José Adrián Alvarado Mendoza

Expediente 864/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
864/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
17/10/2022

Partes del expediente

  • José Adrián Alvarado Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintidós. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que se desechó la demanda de amparo. Hágase anotación de archivo y remítase al lugar de su guarda. III. Devolución de documentos. Se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído; apercibida que, de no hacerlo, en su momento se destruirán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. IV. Instrucción para practicar notificación personal. En términos del artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la notificación personal que de este este auto se realice deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.

  2. Principal

    Defensora pública acepta cargo. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por ******************** y, en atención a su contenido, téngasele cumpliendo el requerimiento efectuado en proveído de doce de septiembre del año en curso, toda vez que acepta y protesta el cargo de defensora pública del aquí quejoso privado de la libertad ******************** Ahora bien, como lo solicita, se le autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, toda vez que el nombre de usuario ******************** se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), con lo que se satisfacen los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. De la misma forma, como solicita expresamente que las notificaciones se le practiquen de manera electrónica; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones II y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza que se lleve a cabo la notificación electrónica de las resoluciones que se dicten en el presente juicio. Se comisiona a la oficial judicial "A", para que aperture los campos necesarios para la consulta electrónica del presente expediente, en los términos anteriormente apuntados. En la misma inteligencia, téngasele señalando como domicilio físico, solo para el caso de que exista alguna imposibilidad de practicar las notificaciones de manera electrónica, el ubicado en ******************** de esta ciudad, lo anterior, a efecto de dar prioridad a los medios electrónicos de comunicación, debido a la contingencia por el virus COVID-19. Asimismo, designa como autorizados en términos restringidos del artículo 12 y el correlativo 24, ambos de la Ley de Amparo, a las personas que menciona en su ocurso, por así haberlo solicitado. De igual forma, téngasele proporcionando número telefónico y cuentas de correo electrónico con la finalidad de establecer contacto en caso de que se estime necesario; lo anterior, en razón a la contingencia derivada del virus COVID-19. II. Se ordena notificación de proveído anterior. Se comisiona al actuario de la adscripción para que, una vez notificado de forma personal el presente proveído, notifique a la defensora ******************** el auto dictado el veintitrés de agosto del año en curso, en que se desechó de plano la demanda de amparo, para los efectos legales a que haya lugar. III. Comunicación al quejoso sobre designación de defensora pública. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que le fue asignada como defensora pública federal para que le preste asesoría durante la tramitación del presente juicio de amparo a la licenciada ********************, para los efectos legales a que haya lugar. IV. Notificaciones a la parte quejosa. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto, realícense tanto al directo quejoso privado de su libertad, como a la defensora pública antes citada, a fin de potencializar el acceso a la justicia del aquí quejoso. Resulta orientadora la tesis (II Región) 1o.4 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, de Mayo de 2019, Décima Época, registro 2019918, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO A LOS QUEJOSOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ORDENAR QUE SE REALICEN TANTO A ÉSTOS EN EL CENTRO DE RECLUSIÓN RESPECTIVO, COMO A QUIEN, EN EL SUMARIO CONSTITUCIONAL, TENGA ASIGNADA SU DEFENSA (INTERPRETACIÓN PRO PERSONA DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO)."

  3. Principal

    Instituto Federal de Defensoría Pública designa defensora. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta enviado vía correo electrónico por la titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato capital, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que le fue efectuado por este órgano de control constitucional en proveído de dos de septiembre de dos mil veintidós y, para tal efecto, designa a la licenciada Elda Patricia Medellín Luna, como defensora del quejoso ******. Se requiere a defensora pública. En consecuencia, requiérase a la defensora pública federal Elda Patricia Medellín Luna, para que, dentro del término de tres días, acepte y proteste el cargo de defensora pública federal y/o asesora jurídica del quejoso privado de la libertad señalado supralíneas, por medio de escrito, mismo que deberá hacer llegar de manera electrónica, en el que constará su firma electrónica; lo anterior, en razón a la contingencia derivada del virus COVID-19. Oficio para efectos. En virtud de lo anterior, agréguese únicamente para que obre como corresponda, el segundo de los oficios de cuenta, por medio del cual la titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de Guanajuato, había designado a diverso defensor público en el presente asunto; lo anterior, toda vez que solicitó se dejara sin efectos dicho nombramiento, al haber comisionado a la defensora citada en los párrafos que anteceden.

  4. Principal

    León, Guanajuato; veintitrés de agosto de dos mil veintidós. I. Se recibe oficio y se acepta competencia. Por recibido el oficio 3313/2022 y anexos que remite el secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, a través del cual remite las constancias relativas al juicio de amparo directo 130/2022 promovido por José Adrián Alvarado Mendoza, por haberse declarado legalmente incompetente para conocer del mismo. Acúsese recibo de estilo. Atenta a lo anterior, se comparte el criterio del Tribunal Federal declinante, toda vez que el acto reclamado se hace consistir en la sentencia condenatoria emitida por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guanajuato, dentro de la causa penal 43/2020, la cual no constituye una sentencia definitiva ni una resolución que ponga fin al procedimiento de origen, respecto de la cual la ley no conceda algún recurso ordinario por virtud del cual pueda ser modificada o revocada, resulta ser competente este Juzgado de Distrito. En consecuencia, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, así como de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 1º, 37 y 107 de la ley en materia, también de los artículos 47 y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, donde se establece la jurisdicción que corresponde a cada uno de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, se acepta la competencia declinada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital. II. Parte quejosa. José Adrián Alvarado Mendoza. III. Autoridades responsables. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guanajuato y otra autoridad. IV. Registro en libro de gobierno. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo, con el número 864/2022-IV, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. V. Precisión de Actos Reclamados. Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que en la presente instancia constitucional se reclama esencialmente por parte del quejoso lo siguiente: La sentencia condenatoria emitida por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guanajuato, dentro de la causa penal 43/2020. VI. Análisis de procedencia de la demanda. Ahora bien, se determina que la demanda de amparo es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del citado artículo, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. Aunado a que es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Respecto al acto reclamado en esta vía constitucional, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b) constitucional, los cuales disponen: La Ley de Amparo preceptúa: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: "...XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Por su parte, el artículo 107 constitucional, fracción III, inciso b), dispone lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ...III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y..." De estas disposiciones se advierte que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados dentro de un procedimiento jurisdiccional, en el que ya fueron agotados los recursos que con arreglo a la ley aplicable al caso concreto procedan. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando no se hayan agotado los recursos ordinarios previstos contra el acto reclamado, dado que a través de dichos medios de impugnación, éste puede ser revocado, modificado o nulificado, lo que hace que no tenga el carácter definitivo. Puesto que la procedencia del juicio constitucional está condicionada a la observancia del principio de definitividad, el cual consiste en que cuando en contra del acto de autoridad exista algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley que rige el acto lo contenga, para que esté a disposición del interesado y pueda ejercitarlo a su arbitrio, o en su defecto, asuma la consecuencia de su omisión. Luego, ante esta instancia como ya se dijo, se reclama la sentencia condenatoria emitida por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guanajuato, dentro de la causa penal 43/2020, la cual es impugnable a través del recurso de apelación, de conformidad con el artículo 467, fracción X, del Código Nacional de Procedimientos Penales, como se transcribe a continuación: "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: [.] X. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, o [.]". Entonces, al existir un medio legal de defensa (apelación) en contra de la sentencia condenatoria emitida por el juez responsable, lo cual constituye el acto reclamado en este asunto, sin que se haya interpuesto previamente a promover el juicio de amparo que ocupa la atención; por tanto, es inconcuso que no se observó el principio de definitividad, lo que impide a esta resolutora abordar su estudio constitucional y hace que el presente juicio sea improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia VI.3o.C. J/62, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1665, del Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo título es: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA.". Así como la tesis I.6o.P.112 P (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación, Materias Común y Penal, Consultable en la página 3084, Décima Época, cuyo contenido es el siguiente: "LIBERTAD ANTICIPADA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 141 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA EL ACUERDO QUE DESECHA DE PLANO LA SOLICITUD DE DICHO BENEFICIO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 132, FRACCIÓN I, DE LA PROPIA LEY, AL NO ACTUALIZARSE ALGUNA HIPÓTESIS DE EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Cuando en el juicio de amparo indirecto se señala como acto reclamado el acuerdo por el que un Juez de Ejecución de Sanciones Penales desechó de plano la solicitud de libertad anticipada, planteada por un sentenciado, en términos del artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por no agotar el principio de definitividad, esa actuación es legal, porque de conformidad con el artículo 132, fracción I, de la ley citada, debe agotarse el recurso de apelación, en razón de que se trata de un acto de carácter intraprocesal y no queda comprendido en alguna de las hipótesis de excepción de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en especial la señalada en la parte final del su inciso b) -que se refiere a que el acto afecte la libertad personal del quejoso- pues, en el caso, el solicitante del beneficio preliberacional no se encuentra privado de su libertad personal con motivo del acuerdo que constituye el acto reclamado, sino porque está cumpliendo la pena impuesta en la sentencia condenatoria que se le dictó en el proceso penal; por tanto, debe agotar dicho recurso ordinario antes de promover el juicio de amparo indirecto, al no actualizarse alguna hipótesis de excepción al principio de definitividad." Finalmente, se aplica por las razones que lo sustentan, la tesis XX.2o.16 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible a página 1122, Tomo XIII de mayo de 2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, con el rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD, PRINCIPIO DE, EN MATERIA PENAL FEDERAL. DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE REVOCACIÓN CONTRA EL PROVEÍDO QUE DESECHA EL INCIDENTE NO ESPECIFICADO DE CONDENA CONDICIONAL, PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El acuerdo dictado por un Juez de Distrito en el que desecha el incidente no especificado de condena condicional, debe impugnarse a través del recurso de revocación, previsto en el artículo 361 del Código Federal de Procedimientos Penales, por medio del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, porque el hecho de que el quejoso se encuentre privado de su libertad y el acto reclamado sea de naturaleza penal, no significa que se actualice alguno de los casos de excepción a que se refiere el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, pues no se trata de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualesquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 del Carta Magna, en virtud de que la afectación de su libertad deriva de la sentencia emitida en el procedimiento respectivo y orden de reaprehensión, no del desechamiento del incidente que es un aspecto de carácter procesal; por tanto, al no haberse agotado el principio de definitividad previsto en el citado precepto de la ley de la materia, debe sobreseerse en el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por la fracción III del artículo 74 del mismo ordenamiento legal". Atenta a lo anterior, debe decirse que la demanda de amparo de que se trata resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b) constitucional; por tal motivo, con apoyo en el numeral 113 de la ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento respecto de las manifestaciones del quejoso en el sentido de que fue objeto de actos de tortura durante su detención, toda vez que de las constancias anexas se obtiene que en proveído de veintiuno de julio de dos mil veintidós, la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio con competencia en Ejecución, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guanajuato, dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación por los referidos hechos. VII. Domicilio. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el lugar de su reclusión. VIII. Requerimiento al quejoso. Ahora bien, toda vez que se advierte que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, Guanajuato, a fin de proteger su derecho a una tutela judicial efectiva, se le requiere para que en el momento de la notificación que recaiga al presente asunto, o bien, dentro del plazo de tres días siguientes a que surta efectos, señale abogado que lo represente; apercibido que de no hacerlo, se le nombrará uno de oficio, para lo cual se requerirá a la defensoría pública correspondiente para que proporcione el servicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." IX. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. X. Se exhorta a las partes. A fin de cumplir con lo establecido en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. XI. Instrucción en torno a la notificación personal del quejoso privado de su libertad. Por cuestiones de seguridad e higiene, para salvaguardar la integridad tanto del quejoso de mérito, privado de la libertad, como del funcionario que le notifique el presente proveído, en los términos precisados en párrafos precedentes, se faculta al actuario judicial para que realice la encomienda por los medios electrónicos habilitados e implementados por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia de los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19; a fin de evitar riesgos en la salud de los justiciables, y personal actuante; lo anterior, en términos del acuerdo 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal. XII. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en observancia de lo dispuesto en el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones de carácter personal en el presente juicio principal, como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al Secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Para agilizar el trámite, omítase firmar las minutas de oficios. Finalmente, es menester precisar que, si bien es cierto, la demanda de cuenta fue recibida en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el diecinueve de agosto de la presente anualidad, cierto es también que, debido a la cantidad de nuevos asuntos que fueron presentados ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, la capacidad productiva de este órgano de control constitucional se ha visto superada, de modo que ello momentáneamente dificulta el cumplimiento de los plazos procesales que establece la ley de la materia. Razón por la que, en términos del artículo 2, fracción VIII, primer párrafo, del Acuerdo General del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso Acuerdo General 16/2022, relativo al periodo de su vigencia, es hasta esta data en que se emite pronunciamiento. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida de la licenciada Norma Rojas López, Secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe.

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