José Aguilar Mendoza
Expediente 845/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 16 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 845/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 18/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- José Aguilar Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respetivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de destrucción y por lo que hace al incidente de suspensión es depurable en virtud que se concedió la suspensión del acto reclamado. Una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del incidente. Como en el presente asunto obran documentos originales, con fundamento en el último párrafo del punto décimo primero, del citado acuerdo general; requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, comparezca a recoger dichos papeles; apercibida que de no hacerlo dentro de ese término, se procederá a depurarlos. Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 845/2020-IV; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 31, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo. Segundo. Fijación de la litis. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto que se advierte del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, este juzgador advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables: a) La orden de embargo e inmovilización de las cuentas bancarias 60-56846099-3 y 61-56846099-3, aperturadas en la institución financiera Banco Santander, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander y Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Contrato número 005283748, cliente 95975421. b) La emisión del folio Siara IMSSCC3916/2020/000759 de cinco de agosto de dos mil veinte. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. El Titular de la Unidad de Fiscalización y Cobranza, Titular de la Delegación Norte del Distrito Federal, así como el Titular de la Subdelegación 3 Polanco, todas del Instituto Mexicano del Seguro Social, al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, sin que ésta haya desvirtuado dicha negativa con prueba jurídicamente eficaz. En consecuencia, con apoyo en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio, por inexistencia del acto reclamado. Cuarto. Existencia del acto reclamado. El Presidente, Vicepresidente Jurídico, Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos y Directores Generales Adjuntos de Autoridades "A" y "B", todos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como el Jefe de la Oficina para Cobros de la Subdelegación 3 Polanco de la Delegación Norte del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social, al rendir su informe justificado aceptan la existencia del acto reclamado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el mismo. Lo que se corrobora de las constancias que remitieron como complemento a su informe con justificación, a las que se les otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Quinto. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, se analizan las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes, o de oficio se advierta su actualización, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, de oficio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamientode la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior.". Del precepto transcrito, se advierte que para la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que impliquen una ejecución que genere efectos irreparables, por regla general, previo a instar la acción constitucional, el quejoso tiene el imperativo de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley que rige el acto para impugnarlo, a fin de generar su modificación, revocación o nulidad. La observancia del citado presupuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto es entonces un mandato de estricta observancia que exige la exclusión de interpretaciones contrarias a la excepcionalidad del medio extraordinario de defensa. Por tanto, por regla general, el hecho de que el acto reclamado en el amparo indirecto sea de imposible reparación, no determina per se, una excepción a las exigencias de procedencia del juicio de amparo. En consecuencia, el órgano de control constitucional está obligado a verificar que el promovente haya cumplido con la observancia al principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa, en caso de que lo prevea la ley de la materia, que tenga como finalidad modificar, revocar o anular el acto reclamado. El artículo 116 del Código Fiscal de la Federación establece que contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal, se podrá interponer el recurso de revocación y el artículo 117 de la citada legislación, prevé las diversas resoluciones y actos contra los que se puede interponer dicho medio de defensa en sede administrativa, pues dispone lo siguiente: Artículo 117. El recurso de revocación procederá contra: I. Las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que: a) Determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos. b) Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la ley. c) Dicten las autoridades aduaneras. d) Cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en materia fiscal, salvo aquellas a que se refieren los artículos 33-A, 36 y 74 de este código. II. Los actos de autoridades fiscales federales que: a) Exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que éstos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución o a la indemnización a que se refiere el artículo 21 de este código. b) Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que éste no se ha ajustado a la ley. c) Afecten el interés jurídico de terceros, en los casos a que se refiere el artículo 128 de este código. d) Determinen el valor de los bienes embargados a que se refiere el artículo 175 de este código". El dispositivo en cita establece la regla general de procedencia del recurso de revocación, estableciendo supuestos que pueden dividirse en dos grupos, en el primero, se encuentran las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que pueden impugnarse a través del citado medio de defensa; en tanto que, en el segundo, se precisan los actos de las referidas autoridades que pueden ser materia del recurso en comento, entre los que destacan aquellos que exijan el pago de créditos fiscales cuando se alegue que éstos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido, y que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución; así como los que se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se argumente que éste no se ha ajustado a la ley. Por otro lado, el artículo 121 del Código Fiscal de la Federación, prevé el plazo en que debe interponerse el recurso de revocación, el cual debe interponerse a través del buzón tributario, por regla general, dentro del plazo de treinta días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación del acto impugnado, salvo las excepciones previstas en los artículos 127 y 175 del Código Fiscal de la Federación. De los preceptos invocados, se advierte que los supuestos de excepción a que se refiere el artículo 121 del Código Fiscal de la Federación, respecto del plazo para interponer el recurso de revocación, consisten en los casos en que se pretende recurrir actos dictados en el procedimiento administrativo de ejecución, por no haberse ajustado a la ley (violaciones cometidas hasta antes del remate), así como cuando el embargado o terceros acreedores no estén conformes con la valuación practicada del bien embargado; en esta última hipótesis el recurso de revocación, debe interponerse dentro del plazo de diez días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la resolución relativa. El artículo 127 del Código Fiscal de la Federación establece como regla general, que cuando el recurso de revocación se interponga porque el procedimiento administrativo de ejecución no se ajustó a la ley, las violaciones cometidas antes del remate, sólo podrán hacerse valer ante la autoridad recaudadora hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate, y dentro de los diez días siguientes a la fecha de publicación de la citada convocatoria; empero, también prevé dos hipótesis de excepción a la mencionada regla general de procedencia, a saber, la primera se actualiza cuando se trate de actos de ejecución sobre bienes legalmente inembargables en tanto que la segunda se surte cuando se esté en presencia de actos de imposible reparación material. Asimismo, el propio numeral establece que en los dos últimos supuestos excepcionales, el plazo para interponer el recurso de revocación se computará a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o del día hábil siguiente al de la diligencia de embargo. En relación con este tipo de actos, es pertinente puntualizar que la regla de excepción al plazo previsto en el artículo 127 del Código Fiscal de la Federación, no opera respecto de cualquier tipo de embargo, sino únicamente para aquellos que han recaído sobre bienes inembargables y que, en los demás supuestos, rige el plazo genérico de impugnación hasta antes de la convocatoria de remate. Como se advierte del contenido de los numerales invocados, la inmovilización de cuentas bancarias es un acto susceptible de ser impugnado a través del recurso de revocación, en los términos y plazos que ya han quedado precisados. En tales condiciones, ante la determinación de la autoridad administrativa de inmovilización de las cuentas bancarias, el gobernado afectado tiene a su alcance el recurso de revocación, el cual puede agotarse antes de acudir al juicio contencioso administrativo. Esto, en virtud que este medio de impugnación es de naturaleza optativa, en términos del diverso artículo 120 del Código Fiscal de la Federación. Del citado precepto, se sigue que el medio ordinario de defensa carece de obligatoriedad y que su ejercicio es opcional, en tal medida, no es exigible para el gobernado; de manera que si decide no agotarlo, tiene expedita la vía ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En ambos casos, esto es, bien en el recurso de revocación, o bien, en el procedimiento contencioso administrativo, existe la posibilidad de suspender el acto, pues en las dos vías rige lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. El artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece: "Artículo 28. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia definitiva. b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. c) El Magistrado Instructor deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los cinco días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia definitiva en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad". Dicho numeral prevé la posibilidad de suspender el acto administrativo, el cual deberá tramitarse de conformidad con las reglas que el mismo precepto establece. Es importante mencionar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya determinó que los requisitos que exige ese artículo para que se conceda la suspensión, no son mayores a los previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. Este criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 2a./J.130/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1446 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2, que establece: PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En ese tenor, ante la posibilidad de suspender el acto reclamado, a través del recurso de revocación, o bien, el juicio contencioso administrativo, sin mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo, debe concluirse que la inmovilización de cuentas bancarias encuentra reparabilidad por esos medios; aunado a que una vez dictada la sentencia en el procedimiento contencioso administrativo puede promoverse el juicio de amparo directo. En mérito de lo expuesto, se advierte que en relación con el embargo de las cuentas bancarias 60-56846099-3 y 61- 56846099-3 aperturadas en la institución financiera Banco Santander, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander y Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Contrato número 005283748, cliente 95975421, el afectado con la inmovilización de las citadas cuentas puede encontrar reparabilidad de tal acto, haciendo valer el recurso de revocación en el que podrá solicitar la suspensión de tal acto, o bien, a través del juicio contencioso administrativo y, en su caso, a través de la vía uniinstancial. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 18/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1377, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, de la Décima época, que es del tenor literal siguiente: "INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. CONTRA EL ACTO QUE LA DECRETA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, 116, 117, 120, 121 y 127 del Código Fiscal de la Federación, deriva que el acto que decreta la inmovilización de cuentas bancarias puede impugnarse en forma optativa a través del recurso de revocación, o bien, del juicio contencioso administrativo y que, en ambos casos, puede solicitarse la suspensión de tal acto, sin mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. En esta línea, una vez dictada la sentencia en el procedimiento contencioso administrativo, puede promoverse el juicio de amparo en la vía uniinstancial. Además, en el presente asunto no se actualiza alguna de las excepciones al principio de definitividad. En primer término, porque en el caso no se reclaman violaciones directas a la Carta Magna ya que si bien es cierto que el quejoso adujo que el requerimiento reclamado resultaba violatorio de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al carecer de fundamentación y motivación, las cuales son consideradas como violaciones directas, lo cierto es que los argumentos se dirigen a combatir cuestiones de legalidad. En segundo término, porque no se está en presencia de un acto carente de fundamentación, ya que la apreciación del oficio mediante el cual se decretó la inmovilización de recursos a nombre del aquí quejoso, se advierte que no carece de una fundamentación absoluta que permita promover de manera directa el juicio de amparo, pues en aquél se citó como fundamento de dicha medida precautoria, diversos artículos del Código Fiscal de la Federación, entre otros, los cuales esencialmente establecen la posibilidad de llevar a cabo el procedimiento Administrativo de Ejecución; de modo que, es evidente que en la especie, no se está ante una ausencia absoluta de fundamentación. En tercer término, el recurso o medio de defensa que procede no se encuentra previsto en un reglamento; sino en una ley, como es el Código Fiscal de la Federación. Aunado a lo anterior, la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo que rige a los juicios de nulidad y al recurso de revocación, que se promuevan ante el citado tribunal o ante el superior jerárquico, prevé la suspensión de los actos reclamados, con los mismos alcances, sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo y sin contemplar plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión que el previsto en la Ley de Amparo. Corolario a lo anterior, se precisa que aun cuando al promover su demanda el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad, que era ajeno a cualquier acto, juicio o procedimiento en el que fuera parte, ya que no fue citado, emplazado o notificado de procedimiento alguno relacionado con la inmovilización de sus cuentas bancarias, cierto es que ello se desvirtúa de las constancias remitidas por el Jefe de la Oficina para Cobros de la Subdelegación 03 Polanco de la Delegación Norte del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social relativas a las copias certificadas del expediente administrativo que contiene los créditos fiscales que le fueron determinados a la parte quejosa, en razón que de éstas se advierte que es parte en dicho procedimiento. De ahí que no resulte factible dar crédito a las afirmaciones del quejoso, en razón que obra constancia fehaciente que es parte en el procedimiento de origen, lo que necesariamente implica que fue llamado a éste en términos del Código Fiscal de la Federación aplicable al caso. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, la jurisprudencia 678 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 758 del Tomo II. Procesal Constitucional Común Primera Parte- SCJN Quinta SecciónProcedencia del amparo indirecto, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, de rubro y texto siguientes: "TERCERO EXTRAÑO AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. CUANDO NO SE TIENE DICHO CARÁCTER. Los terceros extraños a los procedimientos administrativos no están obligados a agotar los recursos ordinarios antes de acudir al amparo; pero no tienen ese carácter aquellas personas que, aun cuando, no como deudoras directas, son llamadas a dicho procedimiento cumpliéndose las exigencias de emplazamiento previo de que hablan los artículos 81 y 82 del Código Fiscal." En tales condiciones, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, se sobresee en el presente juicio de amparo. Atento a los razonamientos expuestos en la presente resolución, este órgano de control constitucional se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa Por lo expuesto, se: R e s u e l v e: Único. Se sobresee el juicio de amparo promovido por... Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Del estado de autos se advierte que la audiencia constitucional de este juicio se encuentra señalada para el día de hoy; sin embargo, no es posible llevar acabo la misma en atención a que al titular de este órgano jurisdiccional le fue otorgada licencia de conformidad con el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la cual faculta al Secretario del despacho a realizar las diligencias y dictar providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente, más no a resolver en definitiva. En ese sentido, para no contravenir lo dispuesto en tal ordenamiento, se difiere la audiencia constitucional y en su lugar se fijan las ONCE HORAS DEL VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito signado por la parte quejosa por medio del cual solicita a este órgano jurisdiccional se le permita la consulta del expediente electrónico y se le realicen todo tipo de notificaciones aun las de carácter personal por medio del portal en línea del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, como lo solicita se ordena realizarle todo tipo de notificaciones vía electrónica por conducto del usuario "MClex". Asimismo, con fundamento en la parte final del párrafo quinto del artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico derivado del presente juicio de amparo al usuario "MClex"; y, dígase que se encuentra disponible la consulta del mismo en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
Quedan 12 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · 8,346 expedientes
- Jose Abundio Abel Flores Sánchez1076/2018
- José Adame Álvarez572/2017
- José Adan Ortíz Avalos1614/2017
- José Adan Peralta Ramírez2000/2018
- José Adolfo Sierra Gómez1036/2021
- José Adrián Barajas Torres1293/2019
- José Agustín Contreras Morales743/2023
- José Alberto Alfaro Rosales y Otros.256/2019
- José Alberto Alfaro Rosales728/2019
- Jose Alberto Alfaro Rosales1641/2018
- JOSE ALBERTO ALFARO ROSALES y Otros.761/2019
- José Alberto Badillo Muñiz1462/2018