José Adalid Carranza Santibáñez

Expediente 318/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
318/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
24/05/2019

Partes del expediente

  • José Adalid Carranza Santibáñez

Actuaciones

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve. I. Causa estado. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiese interpuesto el recurso correspondiente, en contra del proveído de nueve de mayo de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por José Adalid Carranza Santibáñez. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que el auto en el que se desechó la demanda ha causado estado. II. Archivo. Consecuentemente, advirtiéndose de autos que no existe diligencia pendiente por desahogar; en tal virtud, remítase el presente expediente al archivo definitivo. III. Destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos vigésimo y vigésimo primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó la demanda de amparo. IV. Información reservada. Ahora bien, hágase saber para los efectos establecidos en multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. V. Oposición de datos personales. Asimismo, de la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, que devolver a las partes. Notifíquese.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, a quince de mayo de dos mil diecinueve, atento a lo manifestado en la razón anterior, publico por lista el proveído de nueve de mayo de dos mil diecinueve, para conocimiento de la parte quejosa José Adalid Carranza Santibáñez, como lo previene el artículo 27 fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo vigente, que a la letra dice: Mazatlán, Sinaloa, nueve de mayo de dos mil diecinueve. I. Se recibe incompetencia. Se tiene por recibida la boleta de turno 000036/2019, de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, a la cual anexa el oficio 333-A firmado por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con residencia en esta ciudad, en el que se anexa los autos originales del juicio de amparo directo 20/2019, promovido por José Adalid Carranza Santibáñez, y un cuaderno auxiliar, dado que, el colegiado señaló que el acto reclamado se hace consistir en el auto de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el concurso mercantil 7/2018, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, por el cual ordena el archivo, como asunto definitivamente concluido, al avocarse del conocimiento del mismo la Juez Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa. Determina el órgano colegiado que dicho acto no constituye una sentencia definitiva ni una resolución que ponga fin al juicio, o que sin decidirlo en lo principal lo dé por concluido; y por ende, no encuadra en la hipótesis prevista por el artículo 170 de la Ley de Amparo, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, para combatirse a través del juicio de amparo en la vía directa, por lo que es reclamable en vía indirecta ante un juez de Distrito. II. Se avoca. En consecuencia, por las razones que invoca el tribunal colegiado declinante, con fundamento en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, se avoca del conocimiento del asunto. III. Acúsese recibo y anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes y acúsese recibo. IV. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 318/2018. V. Decisión sobre la instancia constitucional. Del examen de la demanda, se advierte que el amparo es improcedente, como se verá a continuación. De los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, se obtiene que la demanda debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio. El motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, surgir sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y no pueda ser desvirtuado por ningún medio probatorio durante el juicio. Los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.)." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)." En tanto que, el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, dispone: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente. (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De estas disposiciones se advierte que refiere al juicio de amparo indirecto promovido contra actos judiciales, esto es, a su procedencia contra actos dictados dentro de un procedimiento cuando producen una afectación de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación de esa naturaleza. Tiene aplicación al respecto, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito; de texto siguiente: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal." (Novena Época. Registro: 175910. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Febrero de 2006. Materia(s): Común. Tesis: III.2o.C.18 K. Página: 1827). Asimismo, la tesis del Tribunal Colegiado Auxiliar en Materia Civil, con residencia en Morelia, Michoacán; del texto siguiente: "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE DESECHAR LA DEMANDA CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS NO TENGAN ESA NATURALEZA JURÍDICA. El artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo señala que el juicio de garantías será improcedente en los demás casos en que la improcedencia resultare de alguna disposición de la ley; esto es, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, que opera cuando resultare de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de los que señala el invocado artículo; por su parte, el artículo 114, fracción IV, de la citada ley, dispone: "El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito ... IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación.", numeral del que se advierte que el juicio de amparo es procedente contra los actos dictados en juicio que tuvieren sobre las personas o las cosas una ejecución que fuere de imposible reparación, lo que significa que al existir un vacío o laguna en el texto de la ley, en cuanto a que no se advierte una disposición expresa que estableciera que no procede el amparo indirecto cuando los actos reclamados no tuvieren esa naturaleza jurídica, cabe colmar esa laguna a través de una interpretación integradora, usando el argumento a contrario sensu, que permite al juzgador extraer la norma implícita que se contiene en la fracción IV del mencionado artículo 114, en el sentido de que cuando los actos reclamados no sean de imposible reparación, el Juez de Distrito podrá desechar la demanda de amparo." (Novena Época. Registro: 164411. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Julio de 2010. Materia(s): Común. Tesis: XI.T.Aux.C.1 K. Página: 1880). En las apuntadas condiciones, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derecho de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, esto es, no afectan la vida, la libertad, la propiedad. En cambio, las meras violaciones procesales no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Ello, toda vez que los actos reparables se actualizan esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del particular y sin dejar huella en su esfera jurídica. Así, en el supuesto de que la parte quejosa obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio de origen, los efectos de la violación procesal de que se duele desaparecerían, y sólo trascenderán en caso de que la sentencia fuese contraria, afectando de esta manera sus derechos sustantivos, y será hasta ese momento cuando la violación de que se duele, deberá combatirla mediante el juicio de amparo directo, al reclamar la sentencia definitiva que le fuere adversa. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado, consiste en el auto de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el proceso concursal tramitado en el expediente 07/2018, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, en el que determinó ordenar el archivo del cuaderno de antecedentes relativo al concurso mercantil 07/2018, con motivo de la acumulación con el diverso 112/2017, radicado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, por avocarse al conocimiento del citado concurso mercantil. Entonces, como lo refiere el quejoso en su demanda, la materia del acto reclamado, es consecuencia de la acumulación del proceso concursal tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, a uno diverso ventilado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, trámite de acumulación que fue aceptado por la mencionada, avocándose al conocimiento del concurso mercantil 7/2018. Ahora bien, al respecto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la acumulación de juicios es una institución procesal que sólo otorga derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, por lo que, si bien la decisión de acumular diversos juicios pudiera afectar sus derechos, tal afectación no tiene el carácter de afectación material a derechos sustantivos que haga procedente el juicio de amparo indirecto. Luego, las posibles afectaciones a la debida integración de la litis que pudieran reclamar las partes con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se materializarán, en su caso, al dictarse la sentencia si no les es favorable, por lo que tampoco harían procedente el juicio de amparo biinstancial. Entonces, consideró factible desechar la demanda cuando se reclama la resolución que decreta la acumulación de juicios por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 107, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la ley citada, en atención a que el solo análisis de la naturaleza del acto permite concluir que el juicio constitucional es improcedente, pues se trata simplemente de un ejercicio jurídico para determinar los alcances de la naturaleza del acto y no se requiere de alguna prueba para concluir que las resoluciones relativas a la acumulación de juicios sólo afectan derechos adjetivos que hacen improcedente el juicio de amparo indirecto. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; del texto siguiente: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La acumulación de juicios es una institución procesal que sólo otorga derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, por lo que, si bien la decisión de acumular diversos juicios pudiera afectar sus derechos, tal afectación no tiene el carácter de afectación material a derechos sustantivos que haga procedente el juicio de amparo indirecto, al tratarse de derechos otorgados por normas ordinarias para que los procedimientos se desarrollen de la mejor forma posible. Aunado a ello, las posibles afectaciones a la debida integración de la litis que pudieran reclamar las partes con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se materializarán, en su caso, al dictarse la sentencia si no les es favorable, por lo que tampoco harían procedente el juicio de amparo indirecto; por esas razones, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, es factible desechar la demanda cuando se reclama la resolución que decreta la acumulación de juicios por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 107, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la ley citada, en atención a que el solo análisis de la naturaleza del acto permite concluir que el juicio constitucional es improcedente, pues se trata simplemente de un ejercicio jurídico para determinar los alcances de la naturaleza del acto y no se requiere de alguna prueba para concluir que las resoluciones relativas a la acumulación de juicios sólo afectan derechos adjetivos que hacen improcedente el juicio de amparo indirecto. (Décima Época, Registro: 2013364, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 32/2016 (10a.), Página: 5) Así, queda de manifiesto que dicho acto no tiene sobre la parte solicitante de amparo, una ejecución que sea de imposible reparación, requisito indispensable para la procedencia del amparo bi- instancial. Lo que se sostiene, pues con dicho acto sólo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues es evidente que los efectos de tal determinación reclamada no se traducen al exterior del procedimiento en el que se dictó. En tales condiciones, como ya se dijo, al no afectar el acto reclamado materialmente derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para poder ser impugnado, de inmediato, a través del juicio de amparo indirecto. En las relatadas condiciones, al surtirse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo; y con apoyo en el artículo 113 de la misma legislación, lo que procede es desechar la demanda de amparo por causa manifiesta e indudable de improcedencia. No es obstáculo, para este juzgador que el quejoso en sus conceptos de violación argumenta agravio respecto del diverso proveído de nueve de octubre de dos mil dieciocho, por el que se desechó el recurso de revocación interpuesto en el cuaderno de antecedentes relativo al concurso mercantil 07/2018, en virtud de que el mismo lo hace valer como violación procesal y no como acto destacado; tal como lo asentó el Tribunal Colegiado en Materia Civil de Décimo Segundo Circuito. VI. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de demanda, y como autorizados para tal efecto, en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Fernando Montero Barragán y Alan Francisco Barajas Enríquez; y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a Ricardo Sánchez Torres, en términos del segundo párrafo del citado precepto legal, en virtud de no tener cédula profesional ni permiso temporal para ejercer la abogacía registrado en este Juzgado, como tampoco en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. VII. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VIII. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 68 y118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníquese a las partes que al hacerse pública la sentencia que se dicte en el presente asunto, se testará la información que de conformidad con los artículo 110 y 113 de la Ley en cita sea considerada como reservada o confidencial. Notifíquese en términos de Ley. Así lo proveyó y firma Ramón Lozano Bernal, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, ante Isaí Rafael Ávila Zambrano, Secretario que autoriza y da fe. Lic. Sergio López Valdez Actuario Judicial

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