José Adolfo Sánchez Palacios

Expediente 276/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
276/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
26/09/2022

Partes del expediente

  • José Adolfo Sánchez Palacios

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso José Adolfo Sánchez Palacios, interpusiera recurso de revisión en contra del auto de veintisiete de junio de dos mil veintidós, que decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, transcurrió del cinco al dieciocho de julio del año en curso, con exclusión de los días nueve, diez, dieciséis y diecisiete de julio del año en curso, por ser inhábiles (sábado y domingo), en términos de artículo 19 de la Ley de Amparo; sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el auto de veintisiete de junio de dos mil veintidós, que decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso a), y 24 del referido Acuerdo General. Realícense las anotaciones en el libro uno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. Notifíquese por lista a las partes.

  2. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio S.A./2793/2022 del Actuario de la Junta Especial Numero Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, mediante el cual, rinde su informe justificado en el sentido de que es cierto el acto reclamado y como justificación a su informe, remite copia certificada de diversas cédulas de notificación practicadas en el juicio laboral 074/2013. De conformidad con el artículo 119 de la Ley Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable las copias certificadas que remitió con su oficio de cuenta. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado el nueve de mayo de dos mil veintidós, Milton Alejandro Pech Suárez, apoderado legal de José Adolfo Sánchez Palacio, promovió demanda de amparo contra la negativa del Actuario adscrito a la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, de notificar a las demandadas CORPORATIVO DIAMANTE DEL SURESTE, sociedad anónima de capital variable, Alejandro Gómez Malgestor y Julio César Millán Kantun, el auto de veintiocho de abril de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 074/2013, relativo al desahogo de la audiencia de pruebas. Ahora bien, la autoridad responsable mediante oficio S.A./2793/2022, remitió copia certificada de las cédulas de notificación practicadas el dieciséis de junio del año en curso, a las demandadas CORPORATIVO DIAMANTE DEL SURESTE, sociedad anónima de capital variable, Alejandro Gómez Malgestor y Julio César Millán Kantun del auto de veintiocho de abril de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 074/2013. Documentales a las que se les confiere con valor probatorio pleno, en su calidad de instrumental de actuaciones judiciales acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, al haberse realizado el dieciséis de junio de dos mil veintidós, la notificación del acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintidós, a las partes demandadas CORPORATIVO DIAMANTE DEL SURESTE, sociedad anónima de capital variable, Alejandro Gómez Malgestor y Julio César Millán Kantun en el juicio laboral 074/2013, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es así, pues al notificar el auto de veintiocho de abril de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 074/2013, relativo al desahogo de la audiencia de pruebas, cesó la negativa, del Actuario de la Junta Especial Número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, de notificar a los demandados CORPORATIVO DIAMANTE DEL SURESTE, sociedad anónima de capital variable, Alejandro Gómez Malgestor y Julio César Millán Kantun, el mencionado acuerdo en el juicio laboral 074/2013. Por las razones expuestas, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte de manera notoria, manifiesta e indudable que han cesado los efectos del acto reclamado, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las nueve horas con treinta minutos del seis de julio de dos mil veintidós (fojas 25 a 26). Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. No se soslaya, que en auto de siete de junio de dos mil veintidós, se tuvo como terceras interesadas a CORPORATIVO DIAMANTE DEL SURESTE, sociedad anónima de capital variable, Alejandro Gómez Malgestor y Julio César Millán Kantun, sin que se haya logrado su emplazamiento. No obstante, la falta de emplazamiento a juicio de las terceras interesadas, no impide resolver en definitiva este juicio de amparo, pues ningún agravio les irroga el sentido de este proveído. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 531 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte SCJN, página 349, Séptima Época, intitulada: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada." Por otro lado, es oportuno mencionar que constituye un hecho notorio que el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se abrogó el Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno de la Administración Pública del Estado de Campeche, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 30 de noviembre del año 2017 y entró en vigor el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno de la Administración Pública del Estado de Campeche, en el que se estableció en el artículo Sexto Transitorio, que las referencias hechas a la Junta Especial No. 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje, se entenderán hechas a la Junta Especial No. 2 de Conciliación y Arbitraje en Carmen, y será la autoridad jurisdiccional competente para continuar con el trámite de los asuntos laborales asignados y desahogar en auxilio de otras autoridades laborales los exhortos que le sean requeridos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, trece de junio de dos mil veintidós. Vista las razones de nueve de junio de dos mil veintidós, se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario judicial para emplazar a juicio a los terceros interesados Corporativo Diamante del Sureste S.A. de C.V., Alejandro Gómez Malgestor y Julio Millán Kantun, en los domicilios señalados por el quejoso en su escrito inicial de demanda, por los motivos que ahí expone. Por tanto, una vez que se reciba el informe justificado solicitado a la autoridad responsable, dese nueva cuenta para acordar lo conducente. Notifíquese por lista.

  4. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, siete de junio de dos mil veintidós. NO PRESENTADA DEMANDA. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días concedido al promovente Milton Alejandro Pech Juárez, apoderado legal del quejoso José Adolfo Sánchez Palacio, en proveído de diez de mayo del año en curso, para que señalara con precisión el acto que se reclama de la Junta Especial Numero Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, transcurrió del diecisiete al veintitrés de mayo de dos mil veintidós, sin contar los días veintiuno y veintidós de mayo del año en curso, por haber sido inhábiles (sábado y domingo), en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que dentro de dicho plazo cumpliera con la prevención ordenada. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de diez de mayo del actual; por ende, con fundamento en el artículo 114, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por Milton Alejandro Pech Juárez, apoderado legal del quejoso José Adolfo Sánchez Palacio, respecto a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen. ADMISIÓN. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal, 1, fracción I, 2, 3, 6, 10, 20, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción II, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Milton Alejandro Pech Juárez, apoderado legal del quejoso José Adolfo Sánchez Palacio, únicamente respecto al Actuario adscrito a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en los artículos 115 y 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir por escrito dentro plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio en el que se pide dicho informe. Informe justificado en el que con fundamento en el artículo 117, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañará, en su caso, copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo. En el entendido que el acto reclamado es la negativa de notificar el auto de veintiocho de abril de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 074/2013, relativo al desahogo de la audiencia de pruebas. Se apercibe a la autoridad responsable que de no rendir su informe justificado dentro del plazo concedido en los términos indicados, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), que resulta de multiplicar por cien el valor diario de dicha unidad de medida, esto es, $96.22 (noventa y seis pesos, veintidós centavos, moneda nacional) determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de dos mil veintidós, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en ese medio de difusión el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con fundamento en el artículo 115, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL SEIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional. INTERVENCIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA. Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le corresponde. EMPLAZAMIENTO A LOS TERCEROS INTERESADOS. Con fundamento en el artículo 116, párrafo primero, de la Ley de Amparo, con copia simple de la demanda y sus anexos, emplácese a juicio a los terceros interesados: 1. Corporativo Diamante del Sureste S.A. de C.V. con domicilio en Calle 47, Número 132, Interior 1, Colonia Tecolutla, Ciudad del Carmen, Campeche. 2. Alejandro Gómez Malgestor y Julio Millán Kantun, con domicilio en Calle 42-C, entre 10 de julio y 17-A, Colonia Salitral, Ciudad del Carmen, Campeche. VII. SUSPENSIÓN. No se tramita incidente de suspensión del acto reclamado, por no haberlo solicitado el apoderado legal del quejoso. VIII. PRUEBAS. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa, las que refiere en su escrito inicial de demanda, consistentes en: a. La instrumental pública de actuaciones. b. La presuncional en su doble aspecto tanto legal como humana. c. La copia del acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, dictado en el juico laboral 074/2013; d. La copia del acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juico laboral 074/2013; e. La copia del acuerdo de veinte de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el juico laboral 074/2013; f. La copia del acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el juico laboral 074/2013. g. La copia del acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintidós, dictado en el juico laboral 074/2013 h. La copia del acuerdo de nueve de septiembre de dos mil trece, dictado en el juico laboral 074/2013 Respecto a las pruebas documentales, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional y se tengan recibidas en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Asimismo, en cuanto a la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones, se desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional, toda vez que la primera se constituye cuando expresamente así lo establece la ley, en cambio, la instrumental pública de actuaciones se integra cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia ordinaria de aquél la primera se conformará con el cúmulo de actuaciones que obrarán en este expediente. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada XX. 305 K del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, enero de 1995, página 291, Octava Época, intitulada: "PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos." Notifíquese personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y a los terceros interesados; por lista a la parte quejosa; y por oficio a la autoridad responsable.

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