José Alberto Araiza Molina
Expediente 1032/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1032/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/01/2022
Partes del expediente
- José Alberto Araiza Molina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad de México, a siete de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que no se recurrió el auto por el que se desechó la demanda de amparo; (.), se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. (.). Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, mediante el cual informa que está en espera de la determinación que emita este juzgador en cuanto a la competencia planteada. Al respecto, no se hace pronunciamiento alguno, toda vez que en proveído de veintisiete de diciembre pasado se acordó lo relativo, situación que se le hizo de su conocimiento por oficio **************. Cúmplase.
- Principal
Ciudad de México, a veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que por acuerdo de veintiuno de diciembre pasado se reservó determinar lo conducente a la competencia planteada por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, hasta que se realizara un estudio minucioso de las constancias que integran el controvertido en que se actúa, lo cual ya aconteció. En ese sentido, este órgano de control constitucional acepta la competencia planteada. I. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio se analizará la procedencia de la acción constitucional, toda vez que se trata de una cuestión de orden público, cuyo estudio es oficioso y preferente. Dicho precepto, indica: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo.". Al respecto, es conveniente precisar que los artículos 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 6° de la Ley de Amparo, prevén: (.). Los preceptos transcritos contienen uno de los principios fundamentales que rigen al juicio de amparo, consistente en que quien lo accione sea la parte agraviada; es decir, debe promoverse únicamente por la persona a quien afecte el acto reclamado, que podrá comparecer por sí mismo o bien, en los casos así previstos en la ley reglamentaria, por conducto de su representante, defensor, algún pariente o incluso, una persona extraña, inclusive menor de edad. Significa entonces, que el escrito de demanda a través del que se pretenda instaurar el citado mecanismo de control constitucional, debe estar suscrito y firmado por alguna de las personas suprarreferidas, pues de lo contrario, se desconocería la identidad del promovente y consecuentemente, se estaría incumpliendo con el principio de "instancia de parte agraviada"; lo cual causaría la improcedencia de la acción de amparo. Es ilustrativa por su idea jurídica, la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 219, Tomo II, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1988, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: (.). Ahora bien, para el particular resulta relevante el contenido de los numerales 2, fracciones XV y XVI y 45 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los cuales señalan: (.). De las anteriores disposiciones normativas, se deduce que la "firma electrónica vigente" o FIREL, es la forma de autenticar los escritos y promociones que se presenten a través del Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo cual, de suscitarse la ausencia de dicho requisito en la presentación de la demanda de amparo por medios electrónicos, es evidente que la consecuencia procesal sea la misma que en tratándose de firma autógrafa. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 79, Tomo I, Abril de 2019, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: (.). Cabe señalar, que el contenido del artículo 15 de la ley de la materia, es el siguiente: (.). Significa entonces que, salvo la excepción descrita, la ausencia de firma electrónica en la presentación de la demanda de amparo a través del portal de servicios en línea provoca su desechamiento, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el precepto 61, fracción XXIII de la ley de la materia, el cual indica: (.). II. Bajo esos apuntamientos, se advierte que la demanda es promovida por ************, en representación de ************, contra los actos reclamados consistentes en la "(.) a la orden y ejecución del quejoso a un penal dentro o fuera de la Ciudad de México, a un centro diverso de la República Mexicana (.)"; sin embargo, no se advierte que el justiciable se encuentre imposibilitado para promover el juicio por propio derecho. III. Es decir, no se trata de alguno de los supuestos de excepción a que se refiere el diverso 109, en relación con el numeral 15, ambos de la Ley de Amparo. Por tanto, al no cumplirse el principio de instancia de parte agraviada, en los términos en que se presentó la demanda, de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia, esta autoridad judicial considera que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, del mismo ordenamiento, en relación con los numerales 107, fracción I de la Constitución General de la República y 6° del primer ordenamiento señalado. Consecuentemente, lo procedente es desechar de plano la demanda de cuenta. No se soslaya la jurisprudencia I.7o.P. J/10 K (10a.), emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 4877, Tomo V, Junio de 2021, Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: (.). Sin embargo, se estima que este criterio es inaplicable al caso en particular, pues no se actualiza el supuesto del que parte, ya que si bien en la actualidad subsiste la contingencia sanitaria a causa de la propagación generalizada del virus SARS-CoV2 (COVID 19), lo que conllevó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el Acuerdo General 22/2020, implementara condiciones de trabajo y atención al público que limitan y restringen el acceso de los usuarios a los recintos judiciales; también es cierto que, a virtud de ese mismo ordenamiento, se prevé e instruye a los titulares de los órganos jurisdiccionales a que incentiven la utilización del juicio en línea, mediante el uso precisamente de la firma electrónica. Asimismo, hoy en día, a diferencia de la época en que iniciaron las medidas sanitarias a consecuencia de la pandemia en comento, se encuentran abiertas las Oficinas de Correspondencia Común, por lo que en caso de que el justiciable no estuviere en posibilidad de tramitar y obtener su FIREL, tiene las condiciones para presentar su demanda a través de aquéllas. Significa entonces, que a la fecha de la presentación del escrito respecto del que ahora se provee -tres de diciembre de dos mil veintiuno-, no se suscitan las situaciones fácticas que se consideraron por el tribunal colegiado, al emitir el criterio jurisprudencial en mención y, por ende, se insiste en que éste resulta inaplicable al presente asunto. Tampoco se inadvierte que, si bien el quejoso ************, se sitúa en un grupo vulnerable al encontrarse recluido, lo cierto es que, con motivo de ello no puede prescindirse de su voluntad a través de la firma electrónica, se insiste, ya que los actos reclamados no son de aquellos considerados prohibidos por la Constitución o por la propia Ley de Amparo. Y es que contrario a la situación que prevalecía al inicio de la pandemia en la que nos encontramos, en la actualidad el justiciable puede hacer llegar su escrito de demanda signado en forma autógrafa a la oficina de correspondencia común respectiva. Finalmente, no se soslaya que la jurisprudencia de rubro "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO", obliga a este órgano jurisdiccional a prevenir a la persona que se encuentre privada de la libertad y promueva demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, a que nombre a un abogado que lo represente y que en caso de que no quiera o no pueda nombrarlo, se le debe asignar uno de oficio; sin embargo, este juzgador considera innecesario actuar en esos términos, dada la existencia de la causal invocada. Dado el sentido de la anterior determinación, este proveído y los subsecuentes habrán de notificarse mediante lista de acuerdos de este juzgado. Por último, se instruye a quien corresponda, supervise la debida integración entre el expediente físico y electrónico. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos el oficio signado por la secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, y anexo de cuenta, a través del primero se remite el expediente original *** promovido por ***, en representación de *** acúsese recibo. Al respecto, una vez que el secretario encargado del trámite de este asunto acuda al juzgado en el horario habilitado correspondiente, realícese la revisión del contenido de las constancias remitidas y, de advertir alguna irregularidad, dese cuenta para proveer lo conducente. Cúmplase.
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