de fijar como fecha para el verificativo de la que deberá celebrarse en este juicio, la indicada en el párrafo anterior. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes. Ahora, en cumplimiento a lo resuelto por el tribunal de alzada, con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 107, 108, y 112 al 117 todos de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo promovida y signada por José Alfredo Aguilar García en representación de la persona moral denominada Dart de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, en contra de actos atribuidos al Congreso de la Ciudad de México de la I Legislatura y a otra autoridad, por lo que hace al artículo 25, fracción XI Bis, del Decreto de Adición a la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veinticinco de junio de dos mil diecinueve, por considerarlos violatorios de lo previsto en los artículos 1, 4, 5, 14, 16, 17, 22, 25, párrafos uno, tres, siete, nueve y diez, 73, fracciones X y XXIX-G, 117, fracción V, 122, apartado D, 124, 133 y 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Como fue solicitado, tramítese por separado el incidente de suspensión de los actos reclamados por los que en este auto se admite la demanda de amparo, previsto por los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo. Dese la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado federal, de conformidad con los artículos 5, fracción IV y 110, de la Ley de Amparo vigente. Requiérase a las autoridades responsables informe con justificación, el que deberán rendir respecto de los actos que en específico se les reclaman, dentro del plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, quienes de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, deberán exponer las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos que se les reclaman o la improcedencia del juicio, acompañando en su caso copias certificadas, completas y legibles de las constancias necesarias para apoyar sus informes y, pronunciándose, en su caso, en relación con la representación que aduzca la parte promovente en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo. En el entendido que deberán indicar en la certificación correspondiente si las documentales de referencia corresponden a original, copia certificada o copia simple, o bien, informen el impedimento legal que les asista a efecto de atender el presente requerimiento. Apercibidas que en caso de no rendir su informe con justificación, lo hagan sin remitir copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, omitan referirse a la representación que, en su caso, aduzca la parte promovente de la demanda en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, o que no se advierta con certeza contra que documentos fueron cotejadas, es decir, si las copias remitidas son constatadas contra originales, copias certificadas o copias simples se harán acreedoras a una multa de CIEN VECES el valor de la Unidad de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y en atención a lo dispuesto por el artículo Tercero transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; en el entendido que cuando se trate de un órgano colegiado, dicha multa se impondrá a cada uno de los integrantes, independientemente de que dicha multa se vaya duplicando con cada nuevo requerimiento que se les formule, al margen de que se hagan efectivas las multas a que se hagan acreedoras por el incumplimiento del requerimiento correspondiente, en virtud de que su actuación omisa o renuente provoca la dilación en la tramitación del presente juicio de amparo, lo que transgrede la garantía de justicia pronta y expedita consagrada en el artículo 17 constitucional, aunado al hecho que provoca mayor gasto de recursos materiales y humanos del Poder Judicial de la Federación. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Amparo del Tercer Circuito, en la tesis III.1°.T15 K, que en la página dos mil trescientos cuarenta y cuatro aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro y texto, a continuación se transcriben: "COPIAS CERTIFICADAS. SI NO HAY CERTEZA DE QUE SE COTEJARON CON LOS ORIGINALES, SÓLO TIENEN VALOR INDICIARIO. Cuando de la certificación realizada por un fedatario o funcionario público en ejercicio de sus funciones no se desprende la certeza de que para el cotejo atinente tuvo a la vista el documento original o una copia certificada del mismo, tal prueba sólo tiene el valor indiciario correspondiente a copia simple, en virtud de que válidamente no puede afirmarse que su contenido coincida plenamente con su original." Asimismo, resulta aplicable al caso, la tesis P./J. 17/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, Febrero de 1997, página 108, que señala: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." El anterior requerimiento de constancias obedece a que este órgano jurisdiccional estima que son necesarias para resolver el juicio de amparo en que se actúa. Las multas que en su caso se impongan a las autoridades requeridas no las exime de la posible comisión del delito en que pudiera incurrir, en términos del artículo 262, fracciones I, II, y V de la Ley de Amparo. Requiérase a las autoridades responsables que tratándose de actos materialmente administrativos, si en la demanda de amparo se aduce la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en su informe justificado deberán complementar en esos aspectos el acto reclamado, debiendo expresar tales aspectos en un apartado debidamente identificado a fin de que la parte quejosa tenga plena certeza de que se cumple con este aspecto, en respeto a la garantía de seguridad jurídica consagrada en los artículos 14 y 16 constitucionales. Dígase a las responsables que ese informe deberán remitirlo a este juzgado, con la anticipación que permita su conocimiento por la parte quejosa de por lo menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional de este juicio, ya que de lo contrario se propiciaría su diferimiento, con la consecuente dilación en la impartición de justicia. En el caso de tratarse de autoridades legislativas, deberán estarse a lo dispuesto en el propio artículo 260, penúltimo y último párrafo, en el entendido que la falta de informe justificado no impide a este órgano jurisdiccional examinar los actos legislativos que, en su caso, se hubieran reclamado. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada", o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que les corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; aunado a que las documentales respectivas deberán llevar la leyenda que precisa el artículo 30 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo anterior con base en el artículo segundo transitorio de la Ley señalada en primer término, apercibidas que de no cumplir con lo anterior se entenderá que se trata del supuesto previsto en el último párrafo del propio artículo 30, esto es, que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta, bajo la total responsabilidad de la parte que las exhiba, debiendo asumir las consecuencias legales que deriven de ello. Además, conforme a lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley de Amparo es obligación de este juzgado federal llevar a cabo la digitalización de todas las promociones y DOCUMENTOS que presenten las partes, lo cual debido al sistema de escaneo de las constancias judiciales instaurado en los órganos jurisdiccionales, para su incorporación en el sistema electrónico de promociones y documentos del Poder Judicial de la Federación, debe realizarse, al recibirse las promociones en la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional correspondiente, esto es, previamente a que el secretario o la titular de este órgano analicen el contenido de la información respectiva, por lo que en ese momento la única forma de identificar este tipo información y no proceder a su digitalización es que las partes la exhiban debidamente resguardada; en este orden de ideas, requiérase a las partes para que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, la envíen debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada", o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que les corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, apercibidas de que en caso de remitir documentación que consideren de carácter reservado o confidencial y omitan remitirla debidamente resguardada, cualquier divulgación de información será atribuible únicamente a la parte que la hubiese exhibido, debido al incumplimiento de las medidas que se encuentran obligadas a observar, haciéndose además acreedoras a una multa de CINCUENTA DÍAS el valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo, y en atención a lo dispuesto por el artículo Tercero transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; en el entendido que cuando se trate de un órgano colegiado, dicha multa se impondrá a cada uno de los integrantes, independientemente de que se ubique en el supuesto del delito previsto en el artículo 262, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, para cuya comisión se establece: una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, en atención a lo dispuesto por el artículo Tercero transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos y, en los demás previstos en las leyes aplicables. Por otra parte, toda vez que del estado procesal de los autos en que se actúa, se advierte que mediante proveídos de dos y trece de septiembre, ambos de dos mil diecinueve, este juzgado reservó proveer respecto del contenido de las promociones registradas con los folios "21672", "22682" y "21681", toda vez que el procedimiento se encontraba suspendido en razón de la queja interpuesta en el asunto y, dado que ha sido resuelto el medio de impugnación que motivó la suspensión del procedimiento, el cual ha sido reanudado como se dejó precisado en párrafos anteriores, se procede a levantar la reserva contenida en los citados autos. En mérito de lo anterior, ténganse a la vista de nueva cuenta los oficios identificados con los folios "21672" y "22682", a través de los cuales las autoridades responsables denominadas Congreso y Jefa de Gobierno, ambas de la Ciudad de México rinden su respectivo informe justificado. De conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia, téngase por rendidos los informes justificados de mérito y con su contenido dese vista a las partes -principalmente a la quejosa- para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. En términos de lo dispuesto en los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se autorizan como delegados a las personas que mencionan y se reconoce domicilio para oír y recibir notificaciones los que señalan. Acorde con el artículo 119 de la ley de la materia, se admiten como pruebas del Congreso de la Ciudad de México la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana; las cuales serán relacionadas en la etapa correspondiente de la audiencia constitucional y tomadas en consideración como en derecho corresponda en el momento procesal oportuno. En atención a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, no existe inconveniente para que los delegados de las autoridades responsables se impongan de los acuerdos dictados en el expediente en que se actúa mediante el empleo de medios digitales, como lo son cámaras o lectores ópticos. En otro orden de ideas, ténganse a la vista de nueva cuenta el escrito identificado con el folio "21681", a través del cual José Antonio Ángeles Rosas, en su carácter de autorizado en amplios términos por la parte quejosa, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, ofrece diversas pruebas. Atento a su contenido y al estado procesal de autos, a fin de proveer lo conducente sobre la admisión o desechamiento de las pruebas que ofrece la parte quejosa, se reserva acordar lo conducente hasta que obren en autos la totalidad de los informes justificados respecto de la porción normativa por la cual, en párrafos precedentes, se admitió la demanda de amparo. Por último, a fin de notificar el presente proveído a la parte quejosa, se habilitan días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así, lo proveyó y firma la Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México Licenciada Laura Gutiérrez de Velasco Romo, quien actúa asistida de Taurino Eleodoro Martínez Martínez, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.".

  3. Principal

    * ...queda firme el citado auto de nueve de enero de dos mil veinte. Por lo anteriormente expuesto, remítase el presente expediente al archivo, por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. Ahora bien, se pone a disposición de la parte quejosa dicho documento por el término de noventa días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que se presente en el local de este Juzgado a efecto de que recoja el mismo, con el apercibimiento de que de no hacerlo dentro de dicho término, será destruido al ser depurado el expediente. Por otra parte, devuélvase las copias certificadas del citado expediente clínico del quejoso a su lugar de origen.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el escrito recibido vía electrónica de la parte quejosa, y precisa que la denominación correcta de la autoridad que señaló como "Jefe de Departamento de Vigencia de Derechos del Instituto Mexicano del Seguro Social" es Jefe del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos, de la Subdelegación 8 San Ángel del Instituto Mexicano del Seguro Social. En atención a su contenido, dígase a la parte quejosa que deberá estarse a lo acordado en la resolución de treinta de enero del dos mil veinte, en la que se proveyó lo conducente respecto de dicha autoridad.

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