José Adrián Lima Pérez
Expediente 441/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 441/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 14/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José Adrián Lima Pérez
- Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en esta ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a catorce de enero de dos mil veintiuno. Del estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el término de diez días al que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia emitida en el presente asunto, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de mérito. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, consérvense por separado los cuaderno incidentales y, dado el sentido de la sentencia dictada en el presente juicio, archívese el presente asunto como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente junto con el original del incidente de suspensión, carecen de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, toda vez que se sobreseyó en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, este expediente es susceptible de ser destruido y, respecto del original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión provisional y la definitiva, es susceptible de ser depurado, en atención a lo ordenado en el inciso a), fracción I, del artículo 18 del acuerdo en cita. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En relación con el original del incidente de suspensión, dentro del mismo término citado con anterioridad, remítase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda como corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con la fracción II, inciso a), del artículo 20 del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado, dentro de los treinta días siguientes a que se cumplan seis meses a partir de esta fecha, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, dado que resulta innecesario conservarlas, devuélvanse a la autoridad responsable las documentales que acompañó a su informe de ley, mimas que obran en un tomo por separado. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la Secretaria de Juzgado María del Pilar Ortiz Soto, que autoriza y da fe.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DE LA SENTENCIA DE TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS Y EN LO CONDUCENTE DICE: Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 75 y 76 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio promovido por José Adrián Lima Pérez, en contra de la autoridad y acto reclamado precisados con base en los razonamientos y fundamentos precisados en el diverso considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública; y agréguese al expediente el acuse de recibo. TERCERO. Acorde a lo estimado en el considerando séptimo, entregarse copia autorizada de esta sentencia a costa de la parte que lo solicite. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la Secretaria de Juzgado María del Pilar Ortiz Soto, que autoriza y da fe, el día de hoy trece de noviembre de dos mil veinte, en que lo permitieron las labores de este Juzgado.
- Principal
Se tienen a la vista para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 441/2020, promovido por José Adrián Lima Pérez, por propio derecho, contra el acto del Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Recepción de la demanda. Mediante escrito recibido en línea el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), José Adrián Lima Pérez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto del Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, de quien reclamó el acto que se precisará más adelante. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por auto de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, se registró y admitió a trámite la demanda de amparo bajo el número 441/2020, se requirió a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se reconoció como tercera interesada a Claudia Susana Marinez López, quien se apersonó a juicio, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el cuatro de noviembre de dos mil veinte; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 fracción I, 107 fracción XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el punto séptimo, del apartado cuarto del Acuerdo General 03/2013, emitido el veintitrés de enero de dos mil trece, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en razón de que las autoridades responsables ejercen su función dentro de los límites jurisdiccionales que corresponden a este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama del Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad: El acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil veinte dictado en el juicio ordinario civil 256/2019/V en el que se impuso una multa al quejoso como medida de apremio de treinta unidades de medida y actualización al hacer efectivo el apercibimiento ordenado en diverso auto de treinta de enero del año en curso por no dar cumplimiento en tiempo y forma, con depositar la cantidad de $924.12 (novecientos veinticuatro pesos, doce centavos, moneda nacional), por semanas adelantadas correspondientes a tres salarios mínimos diarios por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de la tercera interesada Claudia Susana Marinez López y sus hijos menores de edad. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto que se reclama al Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, pues así lo reconoció al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con la copia certificada del juicio ordinario civil 256/2019/V, glosada en un tomo de pruebas, remitida por la referida autoridad responsable como apoyo de su informe justificado, la cual tiene pleno valor probatorio al tratarse de documento público, en términos de los artículos 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que se desahoga por su propia y especial naturaleza. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para una mejor comprensión del asunto, conviene narrar los antecedentes más importantes del juicio del que emanan los actos reclamados: 1. Mediante escrito de fecha dos de septiembre de dos mil diecinueve, José Adrián Lima Pérez demandó de Claudia Susana Marinez López, la disolución del vínculo matrimonial, así como la liquidación de la sociedad conyugal. 2. Por auto de trece de septiembre de dos mil diecinueve, el Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, radicó la demanda con el número 256/2019/V, y ordenó emplazar a la parte demandada. 3. Mediante escrito de fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, Claudia Susana Marinez López, por propio derecho, y en representación de sus hijos menores de edad J.M.L.M. y J.C.L.M, dio contestación a la demanda, opuso excepciones y defensas, y reconvino del ahora quejoso, el pago de una pensión alimenticia provisional y en su caso definitiva a favor de ella y de sus hijos menores de edad, entre otras prestaciones. 4. En acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, entre otras cosas, se fijó como pensión alimenticia provisional a favor de Claudia Susana Martínez López, y sus dos hijos menores de edad, la cantidad equivalente a $924.12 (novecientos veinticuatro pesos, doce centavos, moneda nacional) por semanas adelantadas, correspondiente a tres salarios mínimos diarios por cada acreedor, y se ordenó requerir personalmente a la parte demandada en reconvención para que hiciera el pago por semanas adelantadas de la cantidad antes referida. 5. Mediante proveído de quince de enero de dos mil veinte, entre otras cosas, se ordenó requerir personalmente al ahora quejoso, para que depositara ante el juzgado responsable, la cantidad ordenada por auto de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, por $924.12 (novecientos veinticuatro pesos, doce centavos, moneda nacional), diarios, por semanas adelantadas a favor de Claudia Susana Marines López y sus hijos menores de edad, bajo apercibimiento que en caso de desacato se haría acreedor a una sanción consistente en quince unidades de medida y actualización, y se tuvo al ahora quejoso, dando contestación a la demanda en reconvención instada en su contra. 6. Por acuerdo de treinta de enero de dos mil veinte, entre otras cosas, se ordenó requerir personalmente al ahora quejoso para que dentro del término de tres días procediera a depositar ante el juzgado responsable, la cantidad de $924.12 (novecientos veinticuatro pesos, doce centavos, moneda nacional) por semanas adelantadas, correspondiente a tres salarios mínimos diarios para cada acreedor, por concepto de pensión alimenticia a favor de Claudia Susana Marinez López, por propio derecho y en representación de sus menores hijos, bajo apercibimiento que en caso de desacato se haría acreedor a una sanción de treinta unidades de medida y actualización. 7. Mediante auto de veintiocho de agosto de dos mil veinte, se hizo efectivo el apercibimiento ordenado en diverso auto de treinta de enero del año en curso, y se impuso al quejoso la multa de treinta unidades de medida y actualización, al no dar cumplimiento en tiempo y forma, con depositar la cantidad fijada como pensión alimenticia provisional (determinación que constituye el acto aquí reclamado); asimismo, en el citado acuerdo, se requirió nuevamente al ahora quejoso para que procediera a hacer el depósito de la cantidad antes citada a favor de su contraparte, por semanas adelantadas, por concepto de pensión alimenticia provisional, bajo apercibimiento que en caso de desacato se le impondría privación de la libertad hasta de doce horas. QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. Previamente al estudio de los aspectos de fondo vinculados con la constitucionalidad del acto reclamado, deben analizarse las causas de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, ya sea de oficio o bien a petición de parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es fundada la causa de improcedencia invocada por la tercera interesada Claudia Susana Marinez López, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Del citado precepto legal, se advierte en lo que interesa, el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, atento al cual se impone al quejoso la carga procesal de agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, en atención a que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales. En este caso, el quejoso incumplió con tal carga, pues a pesar de contar con un medio de defensa previsto en la ley ordinaria con tal propósito, no lo hizo valer previamente a la promoción del juicio de amparo. Lo anterior se dice así, porque reclamó del Juez Sexto de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, el acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil veinte, dictado en los autos del juicio ordinario civil 256/2019/V, en el que, entre otras cosas, se le impuso una multa como medida de apremio, equivalente a treinta unidades de medida y actualización, al hacer efectivo el apercibimiento ordenado en diverso auto de treinta de enero del año en curso, al no dar cumplimiento en tiempo y forma, con depositar la cantidad de $924.12 (novecientos veinticuatro pesos, doce centavos, moneda nacional) por semanas adelantadas correspondientes a tres salarios mínimos diarios por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de la tercera interesada Claudia Susana Marinez López y sus hijos menores de edad. Sin embargo, contra el citado acto reclamado procede el recurso de apelación previsto en los artículos 509, 510, 511 y 512 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, que disponen: ".Artículo 509. El recurso de apelación tiene por efecto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Son apelables las sentencias, los autos que resuelven un incidente y los autos que causan daño irreparable en la sentencia...". ".Artículo 510. Pueden apelar: el litigante, si creyere haber recibido algún agravio; los terceros que hayan salido al juicio y los demás interesados a quienes perjudique la resolución judicial No puede apelar el que obtuvo todo lo que pidió; pero el vencedor que no obtuvo la restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios o el pago de costas, si puede hacerlo...". ".Artículo 511. La parte que venció puede adherirse a la apelación interpuesta al notificársele su admisión, o dentro de las veinticuatro horas siguientes a esa notificación. En este caso la adhesión al recurso sigue la suerte de éste." Artículo 512. La apelación debe interponerse por escrito o verbalmente en el acto de notificarse, ante el Juez que pronunció la resolución; cuando sea por escrito, dentro de cinco días si se tratare de sentencia, o dentro de tres si fuere auto.". De los artículos transcritos, se advierte que procede el recurso de apelación contra las sentencias, los autos que resuelvan un incidente y los autos que causen un daño irreparable en la sentencia. En ese sentido, dentro de los autos que causan daño irreparable en la sentencia, se encuentran aquellos en los que se impone una multa como medida de apremio, al afectar directamente el derecho sustantivo al patrimonio, y esa afectación o sus efectos no se destruyen por el hecho de que el ahora quejosa obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio ordinario civil de origen. Ello es así, porque la imposición de las medidas de apremio por desacato judicial, son determinaciones de carácter autónoma a la litis principal, que no serán reexaminadas en ninguna resolución subsecuente por el juez responsable, que tuviera por efecto extinguir o invalidar la multa y, por ende, aun cuando se dicte una sentencia definitiva a favor de los intereses del quejoso, éste seguiría sufriendo un menoscabo y perjuicio en su patrimonio, ya que cualquiera que sea el curso del procedimiento, prevalece la multa y la obligatoriedad de su pago. Tiene aplicación la jurisprudencia 607 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo II, Materia Procesal Constitucional-Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, registro 1002673 de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Por tanto, el auto de veintiocho de agosto de dos mil veinte, aquí reclamado, en el que se le impuso al aquí quejoso una multa por treinta unidades de medida y actualización como medida de apremio, es apelable en términos de los artículos 509 a 512 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, transcritos en párrafos precedentes, al tratarse de un acto que causa daño irreparable, por lo que si el justiciable no agotó dicho medio impugnación, previamente al ejercicio de la acción constitucional, es claro que inobservó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, lo que actualiza la causal de improcedencia en estudio. Sustenta lo expuesto, la jurisprudencia 11/2018, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 8, del Tomo I, Libro 55, Junio de 2018, Materia Común de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2017117 de rubro: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." También se invoca la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902 del Tomo XVI, Mayo de 2002, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 187016, de rubro: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Sin que se esté en los casos de excepción a que alude la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que el acto reclamado no es de los que importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Por otro lado, el quejoso no es tercero extraño al procedimiento, ya que de autos que integran el juicio ordinario civil de origen, se advierte que es la parte actora en lo principal y demandado en reconvención y, por ende, parte formal en dicho juicio. Además, la procedencia del recurso de apelación antes aludido no está sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarlo, pues es claro y patente que se encuentra regulado por los artículos 509, 510, 511 y 512 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado. De ahí que, si el quejoso no agotó el recurso de apelación contra el acto aquí reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley Amparo, por lo que, procede sobreseer en el presente juicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la citada ley. Ante la improcedencia de la acción de amparo, resulta innecesario abordar el examen de los conceptos de violación, tal como lo establece la jurisprudencia, consultable en la página trescientos treinta y cinco del Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394465, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." SEXTO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. SÉPTIMO. Expedición de copias. Expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previa identificación y razón que por su recibo se deje en autos. OCTAVO. Emisión y notificación de sentencia. Finalmente, se precisa a las partes que la presente sentencia se dicta en términos de los dispuesto en el artículo 23 y demás relativos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso 25/2020 en relación con las medidas adoptadas con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid19, contenidas en el diverso Acuerdo General 8/2020, del mismo órgano de administración, en sus artículos 1° fracción II y 10; en consecuencia, su notificación será realizada conforme a la normatividad correspondiente, de manera escalonada, conforme las labores del juzgado lo permitan. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 75 y 76 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio promovido por José Adrián Lima Pérez, en contra de la autoridad y acto reclamado precisados con base en los razonamientos y fundamentos precisados en el diverso considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública; y agréguese al expediente el acuse de recibo. TERCERO. Acorde a lo estimado en el considerando séptimo, entregarse copia autorizada de esta sentencia a costa de la parte que lo solicite. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la Secretaria de Juzgado María del Pilar Ortiz Soto, que autoriza y da fe, el día de hoy trece de noviembre de dos mil veinte, en que lo permitieron las labores de este Juzgado.
- Principal
.... se advierte que transcurre el plazo para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad; por tanto, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere para las diez horas con un minuto del cuatro de noviembre de dos mil veinte...
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