Jose Alberto Araiza Molina

Expediente 894/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
894/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
02/10/2020

Partes del expediente

  • Jose Alberto Araiza Molina

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, dos de octubre de dos mil veinte. Por recibido el oficio signado por el Coordinador de Organización de Extensión del Centro Archivístico Judicial La Noria, por el que remite los autos originales del juicio de amparo ***, del índice de este Juzgado; en tal virtud, se ordena acusar recibo. En atención al requerimiento formulado mediante oficio ***, por el que, la Secretaria para el Trámite de Solicitudes de Acceso a la Información de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, informa que recibió una solicitud de acceso a la información relacionada con el juicio de amparo 1061/2009, en los siguientes términos: "[.]Sentencia dictada en el expediente de amparo indirecto 1061/2009 del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa de fecha 03 de febrero de 2011[.] [..]las sentencias solicitadas fueron expedidas por órganos jurisdiccionales pertenecientes al Primer Circuito Ciudad de México"[sic]. Asimismo, solicita se rinda el informe respectivo en el que se considere si procede o no clasificar la información solicitada como reservada o confidencial, si la información debe otorgarse al solicitante, la modalidad en que será entregada y si procede o no la supresión de datos personales de las partes. Al respecto, con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 6, 110, fracción XI, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 7, 8, 18 y 28 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; y, Circular CTAIPDP 1/2016, emitida por la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, se da respuesta al oficio de cuenta en los siguientes términos: I. Respecto al punto marcado con el inciso 1) identificado como "Existencia de la información". Este Juzgador hace del conocimiento de la autoridad de transparencia que, en atención al oficio de solicitud de información que dio lugar al presente cuadernillo, en proveído de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, se requirió al Centro Archivístico Judicial ubicado en ***, el juicio de amparo 1061/2009, el cual fue recibido el veintiocho de septiembre de dos mil veinte; por lo que el referido juicio constitucional sí existe y se encuentra, en este momento, en el local que ocupa este Juzgado Federal, el cual se encuentra conformado por cuatro tomos con incidente costurado y tres anexos. II. Por lo que hace al requerimiento contenido en el inciso 2), identificado como "Información en posesión del Centro de Documentación y Análisis y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justifica de la Nación, o de cualquier otra instancia, que no depende del Consejo de la Judicatura Federal". Los autos del juicio de amparo 1061/2009, fueron solicitados al Centro Archivístico Judicial ubicado en ***, por lo que, en este momento, se encuentran bajo el resguardo de este Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México. III. Por lo que hace al requerimiento contenido en el inciso 3), identificado como "Precisar si la totalidad de la información solicitada, actualiza los supuestos de información reservada o confidencial, en términos de los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, o si resulta procedente su entrega a través de una versión pública". La información solicitada no debe considerarse como reservada, puesto que el juicio de amparo 1061/2009 ha sido resuelto de manera definitiva, por lo que mediante auto de cinco de marzo de dos mil catorce, se ordenó su archivo. En ese orden, se ordena mandar copia certificada, en versión pública, de la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región en el cuadernillo auxiliar *** de su índice, la cual consta de cuarenta fojas útiles. IV. Respecto al requerimiento contenido en el punto 4, "Plazo de reserva". En el caso no aplica, pues de conformidad con lo expuesto en los párrafos que anteceden, la información solicitada es pública. V. Respecto al requerimiento contenido en el punto 5, "Modalidad de entrega". La información requerida por la solicitante, será remitida en versión pública electrónica a la Dirección para el Trámite de Solicitudes de Acceso a la Información, a la dirección oficial dtsai@correo.cjf.gob.mx. Cúmplase.

  2. Principal

    Ciudad de México, veintitrés de septiembre de dos mil veinte. Por recibido el oficio signado por la secretaria del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el que remite los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, en un tomo, y testimonio de la sesión virtual de veinte de agosto del año en curso, en el toca de revisión R.A. 6/2020, donde se resolvió: "PRIMERO.- En la materia de la revisión, se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO.- La justicia de la unión AMPARA Y PROTEGE a Javier Lugo García, contra de la negativa de reintegro de gastos médicos erogados en servicios privados, contenida en el acuerdo de veinte de junio de dos mil diecinueve, en los términos precisados en la sentencia recurrida." Acúsese recibo de estilo correspondiente a la superioridad. Comuníquese la determinación que antecede a las partes para los efectos legales a que haya lugar; asimismo, previo al presente auto glósense del cuaderno de antecedentes, únicamente las constancias originales y no así las copias certificadas por ser innecesarias, háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En ese sentido, en términos de lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Comisión Bipartita de Atención al Derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, realice lo siguiente: Deje insubsistente la resolución de veinte de junio de dos mil diecinueve, y emita otra en el que de manera fundada y motivada, con libertad de jurisdicción, resuelvan lo que en derecho corresponda Se apercibe, a la autoridad responsable que de no hacerlo sin causa justificada, o bien, manifieste el impedimento legal que tengan para ello, se le impondrá multa de CIEN veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, en términos del artículo 192, en relación con el 238 párrafo primero y 258, todos de la Ley de Amparo y conforme al decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Notifíquese.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve ********************, por propio derecho, contra el acto de la Subsecretaria de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México y otras autoridades, por considerarlo violatorio de los artículos 1°, 14, 16, 18 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Regístrese en el libro de gobierno con el número 894/2020-III, fórmese expediente físico, así como su versión electrónica, en términos del artículo 3 de la ley de la materia. INCOMPETENCIA Previo a acordar lo que en derecho proceda, conviene establecer que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentran obligados los órganos de control constitucional antes de resolver cualquier cuestión relacionada con la litis planteada en la demanda, pues de no hacerlo, se contravendrían las reglas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. Sobre esa base, la legislación establece las reglas de competencia siguientes: a) Competencia por territorio (prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo); b) Competencia por materia (civil, penal, laboral y administrativa, que está regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación); c) Competencia por grado (la cual consiste en la instancia o vía intentada -amparo indirecto y directo-); d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. Sustenta lo anterior la tesis de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." COMPETENCIA POR MATERIA En el caso, este Juzgado de Distrito considera que carece de competencia legal para conocer del asunto por razón de la materia, la cual es regulada por los artículos 48, 49, 51, fracción I y 52 de La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su título cuarto, denominado "De los Juzgados de Distrito", que regula la competencia por materia de los Jueces de Distrito en los siguientes términos: "Artículo 48. Los jueces de distrito que no tengan jurisdicción especial conocerán de todos los asuntos a que se refieren los artículos del presente Capítulo. Artículo 49. Cuando se establezcan en un mismo lugar varios juzgados de distrito que no tengan competencia especial o que deban conocer de la misma materia, tendrán una o varias oficinas de correspondencia común, las cuales recibirán las promociones, las registrarán por orden numérico riguroso y las turnarán inmediatamente al órgano que corresponda de acuerdo con las disposiciones que dicte el Consejo de la Judicatura Federal. Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los preceptos transcritos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación regulan la competencia por materia de los Jueces de Distrito, en la parte que aquí atañe, del siguiente modo: Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal y Jueces de Distrito en Materia Administrativa. Asimismo, dispone que los Jueces de Distrito que no tengan jurisdicción especial, conocerán de todos los asuntos a que se refieren los artículos del capítulo transcrito. De la interpretación de los citados artículos se advierte que para fijar la competencia por materia, el legislador tomó como base los siguientes criterios: a) La naturaleza del acto reclamado. b) La naturaleza de la autoridad responsable. Es decir, el artículo 51 de la Ley en cita prevé que el juez especializado en materia penal conocerá de los juicios que se promuevan contra: - Resoluciones judiciales del orden penal. - Actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal o que tengan injerencia en los asuntos de la materia penal. - Resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o en los de responsabilidad civil cuando la acción se funde en la comisión de un delito, - Leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal y, - Denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, atendiendo a lo expuesto con anterioridad, es dable señalar que la competencia por materia penal prevista en el artículo referido debe interpretarse siempre atendiendo a la naturaleza y origen del acto que se reclama. De manera que los supuestos ahí previstos no deben interpretarse de manera literal y restrictiva, sino de una manera enunciativa y extensiva para poder atender realmente, en cada caso, a la naturaleza del acto que se pone a consideración y conocimiento del juzgador. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos criterios que esta especie del género de competencia debe definirse tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no, precisamente, por las leyes que las partes invoquen o por el tipo de autoridad que lo emitió; lo anterior regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda, pero en todo caso, se debe prescindir por completo del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule a las partes, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda." Del estudio integral de la demanda, se advierte que el promovente acude a esta instancia constitucional a solicitar el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la orden de traslado de un centro penitenciario a otro. Lo anterior, al ser una persona que se encuentra compurgando una pena de carácter corporal en el Centro Varonil de Readaptación Social en Santa Marta Acatitla, módulo de Alta Seguridad el Diamante Estancia C-38 y que, al parecer, será trasladado, sin su consentimiento y sin cumplir con lo estipulado, para dicho efecto, en la Ley Nacional de Ejecución Penal. En ese sentido, resulta importante destacar que, en los amparo en los que se reclama la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, el Pleno de la Corte sostuvo que de acuerdo a la reforma a los artículos 18 y 21 constitucionales que entró en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, compete a las autoridades judiciales en materia penal y no a las autoridades administrativas (aunque la orden de traslado provenga de una autoridad administrativa), por lo que el acto reclamado que se promueva en contra de dicha orden es competencia del Juez de Distrito en Materia Penal. Dicho acto no forma parte de la averiguación previa o del procedimiento penal; sin embargo, el origen de dicho acto, a saber, el procedimiento aludido o la sentencia en la que se señala el lugar en el que el sentenciado debe cumplir la condena que se le haya impuesto, sí es de carácter penal. Como se expuso, en el caso se reclama el traslado de la parte quejosa de un centro penitenciario a otro. Acto que se considera de naturaleza penal y, en consecuencia, fuera de la competencia legal por materia de la que es titular este Juzgado. En efecto, el Máximo Tribunal de nuestro país ha señalado que todos aquellos temas relacionados con la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias competen a las autoridades judiciales en materia penal, no así a las administrativas; de ahí que se considere que la litis constitucional plateada en la demanda que se acuerda, es de naturaleza penal. Cuestión que se corrobora con las normas secundarias que circundan el caso, pues para poder determinar si la actuación de las autoridades responsables es o no acorde al orden constitucional, será necesario analizar diversas cuestiones de la sentencia que condenó a la parte quejosa, así como los ordenamientos de carácter penal aplicables al caso, tal como lo es la Ley Nacional de Ejecución Penal. Así las cosas, este Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, determina carecer de competencia legal, por razón de materia, para conocer de la demanda que nos ocupa, ya que conforme al artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal, deberán conocer, entre otros actos, de aquellos que guarden relación con determinaciones de orden penal. Por lo expuesto, este Juzgador determina que debe conocer del presente asunto un Juez de Distrito especializado en la materia penal y, con fundamento en el artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Federal se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, con independencia de que el juicio de amparo sea o no procedente, por lo que se ordena remitir el original del presente cuaderno de amparo, al JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TURNO, a quien se estima competente para conocer de ésta, por los motivos apuntados con anterioridad, solicitándole el acuse de recibo correspondiente, y si en su caso, acepta o no la competencia planteada. Con copia de todo lo actuado, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, para los efectos legales procedentes. SUSPENSIÓN DE PLANO El artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. A fin de determinar si en el caso procede conceder la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, es necesario tomar en cuenta los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona. (.) Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." Del análisis de los artículos en cita, se advierte que cuando se reclamen en el juicio de amparo actos que se encuentren relacionados, entre otras cuestiones, con ataques a la libertad fuera de procedimiento, se deberá conceder la suspensión de plano a fin de que no se ejecuten irreparablemente los actos respectivos. Así, en virtud de la naturaleza de los actos reclamados y a las consecuencias que los mismos pueden provocar en la esfera jurídica del quejoso-la orden y ejecución de traslado del Centro Varonil de Readaptación Social en Santa Marta Acatitla, Modulo de Alta Seguridad el Diamante, estancia C-308, lugar en que se encuentra privado de su libertad, a diverso centro penitenciario,- con fundamento en los artículos 15, 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO, para el efecto de que las autoridades responsables se abstengan de llevar a cabo: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro. Respecto del posible traslado del Centro Varonil de Readaptación Social en Santa Marta Acatitla, Modulo de Alta Seguridad el Diamante, estancia C-308, a otro centro penitenciario, procede conceder la suspensión de plano de dicho cambio, siempre y cuando la orden de traslado no haya sido dictada por la autoridad jurisdiccional competente a través de una resolución debidamente fundada y motivada y legalmente notificada al quejoso. Es aplicable al caso la Jurisprudencia 1a./J. 58/2016 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente a la Décima Época, registro 2013066, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, noviembre de 2016, tomo II, página 865 cuyo texto y rubro es: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.) y 1a./J. 83/2015 (10a.), (1) ha establecido, respectivamente, que la orden de traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta; y, que cuando dicha orden se ejecuta sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o de la fase de ejecución de sentencia, no puede estimarse que se trate de un acto emitido en razón del procedimiento. Luego, si la literalidad del artículo 126 de la Ley de Amparo precisa que la suspensión de plano y de oficio se concederá cuando se trate de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, las condiciones para actualizar el supuesto son precisamente las que de manera clara y concreta se establecen en el propio precepto y consisten solamente en: a) que se trate de un acto que conlleve privación de la libertad personal; y, b) que tal acto sea dictado fuera de procedimiento, sin que sea dable añadir como requisito que la afectación a la libertad se deba verificar de manera directa o indirecta, pues adicionar un nuevo requisito para la procedencia de la suspensión de plano a través de una interpretación sería en detrimento del derecho fundamental de tutela judicial efectiva. En ese sentido, si el precepto de que se habla únicamente refiere que se debe tratar de un acto que ataque a la libertad personal y que dicho acto se emita fuera de procedimiento, lo que tiene lugar, precisamente, en el caso de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro cuando es emitida por autoridades de carácter administrativo, es inconcuso que respecto de la mencionada orden debe concederse la suspensión de oficio y de plano, aun cuando ésta únicamente afecte la libertad personal del recluso de manera indirecta." APERCIBIMIENTO A LAS AUTORIDADES ANTE INCUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN. Hágase saber a las autoridades responsables que la violación a cualquiera de las exigencias derivadas de la presente suspensión entraña la comisión del delito previsto y sancionado en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que de no atender este mandamiento judicial, de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación. DOMICILIO Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. AUTORIZADOS y DOMICILIO. De conformidad artículo 24, de la Ley de Amparo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona que indica. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala. COPIA CERTIFICADA Por otra parte, de conformidad con lo establecido por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídase a su costa de copias certificadas del presente acuerdo, previa toma de razón que por su recibo se deje en autos para constancia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a que practiquen las diligencias que se requieran en el presente asunto en horas y días inhábiles. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

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