José Agustín Javier García
Expediente 628/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 628/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/05/2017
Partes del expediente
- José Agustín Javier García
Actuaciones
- Principal
Visto; el escrito de cuenta, signado por los quejosos ****, atento al contenido del mismo, con apoyo en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2, devuélvaseles los documentos que indican, dejando en su lugar, copia certificada de los mismos, las cuales deberán estar perfectamente legible y razón que de su recibo quede en autos, teniéndose como autorizados para recogerlos, a *****, o bien, a de su autorizada con facultades amplías, en términos del artículo 12 de la invocada Ley.....IV
- Principal
Visto; como de la certificación que antecede se desprende que ya transcurrió el término de cinco días, a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el acuerdo dictado el diez de mayo de dos mil diecisiete, en el que SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO INTENTADA, por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; consecuentemente; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, y archívese este asunto como total y legalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos....IV
- Principal
REGISTRO DEL EXPEDIENTE Vista la demanda de amparo promovida por ******* por su propio derecho, contra actos del Juez Mixto Menor en El Marqués, Querétaro y otra autoridad, con fundamento en los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 628/2017-IV, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO Debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiere causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1°.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Así, este juzgador, de oficio advierte que por cuanto ve a los actos reclamados consistentes en; el embargo trabado el treinta de marzo de dos mil diecisiete, dentro del juicio ejecutivo mercantil número 27/2017, y el auto de diez de abril del año en curso, que ordenó el cambio de depositario, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente:. XVIII.- Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. ." Conforme a la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando el quejoso no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios o medios de defensa que establezca la ley del acto reclamado, puesto que entre los presupuestos fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se encuentra el de definitividad, según el cual, el juicio de amparo, que es un medio extraordinario de defensa, sólo es procedente, salvo los casos de excepción que la Constitución Federal y la ley de la materia precisan, cuando se hayan interpuesto previamente los recursos o medios de defensa que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación del propio acto o actuación judicial. El citado precepto, alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, en la especie, el de definitividad, consistente en que por tratarse de un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Luego, basta la simple lectura de la fracción en comento, para concluir que para su actualización, deben concurrir los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y o cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado; es decir, un recurso ordinario, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada; de allí que, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia de Federal, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XVIII incisos a), b), c) y 107 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Sostiene lo así considerado, la jurisprudencia número I.60.C.J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, materia común, que en su estricta literalidad establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Así también, robustece a lo aquí dicho, la jurisprudencia I. 4o. C. J/25, enunciada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que a la letra manifiesta: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCION XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." Previamente, conviene citar hechos o abstenciones que refieren los quejosos como antecedentes del acto reclamado: a).- Por auto de fecha nueve de enero del presente año, se radicó ante el Juez Mixto Menor en El Marqués, Querétaro, el juicio ejecutivo mercantil, promovido por la hoy tercera interesada Laura García Esteban, en contra del hoy quejoso por el pago de la cantidad de $18,000.00 (dieciocho mil pesos 100/00.M.N.); ordenándose el emplazamiento del impetrante, así como el embargo de bienes de su propiedad. b).- En fecha treinta de marzo de dos mil diecisiete, se llevó a cabo dicho emplazamiento, así como el embargo del vehículo marca Nissan, color blanco, tipo NP300 DCTIPICA T/M V. ESP, con número de motor KA24594394A y número de serie 3N6DD23TXDK015091, modelo 2013, diligencia que fue atendida por el hijo de los quejosos, quedando éste como depositario del bien embargado. c).- Posteriormente, el diez de abril de dos mil diecisiete, el juez responsable, a petición del endosatario en procuración de la aquí tercera interesada, autorizó el cambio de depositario del vehículo embargado a favor de dicha tercera. Siendo los puntos b) y c), los hechos que constituye el acto aquí reclamado. Bajo ese contexto, aunque el embargo decretado en el auto de exequendo constituye un acto de imposible reparación, ello no lo exime de agotar el principio de definitividad que anima el juicio de amparo, puesto que procede un medio de defensa legal, por medio del cual puede ser modificado, revocado o nulificado. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia VI.2o.C. J/239, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 765, Tomo XVIII, correspondiente al mes de Noviembre de 2003, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. DEBE AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PARA PROMOVER AMPARO EN SU CONTRA. El hecho de que un acto de autoridad tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación que afecte directa e inmediatamente derechos sustantivos del gobernado, de ninguna manera constituye una excepción al principio de definitividad que rige en materia de amparo, consistente en agotar los medios de defensa o recursos ordinarios previstos en la ley que rige el acto, antes de acudir a la acción constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XIII, de la ley de la materia y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." El medio de impugnación ordinario que debió agotarse previo a la interposición del juicio de amparo indirecto, es el recurso de revocación. Los artículos 1334 y 1341 del Código de Comercio, disponen: "Artículo 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición". "Artículo 1,341. Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas conforme al artículo anterior. Con la misma condición, son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, ó si la ley expresamente lo dispone." Ahora bien, previamente cabe señalar que, la regla aplicable al caso concreto lo es la dada en el numeral 1340 del Código de Comercio, actual, porque se deduce que el recurso de apelación en materia mercantil procederá, siempre que no se interponga en juicios que se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto reclamado sea superior a quinientos veinte mil novecientos pesos 00/100 moneda nacional, por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse en forma anual, de acuerdo con el factor de actualización descrito en el precepto legal citado. De lo que se colige que en contra del auto combatido, no es factible interponer dicho recurso de apelación en su contra, en virtud que la cuantía del juicio de origen de $18,000.00 (dieciocho mil pesos 00/100 M.N.); es menor a la requerida para su procedencia. En esa tesitura, procede entonces el recurso de revocación en contra de los autos, que reclaman los impetrantes del amparo, tal como recientemente lo ha interpretado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 70/2013, que derivó de la contradicción de tesis 30/2013 resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, que dice lo siguiente: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)." Siendo patente, en el caso concreto, que respecto del acto reclamado consistente en el auto de fecha diez de abril de dos mil diecisiete, mediante el cual el juez responsable, autorizó el cambio de depositario del vehículo embargado a favor de la hoy tercera, es evidente que una vez hecho valer el citado recurso de revocación en contra del embargo del que hoy se duelen los quejosos, los efectos jurídicos que produzca dicha resolución, se harán extensivos a dicho auto combatido, por éste último derivado de aquél. En este orden de ideas, y por todos los argumentos expuestos en torno a la naturaleza del juicio de amparo y sobre el principio de definitividad, es que previo a acudir al medio de control constitucional, la quejosa debió agotar el medio de defensa previsto por la ley ordinaria, ya que quedó desvirtuado el carácter de persona extraña por equiparación con el que se ostentó, aunado a que tampoco se ubica en diversa causa de excepción del principio de definitividad. En consecuencia, al no haberlo hecho en esos términos, se actualiza la causa de improcedencia que para tal efecto señala el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 85, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en al página 51, del tomo 67, julio de 1993, octava época del semanario judicial de la Federación, cuyo rubro y texto se precisan a continuación: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTIAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." Con base a lo anterior, se actualiza manifiesta e indudablemente la causal de improcedencia inmersa en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, lo que da lugar a DESECHAR DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 ibídem. Da sustento a lo dicho, la jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, Mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en los artículos 304 y 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica; y como autorizada de su parte, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la licenciada que menciona en su demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite. NOTIFICACIÓN EN CASO DE NO ATENDER CITATORIO O AVISO En otro aspecto, en el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos. NOTIFICACIONES POR LISTA EN CASO DE QUE SE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES FUERA DE ESTA CIUDAD Y ÁREA CONURBADA. En caso de que alguna de las partes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la ciudad y área conurbada, con fundamento en el artículo 27, fracción I, a contrario sensu, en relación con el numeral 29 ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones se les harán por lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado. PROMOCIONES QUE PRESENTEN LAS PARTES Y QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUSIÓN EFECTIVA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y acorde con el derecho a la tutela judicial pronta, expedita y efectiva, así como observando el debido proceso contenido en los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, este juzgador determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio solamente se agregarán al expediente sin mayor acuerdo, previa certificación del (la) Secretario(a) en la que se haga constar que dicha promoción se agrega al presente expediente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 de la Constitución Federal, así como que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Estas promociones exclusivamente son: 1. Cuando se reciba un informe, escrito u oficio por más de una ocasión (caso en el cual el primero se agregará mediante acuerdo y los siguientes sólo se sumarán al expediente con la certificación en comento); 2. Acuses de recibido para diligenciar de exhortos o despachos (caso en el cual se agregará mediante certificación el acuse que se reciba para su diligenciación, mientras que se agregará mediante acuerdo cuando ya se reciba el exhorto o despacho diligenciado o no); 3. Acuses de recibido de devolución de constancias a las autoridades. 4. Autorizaciones de las partes a personas para oír y recibir notificaciones y documentos. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la autorización no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente. 5. Representaciones del Presidente de la República, las que se tienen por realizadas a favor de las autoridades que se indiquen y que se agregarán a los autos surtiendo sus efectos desde luego, emitiéndose el acuerdo respectivo cuando rindan su respectivo informe justificado. 6. Oficios informando sobre meros trámites relativos al cumplimiento de la sentencia en que se llegue a otorgar el amparo. Los cuales se agregarán a los autos mediante simple certificación para que surtan sus efectos, emitiéndose el acuerdo respectivo con vista personal cuando se informe sobre el cumplimiento efectivo y sustancial de la sentencia concesoria o requiriendo el cumplimiento en caso de advertir retraso en acatar la ejecutoria relativa. 7. Solicitud de copias simples o certificadas. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la solicitud no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente, dichas copias sólo se podrán entregar en un solo tanto, ya que para el caso de que las partes deseen obtener más de un tanto deberán acudir a un fedatario público, tomando en cuenta que la principal actividad de los fedatarios adscritos a este órgano jurisdiccional es auxiliar en la impartición de justicia y no dar fe en más de una ocasión de las constancias que integran los autos. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). (Décima Época, Registro: 2007376, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o.7 K (10a.), página: 2387). "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." (Novena Época, Registro: 174117, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: I.10o.C.13 K, página: 1374). DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE Y, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo lega....IV Notifíquese personalmente.
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