José Agustín Alfredo Meza Montagner

Expediente 17/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
17/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
24/01/2023

Partes del expediente

  • Títutlar de la Subdirección de Contabilidad de Ingresos, adscrita a la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzar y Adminiistración del Gobierno del Estado de Puebla
  • José Agustín Alfredo Meza Montagner

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede que transcurrió el plazo de cinco días que prevé en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja, en consecuencia, con fundamento en el artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de tres de enero de dos mil veintitrés, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 21, inciso d , del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años de su archivo, pues se desechó la demanda de amparo; una vez transcurrido este plazo este órgano jurisdiccional dentro de los treinta días siguientes procederá a la destrucción del presente expediente; debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda".

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que en acuerdo de tres de enero de dos mil veintidós se autorizó a la parte quejosa la consulta y notificaciones vía electrónica de las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran el presente juicio de amparo con el usuario "*******"; sin embargo, de la lectura integral de la demanda se advierte que lo correcto es *******. En razón de lo anterior, instrúyase al Oficial Judicial "A" adscrito a este juzgado federal, a efecto de que realice las gestiones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que el usuario Lmhernandezl pueda realizar la consulta y notificaciones vía electrónica de las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran el presente juicio de amparo, a partir de la fecha en que se actúa, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. ACUERDO DE 03 DE ENERO DE 2023 San Andrés Cholula, Puebla, tres de enero de dos mil veintitrés. 1 EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida por ********, contra actos del Títutlar de la Subdirección de Contabilidad de Ingresos, adscrita a la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 17/2023-II; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2 DESECHAMIENTO En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, de la demanda de amparo se advierte que ********, señala como acto reclamado en la presente instancia constitucional, lo siguiente: "1. La nulidad de las fotos infracciones con números de folios siguientes: a) ****** de fecha 21 de julio de 2022, cometida a las 01:12:01 horas, en *******, sentido Texmelucan, por un importe de $506.00 (quinientos seis pesos cero centavos). b) ****** de fecha 21 de julio de 2022, cometida a las 04:31:11 horas, en ******, sentido Texmelucan, por un importe de $722.00 (setecientos veintidós pesos cero centavos). c) ****** de fecha 09 de agosto de 2022, cometida a las 02:07:25 horas, en********, por un importe de $722.00 (setecientos veintidós pesos cero centavos). d) ****** de fecha 09 de agosto de 2022, cometida a las 02:07:25 horas, en********, por un importe de $722.00 (setecientos veintidós pesos cero centavos). d) ***** de fecha 18 de agosto de 2022, cometida a las 05:58:44 horas, en ******, sentido Texmelucan, por un importe de $722.00 (setecientos veintidós pesos cero centavos. e) ****** de fecha 18 de agosto de 2022, cometida a las 06:42:40 horas, en *******, sentido Texmelucan, por un importe de $722.00 (setecientos veintidós pesos cero centavos. Toda vez que las mismas son contrarias a su ley y su reglamento aplicable, ya que carecen de la debida fundamentación y motivación, así como de múltiples formalidades esenciales al procedimiento indispensables para su validez como se hará notar en los conceptos de violación. 2. El pago del importe de las multas que cada uno establece y que sumadas arrojan un total de importe a pagar de $3,3394.00 (tres mil trescientos noventa y cuatro pesos cero centavos), por concepto de foto infracciones, relativas a los folios de las boletas de infracción ya precisadas en el punto anterior, independientemente de la emisión de los comprobantes de pago. 3. La omisión de permitirme hacer la verificación vehicular de mi vehículo automotor ***** modelo ****, con número de placa *****, del estado de Puebla, correspondiente al año ******, bajo el argumento de que hasta en tanto no realice el pago de las ilegales infracciones mencionadas en el punto anterior podría verificar mi vehículo." Establecido lo anterior, la suscrita advierte que respecto a los citados actos se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Del precepto legal en cita, se pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rigen, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a dichas leyes, se suspendan los efectos de los actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa de que se trate, con los mismos alcances y sin mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. Lo anterior, debido a que debe cumplirse con lo requerido por los principios rectores del juicio de amparo, siendo uno de éstos el principio de definitividad, que consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b), fracción III, del artículo 107 de la Constitución General de la República, para que en el caso de serle adversos los resultados, hasta entonces acudir a la Justicia Federal a demandar el amparo y protección. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que un recurso es un medio de defensa instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada, mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada. Ahora bien, los artículos 3° de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, así como 4°, apartado A, fracción V, y 19, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla. De los preceptos en cita, se observa que -entre otras cuestiones- el juicio contencioso administrativo, procede en contra de las resoluciones que impongan multas por infracción a las normas administrativas estatales o municipales. Por ende, las multas impuestas a la quejosa por concepto de fotomultas, con números de folios *********; y, como consecuencia de lo anterior, el impedimento a permitirle el pago de la verificación vehicular son susceptibles de ser recurridas mediante el juicio contencioso administrativo. Máxime que de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión. Lo anterior, se corrobora con el examen comparativo del artículo 55 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, frente a los artículos 125, 126, 128, 132, 135 y 136 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De los precitados numerales se advierten los requisitos, o condiciones, previstos en la Ley de Amparo, a fin de que sea procedente otorgar la suspensión del acto. A saber, el artículo 128 de la mencionada legislación establece como requisitos: I. Que la solicite el quejoso; II. Que su otorgamiento no produzca perjuicio al interés social, ni la contravención a disposiciones de orden público. Asimismo, en el ordinal 135, de la ley en cita, indica que tratándose de la suspensión contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, ésta se concederá discrecionalmente; y, la misma surtirá sus efectos previo depósito que se realice a nombre de la Tesorería de la Federación o de la entidad federativa o municipio correspondiente. Por otra parte, el diverso 136 de la ley de la materia, establece que el auto en el que el Juez de Distrito, conceda la suspensión del acto surtirá sus efectos aun cuando se interponga el recurso de revisión, sin embargo, si dentro del término de cinco días el quejoso no da cumplimiento a los requisitos exigidos dejará de surtir los efectos correspondientes. En ese orden de ideas, a efecto de evidenciar que la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, no prevé mayores requisitos a los establecidos en la Ley de Amparo, en lo atinente a la suspensión de los actos administrativos, es menester citar el numeral 55, de la citada ley administrativa. El precepto normativo de referencia, indica en forma concreta, los supuestos ante los cuales se otorgará la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, siempre que no se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, mismos que no exceden de los requisitos establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión. Asimismo, en los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable; y, para el caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. De igual forma, establece que el Magistrado deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. De lo expuesto, se desprende que el artículo 55 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla; no establece mayores requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado, que los consignados en los artículos 128, 132, 135 y 136, de la Ley de Amparo; por el contrario, la comparación de tales disposiciones legales pone de relieve que las exigencias previstas en uno y otro ordenamiento son semejantes, y por tanto, no se surte la excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Aunado a lo anterior, los actos reclamados son de naturaleza administrativa, no penal y no se aduce alguna violación de derechos contenidos en los numerales 19 y 20 constitucionales; no reclama leyes, tratados internacionales, reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, de modo que no se actualiza está excepción y; el acto reclamado no son de los contenidos en el artículo 22 constitucional, por ser una resolución administrativa. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en los diversos 112 y 113, del mismo ordenamiento legal, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por **********. 3 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES En términos del numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta y, por autorizada en términos amplios del artículo 12 del citado ordenamiento legal, a *******, en virtud de haber acreditado tener inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como autorizadas en los términos restringidos que prevé el citado numeral a las diversas personas que para ese efecto señala, por así haberlo solicitado. 4 AUTORIZACIÓN DE CONSULTA Y TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA se autoriza a la parte quejosa, a través del usuario: "*******", la consulta y notificaciones vía electrónica de las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran el presente juicio de amparo, a partir de la fecha en que se actúa, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; siempre y cuando, cuente con el registro correspondiente. De igual forma, téngase a la parte quejosa proporcionando un domicilio para recibir notificaciones; en la inteligencia que al haber solicitado de forma expresa se le notifique electrónicamente, en términos del artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las notificaciones que le correspondan se deberán llevar a cabo en esa vía -electrónica- y sólo en caso de que ello no pueda ser posible, entonces, en términos del artículo 59 del Acuerdo General 12/2020, se podrá acordar lo conducente con relación al domicilio que precisa. 5 NÚMERO DE TELÉFONO MÓVIL Y CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO téngase a la parte promovente proporcionando la cuenta de correo electrónico que precisa en la demanda a fin de realizar comunicaciones no procesales. 6 EXHORTACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DE PROPORCIONAR NÚMERO DE TELÉFONO MÓVIL se requiere a la parte quejosa para que proporcione un número de teléfono móvil para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. 7 SOLICITUD DE UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS se autoriza la utilización de medios electrónicos para reproducir las actuaciones que obren en el expediente en que se actúa. En el entendido de que tal autorización estará vigente hasta en tanto se ordene el archivo del presente asunto y no se hace extensiva respecto a documentos que sean clasificados como reservados o confidenciales. 8 DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración. Asimismo, se le hace saber a las partes que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 9 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl- Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada. 10 RESERVA DE INFORMACIÓN este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6º de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales. 11 PUBLICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO se ordena que el presente acuerdo se publique a través de la lista electrónica que se genera de manera automática vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cual podrá ser consultado por a partes en la página: https://www.dgepj.cjf.gob.mx/expdientes/circuitos.asp?Cir=6&Exp=1.

  3. Principal

    R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********, a través de su apoderado general *******, en contra del acto reclamado al Presidente de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, el cual quedó precisado en el considerando segundo, de conformidad con lo expuesto en el último considerando de esta sentencia.

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