José Adrián Mireles Rangel

Expediente 1611/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1611/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
29/04/2022

Partes del expediente

  • José Adrián Mireles Rangel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    ...IV...Visto el estado actual que guardan los autos del juicio de garantías en que se actúa, se advierte que mediante proveído de ocho de abril de dos mil veintidós, se reservó el pronunciamiento respecto al archivo, hasta en tanto se contara con la totalidad de los acuses de recibo de los oficios enviados a las autoridades responsables dentro del presente asunto..., se ordena su archivo definitivo...

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, ocho de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado de los autos, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera impugnado la sentencia definitiva dictada el nueve de marzo de dos mil veintidós, emitida por este órgano de control constitucional, en la que se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo 1611/2021-IV, promovido por ********************; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en esta materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Lo anterior es procedente, con independencia de que no se haga el cómputo relativo a la autoridad foránea, toda vez que se carece del acuse de recibo relativo al oficio ******************** mediante el cual se le mandó notificar la citada sentencia; habida cuenta que, conforme lo dispone el artículo 87 de Ley de Amparo, ésta sólo podría interponer el recurso de revisión si el sentido de dicha resolución afectara el acto que les fue reclamado, salvo que se trate de amparo contra leyes; lo que no acontece en la especie, dado el sobreseimiento decretado en el expediente en que se actúa y la naturaleza del acto reclamado. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia número 648, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, Octava Época, visible en la página 434, del Apéndice 1995, Tomo VI, parte TCC, cuyo rubro y texto dicen: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO. El artículo 87, de la Ley de Amparo, determina que las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí, que las responsables y en general las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de que le son adversos, por tanto si el a quo sobreseyó en el juicio, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión, es inconcuso que el hecho valer por la autoridad responsable debe desecharse porque ésta carece de legitimación para hacerlo, supuesto que el sobreseimiento es solamente desfavorable a la parte quejosa, y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente." En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, se ordena a la Secretaría esté pendiente de recabar los acuses de recibo correspondientes y hecho que sea lo anterior, se resuelva sobre el archivo definitivo. Finalmente, requiérase a las partes para que dentro del término de noventa días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, comparezcan en el local de este órgano jurisdiccional en día y hora hábil debidamente identificados, a efecto de recoger los documentos originales que en su caso hubiesen allegado a este asunto, previa constancia de recibo que se deje en autos; apercibidas que de no hacerlo en el plazo indicado éstos serán destruidos, de conformidad con el artículo 20, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de once de marzo de dos mil veintidós, en el juicio de amparo 1611/2021-IV, y celebrada a las diez horas con treinta minutos de hoy, nueve de marzo de dos mil veintidós, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. El licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, secretario que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. El Secretario: Juicio de amparo 1611/2021-IV, promovido por José Adrián Mireles Rangel, contra actos de la Encargada de la Dirección de Auditoria de Comercio Exterior de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria. Se hace saber que la presente diligencia es para llevar al cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo con el que se da cuenta; de igual forma, se hace constar que ninguna de las partes se encuentra presente. El Juez: Secretario, dé cuenta con las constancias que conforman este cuaderno. El Secretario: Se da cuenta con lo siguiente: 1. Con el escrito inicial de demanda de amparo. 2. Proveído de quince de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se admitió a trámite la demanda. 3. Informe justificado rendido por: a) La Directora Jurídica de Ingresos de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, en representación de la Dirección de Auditoría de Comercio Exterior de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria. 4. Con el escrito signado por el quejoso José Adrián Mireles Rangel, mediante el cual formula alegatos. El Juez: Se tiene a la Secretaría haciendo una relación de las constancias que integran el presente juicio de amparo, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, por rendido el informe de referencia. Respecto al escrito presentado en la Oficialía de Partes de este Tribunal Federal en esta propia fecha, signado por el quejoso José Adrián Mireles Rangel, mediante el cual formula alegatos de su intención; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese al expediente para que obre como corresponda y provéase lo conducente en la etapa respectiva de esta audiencia. Enseguida, se declara abierto el período de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas; Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. El Secretario: Se da cuenta con las constancias que adjuntó a su informe justificado la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, en representación de la Dirección de Auditoría de Comercio Exterior de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria; y con las documentales que anexó a su escrito inicial de demanda el quejoso José Adrián Mireles Rangel. El Juez: En términos de los artículos 119 y 123 de la ley de la materia, se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza las pruebas con las que da cuenta la secretaría. Acto continuo, se declara cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos. El Secretario: Se da cuenta con las manifestaciones vertidas por la parte quejosa mediante escrito presentado en esta propia fecha. El Juez: Se tiene a la parte quejosa, formulando alegatos de su intención, los que de ser procedentes, serán tomados en consideración al pronunciarse la sentencia respectiva. Enseguida, se declara cerrado el período de alegatos, y se procede a dictar la resolución en los siguientes términos: S E N T E N C I A Heroica Matamoros, Tamaulipas, nueve de marzo de dos mil veintidós. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 1611/2021-IV, promovido por José Adrián Mireles Rangel, contra actos de la Dirección de Auditoría de Comercio Exterior de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas; y, R E S U L T A N D O S. PRIMERO. Presentación y datos de la demanda de amparo Por escrito presentado el trece de diciembre de dos mil veintiuno ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Matamoros, Tamaulipas y turnado el catorce siguiente a este Juzgado de Distrito en materias de Amparo y de Juicios Federales, José Adrián Mireles Rangel promovió juicio de amparo indirecto en contra de los actos y autoridades que a continuación se mencionan: Autoridades responsables: Dirección de Auditoría de Comercio Exterior de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Actos reclamados: "Se reclama de la autoridad señalada como responsable, el omitir en mi perjuicio respetar el derecho de petición consagrado en el artículo 8 Constitucional, en relación con los artículos 14 y 16 Constitucionales, toda vez que mediante oficio número SF-SSI-DACE-DPL-00593/2021 de fecha 25 de octubre de 2021 dio contestación a mi solicitud de devolución del vehículo de mi propiedad tipo camión pesado para el transporte de 10 o más pasajeros con rampa, marca: International, año: 1992, 6 cilindros, serie: 1HVBBNMM1NH401735, el cual cubre la ruta 7-221 en esta ciudad de Matamoros, Tamaulipas, embargado ilegalmente por personal de la demandada, indicando que transcurrió en exceso el plazo para presentar escrito de pruebas y alegatos, por lo que el vehículo fue adjudicado al Estado por parte de la Secretaría de Administración Tributaria en fecha 14 de enero de 2021. Dicho vehículo se encuentra afecto al expediente administrativo CVV2800209/2020." Asimismo, manifestó bajo protesta de decir verdad los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, señaló como derechos fundamentales transgredidos, los contenidos en los artículos 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los conceptos de violación de su intención. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda En auto de quince de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó formar expediente, mismo que fue registrado bajo el número 1611/2021-IV, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las autoridades responsables sus respectivos informes con justificación, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, una vez integrado este asunto, tuvo lugar a las diez horas con treinta minutos del día de hoy, nueve de marzo de dos mil veintidós; y, C O N S I D E R A N D O S. PRIMERO. Competencia Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de amparo en términos de los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece; lo anterior, en virtud de que los actos aquí reclamados versan sobre la negativa de devolución del vehículo de fuerza motriz que el quejoso aduce es de su propiedad y que fuera asegurado en Matamoros, Tamaulipas, lugar en el que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados Conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se determina la obligación de que las sentencias dictadas en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario del amparo, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal invocado. Así, del estudio integral de la demanda de amparo y documentos anexos a la misma, se desprende que los actos reclamados consisten en: El oficio SF-SSI-DACE-DPL-00593/2021 de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, suscrito por la encargada de la Dirección de Auditoría de Comercio Exterior de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, al través del cual informó al quejoso José Adrián Mireles Rangel, que el plazo para presentar pruebas y alegatos dentro del procedimiento administrativo al cual fue vinculado el vehículo que aduce es de su propiedad, precluyó el veintiuno de octubre de dos mil veinte, y que la unidad motriz fue adjudicada al Estado por la Secretaría de Administración Tributaria el catorce de enero de dos mil veintiuno. TERCERO. Acto existente La Directora de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, en representación de la Dirección de Auditoría de Comercio Exterior de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, con sede en Ciudad Victoria, negó la existencia del acto que reclamado. Sin embargo, para efectos de este juicio debe tenerse por cierto el acto que le es atribuido. Así se considera, pues la responsable aduce que el quejoso, con fecha dieciocho de octubre de dos mil veintiuno presentó escrito de pruebas mediante las cuales pretendió demostrar la propiedad y legalidad del vehículo, pero que tal solicitud la realizó trece meses y dieciséis días después de haberse decomisado como resultado del ejercicio de las facultades de comprobación en materia aduanera; asimismo, manifiesta que el veinticinco de octubre del citado año, dio contestación a la solicitud de devolución que presentada el ahora quejoso. Esto es, la autoridad, al momento de pronunciarse sobre la certeza o no del acto reclamado, hace alusión tanto a la petición que formulara el agraviado el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, como a la respuesta que le otorgó el veinticinco siguiente mediante oficio SF-SSI-DACE-DPL-00593/2021. En ese tenor, ante la existencia de dato alguno que conlleve a determinar que el escrito citado en último orden haya sido acordado por parte de la autoridad administrativa, el acto reclamado se tiene por cierto para efectos de este juicio. CUARTO. Causas de improcedencia Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia número 940, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, visible a página 1538, que dice: "IMPROCEDENCIA. Siendo el Juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causa que la funde." En el caso, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado es derivado de otro previamente consentido. El artículo y fracción en cita disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]" Del contenido del precepto legal transcrito se advierte, como regla general, que los actos no reclamados dentro del plazo legal aplicable se entenderán consentidos, salvo el caso de amparo contra leyes autoaplicativas, pues no obstante que no se hubiera promovido amparo con motivo de su entrada en vigor, no se tendrán por consentidas, sino solo en el caso de que tampoco se promueva el juicio con motivo de su primer acto concreto de aplicación. El alto tribunal ha establecido, que el juicio de amparo también es improcedente cuando el acto que se reclame sea una consecuencia inmediata y directa de otro que se hubiera consentido, es decir, cuando se trate de actos derivados de otros consentidos. Así, los criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación han determinado que para la configuración de la causa de improcedencia en cita, se requieren los siguientes dos supuestos: 1. La existencia de un acto anterior consentido que, debe causar afectación a los intereses jurídicos del quejoso, para ser susceptible de impugnarse en la vía constitucional, y, 2. La existencia de un acto posterior que sea consecuencia directa y necesaria de aquél. En el caso, el quejoso José Adrián Mireles Rangel se duele del oficio SF-SSI-DACE-DPL-00593/2021 de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, suscrito por la encargada de la Dirección de Auditoría de Comercio Exterior de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, al través del cual se le informó que el plazo para presentar pruebas y alegatos dentro del procedimiento administrativo al cual fue vinculado el vehículo que aduce es de su propiedad, precluyó el veintiuno de octubre de dos mil veinte, y que la unidad motriz fue adjudicada al Estado por la Secretaría de Administración Tributaria. Cabe destacar que dicho oficio recayó a la solicitud que el quejoso realizara ante la responsable el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, consistente en el ofrecimiento de diversas pruebas y la consecuente devolución de la unidad motriz que dice es de su propiedad, lo que fuera acordado en relación al procedimiento administrativo CVV2800209/2020 seguido ante la responsable, con lo cual se actualiza el acto posterior al decomiso que es una consecuencia directa del mismo. Sin embargo, la negativa de proceder conforme a lo solicitado, obedece a que el vehículo cuya propiedad ostenta el quejoso, mediante resolución de veintitrés de octubre de dos mil veinte, dictada en el procedimiento administrativo CVV2800209/2020 pasó a ser propiedad del Fisco Federal, por no acreditarse que se haya sometido a los trámites previstos en la Ley Aduanera para su introducción al territorio Nacional; resolución administrativa que fue dictada en perjuicio del ahora quejoso y le fue notificada por estrados el veintitrés de octubre de dos mil veinte. De ahí que, si el quejoso omitió ofrecer pruebas y alegatos durante el procedimiento administrativo originado con la detención del automotor cuya propiedad ostenta y éste culminó con su decomiso, ahora carece de derecho para intentar el juicio de amparo en contra del acuerdo recaído a su petición, en la cual ofreció pruebas y pidió la devolución cuya negativa ahora le aqueja. Por tanto, se está ante la hipótesis de un acto consentido, en razón de que la parte quejosa no combatió la resolución dictada en el procedimiento administrativo de origen y en consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo y se debe sobreseer en el juicio de garantías, con apoyo en el diverso 63, fracción V, de esa propia legislación. En apoyo a lo expuesto se invoca, la tesis aislada II.2o.C.43 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, julio de 1999, página 839, registro 193675, de rubro y texto siguientes: "AMPARO IMPROCEDENTE POR ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS (EJECUCIÓN DE SENTENCIAS). Conforme al artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías resulta improcedente cuando se enderece contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos; sin embargo, para que esta causal de improcedencia se actualice es necesario: a) Que entre el acto reclamado y el anterior que se está consintiendo exista una relación de causa a efecto; es decir, que sea una consecuencia legal, forzosa o directa de la primera resolución, y b) Que el acto reclamado no se impugne por vicios propios. En tal virtud, si el acto reclamado se hace consistir en un proveído que ordena se proceda a la ejecución de una sentencia dictada en un juicio ordinario civil, la cual ha causado ejecutoria por no haberse interpuesto en su contra recurso alguno, aquél sólo es una consecuencia necesaria de la resolución que implícitamente se aceptó al no impugnarse, por lo cual ciertamente constituye un acto derivado de otro consentido, y ello hace improcedente el juicio de amparo en su contra, por surtirse la causal invocada, lo que amerita sobreseer en el juicio de conformidad con el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia". También se invoca, la tesis aislada III.1o.A.11 K, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo III, mayo de 1996, página 582, con registro 202345, que expresa: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZON DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales" Dado el sentido del presente fallo, deviene improcedente el análisis de los alegatos vertidos por el quejoso en escrito recibido el día de hoy en este Juzgado de Distrito, pues en él, se pretende abonar sobre la inconstitucionalidad del oficio reclamado, y como se vio, existe un impedimento legal para abordar el fondo del asunto al decretarse el sobreseimiento en el juicio. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 1611/2021-IV respecto del acto atribuido a la encargada de la Dirección de Auditoría de Comercio Exterior de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.

  4. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Téngase por recibido el informe justificado rendido por la Directora Jurídica de Ingresos de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, en representación de la Dirección de Auditoría de Comercio Exterior de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, y el anexo que adjuntó al mismo; en tal razón, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional; de igual manera, téngase a la última autoridad responsable cumpliendo con la exigencia que establece el párrafo quinto del invocado precepto legal, pues remite copias certificadas de las constancias necesarias para apoyar su informe. Se tiene a la citada autoridad señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica; por tanto, se instruye a la actuaria adscrita, para que la subsecuente correspondencia dirigida a la responsable de mérito sea enviada al domicilio que precisa; asimismo, designando como delegados en términos del artículo 9 de la ley de la materia, a las personas que refiere en su informe de referencia. Con fundamento en el artículo 119 de la legislación de la materia, téngase a la mencionada responsable ofreciendo como pruebas de su intención la instrumental de actuaciones, la presuncional en su doble aspecto, legal y humana, y la documental pública a que hace referencia, mismas que se tienen por admitidas y desahogadas desde este momento, por su propia y especial naturaleza. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que actúa y da fe.

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