Jose Adrian de Leon Avila
Expediente 836/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 12 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 836/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 18/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Jose Adrian de Leon Avila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés CAUSA EJECUTORIA Vista la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha, ha fenecido el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión [medio de impugnación establecido en el diverso numeral 81, fracción I, inciso d), de dicha legislación], en contra la sentencia dictada en el presente asunto, en el que se sobreseyó el juicio en que se actúa, sin que ninguna de las mismas lo hubiera hecho. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto causó ejecutoria para todos los efectos legales. 18/03/24 12:34:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 2 Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales vigente, se acuerda lo siguiente: JUICIO DE AMPARO CONSERVABLE El presente expediente se considera conservable, pues se concedió la suspensión de plano; por lo tanto, se conservará por el término de tres años en el archivo de "trámite" a que se refieren los numerales 8, fracción I, y 9 de dicho Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido y transcurrido ese plazo, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo establece el último artículo en cita. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el 18/03/24 12:34:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 3 Amparo indirecto 836/2023 ??????????????? presente acuerdo de conformidad con el artículo 34 de acuerdo en comento. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN CONSERVABLE Respecto del cuaderno incidental, se hace la indicación que acorde con lo dispuesto en el artículo 171 , fracción III, inciso b) del Acuerdo General de referencia, el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es conservable, pues se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. Una vez transcurrido el término de tres años a partir de esta fecha, deberá hacerse constar en el acuerdo de desincorporación, terminado el proceso de depuración, se transferirá a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente. DIGITALIZACIÒN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaría para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 Artículo 17. Conservación integra del expediente. Los expedientes conservables serán transferidos una vez que cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido y se encuentren en los siguientes supuestos: III. En los Juzgados de Distrito conforme a las siguientes series documentales: b) Incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar definitiva. nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Finalmente, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 20 del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Incidental
Agréguese a los autos el oficio signado por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación en representación del Titular de la Oficina de Representación en Tapachula y Jefe de Departamento de Registro, ambos de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a través del cual informa y remite las constancias relativas al cumplimiento de la suspensión definitiva decretada en el presente incidente de suspensión. Lo anterior, sin que resulte necesario hacer mayor pronunciamiento, en virtud de que por acuerdo de veintinueve de agosto del presente año, se tuvo por recibido dicho informe y se acordó al respecto. Notifíquese.
- Incidental
Agréguese a los autos el oficio signado por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación en representación del Titular de la Oficina de Representación en Tapachula y Jefe de Departamento de Registro, ambos de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a través del cual informa y remite las constancias relativas al cumplimiento de la suspensión definitiva decretada en el presente incidente de suspensión. Por lo anterior, se tiene por cumplido el requerimiento realizado en la resolución interlocutoria de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, dado que la responsable anexó las constancias con las que acreditó tal mandato. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA Y Sentencia Constitucional En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, siendo las once horas con treinta minutos del dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida por Mario Francisco García Cancino, Secretario con quien actúa, declaró abierta la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 836/2023, promovido por José Adrián de León Ávila, Jessica Esli Rodríguez Martínez por sí y en representación de su hija menor de iniciales L. M. d L. R, contra actos del Titular de la Oficina de Representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Chiapas (COMAR) y otra autoridad, sin la comparecencia de las partes, ni representante legítimo de ellas. A continuación la Secretaria da cuenta con la relación de constancias, en las que obran y destacan las siguientes: NO. CONSTANCIAS FOJAS 1 DEMANDA DE AMPARO 2-11 2 PREVENCIÓN 19-25 3 COMPARECENCIA Y RATIFICACIÓN 27 4 AUTO ADMISORIO 32-36 EMPLAZAMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE 39 EMPLAZAMIENTO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO 39 Asimismo, se hace constar que la siguiente relación coincide con la autoridad responsable y el sentido de su informe con justificación: NO AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO FOJA 1 TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN DE AYUDA A REFUGIADOS, ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN. NIEGA 40-49 Al respecto la Jueza de Distrito acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos a que haya lugar. Acto seguido se abre la etapa de pruebas: La secretaria hace constar que, las partes ofrecieron los siguientes medios de convicción: NO PARTE PRUEBAS FOJA 1 QUEJOSO. DOCUMENTALES 12-16 2 TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN DE AYUDA A REFUGIADOS, ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN. DOCUMENTALES 64-85 Al respecto la Jueza de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas las referidas probanzas por su propia y especial naturaleza. Acto continuo, se abre el periodo de alegatos: la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. Al respecto, la Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo; a continuación se cierra ésta etapa. Posteriormente se acuerda: ténganse por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes, sin promoción pendiente de acuerdo, se pasan los autos para dictar la resolución que en derecho corresponda. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 836/2023; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. José Adrián de León Ávila, Jessica Esli Rodríguez Martínez por sí y en representación de su hija menor de iniciales L. M. d L. R, mediante escrito recibido el diecisiete de julio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, turnado en la misma fecha, a este órgano jurisdiccional, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad responsable y por los actos que más adelante serán precisados. SEGUNDO. Admisión y trámite. Mediante auto de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, se radicó el asunto bajo el número de juicio de amparo 836/2023, se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados consistentes en la detención y aseguramiento de los quejosos o mantenerlos alojados por mas treinta y seis horas, y mediante auto de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de trato, dando la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, solicitando el informe justificado a las autoridades responsables, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 en vinculación con los diversos acuerdos 16/2016 y 32/2020 difundidos el once de marzo de dos mil dieciséis y ocho de diciembre de dos mil veinte, respectivamente en el Diario Oficial de la Federación; toda vez que se reclaman en amparo indirecto, actos atribuibles a una autoridad residente en el ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado de distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Antes de establecer lo relativo a la certeza del acto de autoridad reclamado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consiste, atendiendo a la integridad de la demanda, con la finalidad de una mejor impartición de justicia. Del estudio íntegro de la demanda de amparo, en relación con las demás constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable lo siguiente: Del Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad: La omisión de dar contestación al escrito de doce de julio de dos mil veintitrés; La omisión de expedir constancia de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado; inscribirle en el registro nacional de población y la negativa de otorgarle la clave única de registro de población -CURP-; La dilación en la fecha señalada a fin de admitir a trámite la solicitud de reconocimiento de refugiado, con fecha de formalización al treinta y uno de julio de dos mil veinticuatro; La detención con fines de deportación, retorno o devolución a su país de origen. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados por la parte quejosa, consistentes en la detención son fines de deportación, retorno o devolución a su país de origen, pues así lo manifestaron las autoridades responsables al rendir su informe justificado. Atento lo anterior, debe decirse que uno de los presupuestos de la acción de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, pues no es posible revisar en primer lugar la procedencia de la instancia y en su caso la constitucionalidad de la conducta autoritaria, si no existe el proceder que de las responsables se acusa. En ese sentido, siguiendo el principio general del proceso, de acuerdo con el cual incumbe a quien afirma probar su dicho, la Ley de Amparo arroja sobre la parte quejosa la responsabilidad de demostrar que los actos cuya inconstitucionalidad reclama efectivamente existen. La ley de la materia, establece tres vías para determinar la existencia del acto reclamado: la primera es desde luego la prueba directa; la segunda es a través de la presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables; y la última, aunque más usual, es mediante el reconocimiento que a modo de confesión hacen estas últimas al justificar su proceder. En el asunto concreto, no existe en autos dato objetivo alguno que confirme la participación que se imputa a las autoridades antes mencionadas en los actos reclamados antes descritos; de ahí que se considere en sus términos la negativa expresada por las autoridades. Luego, sin prueba en contrario que desvirtúe la negativa apuntada por las responsables, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer el presente juicio de garantías. Encuentra apoyo lo antes citado en la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo epígrafe y texto versan de la siguiente manera: PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Coordinación General de la Comisión de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación del Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, al rendir su respectivo informe justificado, negó la existencia del acto reclamado consistente en la negativa a expedirle la constancia de trámite respecto de la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado, la respectiva CUR (Clave única de Refugiados) y la Clave Única de Registro de Población (CURP para extranjeros). Sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada, con las copias certificadas del formato de solicitud de la condición de refugiado signado por el quejoso José Adrián de León Ávila (fojas 65-66), los proveídos de veinticinco y veintiséis de julio de dos mil veintitrés (fojas 73-74) y (75-76), y la CUR (foja 77-79) y CURP (fojas 79-81), emitidas a favor de los quejosos, de las que se advierte que admitió a trámite la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado a los aquí quejosos. Medios de prueba que tienen valor probatorio pleno, por tratarse de una documental pública, con fundamento en los ordinales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 2° de esta última, por tratarse de un documento expedido por servidor público en ejercicio de sus funciones. Al efecto, se cita la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Por lo que así debe tenerse para todos los efectos legales procedentes, pues aceptó que el quejoso realizó la solicitud de refugiado, admitiendo la propia autoridad a trámite el mismo, ordenando la expedición a su favor de la constancia de trámite y la Clave Única de Registro de Población CURP para extranjeros. Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis aislada, con registro IUS 211004, visible en la página trecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, julio de 1994, Octava Época, materia común, sustentada por el extinto Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. QUINTO. Análisis de causas de improcedencia. Previamente al análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados, debe examinarse lo relativo a la procedencia del presente juicio de amparo, cuyo estudio es preferente por ser una cuestión de orden público, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. A efecto de determinar lo conducente, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución en virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no; es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la ley de la materia, así como por la Carta Magna y por la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que se analiza en forma profunda, de acuerdo con el texto del señalado numeral 62. En ese sentido, de oficio este órgano jurisdiccional advierte que se debe sobreseer el presente juicio al sobrevenir el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, puesto que cesaron los efectos de la omisión reclamada, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]. La cesación a que se refiere el artículo y fracción transcritos, se da por revocación o por sustitución, la primera, implica la desaparición o destrucción del acto reclamado y, la segunda, se presenta al sobrevenir un acto nuevo que incide en la vigencia o ejecutividad del primero. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiere concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo supuesto, en cambio, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Así pues, la hipótesis que en el presente asunto se actualiza es la primera, pues en el caso, cesaron los efectos del acto reclamado, ya que con oficio COMAR/JUR/7992/2023 (fojas 55-63), así como con las copias certificadas del formato de solicitud de la condición de refugiado signado por el quejoso José Adrián de León Ávila (fojas 65-66), los proveídos de veinticinco y veintiséis de julio de dos mil veintitrés (fojas 73-74) y (75-76), y la CUR (foja 77-79) y CURP (fojas 79-81), emitidas a favor de los quejosos, de las que se advierte que admitió a trámite la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado a los aquí quejosos. Asimismo, les requirió para que comparecieran ante el Centro de Registro de la Oficina de Representación en Tapachula Chiapas, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a realizar el llenado de formulario de registro, toma de fotografía de titular y dependientes para la emisión de la Constancia de Trámite, recepción de datos biométricos para la emisión de la CURP y llenado de formulario de detención de necesidades; lo anterior, para la continuación de su procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. Entonces, si la parte quejosa acudió a solicitar la protección constitucional por la negativa de expedir la constancia de trámite respecto de la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado y la Clave Única de Registro de Población CURP para extranjeros, derivado de la omisión de admitir a trámite formalmente la solicitud de refugiado, y la responsable otorgó las aludidas constancias. Luego, es claro que cesaron los efectos del acto reclamado, pues la potestad responsable citada, admitió a trámite formalmente la solicitud de refugiado del quejoso José Adrián de León Ávila y acompañantes, ordenando la emisión de la constancia de trámite, así como el CURP de refugiados, previa comparecencia ante sus oficinas para desahogar los requisitos necesarios para su expedición; de manera que se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. Lo anterior, debido a que no existe una negativa de expedir la constancia de trámite, así como el CURP de refugiado a los quejosos José Adrián de León Ávila, Jessica Esli Rodríguez Martínez por sí y en representación de su hija menor de iniciales L. M. d L. R, por el contrario, se admitió a trámite formalmente su solicitud, ordenándose la expedición de los documentos de referencia. Entonces, el actuar de la autoridad responsable otorga a la parte quejosa la restitución de sus derechos humanos, como lo hubiera obtenido ante una eventual concesión de la sentencia de amparo, pues sus efectos se traducirían en expedir de forma provisional la Constancia de Trámite de Reconocimiento de la Condición de Refugiados, así como la Clave Única de Registro de Población (CURP), encontrándose sujeto a que el quejoso cumpla con los requisitos legales para su expedición; esto es, no obliga a la emisión de facto de las constancias peticionadas, sino que su expedición depende del cumplimiento de los requisitos que se impongan en la admisión del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado; como en el caso acontece. Sirve de apoyo la jurisprudencia 59, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se lee: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Se destaca que, si bien dicha jurisprudencia es anterior a la Décima Época, aun así es aplicable a la Ley de Amparo vigente, atento que no se oponen a la misma, conforme lo establece su transitorio sexto; aunado a que la causal de improcedencia estudiada, esto es, la cesación de efectos del acto reclamado, continúa establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia. En esas condiciones, sobre el contexto anteriormente narrado, es claro que se actualiza el motivo de improcedencia analizado. Por tanto, al haber cesado los efectos del acto reclamado, es evidente que el juicio de amparo resulta improcedente, por lo que procede sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En las condiciones antes apuntadas, esto es, que en el presente juicio se ha actualizado la causal de improcedencia a que se ha hecho mérito, entonces se hace innecesario el estudio de la diversa causa de improcedencia que hizo valer la autoridad responsable, ya que resultaría ocioso estudiarla al quedar demostrada la anteriormente mencionada, y si, en su caso, operará alguna otra causa, ésta no cambiaría el sentido de la presente resolución. Orienta lo anterior la jurisprudencia que es del rubro: "BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA." Por lo expuesto y fundado se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por José Adrián de León Ávila, Jessica Esli Rodríguez Martínez por sí y en representación de su hija menor de iniciales L. M. d L. R, en términos de los considerandos tercero y quinto de esta resolución, por lo que hace exclusivamente a las autoridades y actos ahí referidos. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
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