José Adrían Morales Narvaez

Expediente 154/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
154/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
20/04/2021

Partes del expediente

  • José Adrían Morales Narvaez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, el oficio recibido firmado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, por medio de la cual comunica que acepta la competencia planteada por este Juzgado Federal en auto de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno; asimismo, acusa recibo, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Atento a lo anterior, del estado procesal del presente juicio de amparo se evidencia que no existe más por Cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Con la finalidad de que se dé el destino correcto a los presentes autos, atendiendo al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se declaró la incompetencia en el presente juicio (artículo 21, inciso j, del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obre la constancia de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Finalmente, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA I RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por *****a través de *****quien se ostenta como su apoderado legal -circunstancia que acredita con un documento digitalizado relativo a la carta poder suscrita el nueve de marzo de dos mil veintiuno-; contra actos del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México, con sede en Toluca y otras autoridades. Una vez que las labores del Juzgado lo permitan, fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 154/2021-I. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Del análisis íntegro al escrito inicial de demanda, se obtiene que el impetrante de amparo reclama: De la Jueza de Distrito Especializada en Materia de Trabajo adscrita al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México. Los autos dictados el veinticinco de febrero y cuatro de marzo ambos de dos mil veintiuno, en el expediente 40/2021; mediante los cuales, en el primero, ordena remitir el expediente al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral del Estado de México, con sede en Toluca; y en el segundo, determina el archivo de dicho expediente como asunto total y definitivamente concluido. Del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en el Estado de México, con sede en Toluca: El auto de uno de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente único de solicitud número CFRL/CGT/OE/MEX/AD009/2021, en el cual la Oficina Estatal en el Estado de México de dicho centro ordena la apertura del procedimiento prejudicial y requirió al quejoso por el término de tres días para ratificar la solicitud planteada. El artículo 685 Ter de la Ley Federal del Trabajo. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente pretende impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." DESECHAMIENTO PARCIAL DE DEMANDA. POR CUANTO HACE A LOS ACTOS RECLAMADOS PUNTUALIZADO EN LOS ARÁBIGOS 2 Y 3. En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano. Por cuanto hace al acto atribuido al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en el Estado de México, con sede en Toluca, relativo al auto de uno de marzo del año en curso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 5º y 6º de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "ARTÍCULO 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. ARTÍCULO 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley." De los antecedentes que el quejoso narra bajo protesta de decir verdad, expone que el uno de marzo de dos mil veintiuno el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral Estado de México, determinó aperturar el expediente único y requirió al quejoso con el objeto de que ratificara su solicitud; es decir con tal actuación dio inicio a la fase conciliatoria entre el trabajador (ahora quejoso) y la parte demandada. De lo anterior, se deprende que se pretende controvertir un acto inicial en la etapa de conciliación emitido fuera de juicio, que no le causa perjuicio a la parte quejosa, ya que no le afecta algún derecho sustantivo, sino que se trata sobre un aspecto paraprocesal sobre la apertura de la etapa conciliatoria y que ni siquiera dirime ésta. Al respecto, es de tomarse en consideración, por analogía, la tesis de jurisprudencia P/J. 50/96, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Septiembre de 1996, Materia Común, registro digital 20005, de rubro y texto siguientes: "ACTOS PREPARATORIOS DEL JUICIO O PREJUDICIALES. LAS RESOLUCIONES DICTADAS CON MOTIVO DE ELLOS, SON EMITIDAS FUERA DE JUICIO Y, POR ELLO, IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO. Los actos prejudiciales son aquellos que anteceden o preceden al juicio; esto es, los que tienden a asegurar una situación de hecho o de derecho, con anterioridad a la presentación de la demanda y al establecimiento de la relación jurídico procesal, sin que formen parte, por sí mismos, del procedimiento contencioso que, en su caso, se promoverá; ni su subsistencia o insubsistencia, eficacia o ineficacia, depende de lo que en definitiva se resuelva en el juicio, pues éste constituye un acto futuro y de realización incierta; por tanto, si para los efectos del amparo, el juicio se inicia con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, entonces las resoluciones que se dicten con motivo de los actos preparatorios o prejudiciales, se producen fuera del juicio y en su contra procede el amparo indirecto. En consecuencia, es improcedente la demanda de amparo, en relación con tales actuaciones atribuidas al Centro Federal de Conciliación y Registro laboral del Estado de México, al actualizarse, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con a los artículos 5 y 6 de la Ley de Amparo, aplicados a contrario sensu. Asimismo, el amparo resulta improcedente contra el artículo 685 Ter de la Ley Federal del Trabajo, ya que el quejoso sostiene que dicho numeral se aplicó en la determinación por la cual la juez especializada en materia laboral, remitió el asunto al centro de conciliación, el cual, como más adelante se indicará, no es materia de amparo indirecto y, siendo que en amparo directo no puede tenerse como acto reclamado un precepto legal, sino que son constitucionalidad solo puede hacerse valer en vía de concepto de violación, este juzgador concluye que al versar sobre un aspecto procesal, de conformidad con el artículo 170, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, con relación al 63, fracción XIII, de la misma legislación, el amparo resulta improcedente por cuanto a la norma impugnada. Sin que obsten los argumentos hechos valer en los conceptos de violación acerca de las transgresiones que el quejoso estima se ocasionan a sus derechos humanos, toda vez que ello es un aspecto de fondo que no puede analizarse en este momento en que se califica la procedencia del amparo. Por tanto, como se adelantó, procede desechar parcialmente la demanda de amparo respecto de los actos señalados en los numerales 2 y 3. INCOMPETENCIA RESPECTO DEL ACTO PRECISADO EN EL ÁRABIGO 1. En diverso aspecto, el suscrito estima que por cuanto hace a los actos que se reclaman a la Jueza de Distrito Especializada en Materia de Trabajo adscrita al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México, atinente al auto de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, mediante el cual ordenó remitir el expediente 40/2021 al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral del Estado de México, con sede en Toluca; así como el diverso pronunciado el cuatro de marzo de la anualidad en curso, a través del cual determina el archivo de dicho expediente como asunto total y definitivamente concluido, este órgano es incompetente para conocer de ellos. Uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en el derecho fundamental de legalidad, tutelado por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Luego, es oportuno señalar que en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, se establecen los supuestos de competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del juicio de amparo directo. En efecto, el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional." Asimismo, el artículo 47 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." En ese tenor, se estima que mediante los actos atribuidos a la Jueza de Distrito Especializada en Materia de Trabajo, se puso fin a ese procedimiento, es decir, lo dio por terminado, por ende, sólo puede combatirse a través del juicio de amparo directo, en términos de lo dispuesto en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Por tanto, se estima que el estudio de la demanda por los actos especificados compete al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, vía amparo uni-instancial. En esas condiciones, con fundamento en lo previsto en los artículos 47 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito, declara carecer de competencia legal para conocer y resolver sobre la demanda de amparo de cuenta respecto de los actos precisados; por tanto, remítase la demanda de amparo con sus anexos, al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, en Turno, para los efectos legales de su competencia. Sirve de apoyo en lo conducente la jurisprudencia P./J. 6/2015, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 95, del Libro 17, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, abril de dos mil quince, Décima Época, con número de registro 2008791, cuyo rubro y texto son: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." En este contexto, una vez que cause estado el desechamiento parcial, remítanse los autos del juicio de amparo indirecto 154/2021-I, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, con residencia en esta Ciudad, para que realice las gestiones que sean necesarias, a efecto de que este asunto sea turnado administrativamente al Tribunal Colegiado en turno correspondiente y conozca del acto reclamado en el presente auto. Se reserva enviar el asunto al Tribunal Colegiado hasta en tanto cause estado el desechamiento parcial de la demanda, a fin de evitar resoluciones contradictorias en atención al principio de continencia de la causa. Por otra parte, se solicita al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno y en términos del citado artículo 48 de la Ley de Amparo, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente. CONSULTA Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Como lo solicita el promovente, de conformidad con el aludido Acuerdo General 12/2020, se autoriza a "joseadri, Benito2099 y JURIDICOAYCA", la consulta y notificación vía internet del expediente electrónico derivado del juicio en que se actúa, dado que se encuentran acreditados sus registros en la página del Sistema de Consulta de Expediente Electrónico; en consecuencia, comisiónese al oficial encargado del aludido sistema para que active los campos necesarios a fin de cumplimentar lo anterior. AUTORIZADOS. En otro punto, en atención a la certificación de cuenta, se tienen por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Adrián Morales Narváez, José Luis Olguín Mejía y Diego Orlando Carrasco Hinojosa, por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el Artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-COV-2, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 9,095 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano