José Adán Sánchez Baez
Expediente 524/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 524/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- José Adán Sánchez Baez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación que antecede de la Secretaría de este juzgado, se desprende que la parte quejosa dentro del término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, no interpuso recurso de queja en contra del proveído de siete de junio del año en curso, por el cual se tuvo por desechada la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto en el Punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por José Adán Sánchez Báez, por derecho propio, en contra del acto reclamado de la Juez Mercantil y Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Estado de Tlaxcala. Ahora bien, del análisis de la demanda de garantías, este Juzgado advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente dispone: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Por su parte, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (..) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Por su parte, el artículo 217, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito (.)". De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la Constitución, o de la propia Ley de Amparo; y que la jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente; y que, la jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. Ahora bien, se afirma lo anterior, porque según se desprende de la demanda de amparo, el acto reclamado se hace consistir en la resolución dictada el once de mayo del año dos mil dieciocho, dentro del expediente 505/2015, mediante la cual se resolvió el recurso de revocación que se interpuso en contra del auto que desechó el incidente penal y el incidente de nulidad de actuaciones; sin embargo, como tal acto (desechamiento del incidente penal) únicamente afecta los derechos adjetivos o procesales del amparista, que sólo tienen consecuencias de carácter formal o intraprocesal, no afectando por sí mismas, directa e inmediatamente, ninguno de los derechos fundamentales del gobernado, y en todo caso, la afectación procesal que pudiera sufrir la parte quejosa puede quedar subsanada con el solo hecho de que obtenga un fallo benéfico a sus intereses, ya sea porque de acuerdo con determinadas razones que le favorezcan, el acto o la prueba impugnados de delictuosos sean o no tomados en cuenta, que existan pruebas diversas que revelen la ineficacia probatoria o corroboren el valor del acto o prueba combatidos, o motivos que se relacionen con la procedencia de la acción o con la personalidad de los litigantes, entre otros supuestos que beneficien las pretensiones del peticionario de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia visible en la página 551, Tomo V, Mayo de 1997, Materia Común, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INCIDENTE PENAL, EL DESECHAMIENTO, ADMISIÓN O RESOLUCIÓN DEL, NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.- Entendido el concepto de acto de ejecución irreparable para la procedencia del amparo indirecto, como aquel acto que tiene consecuencias que afectan directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio, debe concluirse que tal supuesto no se da cuando se reclama el desechamiento, admisión o resolución de un incidente penal, pues cualquiera de esas hipótesis únicamente afecta los derechos adjetivos o procesales del amparista, que sólo tienen consecuencias de carácter formal o intraprocesal, no afectando por sí mismas, directa e inmediatamente, ninguno de los derechos fundamentales del gobernado, y en todo caso, la afectación procesal que pudiera sufrir la parte quejosa puede quedar subsanada con el solo hecho de que obtenga un fallo benéfico a sus intereses, ya sea porque de acuerdo con determinadas razones que le favorezcan, el acto o la prueba impugnados de delictuosos sean o no tomados en cuenta, que existan pruebas diversas que revelen la ineficacia probatoria o corroboren el valor del acto o prueba combatidos, o motivos que se relacionen con la procedencia de la acción o con la personalidad de los litigantes, entre otros supuestos que beneficien las pretensiones del peticionario de garantías". También es aplicable al caso, por analogía, la tesis de jurisprudencia P./J. 38/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Tomo XIII, página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta editado en el mes de abril de 2001, cuyo sumario textualmente dice: "AMPARO INDIRECTO. EL DESECHAMIENTO DE PRUEBAS DENTRO DE UN INCIDENTE CUYA INTERLOCUTORIA ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN ESA VÍA, DEBE RECLAMARSE HASTA EL PRONUNCIAMIENTO DE AQUÉLLA.- De una interpretación sistemática e integral de lo dispuesto en las fracciones II, III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, se advierte que el desechamiento de pruebas dentro de un incidente cuya interlocutoria es susceptible de impugnarse en amparo indirecto, por regla general, se considera una violación intraprocesal que puede ser combatida hasta que se promueva el juicio de amparo biinstancial en contra de dicha interlocutoria. Ello es así, porque las fracciones II y III del precepto citado admiten la posibilidad de que las violaciones cometidas en un procedimiento, sean reclamables en el amparo que se promueva en contra de la resolución final que se dicte en ese procedimiento, incluso, la fracción últimamente señalada, hace referencia a los actos de ejecución de sentencia y a los remates, cuyo trámite generalmente se efectúa en forma de incidente. De modo que si en el amparo indirecto pueden reclamarse las violaciones procesales cometidas dentro de un incidente tramitado fuera de juicio o después de concluido al impugnarse la resolución que lo decida, la misma razón debe regir para aquellos amparos que se promuevan en contra de resoluciones incidentales dictadas dentro de un juicio". Asimismo, en la propia resolución reclamada de fecha once de mayo del año dos mil dieciocho, dentro del expediente 505/2015, en la que se resolvió el recurso de revocación que se interpuso en contra del auto que desechó el diverso incidente de nulidad de actuaciones; se actualiza de manera notoria sin embargo en contra de dicho acto reclamado, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de la Materia disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Por su parte, el artículo 107, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Del artículo transcrito se desprende que tratándose de actos emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto solo procede cuando esos actos tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etc., porque esta afectación o sus efectos, no se destruye fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en juicio de ejecución reparable respecto a los cuales no procede el amparo indirecto, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado; actos que solo afectan derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Al respecto, por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 154 Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, cuyo texto en el siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE. SE. PRESENTA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo, ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen, ejecución irreparable los actos dentro del juicio, solo cuando afecten de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que solo afecten derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Ahora bien, en la especie, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la propia resolución reclamada de fecha once de mayo del año dos mil dieciocho, dentro del expediente 505/2015, en la que se resolvió el recurso de revocación que se interpuso en contra del auto que desechó el diverso incidente de nulidad de actuaciones; por tanto, se trata de un acto dentro de juicio que no afecta por sí mismo un derecho sustantivo de la parte quejosa, sino que tal afectación puede darse en derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal y en todo caso inciden en la posición que va tomando la solicitante de amparo como una de las partes dentro del procedimiento natural con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objeto primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos. De lo anterior, se desprende que los elementos de las definiciones de ejecución irreparable no se actualizan en el acto reclamado, por lo siguiente: Con dicho acto sólo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues si la resolución que constituye el acto reclamado lo es la propia resolución reclamada de fecha once de mayo del año dos mil dieciocho, dentro del expediente 505/2015, en la que se resolvió el recurso de revocación que se interpuso en contra del auto que desechó el diverso incidente de nulidad de actuaciones; es evidente que los efectos de tal determinación no se traducen al exterior del procedimiento en el que se dictó, tal situación únicamente implica base para que el juez competente dicte la sentencia definitiva. Luego, será, en su caso, hasta el pronunciamiento del fallo, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juzgador, y por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, y dar lugar así a una afectación de derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses del quejoso. En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto que afecte derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo para poder ser impugnado de inmediato a través del juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, en la especie se actualiza de manera notoria e indudable las causales de improcedencia previstas en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual se relaciona con el artículo 217, de la Ley de Amparo, así como con el criterio jurisprudencial emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 551, Tomo V, Mayo de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCIDENTE PENAL. EL DESECHAMIENTO, ADMISIÓN O RESOLUCIÓN DEL, NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN"; así como la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, y con apoyo en el dispositivo 113 transcrito, se desecha por notoriamente improcedente la demanda en estudio. Tiene aplicación, en lo relativo, la tesis de jurisprudencia 1086, visible en la página 751, del Tomo VI, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, bajo la voz: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio éste que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." Por otro lado, se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto correspondientes a la novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Háganse las anotaciones correspondientes del caso en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Finalmente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y como autorizados para tal efecto a las personas que menciona, por así haberlo solicitado. Notifíquese.
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