Jose Adrian Rivera Perez
Expediente 930/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 930/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Jose Adrian Rivera Perez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción indique que las partes de este juicio recurrieron la sentencia dictada por este juzgado el trece de enero de dos mil veintidós, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que ésas fueron notificadas, el catorce siguiente, quedando comprendido dicho plazo del catorce al veintiocho de enero del año en curso. Sentado lo anterior, con fundamento en los ordinales 354, 355 y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en vigor por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que la sentencia dictada en el presente sumario HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es destruible, toda vez que se decretó el sobreseimiento en el mismo.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, siendo las doce horas con veinte minutos del trece de enero de dos mil veintidós, hora y día señalados para que tenga lugar esta audiencia constitucional, el licenciado Juan Antonio Gutiérrez Gaytán, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido de la secretaria de juzgado, licenciada Miriam Suheid Flores Osuna, con quien actúa y da fe, la declaró abierta sin la asistencia de las partes, haciendo constar que de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en el módulo "Agenda vista a OJ", opción "Consulta General", no se desprende que alguna de las partes haya solicitado cita para comparecer a esta audiencia. A continuación, la secretaria hace relación de las constancias de autos: escrito inicial de demanda presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, y recibido en este juzgado en la misma data; auto admisorio de veintiséis de los propios mes y año e informe justificado rendido por los Integrantes del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad y actuario adscrito al mismo. Acto seguido, el Juez acuerda: ténganse relacionadas las constancias que obran en autos y de conformidad con el numeral 117 de la Ley de Amparo, rendidos los informes justificados de referencia. Abierto el periodo de pruebas: la Secretaria da cuenta con las documentales ofrecidas por las autoridades responsables. Acto seguido, el Juez acuerda: con apoyo en lo dispuesto por el precepto 119 del ordenamiento legal en cita, se tienen admitidos y desahogados los anotados medios de convicción, los que serán tomados en consideración en su oportunidad, con lo que concluye la presente fase. Abierta la etapa de alegatos: la secretaria da hace constar que las partes no hicieron uso de este derecho; por tanto, se cierra dicha etapa. No habiendo diligencia pendiente que desahogar, se da por terminada la presente audiencia y se procede a dictar resolución. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 930/2021-V-2, promovido por José Adrián Rivera Pérez, y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito inicial de demanda presentado el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, José Adrián Rivera Pérez solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos que reclamó del Tribunal Municipal de Conciliación y arbitraje, con sede en esta ciudad, que estimó violatorios de los artículos 17 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que redujo al señalamiento siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: La omisión por parte de la autoridad Señalada como responsable en emplazar a juicio laboral al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, toda vez que el suscrito presenté formal demanda laboral con fecha 27 de abril del año 2021, y a pesar de que no existe impedimento legal alguno para que se emplace a juicio a la patronal demandada, la autoridad señalada como responsable tuvo como límite la fecha de 02 de mayo del año 2021 (va que el artículo 71, Párrafo tercero señala que el Tribunal dentro de las setenta y dos horas siguientes contadas a partir del momento en que se reciba la demanda dictará acuerdo de radicación, en el que ordenará se emplace a la parte demandada dentro de los cinco días posteriores), para emplazar a juicio al H. Ayuntamiento demandado laboralmente, lo anterior de conformidad a lo señalado por el artículo 71 párrafo tercero, de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa, ya que la autoridad responsable vulnera mi oportunidad del derecho a gozar de unas prestaciones e ingresos que me son suficientes para solventar mis más básicas necesidades alimentarias y que esos me aseguran mi subsistencia y un nivel de vida digno. B).- Se reclama como omisión de las mismas autoridades responsables también la inexplicable lentitud en el procedimiento laboral, ya que desde la fecha de la presentación de la demanda el día 27 de abril del año 2021, a la fecha de la presentación de la presente demanda de amparo, ha transcurrido más de setenta días y no se ha emplazado a la demandada, mucho menos iniciado el juicio laboral que busca la defensa de mis derechos humanos-laborales, de ahí el motivo de la presentación de la demanda de amparo donde se alegan violaciones a mis derechos humanos en el sentido del goce una vida digna mediante el acceso a un trabajo que se me impidió seguir desarrollando. Además que recurro ante esta instancia, ya que ni la ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa, ni la Ley Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente a la anterior, no señalan ni prevén algún mecanismo de defensa que me permita instaurar para efectos que la autoridad responsable actué apegada a lo que le mandata la ley en comento, siendo consecuente que la responsable siga actuando de manera irresponsable y cometiendo actos de imposible reparación, ya que la alimentación a que tengo derecho me está siendo limitada, el derecho a una vida digna, el derecho a un trabajo me han sido coartados por la misma autoridad responsable, al no comprometerse a cumplir con su trabajo. C).- Se reclama también de la autoridad señalada como responsables, la falta de acción tendiente a economizar los tiempos procesales para que se lleve a cabo la impartición de justicia laboral a que tengo derecho y que vienen vulnerando la responsable, habida cuenta que hasta la presentación de la presente demanda de garantías, tenemos que no se ha acordado sobre la admisión de la demanda respectiva, ya que la autoridad responsable TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, EN ESTA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA, no respeta lo señalado por el numeral 74 en relación con el numeral 73 de la misma Ley de los Trabajadores al servicio de los municipios del Estado de Sinaloa, que habla sobre los plazos y términos en que se deben de verificar las audiencias laborales, es decir, en un orden sumario, en aras de economizar lo más posible la impartición de justicia en materia laboral, mermando con ello las posibilidades de poder seguir conservando los beneficios que se me otorgaban como fruto de mi trabajo, como lo es la percepción de un salario diario remunerador, una calidad de vida, derecho a la salud, (ya que por ser empleado municipal, tengo derecho a una seguridad social y de salud), asistencia médica y los diversos servicios sociales necesarios para poder desarrollar una digna calidad de vida, que se insiste de nueva cuenta, la misma me fue vulnerada, con la omisión de las responsables" SEGUNDO. Admisión. Correspondió conocer de la demanda de amparo, por razón de turno, a este Juzgado de Distrito, y en acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, se registró con el número expediente 930/2021-V-2 y se admitió a trámite; asimismo, se requirió a las autoridades responsables para que rindieran su informe con justificación y se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción la intervención que le compete. Seguido el juicio por sus trámites, la audiencia constitucional dio inicio al tenor del acta que antecede, la cual concluye con el dictado de la presente sentencia; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa es competente para conocer del presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; así como, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; dado que se reclama un acto que no tiene ejecución material, al ser omisivo, por lo que este órgano jurisdiccional es competente para conocer del mismo a prevención. SEGUNDO. Fijación de la litis. Antes de establecer la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se estima necesario fijar en forma clara y precisa el planteamiento de impugnación que formuló la parte quejosa en su demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y los criterios contenidos en la jurisprudencia P./J.40/2000 y la tesis P.VI/2004 sustentadas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abril de 2000 y 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, de la cuestión planteada en la demanda de amparo materia de estudio, se desprende que el quejoso la hizo consistir en la omisión de emplazar a la parte demandada en el procedimiento laboral iniciado ante dicha autoridad, desde el veintisiete de abril de dos mil veintiuno. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Por razón de método, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los actos reclamados, además, en aplicación del criterio contenido de la jurisprudencia número XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página sesenta y ocho, Tomo setenta y seis, Abril de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". Las autoridades responsables, al rendir su informe con justificación negaron la existencia de la omisión reclamada al rendir su informe con justificación; sin embargo, la misma se tiene por cierta toda vez que dicha negativa se desvirtúa con las constancias que en copia certificada allegó del juicio laboral de origen, documentales públicas que revisten valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la tesis XX. 303 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, enero de 1995, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DOCUMENTO PÚBLICO. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR." CUARTO. Procedencia de la acción constitucional. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente, se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia del juicio de amparo intentado, ya sea que las hagan o no valer las partes, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, o bien, que de oficio la advierta quien esto resuelve e impida abordar el análisis de fondo de la cuestión debatida, que se conforma de los actos cuya certeza quedó acreditada según lo determinado en el considerando precedente. Lo anterior, en aplicación de la jurisprudencia II.1°.J./5, mayo de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." Sentado lo anterior, se estima que en la especie se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por las razones siguientes: En primer término los numerales de referencia disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.) "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior;(.)" De las porciones normativas antes transcritas, se colige que la causa de improcedencia denominada cesación de efectos, consiste en que, una vez promovido el juicio de amparo, los efectos del acto que en él se reclama hayan dejado de existir con motivo de una actuación posterior por parte de la autoridad que lo emitió, y que, por tanto, ya no ocasiona ningún agravio en la esfera jurídica de la parte quejosa. Ahora, de las constancias allegadas por la responsable se advierte el proveído de treinta de abril de dos mil veintiuno, dictado en el expediente TMCA 142/2021, en el que se admitió a trámite la demanda inicial promovida por el aquí quejoso en contra del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa; asimismo, mediante diligencia de diez de diciembre de dos mil veintiuno, se emplazó a juicio a la parte demandada en el juicio de origen, por conducto de su apoderado legal Jesús Daniel Zamudio Salazar, corriéndole traslado con el escrito inicial de demanda y con el diverso proveído de once de octubre del año próximo pasado. De ahí que se estime que los actos reclamados en la demanda de amparo cesaron en sus efectos, por la razón antes descrita. Acude en apoyo de la anterior consideración, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número CL/1997, visible en el Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Página 71, Noviembre de 1997, por identidad de razón, conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expide la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del rubro y tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS, PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO EN QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación de que la fracción XVI del artículo 73, de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Así también, tiene aplicación en la especie, por los propios motivos, la tesis de jurisprudencia número 2ª./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Atendiendo a lo antes expuesto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente asunto respecto de los actos reclamados a las preindicadas autoridades. Finalmente, hágase saber a las partes que los criterios invocados en el presente auto no contravienen lo previsto en el artículo sexto transitorio del Decreto que se expidió la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. QUINTO. Transparencia y acceso a la información pública. Toda vez que las partes contendientes en el presente juicio constitucional, no se opusieron a que su nombre y datos personales se incluyeran en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, en el plazo concedido para tal efecto, no obstante haber sido legalmente notificadas del proveído en que se les hizo de su conocimiento de tal circunstancia; por tanto, se les hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, y como consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en relación con los diversos numerales 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley en comento, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 1, fracción I, 69 a 78, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por José Adrián Rivera Pérez, contra los actos que reclama a las autoridades señaladas como responsables, por las razones expuestas en el considerando cuarto de la presente determinación. SEGUNDO. Cúmplase con lo ordenado en el considerando quinto de esta resolución. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado Juan Antonio Gutiérrez Gaytán, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido de la secretaria de juzgado licenciada Miriam Suheid Flores Osuna, con quien actúa y da fe. Doy fe. FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE (Se anexan evidencias criptográficas) MSFO*stl Mazatlán, Sinaloa, siendo las doce horas con veinte minutos del trece de enero de dos mil veintidós, hora y día señalados para que tenga lugar esta audiencia constitucional, el licenciado Juan Antonio Gutiérrez Gaytán, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido de la secretaria de juzgado, licenciada Miriam Suheid Flores Osuna, con quien actúa y da fe, la declaró abierta sin la asistencia de las partes, haciendo constar que de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en el módulo "Agenda vista a OJ", opción "Consulta General", no se desprende que alguna de las partes haya solicitado cita para comparecer a esta audiencia. A continuación, la secretaria hace relación de las constancias de autos: escrito inicial de demanda presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, y recibido en este juzgado en la misma data; auto admisorio de veintiséis de los propios mes y año e informe justificado rendido por los Integrantes del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad y actuario adscrito al mismo. Acto seguido, el Juez acuerda: ténganse relacionadas las constancias que obran en autos y de conformidad con el numeral 117 de la Ley de Amparo, rendidos los informes justificados de referencia. Abierto el periodo de pruebas: la Secretaria da cuenta con las documentales ofrecidas por las autoridades responsables. Acto seguido, el Juez acuerda: con apoyo en lo dispuesto por el precepto 119 del ordenamiento legal en cita, se tienen admitidos y desahogados los anotados medios de convicción, los que serán tomados en consideración en su oportunidad, con lo que concluye la presente fase. Abierta la etapa de alegatos: la secretaria da hace constar que las partes no hicieron uso de este derecho; por tanto, se cierra dicha etapa. No habiendo diligencia pendiente que desahogar, se da por terminada la presente audiencia y se procede a dictar resolución. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 930/2021-V-2, promovido por José Adrián Rivera Pérez, y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito inicial de demanda presentado el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, José Adrián Rivera Pérez solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos que reclamó del Tribunal Municipal de Conciliación y arbitraje, con sede en esta ciudad, que estimó violatorios de los artículos 17 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que redujo al señalamiento siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: La omisión por parte de la autoridad Señalada como responsable en emplazar a juicio laboral al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, toda vez que el suscrito presenté formal demanda laboral con fecha 27 de abril del año 2021, y a pesar de que no existe impedimento legal alguno para que se emplace a juicio a la patronal demandada, la autoridad señalada como responsable tuvo como límite la fecha de 02 de mayo del año 2021 (va que el artículo 71, Párrafo tercero señala que el Tribunal dentro de las setenta y dos horas siguientes contadas a partir del momento en que se reciba la demanda dictará acuerdo de radicación, en el que ordenará se emplace a la parte demandada dentro de los cinco días posteriores), para emplazar a juicio al H. Ayuntamiento demandado laboralmente, lo anterior de conformidad a lo señalado por el artículo 71 párrafo tercero, de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa, ya que la autoridad responsable vulnera mi oportunidad del derecho a gozar de unas prestaciones e ingresos que me son suficientes para solventar mis más básicas necesidades alimentarias y que esos me aseguran mi subsistencia y un nivel de vida digno. B).- Se reclama como omisión de las mismas autoridades responsables también la inexplicable lentitud en el procedimiento laboral, ya que desde la fecha de la presentación de la demanda el día 27 de abril del año 2021, a la fecha de la presentación de la presente demanda de amparo, ha transcurrido más de setenta días y no se ha emplazado a la demandada, mucho menos iniciado el juicio laboral que busca la defensa de mis derechos humanos-laborales, de ahí el motivo de la presentación de la demanda de amparo donde se alegan violaciones a mis derechos humanos en el sentido del goce una vida digna mediante el acceso a un trabajo que se me impidió seguir desarrollando. Además que recurro ante esta instancia, ya que ni la ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa, ni la Ley Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente a la anterior, no señalan ni prevén algún mecanismo de defensa que me permita instaurar para efectos que la autoridad responsable actué apegada a lo que le mandata la ley en comento, siendo consecuente que la responsable siga actuando de manera irresponsable y cometiendo actos de imposible reparación, ya que la alimentación a que tengo derecho me está siendo limitada, el derecho a una vida digna, el derecho a un trabajo me han sido coartados por la misma autoridad responsable, al no comprometerse a cumplir con su trabajo. C).- Se reclama también de la autoridad señalada como responsables, la falta de acción tendiente a economizar los tiempos procesales para que se lleve a cabo la impartición de justicia laboral a que tengo derecho y que vienen vulnerando la responsable, habida cuenta que hasta la presentación de la presente demanda de garantías, tenemos que no se ha acordado sobre la admisión de la demanda respectiva, ya que la autoridad responsable TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, EN ESTA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA, no respeta lo señalado por el numeral 74 en relación con el numeral 73 de la misma Ley de los Trabajadores al servicio de los municipios del Estado de Sinaloa, que habla sobre los plazos y términos en que se deben de verificar las audiencias laborales, es decir, en un orden sumario, en aras de economizar lo más posible la impartición de justicia en materia laboral, mermando con ello las posibilidades de poder seguir conservando los beneficios que se me otorgaban como fruto de mi trabajo, como lo es la percepción de un salario diario remunerador, una calidad de vida, derecho a la salud, (ya que por ser empleado municipal, tengo derecho a una seguridad social y de salud), asistencia médica y los diversos servicios sociales necesarios para poder desarrollar una digna calidad de vida, que se insiste de nueva cuenta, la misma me fue vulnerada, con la omisión de las responsables" SEGUNDO. Admisión. Correspondió conocer de la demanda de amparo, por razón de turno, a este Juzgado de Distrito, y en acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, se registró con el número expediente 930/2021-V-2 y se admitió a trámite; asimismo, se requirió a las autoridades responsables para que rindieran su informe con justificación y se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción la intervención que le compete. Seguido el juicio por sus trámites, la audiencia constitucional dio inicio al tenor del acta que antecede, la cual concluye con el dictado de la presente sentencia; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa es competente para conocer del presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; así como, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; dado que se reclama un acto que no tiene ejecución material, al ser omisivo, por lo que este órgano jurisdiccional es competente para conocer del mismo a prevención. SEGUNDO. Fijación de la litis. Antes de establecer la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se estima necesario fijar en forma clara y precisa el planteamiento de impugnación que formuló la parte quejosa en su demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y los criterios contenidos en la jurisprudencia P./J.40/2000 y la tesis P.VI/2004 sustentadas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abril de 2000 y 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, de la cuestión planteada en la demanda de amparo materia de estudio, se desprende que el quejoso la hizo consistir en la omisión de emplazar a la parte demandada en el procedimiento laboral iniciado ante dicha autoridad, desde el veintisiete de abril de dos mil veintiuno. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Por razón de método, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los actos reclamados, además, en aplicación del criterio contenido de la jurisprudencia número XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página sesenta y ocho, Tomo setenta y seis, Abril de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". Las autoridades responsables, al rendir su informe con justificación negaron la existencia de la omisión reclamada al rendir su informe con justificación; sin embargo, la misma se tiene por cierta toda vez que dicha negativa se desvirtúa con las constancias que en copia certificada allegó del juicio laboral de origen, documentales públicas que revisten valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la tesis XX. 303 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, enero de 1995, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DOCUMENTO PÚBLICO. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR." CUARTO. Procedencia de la acción constitucional. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente, se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia del juicio de amparo intentado, ya sea que las hagan o no valer las partes, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, o bien, que de oficio la advierta quien esto resuelve e impida abordar el análisis de fondo de la cuestión debatida, que se conforma de los actos cuya certeza quedó acreditada según lo determinado en el considerando precedente. Lo anterior, en aplicación de la jurisprudencia II.1°.J./5, mayo de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." Sentado lo anterior, se estima que en la especie se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por las razones siguientes: En primer término los numerales de referencia disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.) "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior;(.)" De las porciones normativas antes transcritas, se colige que la causa de improcedencia denominada cesación de efectos, consiste en que, una vez promovido el juicio de amparo, los efectos del acto que en él se reclama hayan dejado de existir con motivo de una actuación posterior por parte de la autoridad que lo emitió, y que, por tanto, ya no ocasiona ningún agravio en la esfera jurídica de la parte quejosa. Ahora, de las constancias allegadas por la responsable se advierte el proveído de treinta de abril de dos mil veintiuno, dictado en el expediente TMCA 142/2021, en el que se admitió a trámite la demanda inicial promovida por el aquí quejoso en contra del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa; asimismo, mediante diligencia de diez de diciembre de dos mil veintiuno, se emplazó a juicio a la parte demandada en el juicio de origen, por conducto de su apoderado legal Jesús Daniel Zamudio Salazar, corriéndole traslado con el escrito inicial de demanda y con el diverso proveído de once de octubre del año próximo pasado. De ahí que se estime que los actos reclamados en la demanda de amparo cesaron en sus efectos, por la razón antes descrita. Acude en apoyo de la anterior consideración, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número CL/1997, visible en el Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Página 71, Noviembre de 1997, por identidad de razón, conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expide la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del rubro y tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS, PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO EN QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación de que la fracción XVI del artículo 73, de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Así también, tiene aplicación en la especie, por los propios motivos, la tesis de jurisprudencia número 2ª./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Atendiendo a lo antes expuesto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente asunto respecto de los actos reclamados a las preindicadas autoridades. Finalmente, hágase saber a las partes que los criterios invocados en el presente auto no contravienen lo previsto en el artículo sexto transitorio del Decreto que se expidió la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. QUINTO. Transparencia y acceso a la información pública. Toda vez que las partes contendientes en el presente juicio constitucional, no se opusieron a que su nombre y datos personales se incluyeran en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, en el plazo concedido para tal efecto, no obstante haber sido legalmente notificadas del proveído en que se les hizo de su conocimiento de tal circunstancia; por tanto, se les hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, y como consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en relación con los diversos numerales 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley en comento, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin supresión de datos.Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 1, fracción I, 69 a 78, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por José Adrián Rivera Pérez, contra los actos que reclama a las autoridades señaladas como responsables, por las razones expuestas en el considerando cuarto de la presente determinación. SEGUNDO. Cúmplase con lo ordenado en el considerando quinto de esta resolución.
- Principal
Visto el estado de los autos, se advierte el proveído de veintisiete de los cursantes, en el que se proveyó el informe justificado rendido por los integrantes del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; en consecuencia para dar margen a que la parte quejosa se imponga del contenido del aludido informe, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional señalada hoy SE DIFIERE, a fin de que tenga verificativo a las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRECE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Encuentra aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2000, resuelta en contradicción de tesis 29/98-PL, 15 de febrero de 2000, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, de rubro y texto siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Sin que el criterio invocado sea contrario al actual texto de la Ley de Amparo, por lo que puede ser aplicado al caso, conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que ésta se expidió.
- Principal
De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene recibido el oficio signado por los integrantes del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, por medio del cual rinden informe justificado; memorial que se ordena agregar en autos para que obre como corresponda. Por otra parte, con fundamento en el numeral 119 del citado ordenamiento legal, se reciben las pruebas documentales que anexa la autoridad oficiante, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional respectiva, en la que se acordará sobre su admisión y desahogo. Lo anterior, se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar.
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