José Alain Rodríguez García

Expediente 1529/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1529/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
27/09/2023

Partes del expediente

  • José Alain Rodríguez García

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Acuse de queja. Agréguese a los autos el oficio de cuenta a través del cual la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con sede en esta ciudad, acusa recibo del diverso mediante el que se remitieron las constancias necesarias para la substanciación del recurso de queja interpuesto por el quejoso José Alain Rodríguez García; asimismo, informa que se admitió a trámite el citado medio de impugnación y fue radicado bajo el número 300/2023 de su índice.M-I

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Devolución de documentos. Glósese a los autos el escrito firmado por ********************, autorizada en términos amplios de la parte quejosa ********************; en atención a su escrito, devuélvanse las constancias que la solicitante acompañó a su demanda, lo anterior, previa razón y firma de recibo que se deje en autos, haciendo del conocimiento de la promovente que la persona que recoja los documentos, además de estar autorizada para tal efecto, deberá presentar identificación oficial vigente (y una copia simple de la misma). En el entendido que el horario para la recepción de dichos documentos es de las nueve con treinta a las catorce horas con treinta minutos, de lunes a viernes. Archivo. Finalmente, toda vez que el presente juicio se encontraba en el archivo físico de este Juzgado, una vez que la parte quejosa acuda a recibir sus documentos, devuélvase el presente para su resguardo. 6

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, doce de septiembre de dos mil veintitrés. La parte quejosa cumple requerimiento. Agréguese a los autos el escrito firmado por el quejoso ********************, mediante el cual da cumplimiento al acuerdo de prevención de cinco de septiembre de este año. Estudio de la demanda. En ese tenor, vista la demanda de amparo que promueve ******************** contra actos que reclama del Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo y otra autoridad, se acuerda: A efecto de proveer respecto de la demanda de derechos, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se impone la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Esencialmente, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda de garantías se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que debe ser clara, evidente por sí misma, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; tal como lo consideró el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en la jurisprudencia número XVII.2o. J/11, emitida por publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, Novena Época, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En el caso concreto, la parte quejosa reclama esencialmente lo siguiente: La notificación y emplazamiento del incidente de ejecución de convenio derivado del juicio familiar ********************, del índice del Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo. Así, en efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.] De la interpretación del citado precepto se advierte que, tratándose de resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, siempre que en su contra proceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, éste debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo, salvo los casos de excepción expresamente establecidos. Por otra parte, respecto del concepto de persona extraña en el juicio de amparo, su base constitucional se encuentra en el artículo 107, fracción III, inciso c), de la Ley Fundamental, que establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio; [.]." La porción normativa transcrita se obtiene que el juicio de amparo indirecto es procedente, entre otros supuestos, contra actos dictados por autoridades jurisdiccionales que afecten a persona extraña al juicio de origen. Al respecto, la jurisprudencia ha establecido que se presentan dos modalidades: En sentido estricto, propiamente dicho o típico: es aquella persona (moral o física) distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, esto es, la idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte procesal"; y, Por equiparación o atípico: jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. En ese sentido, para los efectos del amparo, persona extraña es, en principio, aquella que no aparece como parte en sentido material, en un juicio o procedimiento, según el caso, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones que ahí se pronuncien sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; no obstante, dentro de este concepto también se incluye, por equiparación, a la parte demandada en un juicio que no fue emplazada o que se le emplazó en forma incorrecta; ello, de acuerdo con el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 7/98, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Enero de 1998, página 56, con el siguiente rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE." Sin embargo, tratándose del tercero extraño por equiparación, el juicio de amparo será procedente únicamente cuando el quejoso se ostenta como tal y tuvo conocimiento del juicio de origen después de dictada la sentencia de primera instancia, porque sólo en esa hipótesis la parte quejosa está impedido para hacer valer, previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios previstos por la ley respectiva. En el caso, ******************** comparece a esta instancia constitucional, ostentando el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación, a reclamar la notificación y emplazamiento del incidente de ejecución de convenio derivado del juicio familiar ********************, del índice del Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo. Sin embargo, se advierte que el quejoso carece del carácter de tercero extraño por equiparación. Lo anterior se evidencia, ya que el promovente, tanto en su demanda, así como el diverso ocurso que se acuerda, manifestó bajo protesta de decir verdad, que el veintidós de agosto de este año recibió una llamada telefónica de sus padres, en la cual le comunicaron que un actuario adscrito al juzgado responsable compareció al domicilio en el que habitan, y les informó que el motivo de su visita fue para requerir el pago derivado de un incumplimiento del convenio que, en su momento, ******************** celebró en el año dos mil quince con ********************, en los autos del juicio familiar ********************, del índice del Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo. En virtud de lo anterior, es inconcuso que el amparista es parte en el juicio natural y fue debidamente emplazado; pues asevera que en el año dos mil quince dicha parte procesal celebró convenio con la actora ********************, motivo por el cual, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo que se provee, el aquí quejoso ya tenía conocimiento del juicio señalado, así como la sentencia definitiva que dirimió la controversia de origen, y lo estipulado por éste y su contraparte en el referido convenio; motivo por el cual, el presente juicio promovido contra el emplazamiento y/o notificación en cita es improcedente, porque el hoy promovente tiene a su alcance el medio ordinario de defensa tendente a justificar la ilegalidad de su llamamiento al incidente de ejecución de convenio que emanó del juicio familiar ********************. Lo anterior, tiene sustento en el criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 1/2012 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede ser consultada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, página 5, cuyo rubro es: "EMPLAZAMIENTO. SU FALTA O ILEGALIDAD ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA TUVO CONOCIMIENTO DEL JUICIO RESPECTIVO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE NO HA CAUSADO EJECUTORIA, AUN CUANDO PUEDA IMPUGNARLA OPORTUNAMENTE MEDIANTE UN RECURSO ORDINARIO EN EL QUE PUEDA HACER VALER AQUELLA VIOLACIÓN PROCESAL." Sobre las bases anteriores, se evidencia que previamente a la promoción del juicio de amparo, la parte quejosa se encontraba obligada a agotar el incidente de nulidad de notificaciones previsto los artículos 422, 423 y 424, fracción II, del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, que establecen: "Artículo 422.- Todas las disposiciones sobre pruebas en el juicio se aplican a los incidentes, siempre y cuando tengan relación con la cuestión discutida. Artículo 423.- Los incidentes ajenos a la cuestión debatida, notoriamente frívolos, improcedentes, sin materia o infundados, serán rechazados de oficio por los jueces. Artículo 424.- Se tramitarán incidentalmente: I.- Las cuestiones sobre personalidad o capacidad, litispendencia y conexidad de causa; II.- Las cuestiones sobre nulidad de actuaciones, notificaciones o emplazamiento; (.)". De la lectura de dichos preceptos se advierte que el Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo contempla la posibilidad de impugnar una notificación (entre la cual figura el emplazamiento), a través del incidente de nulidad de notificaciones. Debe decirse que la declaración de nulidad es el reconocimiento, por parte de la autoridad, que resuelve el incidente respectivo, de que la actuación de que se trate ha sido ilegal y, por lo tanto, inaplicable en lo pasado como en el futuro, con las consecuencias que de ello resulten, especialmente la anulación de los actos que se hayan realizado con base en ella. En esa virtud, contra el emplazamiento realizado en el incidente de ejecución de convenio emanado del juicio de origen, el amparista debió promover el incidente de nulidad de notificaciones previsto en los artículos 422, 423 y 424, fracción II, del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo. En efecto, ******************** se encuentra facultado para hacer valer su garantía de audiencia, a través de los medios ordinarios de impugnación contemplados en la legislación de la materia, en concreto, el incidente de nulidad de notificaciones, pues dada su calidad de parte, se encuentra sujeto a la relación procesal, y, por ende, tiene la carga de agotarlos, en lugar de acudir desde luego al juicio de amparo indirecto. Pues si bien el principio de definitividad tiene excepciones y entre ellas se encuentran los actos que afectan a terceros extraños, tal prerrogativa supone que el tercero no se encuentra en aptitud de hacer valer los medios ordinarios de defensa, por no estar en posibilidad jurídica o fáctica de acudir a ellos; situación que no concurre pues, se insiste, en tal caso se encuentra en posibilidad de promover un medio ordinario de defensa. Por eso, se estima que no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le imposibilitó defenderse, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa tesitura, al contener el Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, el medio de defensa analizado en párrafos que anteceden, que puede tener por efecto revocar o modificar el acto reclamado, es incuestionable que el quejoso se encuentra obligado a agotarlo, previo a acudir a la tutela constitucional, ya que de lo contrario el juicio de amparo será improcedente, en virtud de que no es optativo para el inconforme cumplir o no con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo; pues la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; sin embargo, en el caso no se actualiza ninguno de los supuestos previstos en la Ley de Amparo, así como tampoco los supuestos previstos en la jurisprudencia emitida por los tribunales federales. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, registro 2017117, que reza: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Desechamiento. En tales condiciones, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia establecida en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda intentada. No es inadvertido para este juzgador, que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, se determina que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. Lo anterior guarda congruencia al considerar que dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos.

  4. Principal

    ...PREVIO AVISO, DEJADO EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN AUTOS, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO A LA PARTE QUEJOSA, Y EN VIRTUD DE QUE NO ACUDIÓ A ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE EN FORMA PERSONAL, SE LE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO O RESOLUCIÓN DE FECHA 30-08-23, A TRAVÉS DEL CUAL SE DETERMINA: Pachuca de Soto, Hidalgo; treinta de agosto de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria sobreseimiento. Vista la certificación que antecede, se advierte que la sentencia de veintisiete de junio de dos mil veintitrés en la que se sobreseyó el presente juicio, no fue recurrida dentro del término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y III y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente al primer ordenamiento, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívese este asunto como concluido. Sin que haya lugar a computar el término de diez días para interponer el recurso de revisión a las autoridades responsables, toda vez que, no les genera perjuicio la sentencia dictada. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el expediente se valora como destruible, por lo tanto, deberá ser destruido una vez cumplido el plazo de conservación de tres años. Documentos originales. En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 20 del Acuerdo General indicado y toda vez que existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, notifíquesele por lista, para que acuda al local de este Juzgado, dentro del plazo de noventa días, a recogerlos, previa razón y firma de recibo que deje en autos; quien deberá presentar identificación oficial vigente (con copia simple de la misma). En el entendido que deberá comparecer para la entrega de los mismos dentro del horario de nueve a las catorce horas con treinta minutos, de lunes a viernes; apercibida que de no hacerlo, serán ser destruidos.

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