José Adrian Barrientos García

Expediente 1364/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1364/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
16/11/2023

Partes del expediente

  • José Adrian Barrientos García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1364/2023-III-A AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Torreón, Coahuila, a las doce horas con veinte minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión del licenciado Jorge Trejo Veloz, secretario quien da fe, la declaró abierta sin la asistencia personal de las partes. Acto seguido, el Secretario da cuenta con la demanda de amparo promovida por la parte quejosa y con el informe con justificación rendido por la autoridad responsable, así como la constancia de notificación del Agente del Ministerio Público del Federación adscrito. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta al Juez con las pruebas existentes en este juicio; sin que obste para celebrar la presente audiencia, que no se atienda a lo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, de poner a la vista de las partes por un término de ocho días el informe rendido por la autoridad responsable en proveído de siete de noviembre del año en curso, para el efecto de se impongan del mismo, puesto que ello obedece a que debe privilegiarse el derecho de las partes de tener acceso a la administración de justicia de manera pronta y expedita, pues les causaría mayor perjuicio el que se difiera la audiencia constitucional, ello provocando mayor dilación en el procedimiento obrero, cuando el derecho fundamental que se pretende proteger es la tutela efectiva en los procedimientos de carácter judicial la autoridad, lo anterior, con fundamento en el artículo 17 Constitucional. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tiene por recibidas y desahogadas las probanzas de que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno, con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que no se formularon alegaciones en este asunto. El Juez acuerda: Ténganse por perdido el derecho de las partes sobre el particular. Con lo anterior se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual lo conducente ahora es dictar el fallo relativo.VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el cuatro de septiembre de dos mil dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, ********************, por conducto de su apoderada jurídica ********************solicitó el amparo protección de la justicia federal contra la autoridad y los actos que a continuación se trascriben: ". III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: Como autoridad responsable se señala la H. JUNTA ESPECIAL NO. 42 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, con domicilio conocido en EL PALACIO FEDERAL SEGUNDO PISO, EN CALLE GALEANA Y AV. MORELOS DE LA COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD. IV.- ACTOS RECLAMADOS: De las autoridades responsables se reclama LA OMISIÓN DE DICTAR EL LAUDO QUE EN DERECHO CORRESPONDA, dentro del expediente ordinario laboral número ********************." En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes y señaló que los derechos fundamentales que en su concepto se transgredieron son los contenidos los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Por acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo, y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 1364/2023-III-A, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado correspondiente y se dio vista al Ministerio Público de la Federación. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción XVII, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, puesto que los actos reclamados en este juicio incumben a la vía indirecta y, además, su ejecución podría tener lugar en territorio donde este juzgado federal ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que el acto reclamado por la parte quejosa es el siguiente: i. La omisión de la Junta Especial Número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, de dictar el laudo en el juicio laboral ********************en el plazo establecido por la Ley Federal del Trabajo. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia del acto que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables, pues así lo manifestó expresamente en su informe justificado la Junta Especial Número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Lo anterior, lejos de estar desvirtuado o contradicho en el juicio de amparo, se encuentra corroborado con las constancias relativas a los actos reclamados, que fueron allegadas a este contradictorio federal, a las que por tener la calidad de documento público, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. A ese respecto, se cita la tesis de jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, cuyo rubro dice así: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente acreditada la existencia del acto atacado por la parte quejosa, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Causales de improcedencia del juicio Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En ese sentido, el suscrito no advierte se actualice alguna causal de improcedencia de oficio, ni alegada por las partes, por lo que es procedente examinar la constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Conceptos de violación No se transcriben los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, atento a que no existe precepto legal alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Estudio de fondo. Resulta esencialmente fundado el concepto de violación que expone la parte quejosa, pues en suplencia de la queja prevista en el artículo 79, fracción V de la Ley de Amparo, este juzgado advierte un evidente retardo en la impartición de justicia por parte de la Junta Especial Número 42, de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad, en el trámite del juicio laboral ******************** de su índice; lo que, desde luego, vulneró en su perjuicio el derecho consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho dispositivo constitucional dispone: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.--- Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". El derecho constitucional contemplado en dicho ordinal pertenece a la especie de los derechos de seguridad jurídica, en lo atinente, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Estos cuatro atributos de la garantía concerniente a la administración de justicia han sido explicitados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis L/2002, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, alusivo al mes mayo de dos mil dos, página 299, del tenor literal siguiente: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." De estos atributos, el que resulta útil para resolver el asunto es el referido a la justicia pronta, el cual consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Del texto constitucional se advierte que la prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento, como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se disipe la controversia. Estos principios generales, aplicados a la materia específica, deben entenderse referidos al juicio laboral y al dictado del laudo. También se destaca que en materia de términos y plazos existe una remisión de la Norma Fundamental a las leyes secundarias, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces, como lo establece la jurisprudencia 113/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de dos mil uno, página 5, del rubro y texto siguientes: "JUSTICIA, ACCESO A LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da." Así, la violación al derecho fundamental de la debida impartición de justifica, se manifiesta a través de dos vertientes: La primera: Consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; y, La segunda: Implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. En ambos casos, esa violación se patentiza a partir de omisiones de la autoridad responsable de ajustarse a los términos y plazos legales; es decir, a través de conducta negativa, en oposición conceptual a lo que es acto en sentido estricto o manifestación positiva de un hecho. Por otra parte, los artículos 885, 886, 887 y 890 de la Ley Federal del Trabajo establecen lo siguiente: "885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos." "886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas." "887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." "890. Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes". (Lo enfatizado es nuestro) De lo anterior se colige que al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes -en el término ordinario- y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas y, en caso que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo; así, una vez desahogadas las pruebas pendientes, las partes podrán formular alegatos (nuevamente) dentro de las veinticuatro horas siguientes. Luego, transcurrido el término para la presentación de los alegatos, se declarará cerrada la instrucción y dentro de los diez días siguientes se formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo. Así como que, una vez entregadas las copias del proyecto de laudo a cada uno de los miembros de la Junta, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber recibido la copia del proyecto, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de aquellas pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Finalmente, transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, concedido a los integrantes de la Junta en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a sus miembros, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hubieren concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas; así, engrosado y turnado el laudo debe de notificarse inmediatamente a las partes. En el caso particular, al examinar las constancias que acompaño al informe justificado la Junta responsable, se advierte que determinó el cierre de instrucción en auto de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés; y a la fecha de presentación de la demanda transcurrieron aproximadamente cuatro meses, y de esta última al dictado del presente fallo transcurrieron casi setenta y un días, sin que se advierta que la responsable haya elaborado el dictamen respectivo y emitido el laudo correspondiente en el juicio laboral ******************** de su índice. En este orden de ideas, es evidente que la autoridad responsable ha incurrido en una evidente dilación en la tramitación del juicio de origen, pues a la fecha injustificadamente ha permitido que transcurran aproximadamente seis meses desde que determinó cerrar la instrucción sin que haya dictado el laudo correspondiente, provocado que la secuela procesal este detenida, lo que vulnera la garantía contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en perjuicio de la parte quejosa. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 44/2007 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS. El juicio ordinario laboral se conforma por etapas y actos concatenados entre sí, desarrollados en forma lógica y sistematizada, para obtener generalmente un laudo, los cuales deben realizarse dentro de los plazos y términos previstos en la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, debido a la conexión de esas etapas y actos, el retraso u omisión en la realización de los actos previos, indefectiblemente ocasiona que los subsecuentes ya no se efectúen con puntualidad, afectando el desarrollo normal y oportuno del juicio. De esta manera, si en el amparo se reclama la dilación u omisión en el trámite de un juicio laboral y durante la sustanciación de aquél, la autoridad responsable no agota cabalmente el procedimiento ni dicta laudo, sino que esa condición de retraso u omisión persiste también respecto de los actos subsecuentes a los reclamados y se proyecta a etapas ulteriores del proceso, no se actualizan las causales de improcedencia del juicio previstas en las fracciones V, X, XVI y XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque el quejoso conserva su interés jurídico para solicitar la tramitación expedita del juicio, cuya demora afecta directamente su esfera de derechos; no opera un cambio de situación jurídica que tenga por consumadas irreparablemente las violaciones, porque sigue existiendo el estado de las cosas prevaleciente al momento de pedir el amparo, consistente en la falta de prontitud en la tramitación y resolución del juicio; no cesan los efectos de las dilaciones y omisiones reclamadas ni éstos quedan destruidos como si se hubiera otorgado la protección constitucional, sino que perduran hasta en tanto el juicio laboral continúe y concluya. Las dilaciones u omisiones subsecuentes a las reclamadas no son actos futuros de realización incierta, sino inminentes, porque al producirse momento a momento, una vez sobrevenida la tardanza u omisión en la tramitación del juicio, es ineludible que ya no se desarrollará con prontitud. Además, la autoridad responsable no queda indefensa, porque las infracciones subsecuentes, además de que compartirían la misma naturaleza que las reclamadas, al tratarse de dilaciones u omisiones en la tramitación y resolución oportuna de la controversia, se generarían en el mismo expediente laboral, respecto del cual se promovió el juicio de garantías, del que ya tuvo noticia y manifestó lo conducente al rendir su informe con justificación y este conocimiento de los hechos, inclusive, le permitirá actuar con celeridad para no incurrir en mayores dilaciones." Sin que pase desapercibido para este órgano, la carga de trabajo que pudiera tener la autoridad responsable, pero esta situación no la exime de dar cumplimiento al imperativo constitucional de impartir justicia en los términos y plazos que fijen las leyes, precisamente, porque nuestra carta magna no contempla una excepción de esa naturaleza para ajustarse al derecho de tutela jurisdiccional. Por todo lo anterior, es inconcuso que debe otorgarse el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, para los efectos que enseguida se precisarán. SÉPTIMO. Efectos del fallo protector Con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es otorgar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los siguientes efectos: 1. Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, emita a la brevedad el laudo correspondiente al juicio laboral ********************pues sólo de esa forma se restituirá a la parte agraviada en el goce de la garantía constitucional violada. Importa destacar que los alcances de la protección constitucional se limitan única y exclusivamente a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto dentro del procedimiento. Al respecto es aplicable la tesis, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación con número de registro 2005150, de epígrafe siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra el acto que reclamó de la autoridad responsable, precisados en el resultando primero, para los efectos indicados en el último considerando de la presente ejecutoria. Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO Torreón, Coahuila de Zaragoza; treinta de octubre de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese a sus antecedentes, el comunicado de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, lo que acredita con las constancias que remite. Vista. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, con las constancias que remite la autoridad oficiante y con las que obran en el presente juicio de amparo, por el término de tres días, para que manifieste lo que a su interés convenga. Apercibimiento. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en que declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio que remite la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa respecto al cumplimiento de la sentencia de amparo. Vista. Con fundamento en el artículo 196, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes, con el contenido de la constancia de referencia, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de su legal notificación, manifieste lo que a su derecho convenga. Apercibimiento. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en que declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese personalmente a las partes.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Cheque a disposición. Se ordena agregar a sus antecedentes, el comunicado de cuenta signado por la Administradora Local de Recaudación de esta ciudad, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, en el sentido de que se expidió un cheque en favor de la parte quejosa, el cual se encuentra a su disposición en dicha dependencia. Vista. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 196, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa con las constancias que remite la autoridad responsable y para que acuda a la oficina que se indica, recoja el cheque, y lo haga efectivo, lo que debe hacer del conocimiento de este juzgado en cuanto ello suceda. Se comisiona. Ahora bien, con fundamento en el artículo 211 de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario de la adscripción, para que notifique el oficio de cuenta a la parte quejosa, y le manifieste que en las oficinas de la autoridad responsable fue puesto a su disposición el cheque a su nombre con motivo del cumplimiento del fallo protector, para que acuda a recogerlo con documento oficial que le identifique. Requerimiento. Requiérase a la quejosa para que en el plazo de tres días, contado a partir de que sea legalmente notificada de este proveído, informe si ya compareció a recoger el cheque en las instalaciones de la autoridad responsable. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no comparecer dentro del término que para tal efecto se le concede, o bien, no informar la imposibilidad que tenga para ello, este juzgado, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, proveerá lo correspondiente en torno al cumplimiento de la sentencia constitucional con las constancias que obran en autos y se le tendrá por desinteresada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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